Con medio año de retraso en la entrega de resultados de la investigación SCH 160015, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Energía (Sener) mantienen interrumpido el proyecto financiado con recursos del fondo sectorial Sener-Conacyt Hidrocarburos.
Todas las instituciones desecharon denuncias presentadas desde mediados de 2014 -y ahora consignadas por la auditoría externa- sobre desvíos de recursos federales, falsificación de firmas, destrucción de equipos y laboratorio, además de sabotaje del estudio reológio desarrollado en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM (IIM) y la empresa Dowell Schulumberger.
La Procuraduría General de la República es señalada también de detener una averiguación previa por orden expresa de su extitular, Arely Gómez (ahora secretaria de la Función Pública), “para no afectar los intereses de los funcionarios involucrados del Instituto”.
En julio de 2016, Contralínea publicó los detalles de las presuntas irregularidades, algunas con posibles consecuencias penales, a cargo de la dirección y funcionarios del IIM y solapadas por las administraciones de José Narro Robles y Enrique Graue Wiechers; una historia de protección desde Rectoría en favor de los señalados por corrupción y de represalia contra los demandantes (“Corrupción estructural en la UNAM: caso Instituto de Investigaciones en Materiales”, edición 496).
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Desde enero, con un avance del 98 por ciento en el estudio, la Universidad clausuró el laboratorio construido durante el proceso dentro del Departamento de Reología del IIM y echó al responsable técnico de la investigación Sergio Quiñones Cisneros, quien a su vez había presentado las denuncias contra la directora del Instituto, Ana María Martínez Vázquez, y su equipo cercano.
El periodo de Martínez Vázquez al frente del IIM terminó la primera semana de octubre entre protestas de investigadores y académicos, pero bajo el cobijo de las máximas autoridades universitarias y federales; mientras que los componentes y resultados del proyecto se encuentran en proceso de destrucción.
Con un presupuesto de 86 millones de pesos del Fondo Sectorial Conacyt-Sener Hidrocarburos, en 2012 arrancó el “megaproyecto Estudio Reológico y Caracterización Fisicoquímica para el Desarrollo de Correlaciones Aplicables a Crudos Pesados”, el “más grande que ha albergado el Instituto de Investigaciones en Materiales”, lo calificó en su momento el entonces director del Instituto, Ricardo Vera Graziano (Boletín UNAM-DGCS-488, 8 de agosto de 2012).
“A diferencia de otras iniciativas, ésta busca responder a una demanda clave de Pemex Exploración y Producción (PEP)”, añadió en el mismo comunicado Sergio Alcocer Martínez de Castro, coordinador de Innovación y Desarrollo de la UNAM. “La meta es sortear este obstáculo, algo que, de lograrse, beneficiará a todos los mexicanos”.
La investigación consistía en el análisis de la viscosidad, estabilidad y equilibrio de 22 muestras de crudo de los campos mexicanos, elaborar decenas de mezclas y en el camino desarrollar conocimientos y tecnología con los cuales se pudiera predecir su comportamiento en distintas condiciones de temperatura y presión.
Con ello la petrolera podría optimizar los procesos de producción de sus mezclas y así evitar las multimillonarias pérdidas anuales por compensaciones pagadas por vender productos por debajo de los estándares de calidad. Además de tener información sobre los petróleos pesados y extrapesados en el país, los cuales componen la mayor parte de las reservas de México.
Los aparatos y el programa resultado del proyecto 160015 no existen en el mundo. “No se ha hecho en ningún otro lado”, remarcó la propia Universidad.
Al iniciar 2016, y a pesar de los problemas internos, un comité consultivo integrado por expertos de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Canadá, España e Inglaterra, firmó una constancia del “impresionante éxito” de la investigación. Por su parte, Schulumberger anunció con beneplácito el cumplimiento de sus tareas relacionadas con la misma y expresó sus deseos de que se resolvieran los “problemas administrativos”. Pero nada más, hasta el momento no ha exigido el esclarecimiento de lo que en sí podría constituir un delito.
Tras la destitución de Quiñones y su insistencia de revisión del presunto desfalco por parte de funcionarios del IIM, la directora Ana María Martínez Vázquez, con el respaldo de William Lee Alardín, coordinador de Investigación Científica de la UNAM, puso candado al Laboratorio de Investigación en Flujo y Tecnología del Petróleo (LIFTP)… con los instrumentos encendidos funcionando hasta presiones de 1 mil atmósferas y 200 grados centígrados.
Cumplido el medio año de abandono de los equipos de alta precisión -con petróleo pesado adentro, incluso-, investigadores cercanos al proyecto como Enrique Geffroy señalaron el riesgo de daño irreversible de los mismos.
Aunado a lo anterior, el laboratorio fue saqueado. Para llegar al LIFTP se debe pasar una recepción vigilada, atravesar dos pasillos -uno cerrado y otro a la intemperie- y unas escaleras; equipos de cómputo de entre 3 y seis kilos con información trascendental de la investigación desaparecieron, supuestamente sustraídos por las ventanas, que se encuentran a casi dos metros del suelo.
A la destrucción de la tecnología de análisis y experimentación desarrollada dentro el IIM, se le suma (o resta, mejor dicho) la falta del Sofware de Simulación y Cálculo de Propiedades de Petróleo Pesados, desarrollado por la empresa alemana Gluon Vision Gmbh.
El programa informático, nombrado VisCalc-Pemex, fue probado y presentado a evaluación ante el grupo internacional. Funcionó. Los ocho módulos del software fueron aprobados, pero la administración del Instituto dejó de pagar 35 mil euros correspondientes a las dos últimas actividades, lo mismo que la licencia necesaria (Mathematica Enterprisepara, entre 9 mil y 11 mil euros) para el uso final que le daría Pemex.
Por ese motivo -y la expulsión de Quiñones, en cuya propiedad intelectual (teoría de fricción) se basaron los modelos-, la herramienta que más pronto le rendiría frutos a Pemex también se encuentra estancada. En similar situación está la base de datos electrónica, en la cual se encuentran los datos de las mediciones hechas a los crudos.
La transferencia formal del laboratorio, el software y la base de datos, además de capacitación para el personal de Pemex, significaba el último trecho para completar el proyecto SCH 160015, el 2 por ciento restante que se perdió pues ahora se encuentra desbaratado, en algunos casos destruido, ante la permisividad de las autoridades del Conacyt y la UNAM.
Como tabú se trata el caso dentro de la Universidad. Formalmente ha declarado el expediente como “reservado” en procesos defendidos personalmente por la abogada general Mónica González Contró ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
La doctora González Contró conoce plenamente el caso del IIM, los señalamientos de corrupción contra los funcionarios universitarios. Empero, como el rector Graue desdeñó las denuncias y, en cambio, es la encargada de garantizar la reserva de los documentos relacionados con el tema. Así lo revela el propio Inai al dar cuenta de los oficios recibidos por los comisionados en relación a los recursos de revisión presentados por este semanario sobre la UNAM.
Para la Universidad, la información debe ser declarada como “reservada y confidencial” por un periodo de 12 años. Ahora el caso está en manos de la presidenta del Inai, Ximena Puente de la Mora, a quien se ha dirigido directamente Mónica González Contró.
Mientras la abogada general opera por la opacidad, el resto de los funcionarios universitarios involucrados han mantenido un hermetismo uniforme. Los protagonistas no contestaron las solicitudes de entrevista presentadas durante el primer semestre de 2016. Las peticiones se quedaron estancadas en las oficinas. Tras marrar por los medios institucionales, Contralínea obtuvo los teléfonos personales de algunos de ellos.
Ana María Martínez Vázquez, la principal implicada, acusada de distraer los recursos de las investigaciones como directora del Instituto, contesta el teléfono y suelta un “ay” de espasmo. Meses atrás había ignorado las peticiones de conversar con ella. En las postrimerías de su mandato, al otro lado de la línea, rechaza tajantemente responder pregunta alguna.
“Esa información no te la puedo dar en este momento”, capotea una y otra vez ante la insistencia de saber qué tenía pensado hacer con el proyecto 160015 antes del fin de su gestión. “No se puede decir, no se puede”, repite. Para no colgar abruptamente, la doctora pide que mejor se le llame a la oficina. No respondió más.
Efraín Díaz Martínez, secretario administrativo del IIM y de la investigación, reacciona en el mismo sentido: amablemente invita a dirigirse al portal de transparencia a sabiendas de que la Universidad ha puesto el expediente bajo llave. Se dice imposibilitado de compartir datos del proyecto.
“Estamos complicados. Hay información en los portales”, asegura, consciente también de que en la página del Instituto los apartados “indicadores de rendición de cuentas”, “informes de auditorías”, “estados financieros”, “asignación de recursos públicos”, “resoluciones del comité de transparencia” y “donaciones a terceros” están desactivados.
El contador Díaz Martínez, mano derecha de la doctora Ana María Martínez, había sido suspendido de su cargo en diciembre de 2015 por la Contraloría universitaria. Pero unas semanas después, se reincorporó ante el beneplácito de la Dirección. El manejo de los dineros del proyecto estuvo bajo su cargo.
Por su parte, William Lee Alardín, coordinador de Investigación Científica, jefe de ambos y responsable legal ante el Fondo Sener-Conacyt Hidrocarburos, es aún más categórico en su negativa: “No voy a hacer ningún comentario”, corta de tajo.
Lee Alardín, nombrado coordinador por el rector Graue, desde que tomó posesión del cargo recibió detalles de lo ocurrido en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Ignoró cada comunicación tanto del responsable técnico del proyecto 160015 como de los investigadores del IIM. Se enteró del retraso en los pagos a los estudiantes, del abandono de los equipos, de las denuncias de falsificación de firmas y desvío de recursos. Pero nada hizo, ninguna acción salió de su oficina.
Rectoría, Contraloría, la abogada general, la Defensoría de los Derechos Universitarios, mantuvieron sus puertas cerradas. El silencio universitario sobre el tema se mantiene. De los 15 miembros de la Junta de Gobierno de la UNAM, sólo 1 respondió a la solicitud de entrevista, sin embargo al momento de la reunión reculó.
En pleno proceso de designación del relevo de Ana María Martínez al frente del IIM -tarea a cargo de la Junta de Gobierno-, el doctor René Asomoza Palacio programó una cita en su oficina del Instituto Latinoamericano de Educación Educativa. Ya frente al miembro de la Junta desde 2013, y tras reiterar el nombre de Contralínea y el tema de interés, Asomoza frunció el gesto y espetó: “no damos entrevistas. Nosotros no hacemos eso”.
Tras insistirle sobre el interés público del caso y su relación con el nombramiento del nuevo director del IIM, el doctor se limitó a repetir que la Junta de Gobierno de la UNAM “no se mete en lo que no le corresponde”.
-Se trata de denuncias sobre actos de corrupción en un proyecto financiado con recursos federales…
-No estamos facultados para ver eso. Diríjase a las autoridades competentes.
-Ya lo hice. También los denunciantes. Y ninguna autoridad universitaria ha respondido las denuncias.
-Pues no le puedo decir nada. Sólo revisamos los perfiles académicos [de los candidatos].
Por el lado de la Universidad, la impunidad se garantizó.
Tanto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como la Secretaría de Energía (Sener) supieron de los presuntos actos ilícitos desde mediados de 2014, pero tampoco iniciaron pesquisa alguna a pesar de gestionar el fondo sectorial.
Dos años después de recibir las denuncias contra los funcionarios del IIM, y ya con seis meses de retraso en la entrega del proyecto, el secretario técnico del fondo, representante del Conacyt, Néstor Díaz Ramírez, asegura en entrevista que ya se están haciendo “una serie de revisiones” que, no obstante, aclara, no son una auditoría.
“En este momento, los secretarios técnico y administrativo (él y Enrique Puchet Cánepa) estamos haciendo una serie de revisiones con base en una serie de comunicaciones que nos hizo su anterior secretario técnico (Quiñones).”
Con amabilidad, resaltando el valor de no haber colgado el teléfono y estar dispuesto a conversar sobre el tema, el maestro Díaz Ramírez asegura que la auditoría al proyecto 160015 “debe estar por empezar en cualquier momento”. Eso sí, apenas se entreguen los resultados de la investigación.
“Si no mal recuerdo”, dice, “hace como dos semanas [mediados de septiembre de 2016] mandamos a solicitar aclaraciones [al IIM]. No sé si refiera a esto de una duplicación de cheques. Mandamos a solicitar la información esa ya debe estar por llegar”.
-¿No se hizo desde julio de 2014 cuando se recibió la denuncia? -se le pregunta.
-Ehh… no. Porque nosotros tenemos que hacerlo con evidencias. El doctor Quiñones le hizo ver al auditor que se falsificó no sé qué cosas… en fin, él hace comentarios de tipo personal.
El auditor al que se refiere es ASI Contadores, agencia que hizo la fiscalización externa.
“Cabe destacar que los cheques 237 y 238, ambos con fecha del 26 de Septiembre del 2013, presentan una similitud en los oficios”, anotó el contador José Raúl Álvarez Flores de ASI; precisamente lo denunciado por Sergio Quiñones desde hacía más de 2 años. Y puntualizó el auditor externo:
“1. Se emitieron dos oficios, los cuales tienen las mismas especificaciones de las mediciones a realizar por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, (Coordinadora del proyecto).
“2. Existe un error en el monto de las dos solicitudes de expedición de cheque, ya que en monto tienen $5,000.00 y en letra dicen QUINIENTOS MIL PESOS, ambos fueron emitidos y cobrados por la cantidad de $500,000.00.”
La revisión fue entregada el 22 de febrero de 2016.
“En el último informe financiero, se hablaba por allí, sino mal recuerdo, de esta duplicidad de la que habla el doctor -dice Néstor Díaz en septiembre-, entonces nosotros mandamos a solicitar que nos expliquen en qué consisten estas duplicidades y por qué aparecen de esta manera. Y esto es lo que estamos esperando, si efectivamente ahí hay un dolo al ver ya la documentación o si esto fue efectuado correctamente (sic). Pero sí, ya tenemos hecha la solicitud a la Universidad.”
El secretario niega conocer cuáles son las condiciones actuales del laboratorio. Asegura que es imposible pedir un reembolso por parte de la UNAM, pues el proyecto ya presentaba un avance del 98 por ciento.
“El laboratorio allí está completo”, asevera no obstante haber sido informado del supuesto saqueo y del abandono de los equipos con muestras de petróleo adentro. “Ahh. De eso no tenía información”, se limita expresar.
Para el representante del Conacyt, con que se entregara el software y Pemex diera el visto bueno, él se daría “por satisfecho”.
El 29 de febrero y 11 de marzo de 2016, los secretarios Néstor Díaz Ramírez y Enrique Puchet Canepa recibieron un par de propuestas detalladas por parte de Sergio Quiñones para entregar a Pemex el programa informático, los reportes y cuadrar la finalización del proyecto 160015. No hubo respuesta.
Medio año después, Néstor Díaz al teléfono asegura que él fue quien le propuso “salidas”. Y cuenta:
“Yo le dije: `bueno, ¿qué necesitamos?´. Creo que por ahí recibimos todavía una propuesta económica de parte de él para que pueda entregar las cosas faltantes. Yo lo que estaría esperando aquí, es que él haga un esfuerzo por esos elementos, pequeños, entre comillas, que faltan, pero que son fundamentales para que Pemex se dé por satisfecho.”
También relata que con la UNAM no ha dejado de tener reuniones, específicamente con William Lee, para buscar un reemplazo de Quiñones.
No obstante lo perdido y lo faltante, Néstor Díaz descarta convencido que el proyecto se cancele.
“El contrato no se puede cancelar. Esto se pudo haber hecho, si a una cuarta parte o menos del proyecto, cuando se reúnen las subcomisiones técnicas, que yo presido actualmente, encuentran cosas anormales y por eso le hemos cancelado proyectos a varias instituciones que vemos que no van en la dirección correcta”, comenta, y agrega:
“Si nosotros, junto con los técnicos, empezamos a ver desviaciones del proyecto… porque nosotros no nos metemos en los pesos y centavos, automáticamente prendemos focos rojos y se revisa y se toman decisiones.”
Pero como técnicamente la investigación siempre fue avanzando, nunca se consideró exigir formalmente una explicación a la Universidad o, más aún, iniciar una investigación sobre las acusaciones de falsificación de firmas como método de ordeña de los recursos del fondo Sener-Conacyt Hidrocarburos.
Enrique Puchet Cánepa, secretario administrativo del Fondo Sectorial Conacyt-Sener Hidrocarburos, y representante de la Secretaría de Energía, aseguró desde junio que contactaría al reportero para realizar la entrevista pedida. Se le volvió a buscar sin recibir respuesta.
Con motivo de la duplicidad de firmas, Sergio Quiñones se presentó ante el Ministerio Público de la Federación. Se abrió la averiguación previa AP/PGR/DF/SZS-II/868/2015. Pero ni la pesquisa caminó ni las pruebas ofrecidas por los representantes legales del investigador fueron desahogadas. Los meses pasaron sin perturbar a los inculpados.
Por ello, el 29 de septiembre de 2016 se presentó una demanda de amparo ante el juez de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México contra el agente del Ministerio Público Federal (titular de la Mesa II, de la Subdelegación Sur de la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR), y la entonces procuradora Arely Gómez.
Según el escrito, al justificar su inacción, el propio agente confesó “que ha recibido instrucciones directamente de la procuradora General de la República en el sentido de no afectar los intereses de los funcionarios involucrados del Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México”.
Contralínea solicitó conversar con la procuradora. Sin embargo no se recibió respuesta.
El periodo de Ana María Martínez al frente del IIM terminó entre el cobijo rectoral y federal, sin mancilla a pesar de las protestas de los investigadores y académicos del Instituto ni los señalamientos de corrupción en su contra.
Ante los doctores Enrique Graue William Lee, Martínez Vázquez rindió su cuarto informe de labores el 29 de agosto. Manifestantes, pancartas y muestras de repudio no llamaron la atención de los altos funcionarios universitarios. Era el día para refrendar públicamente su respaldo a la doctora “Anita”, como la llama el rector.
“Hacemos investigación muy bien”, presumió la directora saliente. Habló de la obtención de patentes, del promedio de publicación de artículos, de la fabricación de trajineras con materiales reciclados. Sobre problemas en el Instituto… asunto de relaciones públicas. “Al momento de salir y vincularnos no sabemos cómo hacerlo”, fue la autocrítica.
Aplausos, abrazos, besos.
“El rector ponderó los resultados y se refirió a la importancia de esta entidad universitaria, pues dijo que el estudio de los materiales ha estado ligado al desarrollo de la humanidad, porque ha sido a partir de la utilización de éstos como los hombres han podido cazar, sembrar, crear civilizaciones y llegar a la Luna”, anotó la crónica oficial (“Fortalece Materiales su Planta Académica”, Gaceta UNAM, 29 De Agosto De 2016).
Un mes después, el 4 de octubre, Ana María Martínez dejó su puesto al doctor José Israel Betancourt Reyes, nombrado director por la Junta de Gobierno de entre los candidatos elegidos por William Lee y Enrique Graue.
La primera acción de la nueva cabeza del Instituto de Investigaciones en Materiales fue ratificar al contador Efraín Díaz Martínez -mano administrativa de Martínez Vázquez- en su puesto.
Mauricio Romero
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