Por 12 años, o hasta que termine el proceso de “deliberación” –que podría durar ese mismo tiempo–, permanecerá oculta la información relacionada con graves irregularidades en el ejercicio de 20 millones de pesos durante el rectorado de José Narro.
Tal es la resolución a la que llegó el Comité de Información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya bajo el rectorado de Enrique Graue, que confirmó la reserva de todos los documentos desprendidos de la auditoría DGRIRP/DERE/01/2015 practicada por la propia casa de estudios a la entonces llamada Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas (Dgadyr), cuyo responsable era Severino Rubio Domínguez, hoy funcionario, como Narro, de la Secretaría de Salud.
Por la organización de las competencias de seis disciplinas, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en ese momento a cargo de Jesús Mena, entregó 20 millones 700 mil pesos al departamento de Rubio Domínguez.
Del 13 de octubre de 2014 al 15 de enero de 2015 la Dirección de Evaluación y Revisiones Especiales revisó el expediente en el que se da cuenta de desvíos, sobreprecios, facturas hechizas; de millonarios negocios por gracia no sólo de la adjudicación directa, por dedo, sino incluso carentes de contrato y registros contables; de recursos de la Universidad y del presupuesto de 2015 de la propia Dgadyr utilizados para cubrir el despilfarro ocurrido el año anterior.
Un total de 13 millones 48 mil 173.10 pesos se gastaron en “hospedaje, alimentación y reuniones de trabajo” y “en ningún caso el responsable del Departamento de Compras [Érika Minerva Alamilla Carrasco] ni el secretario Administrativo [José Luis Marín Correa] elaboraron los contratos respectivos, por lo que no se regularon las condiciones de los servicios prestados y su costo”.
No hubo “certeza de cuál fue el número exacto de las personas a las que se les dio el servicio [de hospedaje], por ende si efectivamente se pagó el precio correcto por el mismo”, ni se alimentó a todos los atletas: sólo a los equipos de hockey sobre hielo y canotaje.
Por su parte, Maximiliano Aguilar Salazar, director de Deporte Representativo, registró menos participantes (atletas, entrenadores, federativos, delegados, auxiliares, jueces) que la propia Secretaría de Educación Pública, ente superior de la Conade.
Así, 326 mil 372.98 pesos desaparecieron en tres facturas cuya veracidad no se pudo comprobar.
También, 1 millón 81 mil 225.62 pesos se erogaron en 150 pacas para las competencias de tiro con arco, de las cuales 100 no se utilizaron y 84, “por un importe [de] 509 mil 207.34 pesos”, acabaron “en el domicilio del ingeniero Gabino González, miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Tiro con Arco en la UNAM”, comerciante de artículos deportivos, incluidas pacas.
Por decisión directa de José Luis Marín, 519 mil 613.88 pesos se fueron al bolsillo de Isaac Luna Cabañas por organizar tres ceremonias de premiación, sin contrato de por medio. El mismo funcionario prefirió rentar una cámara por 51 mil 272 pesos en vez de comprarla por 45 mil.
Asimismo, 341 mil 736 pesos recibió la Empresa Mundial de Servicios Eures, SA de CV, por concepto de “servicios de logística”. Pero no hay “evidencia del trabajo realizado por la empresa”.
[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”]El Comité de Información de la UNAM confirmó la reserva por un periodo de 12 años o por el transcurso en que estén vigentes las causas que originaron la reserva”[/blockquote]
Dalitex, SA de CV, le revendió 2 mil 500 gorras a la Dgadyr: la empresa michoacana las adquirió en la calle Isabel la Católica, en el Centro de la Ciudad de México, a 52.20 pesos cada una, y cobró por ellas 87.20. Peluchísima, S de RL de CV, fue más allá: vendió 2 mil 500 llaveros a 82.40 pesos por unidad, cuando su costo real era de 22.23. Los sobreprecios fueron de 87 mil 500 y 152 mil 925 pesos, respectivamente.
A fines de 2014, con la Olimpiada atrás, y aprovechando la millonaria ayuda de la Conade, Maximiliano Aguilar y José Luis Marín de plano gastaron 829 mil 232 pesos en pants, rompevientos y mochilas; una “comida para la convivencia entre exjugadores de futbol americano de la ENEO [Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia] y los jugadores de Pumas CU Liga Mayor”, y en la “alimentación y hospedaje del equipo de baloncesto”, cuando había dejado de atender a la mayoría de los competidores de la Olimpiada.
Además de la “falta de transparencia en el ejercicio de los recursos autorizados”, las consecuencias podrían traducirse en “sanciones a los funcionarios y empleados universitarios involucrados en el incumplimiento”, así como en “una posible solicitud por parte de la Secretaría de la Función Pública o de la Auditoría Superior de la Federación a la Conade para la suspensión de recursos [apoyos] en ejercicios subsecuentes”.
Eso y más quedó asentado en la auditoría firmada en primer lugar por Humberto Moheno Diez, director General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, mismo que solicitó su ocultamiento del escrutinio público.
¿Qué ocurrió internamente una vez conocidas las irregularidades, firmada y sellada la auditoría? Eso no se debe saber, dictaminó el Comité de Información de la UNAM, presidido por José María Serna de la Garza.
Esconder la suciedad. Ocultar las (nulas) consecuencias oficiales por lo descubierto fue la resolución.
Ni una sola palabra ha expresado públicamente la Universidad sobre el tema ni de los responsables. El silencio, impulso de la impunidad, traspasó el rectorado de Narro para hacer eco en el de Enrique Graue.
Tras una primera respuesta negativa a la petición hecha por Contralínea de acceder a los documentos que sobrevinieron a la fiscalización, con forme al Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de México, el titular de la Unidad de Enlace para Acceso a la Información, Eduardo Maristany Cáceres, remitió el caso al Comité de Información, colegiado competente para analizar las contestaciones adversas a las solicitudes de acceso a la información.
El Comité tenía la misión de resolver si confirmaba la clasificación hecha por Humberto Moheno y negar el acceso o modificarla y conceder la entrega de una versión pública de la información solicitada, o bien, revocarla y conceder el acceso total.
Entre las tres opciones eligió la primera: confirmó la reserva de la información “por un periodo de 12 años o por el transcurso en que estén vigentes las causas que hayan dado origen a su reserva”, concluyó el colegiado integrado por Diana Cecilia Ortega Amieva, secretaria Técnica; Eduardo Cayetano Cacho Silva, responsable del Área Coordinadora de Archivos; Gabriel Echávez Aldape, Rosa María Mirón Lince, Óscar Armando García Gutiérrez, Ramón Gutiérrez Castrejón, Issa Luna Plá y Ana Elsa Pérez Martínez como miembros titulares, y presidido por Serna de la Garza.
“Los documentos solicitados consistentes en la totalidad de los documentos relacionados con la auditoría DGRIRP/DERE/01/2015, [la cual] fue practicada en el ejercicio 2015 y la observación número 10 de la auditoría de folio 1662014 (otra fiscalización pedida), están clasificados como información reservada toda vez que a la fecha se encuentran en trámite, es decir en proceso de atención por el área auditada y por ende los elementos que la conforman están en proceso deliberativo, hechos que las clasifican como información reservada”, sentenció el Comité en la resolución CIR/01/2016 emitida el 29 de enero de 2015.
“La clasificación de la información como reservada es temporal”, aclaran los funcionarios: por 2 sexenios o lo que dure el proceso interno. “Pero pueden pasar muchos más”, dice a Contralínea el consejero universitario Alfonso Bouzas Ortiz.
El miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y del Sistema Nacional de Investigadores señala que el argumento utilizado no es nuevo, que varios años puede durar la opacidad so pretexto de que no se ha concluido el proceso.
“Una auditoría debe ser pública, en principio. Puede haber observaciones en curso, pero es un documento final”. Se debe conocer qué ocurre, no se puede dejar privada para que quienes hayan sido afectados también puedan expresarlo, insiste el doctor en derecho.
Pero, según el Comité de Transparencia, la difusión de hechos que perjudicaron el patrimonio de la UNAM “podría [a su vez] afectar aspectos patrimoniales” de la misma Universidad.
Además, la revelación de los documentos relacionados a la auditoría aplicada a la Dgdyr por la Olimpiada 2014 también implicaría “algún tipo de riesgo o afectación para la Universidad o para algún miembro de la comunidad universitaria”, añadió, pues, repite, “la auditoría integral solicitada se encuentra actualmente en trámite ya que los elementos que las conforman están en proceso deliberativo”.
Antes de que concluyera dicha deliberación por parte de la Contraloría, el primer responsable de las irregularidades descubiertas, Severino Rubio Domínguez, consiguió acomodo en la Secretaría de Salud un mes antes del anuncio de la llegada de José Narro a la misma dependencia.
“Se informa que a partir del 1 de enero del 2016 se incorporó como director de Educación en Salud el maestro Severino Rubio Domínguez”, fue el aviso con el que recibieron el año nuevo los jefes de enseñanza del sector salud.
El funcionario niega ser ya el director de Educación de la Secretaría ahora comandada por Narro Robles:
“El proceso de incorporación no lo he terminado ya que debo presentar exámenes para acreditarme en la función, aún estoy en procedimientos administrativos. […] Ya estoy asumiendo tareas específicas y en apoyo a la Dirección General, pero aun no tengo la aprobación definitiva del nombramiento. Comprende algunos cursos y exámenes […]”, asegura; y admite estar “parcialmente en funciones a partir del 16 de enero”.
Sobre la fiscalización y los hechos en los que se le inmiscuyó en su carácter de director general de Actividades Deportivas, Rubio Domínguez omite hablar. Solamente califica a la auditoría como “un documento muy preliminar”, el cual fue “utilizado de mala fe” por Contralínea, opina.
Severino Rubio asegura que “el dictamen final” lo recibió en la “primera semana de septiembre [de] 2015, y que “aún en febrero están en seguimiento [las] observaciones de [la] Contraloría sobre el ejercicio de recursos [de la] Conade aplicados en el 2015”.
Está terminado el proceso pero no. Por un lado, la Contraloría y Rubio aseveran que todavía está en curso, al contrario de Sebastián García Sarso, director general de Calidad de Educación de la Ssa y jefe del exdirectivo universitario, quien le aseguró a Miguel Badillo que la misma Contraloría de la UNAM le indicó que Rubio Domínguez estaba libre de todo problema, por lo cual no habría ningún impedimento para incorporarse a la secretaría.
Por su parte, José Narro Robles –quien siempre ignoró las solicitudes de entrevista de este semanario, ni siquiera con una respuesta negativa– apenas rechaza de mala gana los cuestionamientos hechos sobre el tema antes de su asunción como nuevo secretario de Salud del gabinete de Enrique Peña Nieto.
En el Museo de la Ciudad de México, entre los apapachos de los seguidores de Jesús Ortega y Miguel Ángel Mancera; mientras los flashes lo alumbraban y él agradecía con voz tersa a quienes lo halagaban, el reportero, sin más, le espetó:
—Lo he buscado durante semanas, meses, doctor.
Narro Robles, cómodo entre los saludos, asiente amable, como invitando con la mirada a continuar. Pero la sonrisa se trastoca tras escuchar una palabra. El exrector arruga la cara toda y tensa los hombros cuando escucha “auditoría”.
—Platique usted con los responsables –rechaza con otra voz, dura–. Yo ya no soy rector desde hace tiempo –evade vestido de corbata rayada en azul y oro.
—Pero la auditoría interna se hizo en el último año de su rectorado, doctor.
—¡Lo sé perfectamente!
—Entonces permítame sólo un par de preguntas, doctor.
—Yo no voy a decir nada. Platica con los responsables –niega sin ocultar su enfado.
—Pero usted, como rector, fue responsable…
—¡Yo no voy a decir nada! –corta de tajo. La mirada del exrector ahora hierve mientras niega una y otra vez con la cabeza a la vez que con la mano extendida aparta de enfrente al reportero.
Ni Narro ni administración aclararon nada.
A pesar de la cerrazón, por otro lado se supo que Severino Rubio, primer implicado, salió calladamente de la Universidad para integrarse desde enero de 2016 a la Secretaría de Salud como director de Educación en Salud. También se tiene conocimiento, aunque tampoco se hayan anunciado los motivos, que Enrique Balp, exsecretario de Servicios a la Comunidad y exjefe de Rubio, de igual forma dejó su cargo.
Como si se hubiera tratado de un relevo común, los implicados abandonaron Ciudad Universitaria sin consecuencias encima.
Hasta el cierre editorial, aún aparecían en sus puestos Maximiliano Aguilar Salazar, director de Deporte Representativo; José Luis Marín Correa, secretario administrativo; Erika Minerva Alamilla Carrasco, jefa del Departamento de Compras.
José Narro se fue de la torre de Rectoría. Llegó Graue, y dejó tranquilo a su antecesor, sin cuestionar la impunidad y protección brindada a sus subalternos; permitió la partida tranquila de Severino Rubio y de Enrique Balp; mantuvo en sus cargos a los demás señalados. Pero no todo fue inacción y ocultamiento: por lo menos la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas cambió de nombre y ahora se llama Dirección General del Deporte Universitario.
Mauricio Romero, @mauricio_contra
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: RENDICIÓN DE CUENTAS]
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