El gobierno Andrés Manuel López Obrador parece haber caído en un bache en el combate a la violencia y el crimen organizado, al tiempo que sus programas para erradicar este flagelo aún no dan resultados, sobre todo en el sector de jóvenes que prefieren tomar las armas para defensa de sus comunidades o integrarse a grupos criminales, consideran en entrevista expertos y académicos.
La situación de México es compleja y existen muchos intereses en juego. Está, por un lado, el actual gobierno de López Obrador que heredó una difícil situación, la cual se salió de control por una estrategia de seguridad fallida y 12 años de militarización. Por otro lado se encuentra una oposición resentida que parece creer que su sobrevivencia política se sustenta en el fracaso de la llamada cuarta transformación, considera Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de la Escuela de Política y Gobierno Schar de la Universidad George Mason, Virginia.
“Juegan también en contra de México: negocios criminales trasnacionales, grandes intereses en el sector energético, un presidente estadounidense que enfrenta un proceso de destitución (impeachment) y una elección clave en 2020, en la cual México podría también ser determinante como lo fue en 2016”, señala la catedrática.
Paralelamente, afirma que las ejecuciones y los enfrentamientos entre grupos armados son frecuentes en México y reproducen por sí mismos el ciclo de la violencia en el país, en una dinámica que parece no tener ?n. Al mismo tiempo, y derivado de la respuesta de las fuerzas del Estado, se registra la fragmentación de grupos delictivos que un día tuvieron un control regional de los mercados de droga.
Hoy, las actividades criminales ilícitas de estos grupos se han multiplicado, al igual que las células criminales que operan en el norte de México, las cuales se van desprendiendo de grupos que antes operaban regionalmente y que estaban bien organizados, advierte en entrevista Correa-Cabrera.
Actualmente, dice, no es fácil diferenciar a los grupos criminales que operan en la frontera Norte, “donde se identifican múltiples células que bien podrían aliarse inclusive con las fuerzas del Estado, como parece ser el caso de Tamaulipas”.
En ese sentido, señala que “se ha perdido la cuenta de todos los grupos armados que van causando destrozos, muerte y violencia; entre ellos, se encuentran múltiples células del Cártel del Golfo y de lo que fueron Los Zetas; operan también el Cártel de Sinaloa, el CJNG y grupos como La Línea, Gente Nueva, Los Salazar, Los Jaguares”, entre muchos otros.
En lugar de aminorarse, la violencia en México parece recrudecerse, al punto en el cual algunos actores, incluso gobernadores fronterizos y miembros de la sociedad civil –en su desesperación algunos y otros quizás con mala intención– han pedido la intervención de Estados Unidos, apunta.
En esta coyuntura, que representaría para el presidente estadunidense grandes réditos políticos en un momento crítico, se ha replanteado recientemente la intención de denominar a los mal llamados cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTOs por sus siglas en inglés). Por ahora, Estados Unidos ha decidido no hacer efectiva la amenaza, pero ha dejado abierta esta posibilidad cuyos efectos podrían ser bastante negativos.
No obstante lo anterior, y ante la muy difícil situación de seguridad en el país, no está México del todo perdido, pues el presidente López Obrador goza de una amplia popularidad, lo cual le da un gran margen de maniobra para intentar mantener el orden y la gobernabilidad.
En este contexto –bastante favorable para el mandatario– es posible delimitar, con toda claridad, las prioridades y trabajar en establecer una estrategia efectiva de seguridad, generando instituciones, haciendo una verdadera reforma policial y mejorando los mecanismos de coordinación interinstitucional y entre los diferentes órdenes de gobierno.
Es preciso que el gobierno de la llamada 4T actúe cuanto antes y de forma efectiva para enfrentar el que pareciera ser uno de los mayores retos en este momento. Y este reto se visibiliza, y presenta probablemente sus peores síntomas, en la frontera norte de México, advierte la doctora en ciencias políticas Guadalupe Correa-Cabrera, autora del libro El ocaso zeta.
Para el doctor José Andrés Sumano Rodríguez, catedrático del Conacyt y del Colegio de la Frontera Norte, el retiro de la Marina de zonas como la frontera coahuilense fue una errónea interpretación de la no represión y una ingenua visión de que la violencia del crimen organizado puede reducirse con programas sociales, tienen a la frontera norte sumida en una crisis de seguridad.
“La decisión del presidente López Obrador de retirar a la Marina de tareas de seguridad pública y enviar a un alto porcentaje de los elementos de la Guardia Nacional a tareas de contención de flujos migratorios, ha minado la capacidad del Estado para atender la crisis de violencia en la frontera”, señala el académico.
En muchas ciudades fronterizas, las policías estatales han sido dejadas a su suerte para tratar de frenar la violencia criminal ante la retirada del ejército y la inoperancia de una buena parte de las policías municipales. Aunado a lo anterior, la premisa presidencial de que la violencia en México puede disminuirse con programas sociales, tienen importantes fallas.
“La política social puede prevenir que niños entren en el crimen organizado en el futuro, incluso aliviar algo de la violencia urbana, pero no hay un solo caso de algún sicario que haya dejado el crimen organizado porque le ofrecieron una beca de 3 mil 500 pesos en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro”, subraya.
Sumano Rodríguez añade que atender las causas de la violencia es una noble causa, “una que debe perseguirse, pero hoy, en México, urge detener la hemorragia. Es crucial detener el ciclo de jóvenes que matan a jóvenes que está resultando en una generación perdida”.
El despliegue de la Guardia Nacional en amplias partes del territorio, incluyendo la frontera norte, no está logrando reducir la violencia. La meta planteada de 80 mil elementos en la Guardia Nacional, desplegados en tareas que van desde garantizar la seguridad en el metro de la Ciudad de México hasta contener flujos migratorios, simplemente es insuficiente. “No hay Guardia Nacional que alcance para garantizar la presencia de las fuerzas armadas en todo el territorio nacional”.
Aunado a lo anterior, dice el catedrático, la teoría del cambio propuesta por el presidente López Obrador respecto a que la violencia en México puede resolverse con programas sociales que atiendan las causas de la misma tampoco se sostiene. Dicha premisa funciona, en el largo plazo, para el delito y la violencia común, no para un contexto de crimen organizado.
“Pretender reducir la violencia actual con programas sociales es como querer darle educación en prevención de adicciones a un herido que se desangra en urgencias por haber participado en una riña bajo los efectos de alguna droga. Lo primero es parar la hemorragia, de lo contrario, nada de lo demás importa”, enfatiza el académico del Colegio de la Frontera Norte.
Explica que el desatino de la estrategia gubernamental frente al crimen organizado fue evidente en el enfrentamiento vivido en la ciudad de Culiacán, durante el fallido intento por capturar a Ovidio Guzmán.
Los grupos criminales organizados aprendieron de los errores del gobierno durante dicho operativo y han retomado el uso de tácticas terroristas. Lo anterior se exacerba en la frontera, en particular en zonas como Tamaulipas, donde la última línea de defensa del Estado es el ejército, en donde el crimen organizado y la sociedad viven en simbiosis.
El impulso a un modelo nacional de policía y justicia cívica (en el discurso, no en el presupuesto), la creación de un Registro Nacional de Detenciones o la mejora de la estadística en materia delitos (como lo plantea el proyecto MORE del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) son pasos en la dirección correcta cuando se aborda el fenómeno desde una perspectiva nacional.
Sin embargo, empiezan a perder sentido cuando se enfrentan contra la realidad de lugares como Reynosa, Tamaulipas, o Ciudad Juárez, Chihuahua. Al final, toda dinámica criminal es esencialmente local, más aún la de la frontera, y requiere de estrategias ad hoc para abordarla.
La doctora Guadalupe Correa-Cabrera insiste en que la seguridad es el principal desafío en la frontera norte de México a un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Justo al celebrarse este aniversario se conocieron, con mayor detalle, los hechos ocurridos el 30 de noviembre en el municipio de Villa Unión, Coahuila, donde murieron por lo menos 25 personas.
Destacan, en particular, la masacre de las familias mormonas en la frontera entre los estados de Sonora y Sinaloa y los múltiples enfrentamientos en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que involucran a grupos armados del Cártel del Noreste, algunas células del Cártel del Golfo y miembros de las fuerzas del orden.
En esta violenta en ciudad tamaulipeca se conjuntan diversos problemas, desde actos de paramilitarismo que se explican por supuestas ejecuciones extrajudiciales, hasta el secuestro de migrantes e incluso la desaparición del director y un colaborador de un albergue de migrantes, quienes fueron privados de su libertad por hombres armados.
Las ejecuciones y los enfrentamientos entre grupos armados son frecuentes en todos los estados fronterizos de México. Estos acontecimientos reproducen por sí mismos el ciclo de la violencia en el norte del país y esta dinámica parece no tener fin. Al mismo tiempo, y derivado de la respuesta de las fuerzas del Estado, se registra la fragmentación de grupos que un día tuvieron un control regional de los mercados de droga.
Hoy, las actividades ilícitas de estos grupos se han multiplicado, al igual que las células criminales que operan en el norte de México, las cuales se va desprendiendo de grupos que antes operaban regionalmente y que estaban bien organizados. Actualmente, no es fácil diferenciar a los grupos criminales que operan en la frontera.
Correa-Cabrera, autora de Los Zetas Inc: la corporación delictiva que funciona como empresa transnacional, este último punto es crucial: no se puede combatir el problema sin que los gobernadores de oposición cooperen con el gobierno federal. El caso de Tamaulipas es emblemático y muy problemático en este sentido, considera.
Advierte que en el caso de que los gobernadores no deseen colaborar, la situación es mucho más complicada, ya que las autoridades estadounidenses no pueden coordinarse directamente con los gobiernos estatales, dado que la situación de inseguridad y delincuencia organizada en el norte de México constituyen temas de seguridad nacional.
La coordinación debe suceder al interior de México. Se requiere además de un enfoque de fortalecimiento institucional que incluiría acciones específicas en otras áreas como la de comunicación social, sistema penitenciario, procesos judiciales, desarrollo de las políticas locales, seguridad ciudadana, entre otras.
“En la región Noroeste de México la situación es muy compleja pues no se trata únicamente de ir contra un grupo de la delincuencia organizada. Existen otras peligrosísimas células criminales cuyo negocio fundamental no son las drogas, sino infringir terror para extraer rentas a la sociedad”, acota.
Y lo que es peor, dice la investigadora, eventos recientes nos muestran algunas evidencias de posibles actos de paramilitarismo en el estado. Es preciso mejorar la capacidad de investigación de las autoridades mexicanas y fincar responsabilidades cuando así se requiera, concluye.
José Réyez
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