Agentes de migración lo desaparecieron. Luego de 114 días de una intensa campaña llevada a cabo por la familia y organizaciones solidarias, el joven Maximiliano Gordillo Martínez fue localizado. “No desfallecer” en la búsqueda de los desaparecidos es la lección que se puede aprender, considera el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
El día de su partida se despertó muy temprano, con las ilusiones de alguien que sale por primera vez de su comunidad. Tomó su mochila y se despidió de su familia. El 7 de mayo pasado, Maximiliano dejó su casa en la comunidad Tzinil, del municipio de Socoltenango, Chiapas, y se dirigió a Comitán para tomar un autobús que lo llevaría a Playa del Carmen, Quintana Roo, para trabajar durante 6 meses como jornalero.
Un día después, el 8 de mayo, el amigo con el que viajaba llamó a la caseta de la comunidad para avisarle a Arturo Gordillo que su hijo había sido detenido por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en la caseta migratoria de Chablé, en Tabasco.
“Vete tú y le avisas a mi papá que aquí me detenieron”, le contó llorando de pena al papá de Maximiliano y le dijo que se fue porque sintió miedo cuando el agente de migración lo amenazó: “Vete hijo de tu puta madre, es tu última oportunidad; si tú no te vas, te acusamos de pollero”.
Según el testimonio de su acompañante, los agentes de migración habían acusado a Maximiliano de ser un migrante guatemalteco por no cargar con una credencial de elector que comprobara su nacionalidad mexicana. Pese a que mostró su acta de nacimiento original y su Clave Única de Registro de Población (CURP), lo detuvieron bajo el argumento de que aquellos documentos que mostró eran falsos. Y junto con otras seis o siete personas más, lo bajaron del camión en el que viajaba.
El caso de Maximiliano no es excepcional: desde 2009 y hasta la fecha, el INM ha detenido, por “equivocación”, a 573 mexicanos que transitaban por el país, según información obtenida por Contralínea por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pero ha sido en los últimos 2 años cuando las detenciones se dispararon: de 90 mexicanos detenidos por migración en 2014, pasaron a 234 en 2015. Y, en lo que va de 2016, suman 164 los mexicanos que han sido retenidos y enviados a estaciones migratorias por “error”, según la respuesta del Instituto a la solicitud de información 0411100049516 presentada por este semanario.
Sin embargo, Maximiliano no fue enviado a una estación migratoria: fue desaparecido por agentes del INM. En los archivos oficiales no hubo registro de él desde la noche en que su amigo llamó para avisar que Migración lo había detenido. Maximiliano fue visto por última vez en la caseta de migración, lugar que compartía con aproximadamente otras 20 personas que también habían sido “aseguradas”.
Sus familiares interpusieron una denuncia el 13 de mayo, 6 días después, ante la Fiscalía Distrito Altos, en Chiapas, y se abrió la carpeta de investigación R.A.0750-078-0301-2016 por la desaparición forzada de Maximiliano a manos de agentes migratorios.
La desaparición forzada es considerada, dentro del ámbito de los derechos humanos, como un “crimen sin fin” –como señala Rainer Huhle, miembro del Comité de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de ñas Naciones Unidas (ONU) y de la Junta Directiva del Centro de Derechos Humanos de Nurenberg–; pero también un delito pluriofensivo y de lesa humanidad: se trata de uno de los delitos más complejos que existen, ya que viola distintos derechos humanos básicos, es decir, es un delito de carácter múltiple.
Pese a esto, México no ha tipificado debidamente el delito por desaparición forzada, observa Héctor Cerezo, del Comité Cerezo.
Este delito ocurre cuando el autor de la desaparición de una persona es un servidor público de cualquier sector o nivel. Pero también se trata de desaparición forzada cuando, bajo órdenes de algún agente gubernamental, grupos organizados o particulares privan de su libertad a una persona. El ocultamiento de la información por parte de las autoridades o instituciones y la negativa a cooperar con la investigación es parte del delito, pues cuando se niegan a reconocer que se encuentran privadas de la libertad, están despojándolas de la protección de la ley.
Tan sólo en el último año, de junio de 2015 a junio de 2016, se abrieron 70 averiguaciones previas a nivel federal por el delito de desaparición forzada, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR) entregados a Contralínea por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (folio de solicitud 0001700184416).
Sin embargo, se considera que el delito tiene un margen de casi el ciento por ciento de impunidad: sólo existe registro de seis sentencias condenatorias a nivel federal, según el Informe del Estado Mexicano sobre la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en virtud del artículo 29 de la Convención, presentado ante la ONU en 2014.
Tampoco se tiene un registro de cuántas personas son víctimas de desaparición forzada. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped) contiene los datos de personas desaparecidas a partir de las denuncias presentadas formalmente. Según este registro, a la fecha hay 28 mil 189 personas desaparecidas pero se desconoce cuántas son víctimas de desaparición forzada y cuántos son casos de desaparición a manos de particulares.
“Primero me sentí muy triste y luego con mucha confianza con la gente de Migración y el Estado porque, como era mexicano, pensé que lo iba a regresar a Comitán; sentí una confianza… Pero después que comenzamos a ver y a preguntar en todos los lugares, me fue cayendo mucha tristeza”, confiesa su papá.
Durante más de 3 meses, distintas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), La 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes y la organización civil Voces Mesoamericanas Migrantes realizaron acciones de búsqueda para localizar a Maximiliano en las estaciones migratorias cercanas a la ruta del camión para conseguir información sobre su posible ubicación.
La familia fue a preguntar al Grupo Beta Comitán sobre el paradero de su hijo: desde ahí los trataron mal, les dijeron que eran “gentes inútiles, gentes cabronas que no sabemos hablar”; que por qué cuestionaban al instituto “si ellos eran gente buena”. En San Cristóbal también los ignoraron; y como respuesta a su demanda de información, les dijeron que el Instituto no trataba mal a los migrantes, señala Arturo Gordillo, padre de Maximiliano.
Las organizaciones también solicitaron información al INM sin obtener respuesta. Entre las solicitudes está la consulta que hicieron a través del Consejo Ciudadano del INM al comisionado Ardelio Vargas Fosado, quien se limitó a decir que Maximiliano no se encontraba en el registro de la institución y se negó a proporcionar más información. De igual forma presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución que informó que el INM negó haber detenido a migrantes en la ruta por la que viajaba Maximiliano el día señalado, informa el abogado Enrique Vidal.
Integrante de Voces Mesoamericanas, Vidal explica, en entrevista, que desde los primeros días solicitaron la atracción del caso a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y no se realizó porque la fiscalía de Tabasco no envió la carpeta judicial “por pura cuestión burocrática”, por lo que no se había podido iniciar la investigación.
Las actuaciones de la autoridad fueron lentas: el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada establece que se deben tomar acciones inmediatas entre las 24 y 72 horas para la búsqueda de la persona desaparecida. No obstante, cuando se presentó la denuncia por la desaparición forzada de Maximiliano los funcionarios reconocieron que no conocían la existencia ni la aplicación de dicho protocolo que es obligatorio a nivel nacional desde agosto de 2015.
Las organizaciones que acompañaron a la familia de Maximiliano aseguran que se han topado con el hermetismo del INM que, hasta la fecha, se ha resistido a entrevistar a los agentes que se encontraban encargados del punto de revisión migratoria en Chablé: Rubén Silva Silva y Oscar Benjamín Castillo Pavón Carbonell –agente federal de migración “C”, y coordinador de unidad de áreas de servicios migratorios, respectivamente–; asimismo, el Instituto se ha negado a proporcionar los nombres de los agentes subordinados a éstos.
El instituto niega tener en su registro el nombre de Maximiliano al tiempo que niega a las organizaciones el acceso al registro de personas detenidas los días 7 y 8 de mayo. Además, contradice el testimonio que dio el amigo acompañante de Maximiliano al asegurar que los operativos de revisión migratoria en Chablé se detuvieron desde 1 hora antes de la que se ha señalado en que ocurrieron los hechos.
El INM rechazó una solicitud de entrevista de Contralínea con el delegado de Tabasco, Eduardo Silvestre Hernández Dighero, bajo el argumento de que no existía alguna denuncia por desaparición forzada que involucrara a agentes de migración. Sin embargo, la denuncia que presentaron los familiares de Maximiliano ante la subdelegación de la PGR en San Cristóbal de las Casas fue la primera que se asentó por el delito de desaparición forzada bajo el nuevo sistema penal acusatorio.
Por otros casos, la CNDH ha emitido dos recomendaciones al INM. La primera, la 58/2015, se emitió en enero de 2016 por violaciones a los derechos humanos de 15 mexicanos que fueron asegurados por 22 agentes de esa institución en diferentes puntos carreteros durante el 2015. En ella pide al INM elaborar un protocolo de actuación en las revisiones migratorias para no estigmatizar ni discriminar.
La segunda, la 22/2016, se emitió en mayo de 2016 por las mismas causas. Los derechos que se violaron en estos casos son los mismos que en el caso de Maximiliano: el derecho al libre tránsito, a la seguridad jurídica, a la libertad personal y a la no discriminación. Sin embargo, la CNDH se ha negado a emitir una recomendación para el caso de Maximiliano.
Hasta el momento se promovió una denuncia penal ante la PGR, en la cual se conjuntó la información que apunta que los agentes del INM y la policía estatal de Tabasco participaron en la desaparición del joven chiapaneco; sin embargo, denuncian, ha sido inoperante la actuación de la dependencia del gobierno federal.
Con la entrada del Programa Frontera Sur (PFS), en julio de 2014, las revisiones migratorias se incrementaron en 73 por ciento en el lapso de 1 año y los operativos se han concentrado en los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, según el informe Un camino incierto: justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México, elaborado por nueve organizaciones en defensa de los derechos del migrante: The Washington Office on Latin America (WOLA), Fundar, Casa del Migrante Saltillo, Un Mundo una Nación, Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado, Centro de Recursos para Migrantes, Hogar-Refugio para Migrantes La 72, Hermanos en el Camino y Kino Border Initiative.
Los registros de las revisiones migratorias, realizadas por el INM para detectar a migrantes indocumentados, presentan irregularidades: el registro del instituto contabilizó 96 mil 559 migrantes extranjeros en 2014; pero en la base de datos informaron sólo de 64 mil 145 migrantes consignados, “lo que denota deficiencias en los mecanismos de registro de información respecto de las acciones de vigilancia programadas y realizadas, así como de los extranjeros que fueron asegurados como resultado de dichas acciones”, señala el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Una consecuencia directa del PFS son las recurrentes violaciones a los derechos humanos durante las revisiones migratorias y el proceso de detención. Los métodos que se utilizan para identificar a los migrantes indocumentados son con base en criterios discriminatorios y arbitrarios que se basan en el aspecto de la persona: la forma en la que van vestidos, la forma en la que se comportan, el color de piel o la apariencia física.
Ramón Márquez, director de La 72, señala, en entrevista con Contralínea, que “en muchos de los operativos, nosotros hemos visto cómo llegan y ni siquiera preguntan: ellos [los agentes de migración] entienden que son personas centroamericanas porque van caminando por la carretera con sus mochilas, por la forma en cómo vienen y automáticamente… ni siquiera se identifican como deberían, sin mostrar ningún tipo de documento, ni alguna carta diciendo que están haciendo operativo, empiezan a detenerlos y perseguirlos. Muchas veces poniendo en riesgo la integridad de las personas”.
Además, en junio de 2014 se ?rmó el Convenio de Colaboración para Brindar Apoyo en el Control, Veri?cación, Revisión y Traslado de Migrantes, así como Resguardo Perimetral de Estaciones Migratorias, celebrado entre el INM y la Policía Federal (PF), el cual facilita la participación de la Policía Federal en los operativos de revisión.
Márquez explica que, en teoría, los operativos deberían ser sólo con la PF –con previo oficio y solicitud del INM, sólo para que la policía monitoree que el operativo se realice en condiciones de seguridad–; sin embargo, explica, “aquí la realidad es que están participando cuerpos estatales y cuerpos municipales en los operativos”.
La Ley de Migración y su reglamento no establecen claramente el fin y alcance de los operativos conjuntos: no hay lineamientos precisos que regulen el uso de la fuerza. Márquez explica que en los últimos meses han reportado el empleo de armas de fuego y pistolas eléctricas en Tenosique, Tabasco: “Ellos evidentemente dicen que no los están usando, pero la gente cuando vienen acá nos lo dice y son testimonios muy recurrentes. Desde principio de año hemos empezado a recibir testimonios de personas que dicen que están usando armas de fuego y hay veces que las accionan”. Sin embargo, los agentes de migración no están facultados a estar portando ningún tipo de armas, menos de accionarlas.
“Se puede resumir muy fácilmente: mientras que el Instituto Nacional de Migración vea el tema migratorio como un tema de seguridad nacional y no un tema con un enfoque de derechos humanos, hay muy poco que se pueda hacer; se ha demostrado claramente que Migración está dando seguimiento a una política que se ha implementado en toda la región en donde hay claras directrices de que las personas en tránsito no avancen, que México se convierta en una frontera. La política de los últimos 2 años desde que se lanzó el PFS es una política de detención y de deportación masiva. El que por primera vez en muchísimo tiempo México deporte más que Estados Unidos es un claro indicio de cuál es el lineamiento del Instituto”, explica Ramón Márquez.
La desaparición forzada de migrantes es un problema que no se ha podido dimensionar. En parte porque, de entrada, es muy difícil saber cuántos migrantes cruzan el territorio nacional de forma irregular. Mucho más difícil es registrar cuántos de ellos son desaparecidos en el camino y, más aún, cuántos de ellos son víctimas de desaparición forzada.
Héctor Cerezo, miembro fundador del Comité Cerezo, explica, en entrevista, que la desaparición forzada “también se da por aquiescencia, cuando para eludir la responsabilidad estatal y el costo político por las desapariciones, los funcionarios utilizan o mandatan a civiles para realizar las desapariciones forzadas. Un ejemplo de esto es cuando el Estado está en colusión con el crimen organizado y es el que directamente comete las desapariciones. Pero cuando estas desapariciones tienen la tolerancia del Estado, estamos hablando también de una desaparición forzada aunque sea cometida por particulares. Esta característica, en el tema de migrantes, es la principal”.
En sí misma, la desaparición de personas es un tema que el Estado se ha negado a documentar: los registros que existen son deficientes y el error de la documentación impide ver el fenómeno reflejado en cifras. En el caso de los migrantes desaparecidos es todavía más difícil.
Alma García Guevara, defensora de derechos humanos de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), explica que “la desaparición de migrantes es un tema muy invisibilizado en el país. El no contar con cifras oficiales de cuántos migrantes desaparecen en la ruta migratoria hace que el fenómeno no se pueda caracterizar de una manera adecuada por parte de las autoridades y por tanto se diluye su respuesta ante la problemática”.
La opacidad de las cifras sobre migrantes desaparecidos se expresa en la contradicción de los datos: según el informe alternativo Desaparición forzada de migrantes en México, presentado por diferentes organizaciones de derechos humanos en 2014, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), encargado del Rnped, declaró que no existe un registro de migrantes desaparecidos.
No obstante, el Rnped reporta que existen 89 averiguaciones previas de personas extranjeras que desaparecieron en el país desde 2014 hasta mayo de 2016. Esta cifra se contrapone, por mucho, al registro de 10 mil casos de desaparición de migrantes que distintas casas, posadas y albergues en México registraron en un lapso de 1 año, de 2008 a 2009. El mismo informe señala que desde 2010 y hasta 2014 existían 541 migrantes no localizados provenientes de Honduras y 1 mil 584 casos de migrantes desaparecidos desde 2005 provenientes de El Salvador.
Existe una incongruencia en los datos oficiales: según el informe alternativo 2016, de la misma organización, el Rnped es incompleto porque no aporta información sobre los casos de desaparición forzada; por otro lado, la PGR publicó una base de datos sobre 612 casos de desaparición forzada en el fuero federal desde 2014 que desagrega por sexo, que distingue entre desaparición forzada y desaparición a manos de particulares, en localizaciones con o sin vida y en personas que ya no se buscan.
Asimismo, la página precisa que la base de datos de la PGR es sobre frecuencia estadística y se diferencia de los datos que envía a la Rnped, lo cual supone que se generan dos bases de datos con información y variables diferentes. Además, este registro no contempla a la población migrante como una categoría.
La falta de documentación en las desapariciones de migrantes se debe también a que, en la mayoría de los casos, las familias no denuncian porque se encuentran en otros países. En un esfuerzo por facilitar este procedimiento, el mecanismo transnacional de búsqueda creó, a finales de 2015, la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación.
El Informe Alternativo 2016 (elaborado por nueve organizaciones) señala que el mecanismo ha atraído 120 expedientes de investigación penal y precisa que no se conoce cuántos casos de migrantes desaparecidos están siendo investigados por la PGR y si todos ellos han sido remitidos a ésta Unidad. Desde su creación, sólo cuatro ministerios públicos han sido destinados para su operación, a los cuales les serán asignados todos los casos que se remitan a esta unidad y todos los nuevos que ingresen.
Las organizaciones que elaboraron el informe (Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Casa del Migrante Saltillo, Track Impunity Always, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos El Salvador, Comité de Familiares Desaparecidos del Progreso, Centro de Derechos Humanos Victoria Díez y Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala) explican que existe una resistencia por parte de la PGR para remitir a esta Unidad casos en los que la delincuencia organizada está vinculada pues argumentan que estos casos deben ser investigados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO); sin embargo explican que “este tipo de aseveraciones y actuaciones denotan un desconocimiento de cuál es el tipo de criminalidad que afecta principalmente a la población migrante, ya que en gran parte de los delitos cometidos está vinculado el crimen organizado transnacional, y crear un área especializada para población migrante que no atienda casos de delincuencia organizada, resulta limitativo y ajeno a la realidad”.
Maximiliano apenas cumplió 19 años, el 21 de agosto. Por más de 3 meses su familia no supo nada él: “Él nunca se imaginaba lo que le iba a pasar, iba muy contento”, explica su papá, que aunque no querían dejarlo ir, lo hicieron porque él “lo exigía” y así lo quería.
Decidió migrar por dos razones: por la ilusión de salir a conocer; pero también por necesidad, para ayudar a su familia. Maximiliano es el primero de cuatro hermanos. Estudió hasta primero de secundaria y a la edad de 12 años comenzó a ayudar a su familia en la siembra de maíz y de frijol, actividad a la que se dedica toda su familia en la comunidad.
Durante el tiempo que Maximiliano estuvo desaparecido forzadamente, su familia no anduvo sola para cuidar su seguridad. Tampoco trabajó en la milpa desde entonces. “Se siente uno bien adolorido y bien traicionado por las autoridades”, confiesa su padre. La señora Antonia, su madre, lloró mucho, pero se mantuvieron firmes en la búsqueda de su hijo.
“Es muy difícil soportarlo, y lo único para soportar este dolor es hablar de la desaparición de mi hijo, es exigirle al Instituto y a las autoridades de gobierno que devuelvan a mi hijo. Yo lo hago con todo mi valor y con toda mi decisión de padre porque este dolor que tengo es muy difícil, es muy duro hermanos, no quiero que otro padre otra madre sufra este dolor que tengo”, explica su papá.
Aunque le cuesta hablar, Arturo Gordillo se mantiene firme y apacible. Él tiene claro por qué lo hace: “Es importante denunciar lo que pasó con Max. Para mí es muy importante porque sabemos que hay muchos casos como este, y los padres, que les chingan miedo, que les domina el miedo, no denuncian. Para mí una denuncia es para que devuelvan con vida a mi hijo urgentemente. Mi denuncia es para que sea escuchada mi palabra como padre, como madre, como amigos”.
Maximiliano fue localizado el pasado 29 de agosto. El Frayba informó, mediante un comunicado, que “Maximiliano sufrió delitos y graves violaciones a sus derechos humanos, responsabilidad del Estado mexicano”.
Considera que lo vivido por la víctima “revela la magnitud de la violencia estructural, institucional y social que sufren las personas mexicanas y provenientes de otros países, durante sus traslados y destinos migratorios al interior de nuestro país. Pero también nos recuerda que la exigencia y realización de la verdad, la justicia y la reparación integral implican a una sociedad civil consciente y movilizada”.
Karen Carrillo
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN SOCIEDAD]
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