Tercera parte
Once “desafíos” al Estado mexicano observan las Fuerzas Armadas en el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto. Se trata de situaciones delicadas, detectadas en los “escenarios para la seguridad interior y defensa exterior” que podrían constituirse en “riesgos” (Contralínea 615) o, peor aún, en “amenazas” (Contralínea 614) a la sobrevivencia de México.
Los desafíos señalados en el documento “secreto”, del que Contralínea posee copia, incluyen las violaciones a los derechos humanos, las fallas estructurales del sistema político mexicano, las vulnerabilidades económicas y las de carácter “geográfico” o natural. Pero también aquellos que son responsabilidad de la población: se deteriora aceleradamente la identidad nacional y se desvanecen los rasgos culturales que cohesionan a los mexicanos.
Los 11 desafíos que obstaculizan la salvaguarda, seguridad y permanencia del Estado mexicano son: la situación geopolítica; la dependencia tecnológica del extranjero para el sector defensa; la inobservancia de los derechos humanos; el sector educativo rezagado; la falta de oportunidades para el desarrollo humano; la deficiente identidad nacional; la falta de inversión en defensa; el deterioro del tejido social; el crecimiento económico limitado; la desconfianza mutua entre Estados, y el deficiente sistema de procuración de justicia.
Tales desafíos, sumados a las amenazas y riesgos a la seguridad interna y externa de México, confirman el diagnóstico de las Fuerzas Armadas: el Estado mexicano enfrenta un panorama adverso para asegurar su permanencia.
En el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto –firmado por los actuales titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la Secretaría de Marina (Semar), Francisco Vidal Soberón Sáenz– se define al “desafío” como “evento que, sin constituir amenaza o riesgo a la seguridad interior y a la defensa exterior, afecta negativa y directamente al poder nacional y hace necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas”.
La geopolítica es una de las condiciones que más preocupa a las Fuerzas Armadas. Incluye esta variable tanto en las amenazas como en los riesgos y en los desafíos. La vecindad con Estados Unidos y la competencia cada vez más intensa entre potencias podría provocar que se atentara contra la soberanía mexicana.
De acuerdo con el documento, las posibilidades de agresión externa son de tres tipos. La primera podría ser una agresión directa de Estados Unidos al considerar que su propia seguridad o intereses están en riesgo. La segunda, de alguna potencia de otra región que busque dañar a Estados Unidos a través de México. Y la tercera que tanto Estados Unidos como otras potencias tomen el territorio mexicano como escenario de guerra.
El especialista en Fuerzas Armas y seguridad nacional Guillermo Garduño Valero señala que “definitivamente México es un escenario de guerra, en términos de intereses, entre las potencias mundiales”. El doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh explica que como las potencias no pueden declararse la guerra directamente entre ellas, se enfrentan en los países periféricos.
“Es inviable el uso de armas nucleares. Ese tipo de guerra acabaría con todo y con todos. Las guerras entonces se tienen que dar en los países periféricos. Ahí es donde las potencias se confrontan. Nosotros tenemos que pensar entonces cuál es nuestra posición. Y nuestra posición es absolutamente endeble.”
El conferencista en el Colegio de Defensa Nacional (CDN) de la Sedena y en el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav) señala que la primera hipótesis de guerra, es decir, cuál sería el enemigo a vencer desde un punto de vista militar, sería Estados Unidos. Es un asunto histórico: “De ellos hemos recibido el mayor número de agravios”.
Sin embargo, explica Garduño Valero, esta posibilidad está casi cancelada “dada la asimetría existente” entre las Fuerzas Armadas de ambos países.
Para atender el desafío que implica la situación geopolítica, la Sedena y la Semar proponen en el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto “modernizar los sistemas de armamento de las Fuerzas Armadas Mexicanas”. El objetivo es que con la adquisición de tecnología de punta se cuente “con una fuerza disuasiva que inhiba cualquier tipo de intención de otros Estados para utilizar al territorio nacional como plataforma hacia un tercer país, con la intención de dañarlo y que como consecuencia afecte la infraestructura estratégica nacional”.
También señala que es necesario “modernizar y complementar el sistema de vigilancia y control aéreo”. Los militares mexicanos encuentran necesario construir “un sistema conjunto con radares de vigilancia aérea, marítima y terrestre que permita la identificación de cualquier tipo de antagonismo en el territorio nacional y en las áreas en las cuales se ejerce jurisdicción y derechos de soberanía conforme al derecho internacional, contra la infraestructura de producción estratégica que ponga en peligro la estabilidad y el desarrollo del país”.
Las Fuerzas Armadas señalan en el Plan Militar que es urgente que México dé pasos firmes en revertir la dependencia que padece el país en materia de tecnología militar.
“Se denota un marcado rezago científico y tecnológico en México” que provoca una “dependencia del extranjero para el sector defensa”. Por ello, en el documento se establece como una necesidad “efectuar acciones contundentes para reducir esta brecha tecnológica, a fin de alcanzar una situación que permita contrarrestar este tipo de desafíos y estar en igualdad de circunstancias con países desarrollados tecnológicamente”.
El doctor Guillermo Garduño señala que, en efecto, el armamento con que cuenta México es muy pobre. El fusil FX05 Xihuacóatl es la única patente realmente de importancia, usada como armamento de carácter ligero por el Ejército Mexicano.
“Es el arma oficial [de las Fuerzas Armadas]. Es una patente de la ingeniería militar de México. Prácticamente la única relevante”, señala el especialista. Explica que los militares mexicanos también construyen tanquetas adaptadas y cuentan con una fábrica de herramientas y cartuchos acondicionada para atender las necesidades de reparación de las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire.
En el documento se ordena reducir tal dependencia tecnológica en materia militar y articular las necesidades de desarrollo de las Fuerzas Armadas con la industria nacional. Lo anterior pretende logarse “mediante el fortalecimiento tecnológico de defensa, la integración de capacidades del mercado nacional, infraestructura estatal, de las instituciones educativas y de la iniciativa privada”. Así, según el documento, se podrá conseguir “un nivel de autosuficiencia que permita el sostenimiento de las capacidades militares”.
Lo cierto es que el problema no puede solucionarse ni en el mediano plazo. El doctor Guillermo Garduño explica que “el problema es estructural, no se puede suprimir y viene desde la época de la Revolución. Definitivamente no tenemos la capacidad para lograr la autonomía en armamento para las Fuerzas Armadas”.
Y las dificultades no sólo son internas. El también catedrático en la Universidad Autónoma Metropolitana explica que hay candados externos que hacen muy difícil que México produzca más armas o diversifique sus compras. “Las Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales impedirían que México se convierta en un país armado”.
Por su parte, el general Francisco Gallardo Rodríguez considera que México sí debe diversificar sus compras de armamento para romper la dependencia de Estados Unidos “sin pedirle permiso”.
El general señala que esta dependencia también provoca otra vulnerabilidad. Hay que ajustar el sistema de armamento militar a la orografía del país. Ejemplifica con la concentración de unidades blindadas en la Ciudad de México, cuando donde operan son en las planicies, como las del Norte de la República.
Las Fuerzas Armadas Mexicanas reconocen que para ellas los derechos humanos siguen siendo un “desafío”. Asientan en el documento su intención de respetarlos.
“El Estado mexicano se empeña en la tarea de procurar el bienestar y la seguridad que los mexicanos merecen, actuando con toda la fuerza del Estado en la persecución del delito”. Y apunta que estas “acciones no pueden alejarse de los principios constitucionales de respeto a los derechos humanos y garantías individuales que [son] los pilares fundamentales en que se sustenta la democracia y el bienestar social”.
Sin embargo, lejos de avanzar en este rubro señalado en Plan Militar, durante el sexenio que termina se aprobó una Ley de Seguridad Interior que propicia la violación de derechos humanos por parte de los militares.
A decir del antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el legado de Enrique Peña Nieto es la Ley de Seguridad Interior, “que le da carta de naturalización a una militarización que atenta contra los derechos humanos de la población”.
Y Guerrero, explica el premiado nacional e internacionalmente por defender los derechos humanos, es un ejemplo claro de lo que ha significado la militarización “desde la guerra cruenta de la década de 1960, donde nunca se hizo justicia y las familias siguen buscando a sus padres y hermanos desaparecidos”.
Señala el caso de Rosendo Radilla, donde a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana, el Estado mexicano no ha dado con el paradero de Rosendo ni mucho menos ha investigado a los responsables: elementos del Ejército Mexicano.
Si en verdad las Fuerzas Armadas intentaron cumplir con los derechos humanos, como señala el documento, fracasaron. El Plan data del 30 de julio de 2013, pero 11 meses después efectivos del Ejército Mexicano cometían una de las masacres recientes más importantes: la de Tlatlaya.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de una bodega en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
Luego los militares se verían involucrados –al menos por omisión– en un hecho que cimbró a México y el mundo: la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 policías municipales e integrantes de la delincuencia atacaron a los estudiantes en Iguala, Guerrero. Además de los 43 desaparecidos, se cuentan por estos hechos nueve personas fallecidas y 27 heridos.
En Palmarito Tochoapan, Puebla, el Ejército Mexicano ejecutó extrajudicialmente a un supuesto delincuente y sembró pruebas a cadáveres de inocentes, también concluyó una investigación de la CNDH. Los hechos ocurrieron la noche del 3 de mayo de 2017. El Ejército Mexicano y la policía estatal de Puebla incurrieron en otras violaciones graves, como el atropellamiento deliberado de dos civiles.
Además, la Armada de México ha tenido que someter a investigación a 257 marinos (tres capitanes, 24 oficiales y 230 clases y marinería) por la desaparición forzada de 56 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto los militares se proponen “evitar que el personal de las Fuerzas Armadas, durante sus acciones en el territorio nacional, violen los derechos humanos. Dicen que para lograr este objetivo se instrumentan ya “acciones de capacitación, concienciación y el uso de reglas para uso de la fuerza comunes”. Agregan que para ello cuentan con el apoyo de la CNDH y de las comisiones estatales de derechos humanos.
Cuando los militares dicen que actúan en apego a la protección de los derechos humanos “es una declaración para consumo mediático; dista mucho que su conducta esté centrada en el respeto a los derechos humanos”, dice el defensor Abel Barrera. Los militares mexicanos están entrenados, explica el director de Tlachinollan, “para ver a las personas como enemigos, a los ciudadanos como adversarios; siempre como un peligro, nunca como aliados; siempre como de quienes hay que desconfiar”.
Los militares cierran el sexenio en materia de derechos humanos “con un portazo a las víctimas de la violencia, un portazo al reclamo de verdad y justicia”, señala Abel Barrera, premiado por Amnistía Internacional y el Centro JFK, entre otras organizaciones internacionales.
Las deficiencias educativas de la población son consideradas también por las Fuerzas Armas como un desafío que atenta contra la nación. No sólo porque limita el desarrollo nacional sino porque no se difunden valores “nacionales” que de cohesión y fortalezcan el sentido de pertenencia entre los mexicanos.
Por ello, los militares señalan que están dispuestos a “coadyuvar con el Sistema Educativo Nacional mediante la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de labor social, llevando educación y cultura a la población que habita en lugares inaccesibles de la geografía mexicana y contribuyendo a su vez con la enseñanza cívica de valores patrios”.
La falta de movilización social, la pobreza y la imposibilidad de millones de mexicanos para mejorar su situación económica y social son consideradas en conjunto un riesgo para la estabilidad del país.
Para el general Francisco Gallardo Rodríguez el caos que enfrenta México es responsabilidad directa de un Estado que abdicó en la defensa de la nación; un gobierno que se corrompió y colapsó; un Congreso complaciente e inoperante, y una clase política empeñada e entregar el país a los intereses del gran capital internacional.
“El resultado: un sistema de opresión en el que la sociedad está inerme y temerosa”, subraya el también doctor en administración pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Las capacidades de las Fuerzas Armadas también podrían ser empleadas –a decir del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto– para atender este riego.
La Sedena y la Semar se proponen “realizar acciones conjuntas de labor social de las Fuerzas Armadas, capacitando y produciendo empleos ocupacionales que propicien los espacios para el desarrollo humano, con prioridad en las comunidades marginadas del país, para fortalecer las acciones del gobierno que tengan como fin el desarrollo pleno de la sociedad”.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto advierte que el narcotráfico no sólo es un negocio ilegal e ilícito sumamente violento. Además de los asesinatos, desapariciones y desplazamientos que provoca, también genera daños de tipo sicosocial.
“Este fenómeno [el narcotráfico] ha atraído a jóvenes y adultos que han caído en la falta de compromiso, conduciéndose con apatía y carencia de valores”. El documento agrega que estas personas, “influenciadas por culturas extrañas, sectas o de otra índole, resultan en la deficiencia de la identidad nacional”.
Para enfrentar este desafío, las secretarías militares del país se proponen “promover la identidad nacional, que sirva de sostén permanente en las diversas acciones que se realicen para concretar las aspiraciones y los objetivos nacionales”.
Para ello, las Fuerzas Armadas buscan involucrarse más en el Sistema Educativo Nacional para impartir educación cívica y plantean “una reingeniería del Sistema Militar Nacional que logre forjar en cada ciudadano un mexicano identificado con su patria”.
Además, los militares se proponen “coadyuvar con actividades de labor social en las acciones realizadas por los tres órdenes de gobierno, con objeto de fortalecer el sentimiento de la identidad nacional y el respeto a los símbolos patrios, en donde la participación de las Fuerzas Armadas sea relevante, con el desarrollo de operaciones conjuntas y acciones sociales tendientes a revertir [la deficiente identidad nacional], conservando la estabilidad social”.
En dicho Plan Militar las Fuerzas Armadas consideran que el presupuesto que reciben no se corresponde con el tamaño del país y de sus recursos.
“Actualmente se reconoce a México por sus vastos recursos naturales, grandes extensiones de territorio, zonas marítimas, plataforma continental y espacio aéreo, y por el papel que juega en el entorno económico, que lo ubica en el décimo tercer lugar internacional y segundo lugar a nivel regional latinoamericano. No obstante, su presupuesto de defensa se ha mantenido en el 0.49 por ciento del producto interno bruto, lo que lo coloca en el lugar 162 de 171 países en el mundo, y en el penúltimo lugar latinoamericano de 19 países.”
El documento señala como una “incongruencia” la relación entre el presupuesto militar y “la magnitud de lo que se tiene que proteger”. A decir del texto clasificado como “secreto”, ésta es la causa de que México tenga “unas Fuerzas Armadas fuertes para la seguridad interior pero vulnerables en la defensa exterior”.
Garduño Valero está de acuerdo en que “es escaso lo que se está gastando para la cantidad de factores en los que hay que hacer intervención; y no poseemos una estructura de defensa importante”. Lo paradójico es que “tampoco tenemos un Ejército modesto”.
Para el general Gallardo “tenemos un Ejército cargado de dinero: el presupuesto de Defensa Nacional subió 120 por ciento desde que Felipe Calderón [en diciembre de 2006] declaró la guerra contra el narcotráfico; y eso no sirvió para nada”.
Concluye el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto que “la falta de inversión en defensa limita las capacidades del país, toda vez que se carece de un presupuesto militar que permita el desarrollo de las Fuerzas Armadas así como de un fondo permanente para ser empleado en un escenario catastrófico”.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, posgraduado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Francia), el Institute on National Security de la Universidad de Delaware (Estados Unidos) y el Konrad Adenauer Stiftung (Alemania), señala que el destino de compras militares, adquisición de tecnología estratégica y telecomunicaciones está atado al mercado de Estados Unidos.
Destaca que, en efecto, México es de los países que menos dinero invierte en asuntos de defensa. El también maestro en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) señala que el país invierte menos del 1 por ciento del producto interno bruto.
“Es un tema que se debe abordar como una inversión en defensa nacional: en desarrollo tecnológico para la defensa de las instituciones, lo cual se traduce en investigación científica para promover la economía nacional”, señala Rodríguez Sánchez Lara. Agrega que con éxito esta política ya ha ocurrido en Francia, Estados Unidos, el Reino Unido y Brasil.
Además, observa el documento, otra causa del deterioro del tejido social es la incapacidad del Estado para cubrir todas las regiones del país: “La geografía mexicana, caracterizada por grandes contrastes de difícil acceso trae consigo que las poblaciones alejadas de la infraestructura de telecomunicaciones caigan en deterioro de tejido social”. En el Plan Militar se señala que lo anterior es resultado de “las carencias en servicios de salud y bienestar elementales”.
Según el documento elaborado por las tres Fuerzas Armadas Permanentes (el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México), la precaria situación económica es resultado también de la delincuencia.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto argumenta: “La multiculturalidad propia de las distintas regiones del país se hace manifiesta ante la insuficiencia del Estado para atender cada elemento cultural en toda su dimensión social. Consecuentemente, la dinámica intercultural se aleja de los intereses propios de la sociedad mexicana y produce condiciones que son empleadas por la delincuencia organizada trasnacional, cuya actividad genera un crecimiento económico limitado en las partes más alejadas de la geografía nacional”.
El escenario internacional es de observancia fundamental para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Advierten que la generación de conflictos entre las naciones puede derivar en una agresión al país.
Por ello, señalan que en los foros internacionales México debe “propiciar el claro entendimiento de la relación entre las naciones, manifestando las medidas de confianza mutua que inhiban conflictos y malos entendidos en el ámbito internacional”.
Señala que esta agenda mexicana en el concierto internacional debe actualizarse. También, México debe hacer esfuerzos por “evitar que se generen actividades que atenten contra el objetivo fundamental de entendimiento entre las naciones”.
El Plan Militar de Defensa Nacional reconoce que la inseguridad “gobierna áreas geográficas aisladas de México”. Esta situación conlleva un ambiente de deficiente procuración de justicia”. Además, señalan las Fuerzas Armadas al “sistema policial” por su “pérdida de credibilidad.
Todo ello “produce una cultura de no denuncia y de impunidad” y genera también “espacios propicios para la realización de actividades ilícitas que afectan negativamente al Estado”.
Para el general Francisco Gallardo Rodríguez el sistema de justicia que hay en México es cómplice de violaciones a la Constitución y los derechos humanos. En entrevista con Contralínea, señala que lo anterior se demuestra con la violación sistemática a los derechos humanos que se vive en el país: los asesinatos impunes se cuentan por cientos de miles (más de 200 mil en una década, según la Federación Internacional de los Derechos Humanos); las personas desaparecidas por decenas de miles (más de 37 mil según los datos más recientes del Registro Nacional a cargo de la Secretaría de Gobernación); y los 325 mil desplazados contabilizados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
“Una crisis humanitaria de gran envergadura nunca antes vista en la historia del país”, resume Gallardo Rodríguez.
José Réyez / Zósimo Camacho
[INVESTIGACIÓN][SEGURIDAD][PORTADA][SEMANA][D]
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