Sin poder sostenerse en pie, la víctima número 13 fue arrastrada por la calle y llevada a la acera por elementos del Ejército Mexicano, quienes –segundos antes– habían disparado contra el vehículo donde ésta viajaba junto a otras cuatro víctimas.
Boca abajo, en la banqueta donde fue echada, recibió el tiro de gracia: uno de los soldados accionó su arma de fuego privándola de la vida. De ello dan cuenta un video de seguridad y la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), integrada en la recomendación 12VG/2018 del pasado 17 de septiembre.
El hecho sucedió el 3 de mayo de 2017 en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, y se considera una de las siete violaciones graves a derechos humanos más emblemáticas del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Y es que en ese enfrentamiento con presuntos huachicoleros, el Ejército Mexicano incurrió en la ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel en agravio de 10 personas –incluidos dos menores de edad–, la retención ilegal de nueve adultos y cuatro infantes, la indebida procuración de justicia por la irregular integración de diversas indagatorias y la no preservación de la escena del crimen, señala la CNDH.
Así, Palmarito –junto con Iguala-Ayotzinapa, Tanhuato, Tlatlaya, Apatzingán, Chalchihuapan y Nochixtlán– pasará a la historia como ejemplo de las peores atrocidades que ha sufrido la sociedad mexicana en el contexto de la guerra contra el narcotráfico.
Un conflicto que ha cobrado la vida de más de 100 mil civiles en este sexenio, hasta llegar a una tasa de 90 asesinatos al día. Tan sólo entre enero y julio de 2018 se contabilizaron 19 mil 478 víctimas de homicidio doloso, lo que representa 3 mil 156 más que en el mismo periodo de 2017, indica la organización México Evalúa.
Entre el 60 y el 75 por ciento de esas muertes tendría relación con la violencia ligada al crimen organizado y la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, señalan investigaciones del Congreso estadunidense y el mexicano Semáforo Delictivo.
Las políticas de seguridad interior y nacional del actual gobierno han generado las graves violaciones a los derechos humanos, observa Carla Sofía Loyo. Para la integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, “los casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales han aumentado de manera terrible. Incluso podríamos empezar a hablar de crímenes de lesa humanidad, competencia de la Corte Penal Internacional”.
Según el Estatuto de Roma, entre los crímenes de lesa humanidad figuran el asesinato, la tortura, la desaparición forzada, la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada […] u otros abusos sexuales de gravedad comparable; […] u otro acto inhumano de carácter similar que cause grandes sufrimientos intencionales o atenten de gravedad contra la integridad física o la salud mental cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Por ataque, agrega, se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.
La defensora Loyo advierte que el origen de la crisis de derechos humanos que padece México inició en diciembre de 2006, con la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón. Y que estas violaciones son sistemáticas y generalizadas.
Y es que se trata de una política que emplea la violencia, a través de la fuerza militar. Ejemplo de ello es que “de diciembre de 2012 a junio de 2018 se ejecutaron 109 mil 378 operaciones contra el narcotráfico, con la participación promedio mensual de 4 mil 589 elementos [militares]”, indica el Sexto informe de gobierno de Peña.
El costo de la militarización ha sido muy alto. El país, en especial el Norte, se ha visto muy afectado con las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales, señala Flor Cisneros, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedem), con sede en Chihuahua.
La defensora advierte que estos crímenes no sólo han ocurrido en este gobierno: desde el sexenio de Calderón, quien inició la “guerra” contra el narcotráfico, “se desencadenaron horriblemente las violaciones a los derechos humanos”.
Sólo en el tema de desapariciones, el saldo para la sociedad mexicana es grave: entre enero de 2013 y abril de 2018, a 22 mil 983 personas se les perdió el rastro. De ellas, 22 mil 297 corresponden al fuero común, y 686, al fuero federal, indica el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Las cifras revelan el tamaño de la catástrofe con la que lidiará el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien se ha propuesto pacificar el país. Según el Sexto informe de gobierno de Peña Nieto, actualmente se investiga la desaparición forzada de 170 personas en 88 expedientes de búsqueda, mediante averiguación previa o carpeta de investigación.
“Las autoridades involucradas son las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Policía Federal, estatal y municipal”, advierte, y agrega que las entidades federativas donde se denuncia un mayor número de personas desaparecidas con presunta responsabilidad de autoridades federales o locales son: Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato y Michoacán.
La Comisión Nacional de Víctimas admite que se tiene registro de 388 personas desaparecidas forzadamente por autoridades federales; pero la cifra real podría superar las 4 mil personas, si se tomaran en cuenta las cometidas por autoridades estatales y municipales, indicó el titular de esa institución, Jaime Rochín, el pasado 10 de octubre en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva.
El Estatuto de Roma señala que la desaparición forzada consiste en la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.
Crímenes que con frecuencia ocurren en el país. Una de las cuatro recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos –la 10VG/2018–emitidas por la CNDH en lo que va de este año da cuenta de uno de esos casos, ocurrido el 18 de marzo de 2011.
Tras destruir 40 casas y siete ranchos del municipio de Allende, Coahuila, una célula armada de Los Zetas –en alianza con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal– desapareció forzadamente a al menos 38 personas, incluidos tres menores de edad.
Además de las desapariciones forzadas, están las desapariciones cometidas por particulares. Al respecto, el Sexto informe de gobierno detalla que se indaga la desaparición de 11 mil 556 personas en 897 expedientes de búsqueda, por averiguaciones previas o carpetas de investigación. Las entidades con mayor incidencia son: Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Michoacán y Ciudad de México.
De la mano de esta tragedia están las fosas clandestinas regadas a lo largo del país. Según la CNDH, de 2007 a la fecha se han localizado 1 mil 307 cementerios clandestinos a lo largo del país con 3 mil 906 cuerpos.
La tortura es el otro crimen de lesa humanidad presente en México. Cuatro mil 201 expedientes por este delito se investigan en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, provenientes de las delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República, de las autoridades estatales, vistas de autoridades jurisdiccionales y denuncias ciudadanas directas y anónimas, indica el Sexto informe de gobierno de Peña.
Diecisiete de esos casos podrían ser los que engloba la recomendación 29/2018, que emitió la CNDH en agosto pasado por detención arbitraria, retención ilegal y actos de tortura en agravio de 17 víctimas; violencia sexual en contra de 11 de ellas; cateo ilegal en contra de una, y a la privacidad en contra de cinco cometidos por personal naval.
La víctima número seis es ejemplo de esa recomendación: “los marinos le desgarraron la ropa dejándola desnuda, le apretaron los senos ‘con algo duro’ y tocaron sus genitales. Cinco elementos navales le introdujeron sus penes en la boca; posteriormente la aventaron al suelo, le abrieron las piernas y sintió que la iban violando”.
Luego, una mujer la metió a la regadera y mientras le caía el agua le “ponía toques en todo el cuerpo. Me hizo abrir las piernas y me dio toques en los genitales”. Mientras otra mujer le preguntaba si “era la tal… y al negarlo le dijo “que no le importaba, que como quiera me iban a matar”.
Para entonces, la víctima llevaba horas de tortura: fue detenida arbitrariamente por dos marinos el 8 de mayo de 2013, entre las 10 y las 11 de la noche en Fresnillo, Zacatecas. Golpeada al momento de la detención y durante el traslado a la base, que enfrentó vendada de los ojos y con pies y manos atados.
Durante el trayecto, además, en dos ocasiones le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza hasta que perdió el conocimiento. Ya en la base, la llevaron al área de baños donde la patearon.
“Por la noche, los marinos le quitaron la ropa y la bañaron con agua fría. Una mujer le dio un cambio de ropa y la volvieron a vendar de los ojos, enseguida, le colocaron una bolsa en la cara hasta que se desmayó. Al despertar, una mujer le ordenó que se ‘empinara’ y le dio 10 tablazos en los glúteos”. Luego vino la violación tumultuaria.
Loyo señala que desde la Comisión Mexicana se impulsan campañas para el reconocimiento de la tortura como una violación generalizada y sistemática por parte del Estado.
La defensora observa que, en las violaciones a derechos humanos, la impunidad es un problema estructural. Por ello, detalla que la Comisión Mexicana promueve un mecanismo internacional en contra de la impunidad.
“Creemos que los mismos que están en este país no pueden resolver el problema: se ha llegado a tales niveles que es insostenible. Cualquier lineamiento, cualquier nueva ley, cualquier marco regulatorio que emitan no va a funcionar si seguimos con los índices de impunidad. Por eso necesitamos que expertos internacionales muestren un camino claro a seguir para mejorar la procuración de justicia y el sistema judicial, que en este nuevo sistema que ha resultado muy lenta su instrumentación.”
Agrega que un mecanismo internacional podría ayudar a combatir la impunidad como una suerte de comisión de la verdad o como justicia transicional, como ha venido pasando en la región latinoamericana en los últimos 20 años.
La defensora Flor Cisneros destaca que cuando las autoridades son las que violentan los derechos humanos, cualquier defensor arriesga su vida. “Qué significa la vida, qué significan los derechos humanos para las autoridades, pues nada, porque le dan escaso valor”.
Ante el riesgo que se corre y por las amenazas constantes, observa que “muchos defensores estamos o hemos estado en medidas colectivas cautelares o provisionales, algunos con medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como del mecanismo nacional. Aún así, muchos defensores y defensoras viven el hostigamiento, las amenazas y el tener que desplazarse debido a las funciones que realizan y estar siempre en un riesgo constante en su vida y en su trabajo”.
Cisneros señala que para las víctimas directas e indirectas el escenario es peor. “Cuando eres una víctima de cualquier violación eres un número más. El encargado de la investigación, el agente del Ministerio Público, te ve como un número más. Cuando logras tener la ayuda de una organización, que te proteja de alguna manera y logre medidas cautelares locales o internacionales ya le interesa al gobierno un poco más, para cumplir con los tratados internacionales.
“Entonces sube tu valor como víctima por el costo político, porque te conviertes en foco rojo al cual hay que cuidar, porque si no, los defensores y la prensa van a reclamar. Eso es lo único que les importa. Pero ni siquiera las medidas cautelares de organismos internacionales son suficientes para proteger, para que tomen medidas que realmente sirvan. En realidad estamos en estado de indefensión.”
Para la defensora, es la omisión del Estado a responsabilizarse por las violaciones a derechos humanos y la crisis que vive el país la que hizo que fuera muy difícil la defensoría de los derechos humanos. “Hizo que fuera muy difícil el estar ayudando a quienes llegaban a pedir ayuda, a las víctimas y a los familiares”.
Fondo de atención a víctimas
De enero a junio de 2018, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral ejerció 270 millones de pesos en favor de víctimas de delitos del orden federal y víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales.
Del total de recursos, 85.7 millones se destinaron al pago de medidas de ayuda inmediata, en beneficio de 897 víctimas: 588 mujeres y 309 víctimas hombres; mientras que 184.3 millones de pesos se destinaron para compensaciones económicas como parte de la reparación integral del daño, en beneficio de 167 víctimas.
De las compensaciones como parte de la reparación integral, 31.5 millones de
pesos correspondieron a compensaciones subsidiarias por comisión de delitos
del fuero federal; y 152.8 millones de pesos por compensaciones por violación de derechos humanos cometidas por autoridades federales.
De enero de 2015 en que inició operaciones el Fondo, al 30 de junio de 2018, se ejercieron 646.9 millones de pesos, en beneficio de 3 mil 542 víctimas.
Fuente: Sexto informe de gobierno
Más de 1 mil migrantes desaparecieron en México
De septiembre de 2017 a junio de 2018, México recibió 23 solicitudes referentes a 1 mil 47 personas migrantes extranjeras y nacionales desaparecidas, a través del Sistema Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas, operado por la Primera Visitaduría General de la CNDH.
En el periodo, el Instituto Nacional de Migración recibió 475 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en las estaciones migratorias y estancias provisionales.
Fuente: Sexto informe de gobierno
Nancy Flores
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