Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina
Guatemala. Cual cuerpo enfermo urgido de atención médica y remedios definitivos, Guatemala continúa apareciendo a los ojos del mundo como una de las sociedades más desiguales y, por consiguiente, con mayores índices de exclusión social.
La ecuación es simple: más de la mitad de la población apenas sobrevive en la pobreza, otro grupo bastante amplio escapa por muy poco de esa realidad mas no tanto como para conciliar el sueño sin sobresaltos, mientras una microfracción goza de lujos inimaginables sin tener que preocuparse por mañana.
Datos oficiales probatorios de esa realidad existen muchos y muy reveladores, aunque también es harto conocido que las mediciones estadísticas de los Estados suelen estar muy lejos de reflejar el tamaño real de la desigualdad y esconden subregistros nada despreciables bajo distintas figuras.
Por otro lado, está una verdad más grande y visitada que cualquier templo y es la relativa a la capacidad de los multimillonarios para camuflar sus ingresos ante el Estado y evadir impuestos.
Máxime en Guatemala, donde la Constitución define, en el artículo 24, que “es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales, cuya publicación ordene la ley”.
Pero para los más exigentes, pudieran citarse los resultados de un estudio del Union Bank of Switzerland (UBS) y de la consultora Wealth-X, con sede en Singapur, según el cual 260 guatemaltecos acumulan 30 mil millones de dólares o 231 mil millones de quetzales.
Esa cantidad equivale al 56 por ciento de la economía anual del país más estable en ese orden en Centroamérica y es justo la que el Estado recauda como promedio cada 4 años.
Dicho de otro modo, 0.001 por ciento de los casi 16 millones de guatemaltecos tienen más capital que el resto de una sociedad en la cual pululan por las esquinas niños vendedores de cualquier cosa, lustradores de zapatos, come fuego o aprendices de mimo en los semáforos.
Una sociedad donde 70.2 por ciento de los menores de 10 años de edad viven en la pobreza y 6 mil 54 de cero a 5 años murieron en 2015 por cuestiones médicas, casi siempre asociadas a la desnutrición, en el quinto país más afectado del mundo por ese flagelo, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
La falta de presupuestos y estrategias integrales en materia de salud y educación excluyen de esos servicios básicos y derechos humanos a más del 59.2 por ciento de la población y con ello arriesgan el futuro de esta nación centroamericana.
Guatemala tiene 57 en el coeficiente de Gini –uno de los medidores más usados para medir la desigualdad, en un rango donde cero es equidad total y 100 es inequidad total– y está en el top ten del ranking mundial de países más desiguales y el número uno en Centroamérica. De hecho, es uno de los pocos países de la región que experimentaron un aumento de la pobreza en los últimos años.
Sin embargo, el Banco Mundial (BM) reconoció que Guatemala mantiene uno de los mejores desempeños económicos de América Latina, porque gracias a un manejo macroeconómico prudente alcanzó una tasa de crecimiento por encima de 3 por ciento desde 2012 y cerca de 4 por ciento en 2015.
El incremento del acceso a los mercados extranjeros, a través de diversos acuerdos comerciales, es uno de los factores que incidió en esa estabilización luego de 36 años de una guerra cruenta y de un proceso tendente a la consolidación democrática que no acaba de fraguar, a juicio de expertos.
Economistas concuerdan en que también tributaron en buena medida a ese equilibrio las remesas familiares, emparentadas de manera directa con la expulsión constante de personas por causas económicas y por la violencia prevaleciente en uno de los siete territorios más impactados por la criminalidad en el continente.
El Banco de Guatemala (Banguat) informó que las transferencias de dinero desde el exterior superaron los 6.28 millardos al cierre de 2015, para un crecimiento de 13.4 puntos porcentuales con relación a 2014 (5.54 millardos).
Como resultado de esto y más, Guatemala continúa siendo la economía más grande de Centroamérica, sin abandonar su condición de uno de los mayores niveles de desigualdad del río Bravo a la Patagonia.
De acuerdo con el informe Evaluación de la Pobreza en Guatemala, del BM, el país fue capaz de reducir la pobreza de un 56 al 51 por ciento de 2000 a 2006, pero para 2014 ese indicador ascendió a 59.3 por ciento.
La situación es particularmente difícil en casi la mitad de los municipios rurales, donde ocho de cada 10 personas son pobres, acorde con los Mapas de Pobreza Rural.
El BM insiste en que un crecimiento económico más alto pudiera favorecer los planes de reducir la pobreza, aunque admite que las políticas en favor de los pobres sólo producirían mejoras marginales debido a la magnitud del atraso acumulado en materia social.
Si Guatemala crece al 5 por ciento anual durante los próximos años y el crecimiento no viene a expensas de los pobres, el impacto sobre la pobreza y la equidad será significativo, señala el documento.
Y agrega que con ello la tasa de incidencia de la pobreza se reduciría en un punto porcentual adicional a finales de 2016, lo que permitiría a más de 160 mil personas salir de la precariedad.
Sin embargo, la inversión pública es esencial para alcanzar esos objetivos de desarrollo, en un contexto marcado por la falta de recursos y una recaudación en ascenso, mas todavía insuficiente.
El tema resulta más complicado si se considera que el gobierno de Guatemala es el que menos ingresa en sus arcas por concepto de impuestos o tributos con respecto al tamaño de su economía y a pesar de la insistencia de múltiples voces –nacionales y extranjeras– parece decidido a mantenerse en esa posición un tiempo más.
A su vez obra en detrimento de esas perspectivas de progreso la criminalidad, el mal de todos los males para algunas personas en este país.
Mientras los medios de prensa exhiben titulares bañados de sangre y morbo en primeras planas, con sus notas sobre tiroteos, muertos o capturas de delincuentes, el costo económico de la violencia y la inestabilidad que esta genera queda relegado al olvido.
En tanto la inversión extranjera tiende a alejarse, así como los negocios a encarecerse y a dificultarse para los empresarios locales, lo que trae aparejado el desempleo, la desesperanza y la actividad criminal, es decir, la continuidad de un círculo vicioso, alerta la fundación InSight Crime o Crimen Organizado en las Américas.
Sin proponérselo, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi, 2014) –cuyos resultados fueron difundidos en medio de las fiestas navideñas de 2015– provocó el desaliento hasta en los menos perjudicados en el orden económico en Guatemala.
Desde todos los rincones emergieron las frases críticas matizadas por el desconcierto y exigieron poner coto a la corrupción y la impunidad, señalados como causas fundamentales de que más de 9 millones 600 mil personas hayan quedado reducidas a la pobreza en los últimos 8 años.
La pesquisa del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ratificó que la pobreza ascendió de 51.2 por ciento a 59.3 puntos porcentuales –8.1 por ciento de incremento– y la pobreza extrema llegó a 23.4 por ciento de la población.
Asimismo confirmó que los indígenas, asentados principalmente en el altiplano occidental, continúan siendo el sector más vulnerable: 79.2 por ciento de ese grupo social está sujeto a la pobreza, es decir, 1.9 puntos porcentuales más que en 2006.
Las personas indígenas continúan sujetas a la pobreza y a la esclavitud en Guatemala a través de formas de sometimiento con fines de explotación económica, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Conforme con esa dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), el trabajo forzado y la explotación servil continúan pesando sobre amplio número de originarios en más de cinco mil 43 unidades productivas agrícolas distribuidas por el territorio.
Los datos recogidos en el informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala: Diversidad, desigualdad y exclusión”, presentado en el Palacio Nacional de la Cultura por el titular de la CIDH, James Cavallaro, tienen como base los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2008.
Ese sondeo de opinión puso al descubierto que en las identificadas como unidades productivas agrícolas permanecen múltiples colonias de peones o mozos colones que no son más que familias y comunidades dedicadas hace varias generaciones a servir a los patronos por salarios paupérrimos.
Frente a la gravedad de estas estadísticas y señalamientos dos polos de opiniones se vislumbraron: el que aplaudió la confirmación de la poca o nula funcionalidad del modelo económico social de desarrollo imperante y el que procuró minimizar tales resultados o hasta desmentirlos.
Las eventuales imprecisiones de las encuestas, la presunta debilidad de los medidores y otros argumentos fueron esgrimidos por los segundos, con tal de acallar a quienes protestaron ante tamaña prueba de lo desmesurado del desequilibrio social en Guatemala.
Con tal posición esos hombres de gris y con orejeras, similares a los que preocuparan a la inteligente Momo del escritor alemán Michael Ende, cerraron de cierto modo una puerta al diálogo efectivo con vistas a buscar soluciones a problemas comunes, que a la larga deslucen la imagen del país y alientan la conflictividad.
Porque, sin dudas, la Encovi 2014 puso sobre el tapete una cruel realidad: la pobreza crece y puede ser cada vez más elevada si no se planifican y ejecutan de manera urgente estrategias estatales serias y abarcadoras en pos de al menos frenarla.
Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]
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