El pasado 1 de diciembre, aproximadamente a las 23:00 horas, Erick Leonel Aguilar Ruiz, activista universitario de 19 años, llamó a su casa para avisar que no llegaría a dormir. Su hermana le dijo que en esos momentos su casa era cateada por aproximadamente 60 elementos de la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Los agentes habían llegado 1 hora y media antes con una orden “para buscar indicios de terrorismo, asociación delictuosa, tráfico de armas y narcotráfico. Al menos eso fue lo que alcanzó a ver mi familia”, explica Erick en entrevista con Contralínea.
El cateo terminó a las 02:00 horas. Los agentes tomaron fotos de cada espacio en el cuarto de Erick. Buscaron propaganda política, hojearon cada libro de la habitación y revisaron película tras película de su colección.
“Amenazaron a mi familia. Le dijeron que ya me tenían checado, que no me atreviera a hacer algo. Tomaron como pruebas unas botellas de vidrio que contenían jugo: dijeron que [yo] las utilizaría como bombas molotov”, explica.
Aguilar Ruiz expone que en el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se asienta que un cateo se realiza cuando ya se conoce el delito por el cual se puede aprehender a una persona. “En mi caso son sólo sospechas, es una forma de atemorizarme. Fue algo totalmente arbitrario”.
Los agentes requisaron una computadora portátil, varios teléfonos celulares –algunos descompuestos– y documentos personales. El activista argumenta que pueden sembrarle algo: alguna prueba que lo involucre con un delito.
Erick Leonel había sido detenido el pasado 2 de octubre antes de llegar a la marcha conmemorativa de los 45 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Fue bajado del transporte público por policías capitalinos. Se le acusa de ataques a la paz pública, pero el Ministerio Público no ha presentado pruebas. El proceso judicial lo enfrenta en libertad.
El día que fue cateada su casa, él se encontraba en el plantón por la libertad de Mario González, joven anarquista de 21 años detenido en las mismas circunstancias que él.
Por ello, teme que “el Estado planee crear un montaje: quiere tejer redes para hacer pasar a organizaciones estudiantiles como terroristas. Es muy posible que haya más cateos”.
Asegura: “Es muy fuerte la ofensiva que hemos recibido por llevar la lucha en la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México] contra las reformas a los planes de estudio. Se busca dar un castigo ejemplar a los compañeros de cierta ideología que se movilizan. En la década de 1970 era contra los comunistas, ahora es contra los anarquistas”.
Durante ésta no hubo ningún incidente. No obstante, al dirigirse al Norte de la Ciudad, después de la marcha, fue detenida en el transborde de la estación Guerrero del Sistema de Transporte Colectivo Metro –entre la línea 3 y la línea B– por dos civiles con corte tipo militar, botas negras, gorra color caqui, pantalón de mezclilla y camiseta blanca. Eran las 14:00 horas.
“Tú tranquila, este desmadre ya reventó. Sigue caminando y no te va a pasar nada. Te va a cargar la chingada si te mueves”, le habrían dicho al tiempo que la sujetaban por la espalda.
Sin dejar de sujetarla discretamente, la obligaron a abordar el tren con dirección a la estación terminal de Indios Verdes. Antes de que le quitaran su celular, Ana Delsey alcanzó a mandar un mensaje a uno de sus amigos: “Me atoraron”.
Su celular contenía fotografías de la marcha del 2 de octubre. Al verlas, los dos hombres le dijeron: “¡Ya ves pinche vieja; te va cargar la verga!”.
En la estación Deportivo 18 de Marzo la sacaron de las instalaciones del Metro e inmediatamente la subieron a una camioneta negra con vidrios polarizados que se encontraba cerca de la estación.
“Me tiraron boca abajo en el asiento trasero. Comenzaron a dar vueltas por varias calles que no alcancé a ver. Durante ese tiempo sonaban golpes en la cajuela, como si llevarán a alguien ahí dentro.
“Marcaron a mi casa para pedirle dinero a mi mamá. Después de hablar con ella sacaron una pistola y la colocaron en mi cabeza. Yo estaba en shock”, señala Ana Delsey.
—¿Te golpearon?
—Sólo algunas patadas leves. No fue algo violento. Fue completamente sicológico. Me dijeron que cómo era posible que yo anduviera en manifestaciones a pesar de quién fue mi abuelo. Mi abuelo murió hace 10 años, pero fue militar muchos años. Al tener esos datos y con base en su vestimenta, supongo que fueron militares los que me detuvieron.
En medio de la incertidumbre y el miedo, la joven escuchó que sus captores se comunicaban con alguien más vía telefónica en espera de órdenes. Llegó una llamada. Posteriormente Ana fue tirada en la parte de atrás de la estación Atlalilco de la Línea 12 del Metro, ubicado en el Suroriente de la Ciudad, minutos antes de las 19:00 horas. Habían pasado casi 5 horas desde que fue levantada.
“Me preguntaron por Mario González, qué vínculos tenía con él, en qué huelgas había estado, para quién trabajaba. Yo les respondí que no lo conocía, que no pertenecía a ninguna organización y que mi último trabajo había sido en Sears.”
Ana Delsey dice que a partir de ese día constantemente recibe llamadas a su casa: cuelgan sin decir nada. En su teléfono móvil hay mucha interferencia, y su cuenta de Facebook fue bloqueada sin su autorización.
Antes del levantón de Ana Delsey, poco antes de las 10:00 horas, Cristian Sánchez Méndez fue detenido en la estación Pino Suárez del Metro. Él se dirigía a una actividad en la explanada de Bellas Artes para difundir el trabajo de la Brigada Multidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México, la cual está compuesta por estudiantes que en su mayoría busca acercar proyectos productivos a comunidades empobrecidas.
“Vi a muchos elementos de seguridad, los llamados ‘boinas’, al interior del Metro. Pensé que era un operativo contra los vendedores ambulantes. De pronto me quedo solo y me rodean”, narra Cristian.
Una vez detenido, el joven fue llevado al Ministerio Público que se encuentra afuera de dicha estación y sin explicarle por qué había sido detenido. Minutos después fue sacado de las instalaciones del Metro y transportado en una camioneta pick up de la policía capitalina a la Agencia 50 del Ministerio Público, el llamado búnker.
Ahí preguntó el motivo de su detención, cuestionó la necesidad de tener un abogado presente y el derecho a hacer una llamada. Los agentes judiciales le explicaron que no se trataba de una detención formal, sino de un procedimiento rutinario, en el que sólo le harían un breve interrogatorio y lo dejarían ir.
Le realizaron tres bloques de preguntas. El primero sobre cuestiones personales y laborales, y el segundo sobre su participación política. En el tercero, con un tono más intimidatorio, le cuestionaron detalles puntuales del activismo que había realizado y le preguntaron por personas en particular relacionadas con grupos anarquistas, a pesar de que el Grupo de Acción Revolucionaria en el que milita es de una clara tendencia comunista.
“Me preguntaron sobre el Bloque Negro. Me cuestionaron sobre si pensábamos hacer alguna acción en la marcha de ese día, o sobre si llevaba material para algo en específico. Por más que les expliqué que no tengo relación con esos grupos, no me creyeron.”
Cristian Sánchez estuvo el pasado 13 de septiembre en el desalojo del Zócalo capitalino. Ese día fue golpeado por elementos de la Policía Federal. Aún se observa la cicatriz de la agresión en su nariz. Entre burlas, los judiciales que lo interrogaron en el búnker le dijeron: “¿No aprendiste la lección de ese día?”.
El joven dice: “Tenían mucha información de mi actividad política; por ejemplo, sabían que participé en las pláticas entre las madres de Ciudad Juárez y la Secretaría de Gobernación, y en la lucha de San Salvador Atenco. Ya tenían las respuestas de las preguntas que me hacían, sólo querían corroborar la información. Incluso me enseñaron fotografías con mi rostro de movilizaciones pasadas”.
Después de 7 horas, Cristian fue trasladado a la delegación Cuauhtémoc, donde fue puesto en libertad inmediatamente.
Los casos expuestos evidenciarían acciones de seguimiento, monitoreo y vigilancia de activistas, efectuadas por elementos de la policía capitalina. Además de ello, el 3 de diciembre de 2013 se aprobaron en la Cámara de Diputados reformas a las coloquialmente llamadas leyes antiterroristas.
Con 318 votos a favor, 114 en contra y dos abstenciones, los legisladores avalaron una pena de entre 20 y 30 años de prisión a quien utilice explosivos o materias incendiarias, o que por cualquier otro medio destruya total o parcialmente instalaciones o vías de comunicación, servicios de navegación aérea, marítima o de aeropuertos.
Para el abogado Juan de Dios Hernández Monge, miembro del Colectivo de Abogados Zapatistas, la figura de terrorismo es una “irradiación” de la Ley Patriótica de Estados Unidos como consecuencia del 11 de septiembre de 2001.
—¿Podría ser acusado de terrorismo a quien arroje una bomba molotov?
—Así es –señala el abogado y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México–. Hace unos años defendí un caso en el que unos muchachos fueron encontrados en una manifestación con botellas que contenían gasolina. El juez aprovechó que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece una enumeración de armas de uso exclusivo del Ejército; a dicha enumeración se le suma la expresión “y similares”. De esa expresión se valió para decir que una bomba molotov es similar a un misil, tan sólo por llamarla coloquialmente bomba.
El doctor Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, considera que las reformas a la ley sobre terrorismo es una vuelta de tuerca más a la política represiva del Estado mexicano.
“En México no ha habido ataques terroristas, salvo algunas acciones atribuidas a elementos de la delincuencia organizada. Lo que se pretende con las reformas es vincular a los grupos sociales con actividades terroristas y desarticular sus acciones políticas y de desobediencia civil”, comenta.
Además de las reformas a nivel federal de la “ley antiterrorista”, para el ámbito local fue aprobado en diciembre de 2013 el dictamen de la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, en el cual se prohíbe el bloqueo de vías primarias por parte de manifestantes; establece un horario para marchar entre las 11:00 y las 18:00 horas, y se solicita que los inconformes avisen con 48 horas de anticipación para la realización de una marcha.
Esta la ley impide a los manifestantes emplear violencia en contra de las personas y sus bienes e intimidar o amenazar a la autoridad, además de proferir insultos u obligar a alguna autoridad a resolver algún asunto en el sentido que lo deseen.
El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para incluirlo en el listado de asuntos pendientes.
En entrevista con Contralínea, el abogado y defensor de derechos humanos Jesús Robles Maloof expone que la ley de manifestaciones, en el fondo, propone olvidar los preceptos constitucionales, en particular el Artículo 9 sobre la libertad de manifestación. “En muchas ocasiones las manifestaciones se dan de manera espontánea; incluso en un partido de futbol en el que la gente quiera salir a festejar, eso será prohibido. Es una mordaza para la ciudadanía”.
—¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil para romper la mordaza?
—Tenemos que salir más veces a la calle; es decir, recuperar el espacio público que se pretende negar. Si no se pueden detener este tipo de leyes represivas debemos de buscar su invalidez. El último año han habido centenares de detenciones arbitrarias; sin embargo, sólo un policía –que aparece golpeando a las personas con un casco el 2 de octubre de 2013– ha sido sancionado.
Un mes antes, en noviembre, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó el aumento del 50 por ciento a las penas por los delitos que se cometan durante una manifestación.
En concreto, a la persona que incurra en lesiones, homicidio, daños a la propiedad o robo se le aumentará la mitad del total de su pena si lo hace durante una manifestación, mitin, plantón o marcha. Es decir, a un manifestante que lesione a un policía se le puede castigar hasta con 12 años de cárcel.
La aprobación de los aumentos a las penas dividió a los legisladores locales perredistas. El diputado Alejandro Ojeda rechazó el dictamen por considerar que éste criminaliza la protesta social, pero los delitos que se pretenden maquillar ya están tipificados.
Antonio Padierna argumenta que la intención de la reforma es que no existan provocadores que se infiltren en los movimientos sociales, lo cual no limita el derecho de expresión y de manifestación.
Adrián Ramírez menciona que el Estado mexicano se prepara para fortalecer una serie de leyes antídoto que permiten la violación de los derechos humanos, pero que respetan su norma interna.
“La reglamentación de estas leyes afecta directamente los derechos políticos y humanos de los mexicanos. Se va a producir un mayor número de personas sujetas a detención. Es decir, se permite la violación a la Constitución y a los acuerdos internacionales con leyes terciarias en diferentes instancias.
“Los defensores de derechos humanos debemos de estar más atentos a las labores de monitoreo en las manifestaciones; debe haber acompañamiento a los grupos que realizan protestas, y es necesario promover entre los grupos sociales el conocimiento de los derechos humanos para que puedan utilizarlo como una herramienta más en sus mecanismos de lucha”, dice.
Para el abogado Hernández Monge, es increíble que México proteste por la opresión de los manifestantes en Egipto, mientras aquí se legítima la represión.
“En España se aprobó una reforma en la que se prohíbe que algún individuo pueda tomar fotografías o video del momento de su detención, en caso de hacerlo, será multado con 30 mil euros. En este país se está llevando a cabo ese escenario”, señala.
Contralínea solicitó entrevista con Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, a través de Berenice Téllez Hernández, coordinadora de Concertación Política del Gobierno del Distrito Federal. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
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