[fullwidth style=”parallax” fullwidth=”yes” background_color=”” background_image=”https://contralinea.com.mx/wp-content/uploads/2016/04/dia-trabajo-plx.jpg” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” mesh_overlay=”no” border_width=”1px” border_color=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”300″ padding_left=”20″ padding_right=”20″ text_align=”” text_color=””]
El Día del Trabajo en el cuarto año de gobierno actual sólo será visto y vivido con beneplácito por los peñistas y el empresariado. De las promesas de bienestar a los trabajadores ya no quedan ni el recuerdo. Al final se sobrepusieron las posturas neoliberales y el sesgo peñista hacia los intereses económicos del capital nacional y transnacional.
Con un agravante adicional antieconómico y antisocial: la tendencia recesiva de la economía local e internacional, que desalentará a las exportaciones mexicanas, hasta hace poco consideradas como el “motor” del crecimiento económico; y los efectos depresivos del segundo recorte del gasto público (132.3 mil millones de pesos, 0.4 por ciento del PIB), provocado por el desplome de los ingresos petroleros, que obligó a reducir la meta de crecimiento para 2016 (el banco central la ha bajado tres veces, de 2.6-3.6 por ciento a 2-3 por ciento), y que tendrá secuelas perniciosas sobre la economía en general y regional (principalmente en las entidades petroleras como Tabasco, Veracruz y Campeche) , el empleo (por los empleados públicos que serán arrojados a la calle, estimados en 25 mil personas) y la contracción de la mayor parte de los renglones de los egresos estatales, en especial el de inversión productiva y el social, que agudizará el deterioro en la calidad y su cobertura (educación, salud, vivienda, ambiental, combate a la pobreza).
La decisión peñista por desempolvar el ajuste fiscal ortodoxo para lo que resta del sexenio, con más recortes en el gasto como variable de ajuste –en 2017 podría ser de otros 100 mil millones de pesos adicionales–, como ya anticipó Videgaray, quien rechaza la posibilidad de incrementar los impuestos, con el objeto de recuperar el balance fiscal tradicional cero en 2017 –sin considerar la inversión en proyectos de alto impacto–, mantendrá los efectos perniciosos sobre las demás variables económicas básicas, el crecimiento, el empleo y el bienestar, por lo que a nadie deberá extrañar las próximas conmemoraciones del Día del Trabajo transcurran en medio de la irritación de los trabajadores que tendrán que soportar los costos de las políticas fondomonetaristas.
Las manifestaciones de descontento del 1 de mayo están más que justificadas.
Los peñistas no sólo no han hecho nada por mejorar las condiciones laborales y de vida de la mayoría de los trabajadores. Por el contrario, sus políticas las han agravado el salvajismo antisocial del neoliberalismo.
Demagógicamente o no, dadas sus ambiciones presidenciales, el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, propuso en 2014 un plan viable para revertir gradualmente la pérdida del poder adquisitivo de los salarios mínimos. Sugirió que el salario mínimo promedio se elevara a 105.6 pesos diarios en 2016, a 134.5 pesos en 2017 y a 171.3 pesos en 2018.
Esas alzas salariales, significativamente por encima de la meta anual de inflación definida por el banco central y la Secretaría de Hacienda (3 por ciento, +/-1 punto porcentual), tendrían varias virtudes: no tendría efectos importantes sobre el nivel general de los precios; permitiría a los trabajadores adquirir la canasta básica y ayudaría a reducir los niveles de pobreza y miseria del país; estimularía la expansión de la demanda interna y del crecimiento económico y, por tanto, del empleo formal; beneficiaría la imagen política y electoral de quien la instrumentaría, en este caso del peñismo y del priísmo.
Como es natural, la propuesta fue vista con malos ojos por los neoliberales peñistas y los empresarios, quienes la denunciaron como una medida “populista inflacionaria”. Peña Nieto, Videgaray y Agustín Carstens se desgarraron las vestiduras. Prefirieron mantener la “ley de hierro” a los salarios: fijar sus aumentos anuales en línea con la inflación esperada y no la alcanzada. Si ésta era mayor, nunca compensaron la pérdida de los ingresos de los trabajadores.
Lo anterior por varias razones: la contención salarial es considerada como una pieza clave para la reducción de la inflación y de los costos de producción de las empresas, lo que elevaría la productividad, la competitividad y las ganancias de las empresas nacionales; atraería a la inversión extranjera directa, dado los bajos salarios locales en comparación a los vigentes en otras naciones.
El peñismo se ha limitado a administrar la contención y miseria del salario real en el fondo del pozo. En promedio anual, los salarios nominales han aumentado en 3.14 pesos diarios en 2013-2016. En 4.8 por ciento acumulado contra una inflación de 3.5 por ciento y una alza de la canasta básica de 3.8 por ciento.
Al inicio del peñismo, la pérdida del poder de compra del salario mínimo real medio era de 77 por ciento. Al cierre de 2016 será de 75 por ciento, medido por índice general de precios. Si se mide por la canasta básica, ésta pasó de 76 por ciento a 75 por ciento. Esa “mejoría” es una simple ilusión estadística y se debe a que en 2015 la inflación alcanzada fue menor a la esperada y la fusión de las zonas salariales a una sola.
Los salarios contractuales reales guardan la misma situación. Con el peñismo la pérdida de su poder de compra, en relación con 1982 pasó de 55.7 por ciento a 54.2 por ciento, medido por el índice general, y de 63.5 por ciento a 62.8 por ciento. Una mejoría de papel.
El poder de compra de los salarios reales será similar vigente en el profiriato.
Con esa política salarial el peñismo ha condenado a la miseria a los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo. Entre 2012 y 2015 los ocupados que perciben ese ingreso subieron de 6 millones 579 mil a 7 millones. Los trabajadores asalariados subordinados con esa paga aumentaron de 3 millones 121 mil a 3 millones 339 mil.
A partir de 2016 la política laboral peñista se convirtió en la política del desempleo, gracias al despido de burócratas y al menor ritmo de crecimiento esperado.
Videgaray ha impuesto una curiosa forma de “ahorrar” 7 mil millones de pesos para la “salud” fiscal: cortándole la cabeza a casi 26 mil trabajadores públicos en 2016. Petróleos Mexicanos (Pemex) aportará 10 mil 533 y otras dependencias estatales las restantes.
La cantidad, empero, será mayor ante la reprivatización petrolera y eléctrica. Pemex en la entidad predilecta de Videgaray. En 2014 arrojó a la calle a 10 mil 109 empleados, y se espera que en lo que resta del sexenio haga lo mismo con alrededor de 60 mil más para que la empresa se quede con una cantidad similar. En 2014 la plantilla era de 142 mil 976 empleados. Pemex llegó a ocupar hasta 250 mil empleados.
Por supuesto, el dirigente sindical y senador priísta Carlos Romero Deschamps mantendrá su negocio privado del saqueo de las cuotas sindicales y su riqueza acumulada con la rapiña (sus negocios privados con Pemex) y corrupción que chorrea a borbotones de la paraestatal.
Líderes charros como el eléctrico o el de maestros que vendieron a los sindicalistas y que son acusados de corruptos y de matones seguirán protegidos por el estado.
Gracias a Romero Deschamps, Videgaray y Pemex se alzará con otros trofeos obreros, según reportó la exparaestatal a la bolsa de valores: elevará la edad de retiro de los empleados con menos de 15 años de servicio de 55 a 60 años, siempre y cuando cumplan al menos 30 años de servicio, y los nuevos empleados serán trasladados a los fondos privados de pensión y tendrán que rezarle a su santo preferido que alguna vez puedan jubilarse. Así, Videgaray y Pemex, pretenden “ahorrarse unos 186.5 miles de millones en el pasivo pensionario.
Por desgracia, en la carrera por la candidatura presidencial, Videgaray se ha topado con otro Torquemada igualmente sanguinario: Aurelio Nuño.
Ignorante en materia educativa, Nuño es experto en el juego de la zanahoria, el garrote y la guillotina. El premio salarial a los maestros que se sometieron a su destrucción de sus derechos laborales. El descuento salarial a más de 86 mil maestros que a finales de 2015 decidieron ejercer su derecho laboral, por medio del paro de labores, para defender intereses violentados. El despido de tres mil 360 profesores que desafiaron su despotismo, a los que se sumarán alrededor de 15 mil más que hicieron lo mismo.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, los siguientes datos son tomados de esta fuente), en 2103 el total de empleados públicos se redujo en 33 mil; en 2014 en 46 mil; en 2015 en 66 mil. En total, 145 mil menos. Si se suman los de 2016 serán de 171 mil. Si Nuño cumple su promesa el total llegará a unos 186 mil o más.
El desastre laboral peñista se observa con los siguientes datos. En 2013-2015 el empleo formal aumentó en 1.9 millones. De ellos, el 22.5 por ciento (428 mil) se ubicaron en los que ganan hasta un salario mínimo, y el 69 por ciento (1.3 millones) entre los que perciben entre más de uno y dos salarios mínimos. En cambio, los que obtienen más de 5 salarios mínimos se redujeron en 656 mil plazas.
Eso tiene un nombre: se llama pauperización.
El empleo nuevo requerido fue de al menos 3 millones.
De los 48.7 millones de ocupados en 2012, 31.2 millones, el 64 carecía de servicios de salud. En 2015, de los 50.6 millones de ocupados, 31.8 millones, el 63 por ciento, permanecía en esa situación.
En 2012 el Inegi registró 22.5 millones de personas que se encontraban desempleados, eran “informales” o habían abandonado el mercado laboral pero se encontraban disponibles para trabajar. En 2015 el total fue de 22.1 millones. En 2012 equivalían al 46 por ciento de los ocupados. En 2015 a 44 por ciento. Un cambio irrelevante en un mercado laboral saturado de pobres, miserables, “flexibles” y precarios.
El panorama, sin embargo es peor si se considera la tasa de informalidad laboral (los ocupados laboralmente vulnerables, que incluye al servicio doméstico remunerado sin seguridad social, los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, los trabajadores no remunerados y los trabajadores subordinados y remunerados que laboran sin la protección de la seguridad social). Si a ellos se suman los desempleados y los inactivos disponibles, el total pasa de 37.8 millones a 37.5 millones entre 2012 y 2015, del 77.6 por ciento de los ocupados a 74 por ciento.
Esos son los brutti, sporchi e cattivi, los feos, sucios y malos, como el título de la película neorrealista de Ettore Scola.
En lo que resta del peñismo la historia será peor.
Si algún ingenuo cree que con el peñismo se ha revertido la pobreza y la miseria, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) destruirá sus ilusiones.
Dicho organismo señala que el número de pobres aumentó en 2 millones entre 2012 y 2014. De 53.4 millones de personas a 55.3 millones, de 45.5 por ciento a 46.2 por ciento de la población total. Los pobres pasaron de 41.8 millones a 43.9 millones, del 35.7 por ciento del total a 36.6 por ciento. Los miserables, en cambio, supuestamente bajaron de 11.5 millones a 11.4 millones, de 9.8 por ciento a 9.5 por ciento, gracias al asistencialismo políticamente manipulador.
Si embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recientemente señaló que México es uno de los tres países de la región en la que aumentó la pobreza. Esta pasó del 51.6 por ciento de la población total en 2012 a 53.2 por ciento en 2014. La miseria subió de 20 por ciento a 20.6 por ciento. Es decir, de 60.4 millones de personas a 62.7 millones, en el caso de los pobres. Y de 23.4 millones a 24.7 millones con relación a los miserables.
Ello desató la furia descalificadora de los peñistas.
No obstante, es probable que, realistamente, la pobreza y la miseria haya pasado de 94 millones de los mexicanos a 96 millones. En 2014 eran casi 120 millones de personas.
En 2016 podrían llegar a 98 millones de poco más de 122 millones.
Marcos Chávez
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: ECONÓMICO]
Contralínea 485 / del 25 al 30 de Abril, 2016
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