Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. La aguja del velocímetro sube apresuradamente de 20 a 60 kilómetros por hora, en una carretera estrecha de curvas pronunciadas. “Aquí hay que meterle, hay riesgo, aquí fue que me llegó un balazo…”, dice el conductor del Tsuru blanco que baja por la serranía.
En ese momento el vehículo pasa por la comunidad de San Sebastián Nopalera, el umbral por donde los pobladores de Zimatlán ya no quieren circular por miedo. Ya les han matado a seis de sus campesinos, desaparecido a otra media docena, los han emboscado en repetidas ocasiones, quemado y plomeado sus casas.
Se trata de la frontera entre San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas, dos comunidades que mantienen un conflicto agrario en tensión desde hace 9 años. Fue en 2010 cuando se dio el primer ataque a la población con armas largas. El terror.
Hoy, salir de Zimatlán no tiene garantía de retorno. Trabajar en el campo, cerca de la zona en disputa, significa jugársela.
Familias han perdido a los “hombres de la casa”, cosechas, sus humildes hogares de madera y techos de lámina, la fuente de empleo, sus recursos, la tranquilidad y la paciencia. Lo que no se acaba es la angustia, el coraje, las lágrimas.
Aquí también se terminó con el trabajo en los platanares, la cosecha de cítricos, mangos, café, la recolección de miel; se ha disminuido la comercialización de sus productos. La subsistencia se precariza día a día, pese a que hace algunos años los pobladores podían mantener una mejor vida con la venta de lo que les dejaba el campo, sus tierras.
Ahora, hay quienes apenas sacan de la milpa lo del autoconsumo, viven al día. Más de 51 personas no pueden entrar a sus huertas, de atreverse podrían correr con la misma suerte que Marcelino o Eleazar, los primeros en desaparecer.
Las mujeres que se reúnen en la agencia municipal para relatar su pesar, no pueden andar por las calles polvorientas libremente. Les duele cargar con la foto de su hijo, esposo, hermano… Al hablar, algunas toman fuerza, el de la exigencia de justicia; hay quienes comienzan a derramar lágrimas mientras recuerdan.
Otras arrebatan la palabra para que no quede ningún detalle fuera de la barbarie relatada. Hablan con la sorpresa y el coraje que genera la pérdida, manotean, se mueven como si fueran a salir corriendo, nuevamente. Como lo hace Elidia Cruz Hernández, una mujer de más de 65 años, que relata que su marido murió durante el ataque registrado en contra de la población el 2 de febrero de 2011.
Una bala sorprendió a Hermelindo Jiménez Paz cuando salió a buscar a su esposa Elidia, quien había ido a alimentar a sus chivos. Ese mismo día, fueron asesinados Rafael José Cruz Sánchez y Juan Zacarías Hernández.
Y es que ellas se están quedando solas, a la cabeza de sus familias y sin fuentes de empleo, con hambre entre los suyos. Esto se ha convertido en una especie de cárcel para la misma población. Para algunas, la búsqueda de justicia se hace exhaustiva; para otras, rastrear a sus familiares las va dejando sin fuerza y sin esperanza.
Eleazar Asunción Sánchez Hernández, un joven de entonces 19 años, fue el primero en desaparecer. Salió a recoger un tronco de leña para la cocina de su casa, ya no regresó. La zozobra de Atila, su madre, inició un par de horas después, el tiempo en que tenía que haber llegado se agotó. Atila Genoveva Hernández Jiménez siguió sus pasos, fue en busca de auxilio a casa de su hermano Marcelino.
El tío, Marcelino Pedro Hernández Jiménez, reaccionó de inmediato. Partió rumbo al Sur del poblado en su búsqueda; tampoco volvió. Del hombre de, entonces 39 años, se encontraron sus huaraches y su gorra sobre el camino, relata su esposa Celerina Ignacia Hernández Jiménez.
La mujer no sostiene el llanto al recordar que también encontraron un charco de sangre y huellas de que había sido arrastrado por la tierra. Del joven, nada. El paradero de ambos es desconocido, desde esa tarde del 29 de mayo del 2010.
Ellos fueron los primeros en desaparecer desde que se desató esta guerra entre Zimatlán y La Nopalera, comunidades enfrentadas por la riqueza de estas tierras.
La relatoría de hechos que tiene en su poder la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que el 21 de julio de 2010, fue herido “gravemente” el señor Jaime Jiménez Cruz, de 40 años de edad, en el Paraje Los Mangales, donde también se registraron quemas de casas y saqueos. Al día siguiente, una bala tocó el hombro de Rubén Hernández Cruz, asentado en la investigación 224/P.G/2010.
Los hechos comenzaron a escalar, por lo que el 24 de julio de ese mismo año, se llevó a cabo una caravana humanitaria hacia la ciudad de Tlaxiaco, a unas 3 horas de distancia de esta comunidad, para que 31 niños, 12 mujeres y un hombre herido se desplazaran en condiciones seguras. “A su arribo a Tlaxiaco, los 44 indígenas mixtecos hicieron un recorrido en protesta a la condición de extrema vulnerabilidad y peligro de muerte en que viven desde el 8 de marzo de 2010”.
La lista va en aumento: una docena de asesinados y desaparecidos, otros ocho más heridos y casi una veintena de personas que sufrieron robo y/o quema de sus casas. De los hechos de violencia, apenas en septiembre de 2018, fueron desaparecidos Erick Hernández Sánchez (37 años), agente municipal electo de la comunidad Zimatlán de Lázaro Cárdenas; y José Israel Barrios Jiménez, agente suplente (27 años). “Sólo habían ido a trabajar el campo”, dice una de sus familiares, de la que se omite el nombre para salvaguarda de su vida.
Eran, aproximadamente, las 3 de la tarde del 28 de septiembre de 2018, cuando ambos se encontraban en el paraje denominado El Camalote, de esta comunidad, y “fueron retenidos por un grupo armado de San Sebastián Nopalera, Santa Lucia Monteverde”. Acusación que se integra al legajo de investigación 3126/PG/2018 de la Agencia del Ministerio Público de Putla de Guerrero.
Los atentados más recientes cobraron la vida de Bernardino García Hernández (quien formaba parte de la representación de Zimatlán de Lázaro Cárdenas en los diálogos para buscar la paz), atacado por un grupo armado en el paraje Camalote, el 21 de enero pasado.
Durante su sepelio, en el panteón de la comunidad, los que estaban presentes fueron “atacados con disparos de armas de fuego por un grupo armado de San Sebastián Nopalera; en ese momento no hubo ningún lesionado”, dice la relatoría presentada ante la CIDH.
A punto de la media noche, un nuevo ataque, en el paraje El Huapinol fue herido de gravedad el tesorero municipal, Virgilio Pablo García Hernández (de 38 años de edad), quien fue trasladado al hospital de Putla de Guerrero, pero “por la gravedad de las heridas”, el 24 de enero de 2019 falleció, informan al organismo internacional de derechos humanos.
Todo esto comenzó por la posesión de 5 mil hectáreas de tierra, justo en el límite entre los dos pueblos. Albertano Cesario Bautista Bruno, exagente municipal, comenta que los habitantes de este lugar habían permanecido apegados a sus tierras porque les daba trabajo, pocos son los que han migrado hacia Estados Unidos en busca de sustento, sólo por necesidades extraordinarias. Ahora, las condiciones son otras, pues algunos han tenido que desplazarse obligadamente a otros espacios en busca de la sobrevivencia.
Lamenta que exista este conflicto por las relaciones que hay entre los habitantes de ambas agencias, ya que hay desde vecinos, conocidos, compadres y hasta familiares cercanos viviendo en ambas zonas. “No podemos hacer de menos a la comunidad de San Sebastián Nopalera porque nosotros somos anexo de esa cabecera y el ejido mencionado [en disputa] está aquí”, añade.
Bautista Bruno fue agente municipal en 2008, 2 años antes se había resuelto el conflicto de tierras entre ambas comunidades y una tercera: San Pedro Osotatu. En 2006, la zona en disputa les fue otorgada, comenta, y en apariencia habían comenzado a trabajar sin problema.
“Como autoridad nunca pretendí tener conflicto con ellos y siempre estábamos de la mano, platicábamos por cualquier cosa que surgiera; nos pusimos de acuerdo entre autoridades administrativas en la parte del ejido y lo comunal. Nunca pensamos tener esta diferencia.
“Empezamos a sembrar la zona, por la zona de la Casa Blanca, habíamos llegado a un acuerdo donde se dijo que una parte se iba trabajada por San Sebastián Nopalera y la otra Zimatlán de Lázaro Cárdenas, por ambas…
“No sabemos cuál fue la inconformidad de ellos, comenzaron por fumigar las siembras con herbicida, a matar el monte. También los platanares. Las cosas no se vinieron dando bien, no sé qué empezaron a pensar…” relata.
Cuando los problemas comenzaron a agudizarse fue el 8 de marzo de 2010. Ese día inició un tiroteo en contra de personas que estaban rosando [preparando la tierra para una nueva siembra] por el lado Oeste, donde se oculta el sol, la gente se retiró. Al día siguiente, hubo otro tiroteo en toda la zona: “casi nos rodearon de personas a mano armada. La gente estuvo alerta porque se oían rumores de que nos iba a acabar a todos. Hubo tiros a matar, a las casas. Ahí comenzó todo”.
Don José Juan es uno de los campesinos que ha sido afectado por este conflicto que está a punto de llegar a una década. Él se dedica a la siembra de maíz, café, y pasto para alimentar a los animales. Sin embargo, parte de las tierras que ocupaba para sus actividades se encuentran en el área de conflicto, “por esa razón no podemos sacar el producto que tenemos y todo se lo han robado, es la razón por la que ahorita vivimos en la miseria”, dice.
El hombre que, como las mujeres, ha llegado a la agencia municipal a relatar su pesar, dice que otros tiempos fueron mejores porque había la libertad de trabajar en cualquier hora del día, “los vecinos de la comunidad no tenían un horario para trabajar, apenas amanecía y podían irse a su trabajo, el que quería regresar tarde podía hacerlo, no había ningún problema”.
Y es que justo en esa zona, las tierras son de producción de café, piña, aguacate, “se cosechaba en gran cantidad, y ahora nuestra gente no puede entrar a ese lado”, dice don José Juan, a quien se le ha reservado su nombre por seguridad.
El campesino ya se agotó de 9 años de incertidumbre: “Queremos que el gobierno dé solución para que nos devuelvan las tierras, que les pague o a ver qué tienen que hacer, pero nosotros queremos volver a la tranquilidad y vivir como antes. Ya no hay esa libertad y es muy preocupante. No hay esperanza porque en nueve años no se ha determinado qué se va a hacer”.
Ejemplo de ello, añade, es que cuando se han trasladado a la cabecera municipal, en Putla, han sido sorprendidos, emboscados. También, cuando salen a Oaxaca para acudir a la comisión de mediación que pretende ayudarles en la resolución, “afortunadamente no nos ha pasado nada grave, pero la verdad ha sido muy complicado poder salir de aquí”, dice con tono de angustia.
Aquí, la garantía de una vida libre de violencia y protección del Estado están en duda. Los habitantes viven en carne propia la violencia que prevalece por todo el país. El otorgamiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH se han hecho de lado desde su propia emisión, bajo el folio MC-102-10.
El organismo internacional, desde el ataque del 29 de marzo de 2010, solicitó:
1. “Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad mixteca de Zimatlán de Lázaro Cárdenas;
2. “Adopte las medidas necesarias para remover los factores de riesgo ligados con la delimitación de las tierras entre ambas comunidades, para evitar futuros enfrentamientos;
3. “Se establezca un mecanismo de supervisión continua y de comunicación permanente con los beneficiarios, con el objetivo de que las medidas sean implementadas de común acuerdo con los beneficiarios y sus representantes; y
4. “Presentar información actualizada respecto de las diligencias realizadas para dar con el paradero de Marcelino Pedro Hernández Jiménez y Eleazar Asunción Sánchez Hernández.”
Esta promoción de medidas cautelares ha servido para bajar sólo un poco la tensión que existe. En la zona hay una patrulla de la Policía Estatal y el Ejército hace sus rondines para evitar un ataque directo; pero las últimas desapariciones se dieron, incluso con el patrullaje de los elementos de seguridad.
El abogado Maurilio Santiago Reyes, director del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), considera que el Estado mexicano ha sido el que no ha colaborado en la resolución de este conflicto, pues ha omitido atender las recomendaciones emitidas por la CIDH.
En entrevista, el promotor de las medidas cautelares ante el organismo internacional, considera que prevalece la falta de voluntad oficial, por lo que desde la sociedad civil se ha creado una comisión de mediación, conformada por Miguel Álvarez Gándara, el presidente y fundador de Servicios y Asesoría para la Paz; el pintor Francisco Toledo; el religioso Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, conocido como padre Uvi; Marcos Leyva Madrid, fundador de Educa, Oaxaca; y el obispo Arturo Lona Reyes.
El director de Cedhapi comenta que más que una resolución jurídica para este conflicto agrario, primordialmente debe haber un “acuerdo de voluntades”, para lo que se conformó el proceso de mediación, que pretende llegar a un “punto de coincidencia”, y así pacificar la zona.
Expone que esta comisión se ha entrevistado con los habitantes de ambas partes, y, actualmente se están planteando propuestas; no obstante, enfatiza que la CIDH habla de “remover los factores de riesgo ligados con la tenencia de la tierra, es decir, que se tiene que resolver el problema de fondo, a eso, nosotros hemos hecho varias reuniones en Washington para tratar el tema”.
Incluso, comenta, la propia CIDH se ha comprometido a iniciar el proceso de mediación. “Este seguimiento se está dando porque el gobierno mexicano ha hecho caso omiso de iniciar el proceso de mediación, por eso lo iniciamos las partes”, enfatiza.
A pesar de los diálogos que se están entablando en la ciudad de Oaxaca, advierte Santiago Reyes, existe intranquilidad, misma que se ha atenuado con la presencia del Ejército y la policía, “mínimamente, porque el acuerdo había sido que los cuerpos de seguridad estarían en ambas comunidades, pero al final sólo se quedó en Zimatlán porque no se encontraron condiciones para quedarse en Nopalera. El Ejército pedía un lugar idóneo para poder establecerse y Nopalera nunca se los brindó”.
El promotor de las medidas cautelares ante la CIDH expone que entre los puntos observables está que San Sebastián Nopalera está exigiendo una compensación económica, situación en la que debe “entrar” el gobierno mexicano.
Advierte: “en cualquier momento se puede romper todo y volvería a la situación de guerra, ha habido agresiones constantes”.
—En una guerra disparan de ambos lados, ¿es el caso?
—Podría decir que sí, porque Nopalera ha intentado entrar a Zimatlán, y éstos se han defendido también, pero más se ha dado por los ataques de Nopalera. Ha habido personas que han fallecido de las dos comunidades, pero la situación que hay en la zona trae como consecuencia que esa grieta se pueda abrir más y pueda haber más confrontaciones. Los enfrentamientos han ocasionado la liberación de órdenes de aprehensión, aunque sólo ha sido detenida una persona del poblado de Zimatlán.
Efraín Solano Alinares, integrante de la comisión de asesoría de la comunidad mixteca de San Sebastián Nopalera, comenta en entrevista que esta situación no responde a un conflicto agrario, sino al deseo de un 20 por ciento de los habitantes de la Nopalera que buscan la autonomía del ejido, desde hace 60 años. Sin embargo, “los tribunales han negado esa posibilidad y ha llevado a las dos comunidades a un choque”.
El asesor comunitario lamenta que entre ambas comunidades ha habido “desafortunadamente, saldos sangrientos, unas 29 bajas entre las dos comunidades: entre muertos y desaparecidos. Aunado a ello, las viudas, huérfanos y heridos, hay gente que ha perdido un brazo o una pierna en esta confrontación sangrienta. Del lado de Nopalera hay 12 muertos y tres desaparecidos, y un sin fin de heridos y de huérfanos. Esa es la situación que hay”.
Solano Alinares dice que durante mucho tiempo se buscó una atención institucional, responsable, pero no fueron atendidos y, como consecuencia de esta desatención de los gobiernos estatales, “que nunca han tenido un programa sistemático de atención a estos conflictos que florecen mucho en Oaxaca, ha habido bajas.
“El Estado fracasó en esta problemática, no puedo dar más datos, pero las dos comunidades están acordando poner fin a este conflicto. Ellos ya entendieron que es un conflicto que sólo ha dejado dolor y una estela de sangre interminable entre hermanos de raza y sangre. Están platicando y acordando cómo resolver para llegar a una paz duradera y definitiva”, comenta.
Ambas comunidades se encuentran en una de las zonas más pobres y marginadas de Oaxaca, para llegar a la región hay siete horas de camino, “hay veces en que los caminos están derrumbados por las lluvias y han llegado a quedar incomunicados. Es una zona muy pobre, no hay señal de Internet, sólo hay dos teléfonos en la comunidad con alrededor de 5 mil habitantes”.
El conflicto que prevalece en esta zona de la mixteca oaxaqueña, se da entre dos poblaciones que viven en la pobreza. Ambas, han perdido más de lo ganado con nueve años de intensa disputa. Las fuentes de empleo se han minado y los servicios básicos.
Datos del Catálogo de Localidades, publicado por la entonces Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría de Bienestar), indican que los habitantes de Zimatlán viven en un “alto” grado de marginación y su principal actividad es rural. Los mismos datos que describen la pobreza de la zona hacen referencia a San Sebastián Nopalera.
Érika Ramírez, enviada
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