Las medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump, al frente de la administración estadunidense desde el pasado 20 de enero, alertan sobre una “guerra económica” contra México; en consecuencia, se trata de un tema prioritario de seguridad nacional, advierte Jorge Retana Yarto, economista y maestro en finanzas, especializado en economía internacional e inteligencia para la seguridad nacional por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
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Y es que desde su campaña, el ahora presidente estadunidense envió cuatro señales de indispensable consideración para el Estado mexicano. Tal ha sido la importancia de los anuncios que ha incrementado el clima de volatilidad económica y se tuvo que cancelar el primer encuentro entre el mandatario de Estados Unidos, con Enrique Peña Nieto, una vez que Trump asumió el poder.
Con estas decisiones, “se podría debilitar al Estado mexicano para quitarle la poca legitimidad que tienen las autoridades actuales; así, profundizar la vulnerabilidad económica de nuestro país”, dice el académico en entrevista.
La victoria del estadunidense cimbró la economía. De acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a diciembre de 2016, “los mercados financieros internacionales mostraron una volatilidad elevada, especialmente en los días posteriores a la elección presidencial de Estados Unidos. Esta incertidumbre asociada a los resultados de la misma se tradujo en aumentos en las tasas de interés (en particular las de largo plazo) y en una apreciación del dólar respecto al resto de las monedas”.
Entre las principales medidas anunciadas por Donald Trump desde su campaña se encuentran: la renegociación y o cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la cancelación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés), la extensión de un muro fronterizo y la imposición de gravámenes al flujo de remesas provenientes de Estados Unidos.
A ella, se suma el panorama de una economía interna débil, que se ha venido gestando desde la entrada del neoliberalismo, bajo la administración del priísta Miguel de la Madrid y hasta las más recientes “reformas estructurales”. Se trata de una coyuntura delicada y de enorme fragilidad frente al nuevo gobierno de estados Unidos, dice el autor del libro México, una economía al Pacífico sin rumbo político estratégico.
En este modelo, la economía de Estados Unidos: el comercio, las inversiones, la tecnología, la industria, son absolutamente fundamentales, un eje estratégico de la economía actual; “este proceso dejaba a salvo la parte política para el manejo del tradicional autoritarismo mexicano”, dice en entrevista Retana Yarto.
El concepto de “guerra económica”, expone el especialista, consiste en procesos “sigilosos” con contenido geoestratégico y militar para vulnerar económicamente a los adversarios estratégicos, o a otros interferentes nacionales, en este caso México.
Este tipo de guerras, añade, se refieren al “ataque a los factores de vulnerabilidad económica ubicados en el entorno nacional o internacional que debilitan las fortalezas de un Estado, la legitimidad de los gobiernos y las instituciones coercitivas, armadas, del mismo Estado, generando nuevas crisis económicas o profundizando las ya existentes”.
La definición dista de una “guerra comercial”, la cual consiste en multiplicar las barreras a la entrada de productos y servicios entre dos o más economías nacionales.
En este contexto, se encuentra la “interdependencia política y económica” con Estados Unidos que ha sido asimétrica y desfavorable, dice el autor de El programa Económico para México de Donald Trump, un tema urgente de seguridad. Guerra económica con objetivos de absorción soberana, análisis elaborado por el especialista en seguridad nacional.
Entre los puntos que destaca el también economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se encuentra la inversión de unos 50 mil millones de pesos de mexicanos en Estados Unidos; además del envío de remesas de los más de 20 millones de mexicanos que viven en aquel país.
Los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al cuarto trimestre de 2016, elaborados por la SHCP muestran que las transferencias netas del exterior se ubicaron en 6 mil 821 millones de dólares. Es decir, registraron un aumento anual de 425 millones de dólares (6.7 por ciento). Los ingresos por remesas familiares se incrementaron en 345 millones de dólares (5.3 por ciento), ascendiendo a 6 mil 889 millones de dólares.
A ello se agrega que Estados Unidos controla el 80 por ciento de las exportaciones manufactureras, 60 por ciento de las exportaciones petroleras y el 70 por ciento de la inversión extranjera en México, contextualiza el académico.
Esto implica, expone en entrevista Retana Yarto, que tenemos a Estados Unidos, a su economía, su política y sus procesos electorales dentro del sistema político y económico en México, con una posición extremadamente fuerte. “A eso nos ha llevado ese proceso de integración asociada, subordinada con Estados Unidos que se construyó hace 30 años y que entró plenamente en vigor a partir de la entrada del TLCAN”, dice.
Para entender por qué se trata de una guerra económica, expone, sólo basta ver que renegociar o dejar el TLCAN afectaría terriblemente a la economía “porque el eje estratégico de modelo económico actual es justamente la articulación económica con América del Norte, particularmente con Estados Unidos. El modelo exportador que existe actualmente registra un ingreso que rebasa los 150 mil millones de dólares al año”.
Según el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario (PSDAPA) 2013- 2018, en el país hay unas 448 mil unidades que desarrollan una actividad empresarial pujante con ingresos anuales superiores a 562 mil pesos y únicamente poco menos de 18 mil unidades pertenecen a un estrato empresarial dinámico, con escala productiva comparable con empresas de la industria o del sector servicios y cuyo principal problema es el de alcanzar niveles de competitividad de largo plazo. “Este estrato dedica una parte importante de sus ventas al mercado internacional y es el que presenta mejor desarrollo de capacidades”.
Para Víctor Suárez Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la permanencia de México en el TLCAN ha dejado en desventaja comercial a los productores nacionales. “Como es sabido, nos hemos opuesto al TLCAN y ese tratado debe ser renegociado, sustituido por otro acuerdo comercial y de cooperación para el desarrollo que se establezca en condiciones de igualdad, equidad y de respeto a la soberanía nacional” (Contralínea 525).
Otro de los puntos a observar es el de las deportaciones masivas, pues el presidente Trump ha anunciado la expulsión de 3 millones de mexicanos. La principal región que resentiría esas expulsiones, sería justamente la frontera mexicana, en donde no tenemos ninguna posibilidad de generar mecanismos de absorción económica de toda esa gente que pudieran llegar.
Con la expansión del muro fronterizo, México está amenazado con pagar entre 10 mil y 15 mil millones de dólares, un costo “lesivo para la economía mexicana”, dice.
Y los efectos se veían desde antes de que asumiera el poder: en la devaluación del peso, cada que Donald Trump se refería al asunto de la expulsión masiva de migrantes o al de la renegociación o abandono del TLCAN, por ejemplo, la moneda mexicana sufría depreciaciones importantes, hasta alcanzar una depreciación del 15 por ciento en las últimas semanas.
Con los ataques al sector automotriz, otro de los factores de análisis que retoma el economista por la UNAM, se evitó una inversión de más de 2 mil millones de dólares. Éste es uno de los sectores fundamentales en la industria manufacturera en México. Basta recordar que la automotriz Ford canceló una inversión en el país por 1 mil 600 millones de dólares, como “voto de confianza” al entonces presidente electo Donald Trump.
Ante las “amenazas” que significan para la economía mexicana las acciones del presidente estadounidense, el académico del INAP, asegura que el Estado debe llevar a cabo estrategias de contraofensiva a corto plazo. Entre ellas, la de preparar una defensa jurídica de todos aquellos acuerdos bilaterales o multilaterales, ante instancias como los paneles de arbitraje del TLCAN, Organización Mundial de Comercio y la sección de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
“Si llegáramos a la conclusión de que hay una guerra económica explícita, la propia sociedad podría lograr una demanda en Naciones Unidas por este ataque económico; esto está prohibido por el estatuto de esta organización”, expone el académico.
“También, reforzar las medidas de represalia diplomática que prudentemente sean posibles, ante los primeros actos de deportación arbitraria e integrar los más amplios consensos nacionales posibles en un Programa Interno de Emergencia Económica y Humana”. Considera que dicho programa debería comprender, al menos, seis puntos:
Reforzar la red consular en defensa de inmigrantes; un plan de empleo transitorio mediante reasignaciones presupuestales; un plan de apoyos para pequeñas y medianas empresas, orientado en el reforzamiento del empleo; detener durante 2017 la liberación del mercado de la gasolina; reforzar la interacción del Ejecutivo y el Senado en materia de política exterior con relación a este conflicto; consultas inmediatas a países del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, de la Asociación Económica con Japón, de los Acuerdos de Asociación Estratégica con China e India, para determinar medidas de corto plazo en la profundización de la cooperación económica, el comercio y la inversión en sectores clave de México
Érika Ramírez
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
Contralínea 526 / del 12 al 18 de Febrero 2017
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