“Si fuera mujer de la Revolución, andaría con mi rifle cargado, pero ya no se trata de eso, sino de negociar. Toda mi vida he luchado por lo que padecemos los campesinos, porque uno ve las anomalías que hay en los pueblos y los ejidos, ve uno cosas que hacen hervir la sangre”, dice una mujer de 70 años, hija de campesinos, heredera del México agrario y sobreviviente de este sector.
Manuela Cervantes es originaria de Antonio Amaro, Durango. Llegó a la Ciudad de México acompañando la caravana de maquinaria agrícola que recorrió Paseo de la Reforma el pasado 5 de noviembre.
La anciana es productora de frijol en el Norte del país; por ello padeció por tres ciclos agrícolas la sequía. Este año, relata, “fuimos socorridos con las lluvias, hubo buenas cosechas; el problema es el precio al que nos quieren comprar: no está bien, nos quieren dar 6 u 8 pesos por kilo. Mientras en las tiendas cuesta casi 20 pesos.
“Ninguna autoridad hace hincapié en tener un precio fijo para el frijol; dejan que los coyotes [compradores intermediarios] hagan su agosto. ¡Hasta en 2 pesos lo hemos llegado a regalar, así no se puede vivir!”, dice en entrevista con Contralínea.
Ésta es la realidad para millones de agricultores. Productores de maíz, frijol, sorgo, leche, entre otros, que padecen una sequía de precios, ante la falta de regulación por parte del Estado. Así lo indica el texto Acuerdos nacionales para el desarrollo del campo mexicano, elaborado por El Barzón (Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciantes, Industriales y Prestadores de Servicios). Éste revela el nombre de 42 empresas que tienen en su poder el mercado mexicano de los alimentos.
En el estudio –firmado por Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de El Barzón; Angely Vanessa Amezcua Chávez, coordinadora de Proyecto Agua y Energía de la organización, y Manuel Alvarado Pérez, representante en Zacatecas– se documenta que en el control de insumos para la producción se encuentran Monsanto, Pionner, Syngenta y Limagrain. Éstas acaparan el 94 por ciento de la venta de 2.6 millones de bolsas de 20 kilogramos de semillas. “Y cuentan con todo el poder y la determinación de apoderarse de un mercado potencial que alcanza las 7.6 millones de bolsas que se requieren para cubrir las necesidades nacionales, bajo un verdadero programa de producción y de productividad”.
El análisis que se discute actualmente entre organizaciones campesinas y funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) menciona que este poder en el mercado de las semillas ha dejado en la marginación al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, a los centros de investigación y ha debilitado al extremo a las pequeñas empresas productoras de semillas que se localizan en algunas regiones del país.
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de El Barzón, dice en entrevista que hay una ausencia total de política agropecuaria y alimentaria. El gobierno carece de una estrategia. “Somos 4 millones de unidades productivas y 119 millones de consumidores. El grave problema es que este mercado tiene control absoluto en insumos, acopio, comercialización y ventas al menudeo. Son un cártel agropecuario”.
Ejemplo de las afectaciones es Daniel Juárez, productor de frijol, quien buscó un nuevo impulso para su economía luego de que no había ganancias. Pensó que con la compra de la semilla de maíz de alto rendimiento que vende Monsanto obtendría una “mejor cosecha”.
“Somos un grupo de 15 productores que nos animamos a entrarle a la tecnología, pero debido a la jodidez no se pudo: los fertilizantes están muy caros y no pudimos sacar la cosecha”, explica.
Del grupo, algunos deben 30 mil; otros, 50 mil. Daniel es de estos últimos. “Creo que se van a llevar lo que tenga, porque dinero no tengo”, comenta.
—¿Y qué tiene?
—Un tractor muy garra.
—¿Y qué va a hacer después?
—No sé, pero hay que seguir sembrando…
Frijol, arrebatado
En el campo, las historias trágicas abundan. El zacatecano Francisco Delgado resume la situación: los ejidatarios y productores de escasos recursos están desapareciendo. “Cada año nos endeudamos más, y para pagar se empieza con vender la chivita, la vaquita, los animales y hasta la casa; al último rematan con las parcelas. Por eso, un sinnúmero de personas se están quedando sin tierra”.
Tiene 62 años y desde pequeño se ha dedicado al campo. Su alimentación y la de sus ocho hijos está basada en el producto que él y su familia trabajan, además de tortilla, nopales, chile y rábanos.
“Los pocos acaparadores de frijol que hay, quién sabe quien los apoyará. Nos están matando de hambre e ignorancia de generación en generación. Mientras ellos [los acaparadores] con residencias, nosotros seguimos viviendo en casas de adobe con piso de tierra. Ignorantes, todos nuestros hijos porque no tenemos posibilidad de mandarlos a la escuela. El principal problema no es vender la cosecha: nos la arrebatan, nos la roban. El frijol lo hemos llegado a vender hasta en 1.2 pesos, eso ocurrió en 2004. Hoy los precios no son los más convenientes para las familias del campo”, dice.
El documento de El Barzón indica que en este mercado –que involucra a 180 mil productores y casi 1 millón de toneladas del grano– los índices de concentración superan el 70 por ciento, y el acopio y comercialización lo ejercen principalmente Bodega de Granos El Alazán y el Rocío, Ramos Hernández Internacional, Empacadora Abetos, Grupo Patrón, la Castellana y Productos Verde Valle.
“El poder es absoluto para la manipulación del inventarios, de los cupos y tiempos de importación, la distribución de mercados y la colusión para fijar precios”, dice el informe.
Heraclio Rodríguez es originario de Cuauhtémoc, Chihuahua, productor de maíz y carne. Su economía también padece por la falta de regulación en los precios. Relata que en 2010 llegaron a vender el grano en 5.30 pesos. Hoy los intermediarios lo quieren comprar en 2.50, y aun así están esperando a que baje más precio. En Cuauhtémoc, dice, se vive cada día más pobre, con más necesidades, hambre, violencia y menos condiciones para sus hijos.
En su análisis, El Barzón también documenta que el peso de la concentración en el mercado de harina de maíz es extremo. Tan “sólo Maseca y Minsa controlan el 94 por ciento de una de las industrias sobre las que descansa la mayor producción de tortilla”.
México produce un promedio de 20 millones de toneladas de maíz al año. Éste es el esfuerzo de poco más de 2 millones de campesinos, donde el 85 por ciento cuenta con una extensión de tierra menor a las 5 hectáreas, según datos de la organización.
El Barzón indica que la evolución de las empresas procesadoras de alimentos ha dado lugar a que sean ellas mismas las que tienen el control del acopio y la comercialización del grano. En esa situación se encuentra Cargill y sus vínculos societarios con la Comercializadora AOASS de Sonora; Archer-Daniels-Midland, en sociedad con Maseca y dueña de Amex (Algodones Mexicanos) y la Comercializadora de granos del Grupo Patrón; Bimbo, que opera Molinos del Sureste; y Provemex, del Grupo Tayson de México.
“Estos vínculos les permiten convertirse en los principales vehículos para canalizar y beneficiarse de los distintos programas de apoyo a la comercialización y de los innumerables subsidios y de los cupos de importación”, indica El Barzón.
Raymundo González, productor de leche en Chihuahua, vino a la Ciudad de México en la caravana agrícola. Para él y sus compañeros, la producción del lácteo ha sido buena este año. No obstante, los precios que ofrecen empresas como Lala y Zaragoza no alcanzan a cubrir sus costos. “Nos ofrecen 5 pesos por cada litro, cuando ellos empaquetan y lo venden en 15 pesos. Así, no hay modo de vivir bien”.
Calcula que para poder solventar los costos de producción, el precio de cada litro debería ser de 7 pesos: “Con eso nos conformamos”. Ante la falta de regulación en los precios de compra y la crisis económica que padecen los productores de leche, “muchos han tenido que vender su ganado, no hay ni para comprar la pastura; una paca cuesta 120 pesos y no rinde”.
El Barzón documenta que el mercado de la leche tiene un valor de poco más de 40 mil millones de pesos. El control de la leche pasteurizada y ultrapasteurizada se concentra en el Grupo Lala y Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura), con el 55 por ciento del mercado. Le siguen Nestlé, Lechera Guadalajara y Grupo Zaragoza.
“El problema mayor está en la fragmentación y la falta de infraestructura que padecen miles de productores. El 30 por ciento de las 789 mil unidades realiza la ordeña de manera artesanal y un número mayor está sujeto a problemas de alimentación de baja calidad e insuficiencia de infraestructura de enfriamiento y conservación, lo que provoca que sus ingresos se vean disminuidos en más del 30 por ciento con relación a los obtenidos bajo un sistema más especializado”, muestra el análisis.
Ramón Magaña es productor de sorgo, originario de Pénjamo, Guanajuato. Dice que los más de 5 mil productores que hay en la región están a punto de perder la cosecha de este año.
Explica que los acaparadores pretenden pagar el producto a un precio de 2.8 pesos: “es muy bajo”. Mientras, el abono y los fertilizantes siguen “muy caros y no vamos a poder pagar con la cosecha la deuda que adquirimos para comprarlos”.
Y es que los mismos que les venden la semilla les prestan la mercancía a crédito que no alcanzan a pagar. Es entonces cuando tienen que vender un pedacito de tierra o los tractores para saldar sus compromisos. Don Ramón vendió una camioneta el año pasado, pues ya adeudaba más de 30 mil pesos. “Este año no sé qué voy a vender, ya no tengo con qué pagar”, dice.
De acuerdo con el documento de El Barzón, en semillas, fertilizantes y plaguicidas están siempre las mismas empresas que se han apoderado de los elementos esenciales que integran el paquete tecnológico indispensable para las actividades agrícolas.
El potencial de los rendimientos ha sido captado por Bayer de México, Cheminova, Agromex, Arysta, Dupont y las grandes empresas que son capitaneadas por Monsanto.
Estos grupos empresariales también son fuente de financiamiento. Desarrollan programas de capacitación, promotoras de agricultura por contrato y han establecido todo un sistema de operación que descansa en la exclusividad y las ventas atadas. “Es una estructura de mercado dominada en lo absoluto por una sola política de calidades, precios, variedades y centros de distribución”, dice el documento.
José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, comenta que la administración federal se sigue operando una política que favorece a los grandes monopolios agroalimentarios. A ellos, dice, van destinados los créditos, subsidios, los apoyos a la comercialización y un mecanismo de precios a favor.
Advierte que el sector está a punto de tronar porque lo que pagan a los agricultores es menor a los costos de producción. Ésta es la continuidad de un modelo instalado hace más de 30 años con el neoliberalismo.
Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), comenta que es incuantificable la deuda que hay en el campo mexicano, ya que muchos de los que aquí trabajan acuden a agiotistas para poder solventar el ciclo agrícola; otros, expone, son sujetos de crédito de las mismas empresas que les venden las semillas o los fertilizantes; los menos, de la banca privada o pública.
“Estamos buscando que se modifique el modelo de desarrollo; el campo ya no aguanta más. Las deudas con los coyotes ya no se pueden sostener. La propuesta es que entre el gobierno y las organizaciones se pueda establecer una empresa pública que garantice la compra de los productos a buen precio, además de que recupere la producción de semillas”, dice el secretario de la CIOAC.
Néstor Osornio, productor de maíz, frijol y haba en el Estado de México, expone que ante la crisis del sector poco a poco se ha reducido el poder adquisitivo de cada familia. “Mis hijos trabajan en el campo, tuvieron que dejar la escuela cuando estaban en la preparatoria porque no había la economía para continuar”.
Él tiene una deuda con Grupo Financiero Banorte, que en 2009 le autorizó un préstamo por 30 mil pesos. No obstante, a la fecha el monto del crédito se ha duplicado por los intereses. Paga lo que está a su alcance, pero termina de cubrirlo después de 4 años. “Lo único que tengo que pueden embargar son mis tierras”, comenta.
Benito González Contreras, dirigente de El Barzón en Morelos, expone que su estado se encuentra prácticamente como hace 100 años, cuando Emiliano Zapata estaba levantado en armas: “Los productores sobreviven de milagro, las cosechas se pagan muy baratas y los insumos están por los cielos. Nada más se va sacando para subsistencia; por desgracia el gobierno ha permitido que se monopolicen los productos”.
Según sus cálculos, la mayoría de los 2 mil productores de sorgo está endeudada con la Financiera Rural; otros, con la banca extranjera y hasta con agiotistas. Dedicado a la siembra del maíz, el productor asegura que los coyotes que minan con su producción son Cargill, Monsanto, Maseca: “Se hacen cada vez más ricas y los campesinos más pobres. El campo es tan bondadoso que subsistimos con lo que podemos. El gobierno quiere tenernos como consumidores y no como productores”.
Además de los cereales, semillas y fertilizantes, El Barzón indica que los índices de concentración en el mercado de carne de bovino –donde existen 1.13 millones de unidades de producción y que tienen un valor de más de 60 mil millones de pesos– está dominado por el Grupo Viz-SuKarne en más del 20 por ciento; control compartido con el Consorcio Internacional de Carnes (Grupo ViBa), Procarnes Procesadas y Empacadora de Carnes (don Fileto), Carnes la Laguna, el Grupo Industrial Arias, Pradera Huasteca, Grupo Gusi y las Uniones Ganaderas de Tabasco y Sonora.
En carne de pollo, la producción de traspatio y de pequeña escala prácticamente está sometida a un proceso de aniquilamiento. La concentración permite el dominio de tres grandes empresas: Bachoco, Pilgrim’s Pride y Tyson, con 1 mil 400 millones de aves y el control absoluto del alimento balanceado y de la venta final del producto.
Para la realización del presente trabajo, Contralínea solicitó entrevista con el titular de la Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez, a través de Pedro Hernández, subdirector de Atención a Medios de la dependencia. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
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Contralínea 362 / del 18 al 24 de noviembre de 2013
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