Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. El proyecto del Corredor Transístmico –que busca conectar el Pacífico con el Atlántico por medio de un canal localizado en el Istmo de Tehuantepec– se mantiene como una de las obras de infraestructura más importantes del sexenio, aunque aún no se consulta a las comunidades indígenas.
Desde antes del porfiriato, la parte más estrecha entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, ha sido uno de los territorios más codiciados y los pueblos originarios que habitan en el trazo de 200 kilómetros permanecen en resistencia.
Contralínea realizó un recorrido en las comunidades de Juchitán, Salina Cruz, San Mateo del Mar y Álvaro Obregón, donde pobladores indican que carecen de información sobre el megaproyecto. Aquí aún no ha habido un protocolo como lo marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): una consulta libre, previa e informada, ni se ha traducido el proyecto en lengua indígena.
No obstante, en el Plan Nacional de Desarrollo se asegura que el 30 y 31 de marzo de este año, en “una consulta realizada mediante asambleas regionales, se obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región: binnizá o zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano, de acuerdo con los artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la OIT y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Al respecto, Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), dice en entrevista que esa institución encabeza un proceso previo a la consulta que permitirá llevar a cabo el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Se trata, dice, “no de una consulta, sino de un proceso de consulta”.
El funcionario argumenta que en este primer acercamiento las comunidades fueron informadas de la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador de integrar ese programa de desarrollo, mismo que “no existe como tal formalmente: todavía no está elaborado, integrado y menos aprobado”.
Aguilar Ortiz expone que con la reciente aprobación del Congreso de la Unión al Plan Nacional de Desarrollo se cuenta con 90 días para integrar los planes específicos, y el Corredor Transístmico es uno de ellos.
Añade que el primer acercamiento permitió recuperar de las comunidades los “conceptos de desarrollo que ellos quisieran incluir en este programa, los componentes que ellos pudieran solicitar para contemplar en este programa… La consulta no fue para la implementación de algún proyecto específico o algún componente específico, sino básicamente para recuperar concepciones de desarrollo de los propios pueblos”.
Resultado de esto, el encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del INPI menciona que se abrieron dos matrices: la primera corresponde a solicitudes de obras requeridas en las comunidades en cada una de las sesiones, misma que se está trabajando en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la asignación de presupuesto. En la idea inicial, expone, “no se contemplaba la atención a obras de infraestructura social, pero eso ha sido un reclamo fuerte de las propias comunidades, de tal manera que ahora se está incluyendo en el programa este foco de atención”.
La segunda matriz, añade el funcionario del INPI, está relacionada con que las comunidades han planteado que el Programa de Desarrollo del Istmo “no debe tener un enfoque individual, no debe impulsar un desarrollo individualista sino de bienestar común. Ellos plantean que se debe de atender con miras a generar un bienestar de la colectividad de cada una de sus comunidades; entonces, bajo esta concepción de desarrollo estamos buscando que se integre el Programa y que sea ese el que se someta a la aprobación del Congreso de la Unión”.
El presidente López Obrador ha indicado que será el capital nacional el principal inversor en el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado el 12 de julio pasado en el Diario Oficial de la Federación, describe: “se alentará la inversión privada, tanto la nacional como la extranjera, y se establecerá un marco de certeza jurídica, honestidad, transparencia y reglas claras. El concurso de entidades privadas será fundamental en los proyectos regionales del Tren Maya y el Corredor Transístmico, en modalidades de asociación público-privada”.
A decir de especialistas, éste es uno de los proyectos que ha pretendido instrumentarse desde principios del siglo pasado, por medio de distintas fases: el desarrollo de las vías ferroviarias, Megaproyecto del Istmo, Programa Integral de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, Plan Puebla Panamá, Zonas Económicas Especiales.
Ahora, el gobierno federal evaluó que en el ordenamiento territorial y urbano en torno a las terminales marítimas de Coatzacoalcos y de Salina Cruz había “déficits en infraestructura y, en general, de servicios; incongruencias en el uso de suelo, especulación e invasión de predios, graves problemas de contaminación y afectación al medio ambiente”.
Ya en el Plan Nacional de Desarrollo se expone que este Corredor será parte del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec que, oficialmente, tiene como objetivo “impulsar el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano. Su eje será el Corredor Multimodal Interoceánico, que aprovechará la posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte”.
En este contexto, se pretende modernizar el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz “para que puedan ofrecer servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos; se fortalecerá la infraestructura carretera y de caminos rurales y la red aeroportuaria y se construirá un gasoducto para abastecer a empresas y consumidores domésticos. A lo largo del recorrido entre ambos océanos se crearán zonas libres para atraer inversiones del sector privado, las cuales se dotarán de infraestructura y se garantizará el abasto de energía, agua, conectividad digital y otros insumos básicos para cubrir las necesidades de las empresas y de la población trabajadora”.
Promete que en los 76 municipios oaxaqueños y veracruzanos involucrados el Programa disminuirá el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta; además de que ofrecerá: combustible a precios reducidos, construcción de infraestructura urbana y proveerá de servicios educativos y formación de capital humano, vivienda, movilidad e infraestructura para la investigación y el desarrollo tecnológico.
Se trata de un proyecto “reeditado”, dice Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT).
Destacada como una de las mujeres por la resistencia y la defensoría del territorio, así como de los derechos humanos ante la llegada de proyectos eólicos, ahora enfrenta el desplazamiento forzado, la desintegración temporal de su familia, atentados contra su vida y amenazas de muerte, motivos por los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó la medida cautelar 685-16.
Ingeniería Agrícola por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Bettina Cruz arguye su oposición a esta megaobra planteada por el gobierno federal “es un viejo sueño del capitalismo y de otros momentos históricos que ha pasado el país, para apoderarse de este espacio estratégico para el movimiento de mercancías… donde lleven materia prima para poder transformar y poder exportarlas ya las partes transformadas. También, un muro de contención para migrantes”.
Para Gilberto López y Rivas, profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el proyecto es “lesivo y agresivo para los territorios indígenas”. Se trata de un plan del siglo XIX, basado en el Tratado McLane-Ocampo, de la administración de Benito Juárez, “que es el teórico del presidente”, firmado con “Estados Unidos para conseguir dinero para la guerra de Reforma, en 1859; es tan viejo como eso”, expone.
En tanto, el defensor de derechos humanos, Marcelino Nolasco Martínez, coordinador del Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, AC, critica a la clase política liderada por el Partido Revolucionario Institucional, por la introducción de la minería y los parques eólicos a este espacio, sin el aval de la población. Pero enfatiza son proyectos a los que da continuidad la izquierda, a través del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Los priístas, dice, fueron los que hicieron posible que las empresas extranjeras pudieran acampar en el Istmo, “pero no es extraño que Morena esté impulsando esta avalancha de empresas extranjeras porque la izquierda mexicana soñó allá en la década de 1970, que la única manera de oponerse al PRI, también era hacer una propuesta económica. En ese tiempo, la energía verde en Europa era un boom”.
“López Obrador nos rebasó porque no se esperaba todo esto, con el PRI ya sabíamos que nos iban a madrear, pero con López Obrador la gente esperaba un mínimo de consideración”, dice el defensor de derechos humanos en el Istmo.
Luis Miguel Cano López, abogado especialista en la defensa de los derechos humanos es enfático en que “primero había que preguntarle a toda la gente que habita la zona si esa es su idea de progreso, de desarrollo y si eso es lo que quiere. En estos megaproyectos debe ser razonable la información llegue a las personas, que cuenten con ayuda de especialistas, de instituciones académicas, científicas, que puedan aportar cosas”.
El defensor reitera que la consulta debe llevarse en los puntos por dónde se tenga programado la obra, pues “la gente de las comunidades realmente afectadas va a decir: usted no puede pasar por encima de mis derechos, de los lugares que habito, por encima de mis territorios apelando a que una consulta [a mano alzada] ha dicho que por aquí puede pasar y hacer lo que quiera”.
En esta región están asentadas las comunidades indígenas binnizá (zapoteco), ayuuk (mixe), zoque, ikoots (huave), chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl, totonaco, afromexicano, conforman el corredor del Istmo de Thehuantepec.
Los municipios que lo comprenden: Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Unión Hidalgo y Ciudad Ixtepec en el estado de Oaxaca; así como Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan en Veracruz.
Con respecto a los municipios oaxaqueños, indicadores oficiales muestran que conforman una de las regiones más deprimidas del estado y del país. Los índices de marginación y miseria se mantienen, desde hace años, entre los de principal atención a nivel nacional.
El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, indica que en Oaxaca hay cerca de 31 por ciento de la población que vive en situación de pobreza se concentra en 20 municipios, entre los que se encuentran los de esta región.
También es una zona con grandes atractivos empresariales, la explotación de la minería, la sal, el viento (a través de los parques eólicos) y hasta la refinación del petróleo ha generado expectativas económicas para los dueños del capital y el Estado, y han prometido una derrama económica a los pueblos circunvecinos que no se ve reflejada pese al paso de los años.
Los resultados de las promesas de bienestar han significado un fraude, el desarrollo y progreso prometidos han sido en beneficio de las cúpulas empresariales y de los grupos políticos que ostentan el poder, mencionan los lugareños.
En este corredor están las comunidades como la de indígena binnizá, en Álvaro Obregón, donde sus habitantes carecen de servicios básicos. Incluso, de los programas de la Secretaría del Bienestar y tampoco se les ha dotado de los recursos destinados para la reconstrucción de viviendas, tras el terremoto de hace casi dos años, de 8.2 grados de magnitud, ocurrido el 7 de septiembre de 2017.
Ya en el poder, el 14 de junio pasado, el proyecto promovido durante campaña fue ratificado en el Diario Oficial de la Federación, a través del decreto por el que se crea el “organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.
En el documento oficial se asienta que con base en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “el Estado tiene la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que ésta sea integral y sustentable”.
Además, que el Ejecutivo “tiene el objetivo de proveer las condiciones para que la actividad del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales”.
Para López y Rivas “el problema es qué significa la cuarta transformación, qué significado tiene en términos de lo que es el capitalismo y sus modalidades. Estamos ante lo que podría ser un tipo de neodesarrollismo, igualmente extractivista, agresivo y violento, pero de carácter nacionalista”.
Brenda Pérez, coordinadora del área de Desplazamiento Forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, comenta que es importante visualizar que a partir de la proyección de un megaproyecto inicia un periodo de resistencia por parte de algún sector de la población y esta no ha sido un tema de atención prioritaria para el gobierno en los últimos años.
Por lo que, añade, es importante generar información que le permita al gobierno tener información de las problemáticas de la zona o regiones para que estas contribuyan a una evaluación adecuada del proyecto y “siempre que se piense en otros términos, correspondientes a una lógica capitalista, no sea sobre los derechos de las personas que puedan ser afectadas”.
Mario Quintero, integrante de la coordinación general de la APIITDTT, comenta que varias organizaciones de la región consideran que este programa desarrollo integral, “no es más que la continuación del saqueo y el despojo neoliberal”.
El defensor de derechos humanos enfatiza que las organizaciones de esta región han llevado varias “batallas” legales por la imposición de megaproyectos, como los parques eólicos, bajo la exigencia por la consulta libre, previa e informada, “y de manera irrisoria este nuevo gobierno implementa un modelo de consulta a mano alzada, cuando en la región habitan más de siete pueblos indígenas que conviven social, cultural y económicamente en los pequeños comercios y con productos de la región”.
Ante el planteamiento de estas problemáticas, Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del INPI, dice que he escuchado la crítica de que no se está llevando la consulta en lengua indígena, pero “no es cierta, en todas las asambleas consultivas se ha proporcionado la información en su lengua y se ha contemplado la presencia de traductores.
Expone que en la reestructuración del INPI, “la mayor parte del personal y de los directivos son gente de las propias comunidades… hemos cuidado con bastante atención estos elementos, desde la propia contratación del personal, en esta nueva visión del presidente de la República, su instrucción fue que el instituto estuviera integrado preferentemente por personas indígenas hablantes de su lengua; desde el propio director [Adelfo Regino Montes]”.
Con respecto a la conflictividad social que prevalece en la zona, indica: no sólo se tiene que buscar cómo aprovechar la situación estratégica de ubicación de esta región del territorio nacional, “sino que se tiene que pensar en resolver en su integralidad toda la problemática de los pueblos indígenas ubicados en esta zona: eso incluye, el ejercicio de derechos territoriales, del derecho de consulta, el ejercicio de derecho de autonomía y la solución de las conflictividades internas”.
Érika Ramírez, enviada
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