El negocio de la ciencia

Primera parte. Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue contundente: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortará el 75 por ciento del presupuesto para gastos de operación y eliminará fideicomisos que nutrían de recursos sin control a los centros de investigación del país.

En nota de Aseneth Hernández –publicada en la página de Contralínea–, el primer mandatario afirmó que se van a seguir entregando becas a los investigadores y a las escuelas de manera directa, pero ya no habrá intermediarios “porque por eso pueden incurrir en actos de corrupción”.

Mucha razón tiene el jefe del Ejecutivo del uso discrecional de dinero público que hacían varios investigadores y científicos con dichos fideicomisos y fondos sectoriales, quienes habían creado empresas privadas para darse contratos ellos mismos y gastar millones de pesos sin control alguno, con sueldos elevados, viáticos y contratos a modo.

En el Conacyt hay 56 fondos sectoriales (fideicomisos) que, junto con alguna secretaría de Estado o dependencia de gobierno, destinan recursos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, el Fondo Semarnat-Conacyt administra recursos para la investigación en materia ambiental, mientras que el Fondo Inmujeres-Conacyt dedica recursos para investigar problemáticas y necesidades de mujeres.

De acuerdo con el libro blanco CONACYT-Secretaría-Sustentabilidad-Energética, otra de estas figuras es el Fondo Sectorial Sener-Conacyt, que surgió con el objetivo de “impulsar la investigación científica y tecnológica aplicada, así como la adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico en materia de fuentes renovables de energía, eficiencia energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía”.

En 2013, a principios del gobierno de Enrique Peña Nieto y a raíz de la reforma energética, el objetivo del Fondo Sener-Conacyt se modificó: el amplio significado de la palabra “impulsar” se redujo al de “financiar”, y se agregaron otros objetivos, como “el registro nacional o internacional de propiedad intelectual, formación de recursos humanos especializados, becas, creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos o profesionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, divulgación científica, tecnológica e innovación y de la infraestructura que requiera el sector energía”.

Así, el objetivo de dicho Fondo tuvo entonces un cambio de paradigma, es decir, de estar centrado en la ciencia y la tecnología pasó a centrarse en los científicos y tecnólogos. Por supuesto, un cambio semejante no podía quedarse en el plano puramente filosófico, sino que pegaría con todo sobre distintas cuestiones prácticas: la primera y más obvia fue sobre las reglas de operación de este fondo.

A diferencia de otros que no fueron afectados por la reforma energética y donde se prohibía explícitamente financiar “honorarios, sueldos, salarios o cualquier forma de pago para personal adscrito a las instituciones o empresas participantes”, las nuevas reglas de operación del Fondo Sener-Conacyt consideran como un rubro financiable los “recursos humanos”; es decir, “el costo de las horas-hombre directamente relacionadas con el desarrollo del proyecto… También el apoyo económico para los investigadores, expertos, tecnólogos y profesionistas asociados, incorporados al desarrollo del proyecto… que no estén adscritos a alguna institución o empresa”.

En otras palabras, gracias a este cambio en las reglas, los científicos participantes dentro de algún proyecto de investigación financiado por este Fondo podrían cobrar honorarios como investigadores, además de lo que ya recibían de sus centros de investigación.

Aquí cabe aclarar que no todos los investigadores cobran estos honorarios; sin embargo, es difícil saber cómo se reparten estos dineros entre los participantes, pues existe una fuerte oposición a transparentar el gasto por parte de los coordinadores del Fondo.

Lo que sí se sabe, es que uno de los proyectos apoyados es el Cemie-Bio: Cluster Biocombustibles Gaseosos, encabezado por el doctor Elías Razo Flores, del IPICYT (Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica), que gastó en las cinco etapas que hasta ahora lleva el proyecto 13 millones 613 mil 319 pesos en el rubro supuesto de “recursos humanos”, y que otro proyecto del mismo Cemie Bio (pero esta vez el Cluster es encabezado por el doctor David Ríos Jara) lleva gastado –en cuatro de las ocho etapas que dura el proyecto– 27 millones 116 mil 157 pesos, supuestamente también en “recursos humanos”.

Cabe aclarar que no todos los fondos cuentan con presupuestos millonarios y que, por tanto, no todas las líneas de investigación en el país reciben el mismo apoyo de Conacyt. Por ejemplo, mientras que en 2019 el Fondo Sep-Conacyt destinó 743 millones de pesos para financiar 488 proyectos de ciencia básica –es decir, en promedio 1.5 millones de pesos por proyecto–, sólo el monto total del proyecto encabezado por el doctor Ríos Jara recibió 380 millones 795 mil 788 pesos (el 51 por ciento del total), de los cuales se tiene programado gastar “65 millones 115 mil 687 pesos en recursos humanos” y “10 millones 71 mil 795 pesos en pasajes y viáticos”.

La razón de esta enorme disparidad en los presupuestos tiene su origen en la Ley Federal de Derechos, que es su artículo 245 bis establece que “Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía, aplicando la tasa del 0.65 por ciento al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año”.

 

Con la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que ningún servidor público puede obtener una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República, era de esperarse que algunos investigadores, cuyo salario rebasaba esta barrera, aprovecharan la confusión de la reforma energética para defender sus privilegios.

Por ejemplo, en entrevista con el periódico La Jornada, el doctor José Luis Morán, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias e Investigador titular “C” del IPICYT, declaro?: “son muy preocupantes las decisiones que se están tomando en materia de ciencia […]. Esta comunidad ha sido golpeada por medidas como la aplicación de la Ley de Remuneraciones, que limita las percepciones de los servidores públicos”. Por esta razón, el doctor Morán ha propuesto que los investigadores que, como él, trabajan en el ámbito federal, no sean considerados servidores públicos.

Otra cosa que cambió fue la aparición de nuevos participantes en los proyectos financiados por este Fondo. Algunos científicos dejaron sus oficinas y laboratorios para convertirse en entusiastas empresarios por la apertura del “mercado de las ideas”.

Para ayudar a los nuevos científicos-empresarios en las artes del emprendimiento, se dispuso como ayuda otro Fondo de la Secretaría de Economía-Conacyt.

Gracias a este Fondo se crearon las llamadas Oficinas de Transferencia Tecnológica u Oficinas de Transferencia de Conocimiento. Su función era vincular a los científicos con la industria y, en todo caso, ahorrarles el tedioso trabajo de tramitar patentes o solicitar más fondos al gobierno para realizar sus investigaciones. Curiosamente, como algunos científicos y funcionarios del sector eran quienes habían hecho este trabajo desde siempre, aparecieron otros híbridos: los científicos-vinculadores y los funcionarios-vinculadores.

Un buen ejemplo lo tenemos en el exdirector del Conacyt, el ingeniero Jaime Parada Ávila, quien abrió su propia Oficina de Transferencia Tecnológica llamada Inncom (que incluye la gestión de fondos gubernamentales), y quien llegó a venderle al propio Conacyt y a uno de sus centros de investigación –el Cimav (Centro de Investigación en Materiales Avanzados)– algunos proyectos para permitirles alcanzar “excelencia internacional” y “nuevas líneas de investigación en energías renovables”.

Otro de los negocios de este exitoso funcionario-vinculador fue el de venderle al Cemie-Sol (en donde por cierto él fungía como parte del comité evaluador) un estudio sobre el aprovechamiento de la energía solar a nivel comercial.