Claudia trabaja desde hace ocho meses en labores de limpieza de un edificio público y permanece a la espera de que la den de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para tener acceso a la atención médica.
Diariamente, Claudia se traslada desde el Estado de México y recorre casi dos líneas completas del Metro para estar en punto de las 7 de la mañana, de lunes a sábado. Es empleada de una empresa outsourcing llamada Got, anteriormente Micmar, que provee servicios de limpieza al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Su salario corresponde a 2 mil 600 pesos mensuales, los mismos que apenas “le alcanzan para lo indispensable, es muy poco”. Sobrelleva su situación económica porque, “afortunadamente”, en su casa todos trabajan. “Así es un poco más fácil, pero para una sola persona es difícil sobrevivir con 1 mil 300 pesos a la quincena (86.66 pesos diarios)”. Consciente de su situación, dice que es irónico trabajar bajo esas condiciones en el Tribunal Superior de Justicia.
Para Claudia lo más urgente es tener seguridad social. Relata que “una compañera se enfermó y no la dejaron salir, sólo le dijeron que fuera a la enfermería; luego, se puso muy mal y no le permitieron retirarse… Hay veces en que necesitamos faltar [por enfermedad] y nos descuentan más de lo que es el sueldo del día, no ganamos ni 100 pesos diarios y cuando faltamos descuentan hasta lo triple”.
Mariana Morales Hernández, directora general de la Fundación en Pro de la Educación Sindical, comenta que en servicio de limpieza son mujeres en su mayoría y reciben un bajo salario de entre 2 mil 400 y 2 mil 800 por mes.
“Son trabajadores que no tienen prestaciones básicas como es seguro social, vacaciones pagadas, y las condiciones generales de su cotidianeidad son muy malas: muchas veces comen en los baños de los edificios o en las bodegas, junto con los materiales de limpieza, que incluso pueden ser tóxicos, tampoco tienen un horario definido para comer”, dice la defensora de derechos laborales.
“El tema del seguro social es muy grave, hemos encontrado casos en los que la gente se ha lastimado, se cae, se resbala, se fractura, mientras está en su horario de trabajo, y no se puede atender porque no tiene seguro social. El argumento de la empresa es que como acababa de entrar (hacía tres meses) no estaba todavía dada de alta”, expone.
El informe de Censos Económicos 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que el modelo de subcontratación, conocido como outsourcing, creció en un 48 por ciento en 10 años. En México, se calcula, hay unos 4 millones 920 mil 641 empleados contratados por outsourcing, según datos de la institución.
“La intermediación ha sido una de las actividades más innobles de la historia, porque es la acción del comerciante cuya mercancía es el trabajo del hombre, para no decir que el hombre mismo, el mercader que compra la mercancía a bajo precio y la vende a una cantidad mayor, el traficante que sin inversión alguna obtiene plusvalía”, cita el documento El intermediario y el derecho del trabajo mexicano, elaborado por la experta en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Martha Rodríguez Ortiz.
Francisco Retama, coordinador de Investigación Estratégica de la Fundación en Pro de la Educación Sindical, explica que la figura del outsoucing existe desde hace varios años, particularmente en las áreas de limpieza y otros sectores de servicio.
“Consiste, básicamente, en la idea de que una actividad que no es central en una entidad económica se puede desplazar para que otra entidad subordinada sea quien la realice con el pretexto y argumento que una mayor especialización se puede realizar con mayor eficiencia, rapidez y eficacia”, expone.
Las cifras de la Fundación en Pro de la Educación Sindical han contabilizado unos 150 mil empleados en 60 empresas, bajo la modalidad de outsourcing, según estimaciones de la propia Fundación. Sin embargo, el padrón de las empresas tiene un cambio constante, pues son compañías que “surgen y desaparecen”, cambian de razón social, como una forma de evadir sus responsabilidades con los trabajadores y con el fisco.
El acceso y pláticas que han tenido los defensores de derechos laborales con personal que es contratado por outsourcing y que trabajan en edificios públicos del gobierno local y privados, enlistan al Corporativo de limpieza (Unilimp S.A. de R.L.), Royal Servicios de Limpieza, Suministros y Servicios Eficaces S.A. de C.V. (SSE), Integrated Services Solutions FINCA, Multiservicios Especializados de Toluca, S.A. de C.V. (METOLSA). Estas empresas prestan sus servicios en edificios del gobierno de la Ciudad de México.
En tanto que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se encuentra Multiservicios Especializados de Toluca, S.A. de C.V. (METOLSA); la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo lleva contratos con Distribuidora Comercial Ronyte, S.A. de C.V. y Diseño particular de limpieza S.A. de C.V. (Dispalim); la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con Integrated Services Solutions FINCA; Telmex Cuicuilco con Lava Tap S.A de C.V; Edificio El Nuevo Mundo con Jani King S.A. de C.V. y el Jani King S.A. de C.V., a Ficot S.A. de C.V.
“Ninguna empresa paga utilidades, no es generalizado el pago del seguro social, ninguna empresa firma contrato con sus trabajadores y trabajadoras, no existe un reglamento interior de trabajo, no se cumplen los estándares mínimos de seguridad e higiene y muchas veces se enfrentan con discriminación y acoso sexual y laboral”, dice el documento elaborado por la Fundación en Pro de la Educación Sindical.
Blanca es otra empleada de limpieza subcontratada por la empresa Gluton, que presta sus servicios en los tribunales capitalinos. Ella recibe 1 mil 380 pesos quincenales desde hace 5 años que trabaja en oficinas públicas.
Sin embargo, su permanencia en la empresa no le ha generado antigüedad laboral, pues cada año es recontratada bajo una nueva razón social. Con los ingresos que obtiene, dice, “se hacen milagros, hay que estirar el gasto. Tampoco cuenta con el registro del IMSS, ni prestaciones, ni vacaciones y el pago de aguinaldo no llega ni a lo de una quincena”. Su único apoyo económico es su hija, que dice, ella si tuvo estudios, pero tiene a cargo la manutención de una bebé. De enfermarse, ni hablar, porque “si nos enfermamos o llegamos a faltar nos quitan el día, nos descuentan hasta 300 por la falta, enlista con desgano”.
Los trabajadores de las outsourcing son personas en condiciones de vulnerabilidad por distintas razones, dice Francisco Retama, “quizá la más evidente y recurrente es que se trata de personas de edad avanzada, como en el caso del Metro, que hay personas con hasta 80 años. Esto tiene que ver con que son personas que ya tuvieron una vida laboral anterior, que incluso llegó a un momento de jubilación por edad avanzada y entonces, como tienen una pensión, las empresas omiten la responsabilidad de hacer un registro de estas personas ante el seguro social, es una forma de evadir esa responsabilidad y ese costo laboral
“La otra es que se trata de personas con un grado de escolaridad bajo, no tienen a veces la primaria concluida o la secundaria y entonces, aparentemente, no hay otras opciones de trabajo para esas personas, que finalmente son contratadas por las empresas outsourcing”, dice.
Finalmente, comenta el investigador, muchas personas viven en la periferia de las ciudades, en las zonas conurbadas y son, muchas veces, migrantes que no tienen otra posibilidad de trabajo, pues en estas empresas que aparentemente no piden mayores requisitos para aceptarlas en su ingreso. Eso sí, comenta Retama, a todas les piden demostrar que no tienen antecedentes penales.
Pese a las paupérrimas condiciones laborales con las que se desempeñan los trabajadores de limpieza, contratados por las outsourcing, para ellos llega a ser indispensable la contratación de dobles turnos; con ello, apenas alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.
“No me gusta tanta injusticia, pero qué le vamos a hacer”, dice indignada, “los patrones no nos dan el seguro a tiempo, sino después de tres meses; pide uno permiso para ir a consulta y le descuentan el día, el aguinaldo es de apenas 130 pesos; las vacaciones no las paga y mejor no sale uno. Todos tenemos bajos salarios, y por eso hay que doblar turno”. El de ella es de 1 mil 400 pesos a la quincena “Yo creo que Diosito me ayuda porque somos 4 personas y con mi sueldo la vamos pasando”, expone.
Con 41 años de trabajo pretende jubilarse pronto. Además, su salud se lo exige, recientemente fue sometida a una cirugía en las rodillas y cada vez le cuesta más trabajo desempeñar sus tareas, se cansa más. El trámite ha sido imposible porque bajo el esquema en que ha sido contratada por muchos años, en el IMSS le dicen que todavía no son suficientes para cotizar ante la institución y así obtener ese derecho laboral.
José Alfonso Bouzas Ortiz, doctor en derecho por la UNAM, comenta que el tema de la tercerización es “la pandemia de las relaciones laborales hoy, no sólo en México sino en el mundo”. De acuerdo con la teoría organizacional, explica, se terciariza para ser más productivo y eso suena adecuado; el trabajo especializado realizado por personas especializadas, pero en realidad, la finalidad no se cumple.
“La terciarización es para realizar actividades básicas en la empresa; sin embargo, se utiliza como mecanismo para abatir derechos laborales. Desafortunadamente, el trabajo de un trabajador tercerizado no genera derechos en la empresa a la que presta sus servicios, y la jornada, el salario, la estabilidad en el empleo y antigüedad, se ven afectados”, comenta el especialista en temas laborales.
Ante la contratación por parte de entidades pública a nivel municipal, local y federal, el académico de la UNAM dice que es sorprendente que se realice mediante esquemas de terciarización y esto sucede con independencia de partidos.
Entre las observaciones que hace Bouzas Ortiz se encuentra que hay un problema de correlación de fuerzas, ya que “los sindicatos están bocabajo, ya sea porque son corporativos o porque son independientes y no pueden sacar la cabeza porque se las cortan y eso posibilita el que esquemas como éste y otros más de violación de derechos laborales sean la realidad en nuestros días”.
Ante la situación que atraviesa este sector de trabajadores de limpieza, comenta Mariana Morales Hernández, directora general de la Fundación en Pro de la Educación Sindical, “es urgente revisar los mecanismos de contratación. El gobierno de la Ciudad de México tiene una serie de normatividades para subcontratar los servicios con muchos vacíos y lagunas: no especifica nada, sólo que hay que contratar lo que salga más barato; entonces, bajo esa premisa ¿qué implica el menor costo?”, reclama la también activista en defensa de los derechos laborales.
Érika Ramírez
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