Si alguna virtud puede reconocerse a la derecha neoliberal gobernante es su travestismo político, su humor negro populista; su habilidad, audacia y cálculo, aderezados con una gran dosis de cinismo, para combinar programas radicalmente antisociales con otros de apariencia liberales, por medio de los cuales conceden a las mayorías algunos beneficios restringidos, normalmente promovidos por los grupos progresistas y de izquierda que no ponen en riesgo el orden establecido ni su proyecto de nación. Los últimos planes, de naturaleza limitada, o sus soluciones de corto plazo a problemas específicos les permiten modelar una fachada de gobiernos populares, supuestamente preocupados por fortalecer el papel del Estado como defensor de los intereses de la población, la seguridad, el bienestar y la justicia sociales, pero sin reivindicar el intervencionismo y el paternalismo estatista, el cual rechazan ideológica y políticamente, y sin apostatar de su fundamentalismo librecambista.
Al barnizar de “social” sus estrategias neoliberales –por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari las matizó con el eufemismo de “liberalismo social”; Enrique Peña Nieto con el de “reforma social y hacendaria”–, la derecha gobernante muestra su disposición, a menudo forzada por el descontento y las movilizaciones del pueblo, a conceder algunas migajas escasamente seductoras a los damnificados por sus prácticas autoritarias y las secuelas perversas de sus contrarreformas estructurales económicas y sociopolíticas en favor del tiránico e inexistente “libre mercado”, término bajo el cual se oculta el hecho de que los principales beneficiarios de ellas son los grupos oligárquicos y conservadores. A cambio, las elites y su príncipe esperan ganar credibilidad, legitimidad y popularidad entre los beneficiarios, además de cooptarlos; ampliar sus márgenes de dominación y de acción para tratar de asegurar la estabilidad del sistema y el control social que asegure la reproducción ampliada de la acumulación de capital neoliberal, garantizar la continuidad de sus políticas públicas y la profundidad del ajuste estructural y mantener su hegemonía y permanencia en el poder.
Es en esa perspectiva en donde deben ubicarse dos de las iniciativas del Ejecutivo, convertidas en ley por los legisladores y el Congreso de la Unión, las cuales se instrumentarán a partir de 2014: el seguro contributivo contra el desempleo y la pensión mínima que se otorgará “a todos los mexicanos mayores de 65 años”, lo que implicará su otorgamiento a aquellos “que no cuenten con un sistema de ahorro para el retiro o pensión del IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social] o ISSSTE [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado]”, respetando los apoyos similares concedidos por gobiernos locales, como el capitalino. El segundo punto será revisado en otra oportunidad.
Orondos, los peñistas señalan que los nuevos derechos elevados a rango constitucional representan un acto de justicia social. Son “un derecho humano y a la seguridad social, una necesidad económica y social para el desarrollo y el progreso”. Constituyen “una herramienta importante para prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión social”. De paso, las medidas aprobadas permiten quitarles a las elites mexicanas, de aspiraciones primermundistas, el horrendo estigma tercermundista de ser las únicas de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que siempre habían negado a los trabajadores un seguro de desempleo. Desde luego, esa negativa no les inquietaba si se considera que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2012, “más de 70 por ciento de los trabajadores en el mundo no tiene acceso al seguro de desempleo ni a ningún tipo de asistencia en caso de pérdida del empleo. De los 198 países que monitorea la OIT, sólo 72 tienen regímenes de seguro de desempleo. La mayoría son países de medianos y altos ingresos. El número de desempleados sin seguro de desempleo es [de] 86 por ciento si se incluye a aquellos que no han contribuido al sistema de seguridad social tiempo suficiente y, por lo tanto, no pueden acceder a un seguro de desempleo. Muchos regímenes de seguro se basan en las contribuciones. La cobertura del seguro de desempleo varía mucho entre las regiones. En Europa occidental, América del Norte y Europa central y oriental llega al 80 por ciento; en América Latina y el Caribe al 40; en Oriente Medio y Asia es menor de 20 y en África es inferior al 10 por ciento. Es decir, hasta el momento estamos peor que los africanos.
A Enrique Peña y sus Chicago Boys no les inquieta desviarse marginalmente de la ortodoxia económica que profesan, la cual supone que el desempleo involuntario no existe, pues el mercado, la oferta y la demanda tienden al equilibrio –recuérdese la expresión de Pedro Aspe: “el desempleo es un mito genial”; Robert Lucas, gurú de esa doctrina, dice que esa situación es una elección del trabajador entre el ocio y el trabajo–, y que su presencia se debe a factores extraeconómicos: el seguro de desempleo, el salario mínimo, los sindicatos, la indemnización por despidos o la legislación de seguridad de empleo, como señalara Milton Friedman y refrendara el Banco Mundial (Promover el desarrollo social. Contribución del Banco Mundial a la cumbre social, Washington DC, 1995). Alan Greenspan escribió que “las redes de seguridad social, las leyes laborales y programas de redistribución de la renta inhiben el ejercicio pleno del laisser-faire” (La era de las turbulencias, Ediciones B, Barcelona, 2007).
Al cabo, la segunda “anomalía” los neoliberales criollos la controlan y reprimen sus alzas por debajo de la inflación, y las restantes las disuelven con la contrarreforma laboral. La derivación política es obvia: para no “inhibir el laisser-faire” (dejar hacer, dejar pasar) y abatir el desempleo, tienen que eliminarse las interferencias de la protección social.
Tampoco les preocupa apropiarse de uno de los preceptos de lo que fue el Estado de bienestar, ni llegar tarde a la cita con la historia, digamos 79 años después, ley de la seguridad social (Social Security Act), de 1935, Franklin D Roosevelt institucionalizó la jubilación para mayores de 65 años y el seguro contra el desempleo como parte del sistema de protección social a nivel federal y de la redistribución de la riqueza y la atenuación de las desigualdades sociales.
A los peñistas no les gustaron las dos últimas políticas y las dejaron de lado. Entre Keynes y Friedman optaron por éste, aunque bastardeándolo.
Actualmente, el seguro de desempleo y la seguridad social son sometidos a cada rato al tormento de la guillotina por los Torquemada neoliberales. Los mutilan y reducen su papel de reguladores automáticos de la economía (el gasto estatal, el dicho seguro y otros apoyos atenúan el drama de los desempleados y el ciclo económico) en nombre de la austeridad y el equilibrio fiscal. Una muestra: en España, Mariano Rajoy promovió un recorte en el seguro pagado, el cual tiene vigencia de 2 años, siempre y cuando se haya trabajado, de tiempo completo, los 6 años previos. La prestación era del 70 por ciento de la base reguladora (la suma del sueldo percibido por un trabajador sujeto a cotización) durante los 6 primeros meses y del 60 los restantes. Ahora, a partir del séptimo mes, sólo se cubrirá el 50 por ciento, debido a los draconianos programas de ajuste fiscal impuesto por los neoliberales de la eurozona al paciente ibérico. Según Rajoy, la medida es “para animar la búsqueda activa de empleo”. El ocio o el trabajo.
Si son militantes del partido de la austeridad fiscal y enemigos del “ocio” de los desempleados se jodió todo.
El seguro de desempleo será un derecho humillante, degradante, excluyente.
No será acompañado por los subsidios no contributivos concedidos en otros países. Por ejemplo los cupones para alimentos que ofrecen complementariamente los programas asistenciales de Estados Unidos a los desempleados. Los españoles pueden recibir subsidios de acuerdo con las responsabilidades familiares de los solicitantes, su edad, la carencia de rentas y otras circunstancias personales particulares. También los que no tienen derecho a la prestación contributiva o la hayan agotado, los emigrados retornantes, o los que salieron de las cárceles luego de una condena de al menos 6 meses. Argentina instrumentó el plan de jefas y jefes de hogar desempleados (Programa Jefes y Jefas de Hogar). En Alemania se apoya a quienes no tienen derecho a las prestaciones por desempleo total, o si la recibieron durante un máximo de 12 meses pueden solicitar adicionalmente un beneficio que impide que las personas caigan en la miseria (este año ha sido de 382 euros e incluye gastos para una vivienda adecuada con calefacción o la atención médica). Asimismo, una pareja puede recibir apoyos por cada uno además de sus hijos.
Comparado con ellos, el seguro mexicano será avaro, entrará en vigor en condiciones adversas para los futuros desempleados y estará aunada la avalancha de impuestos peñistas. El humor de patíbulo: mientras estén en el arroyo, los desempleados no padecerán el saqueo fiscal que sufrirán las prestaciones de los empleados (aguinaldo, prima vacacional, fondos de retiro, vales de despensa y demás bisutería); pero sí, el alza de los precios en los bienes y servicios públicos, como el gas, las gasolinas o la electricidad. Las secuelas de la recesión. La “flexibilidad” laboral que facilita y abarata el despido del asalariado según el estado de ánimo de los costos de producción, la acumulación y la rentabilidad del capital. El debilitamiento de los sindicatos, víctimas de la pérdida de agremiados por el desempleo, la tiranía del ciclo económico o el sometimiento de sus dirigentes al corporativismo del Estado y el capital. La reprivatización de los bienes de la nación que exigirá el sacrificio de más trabajadores, digamos en las industrias eléctrica y petrolera. Pero sobre todo, por el crónico problema estructural irresuelto que, como plaga bíblica, asola a México desde que los neoliberales asaltaron el poder: el inveterado estancamiento económico y la escasa capacidad de los sectores productivos para generar empleos formales, fenómeno que se reproducirá durante el peñismo.
La justificación para instaurar el seguro fue la supuesta necesidad de “mantener parcialmente el bienestar de los hogares ante la pérdida de ingresos laborales y proporcionar los medios adecuados a los desempleados para poder reincorporarse al mercado laboral en condiciones aceptables”, según rezan los Criterios de política económica 2014.
¿Cuánta justicia social representará el seguro; cuán “parcial” será el bienestar de los hogares que tratará de mantenerse y cuáles serán las posibilidades de los desempleados para reintegrarse posteriormente al mercado laboral formal?
Las carnes del seguro son tan generosas como las magras de un perro callejero abandonado a suerte a mitad de una avenida de alta velocidad.
Las condiciones impuestas para demandar el seguro de desempleo son, por definición, excluyentes, al igual que en otros países. Sólo “podrán acceder a la prestación todos aquellos desempleados del sector formal (permanentes o eventuales) independientemente de la situación que haya originado el episodio de desempleo”. Ello, siempre y cuando hubieran trabajado durante al menos 2 años antes de quedar sin empleo.
La tasa de desempleo abierto fue de 5.29 por ciento de la población económicamente activa (PEA) en septiembre pasado, si se considera la serie original corregida por efectos del calendario, o de 4.92 si toma en cuenta la versión “desestacionalizada”, la más baja de los 34 países de la OCDE después de Japón y Austria. Los porcentajes equivalen a unos 2.8 millones de personas. Al cierre de 2012 eran 2.5 millones, así que, alegremente Enrique Peña Nieto ha contribuido con la diferencia. Cuando se inicie la era del seguro su cantidad de desempleados será más amplia, debido a que la economía todavía no toca el fondo de la recesión y, por tanto, es incierto determinar cuánto tiempo tardará de salir del fondo del pozo, a qué ritmo y cuántos desmovilizados serán reabsorbidos.
Los candidatos iniciales al seguro serían alrededor de ese número si cumplen el requisito de al menos 2 años de ocupación continua en el mercado laboral formal. Si el principio se aplica exclusivamente a los desempleados de 2014, entonces los beneficiarios podrían ser del orden de 300 mil, si se toma como referencia los que se estrenaron como tales durante el primer año peñista. Visto serenamente el asunto, no son demasiados si se considera que la PEA es de poco más de 52.2 millones.
Junto a ellos subsiste otro número de trabajadores en condiciones críticas y que casi los duplica. Por su situación, difícilmente cumplirán el requerimiento señalado para solicitar el seguro en caso de que se les cierren completamente las puertas de las empresas. Son los subempleados. Suman 4.3 millones de personas.
Sin embargo, el problema principal radica en otro ámbito. Básicamente, aquellos son los candidatos nominados por el ciclo económico que, para su desgracia, los convirtió en desempleados con credencial de formales.
Pero a su lado están los que padecen las consecuencias estructurales del funcionamiento del modelo. Es decir, el estancamiento; las reformas económicas (apertura comercial y financiera, la menor presencia estatal, la transnacionalización); la política económica (el privilegio del control de la inflación sobre el crecimiento, la sobrevaluación cambiaria, la austeridad fiscal, la contención salarial y de la demanda interna); la recomposición de las bases de acumulación hacia las actividades intensivas de capital cuya dinámica depende de la evolución del mercado mundial, sobre todo el estadunidense, y no del local. El cambio del modelo de economía cerrada por el de economía abierta trajo como consecuencia la menor capacidad del aparato productivo para generar empleos formales y una brecha cada vez más amplia entre la oferta y la demanda laboral formal.
La peor tragedia está entre los que han sido marginados estructural y casi permanente de la economía formal.
Ellos son los trabajadores desalentados. Los que dejan de buscar un empleo formal y se refugiaron entre la población económicamente no activa, pero que se encuentran disponibles para laborar si algún milagro económico les ofrece una plaza formal. En diciembre de 2012 eran 6 millones 356 mil. A la mitad de 2013 sumaron 6 millones 428 mil.
Otros son los trabajadores que buscaron diversas formas de supervivencia, ya sea porque el mercado formal no les ofrecía nada, o porque las condiciones de éste desalientan a cualquiera que aspire a un estilo de vida mínimamente digna. Son los llamados “informales”, cuyo número pasó de 13.7 millones a 14.2 millones en el lapso referido. Los desalentados e informales suman 20.6 millones y equivalen al 42 por ciento de los ocupados (49.5 millones). ¿Cuántos son candidatos al seguro? Quizá algunos de ellos. Pero antes tienen que formalizarse y pagar sus impuestos. Pero no como lo hace Emilio Azcárraga, por citar a un consolidado elusivo en sus compromisos tributarios. Luego tendrán que esperar hasta 2016 para solicitarlo, con la condición de que sean ocupados durante 2 años ininterrumpidamente y luego perder su fuente de ingresos.
A la distancia se atisban los trabajadores migratorios temporales de la economía estadunidense: poco más de 300 mil anuales, según el Consejo Nacional de Población.
¿Cómo se financiará el seguro de desempleo? Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, propusieron el seguro y con su humor negro querían que fueran los mismos trabajadores quienes lo financiaran con una parte de los recursos de su fondo de viviendas. El Estado sólo aportaría una parte del dinero. El axioma era: ¿vivienda o seguro?
Los diputados pretendieron reducir dicho porcentaje, pero, finalmente, dejaron indefinido el origen de los recursos. El Senado dejó intocado el fondo de vivienda y aprobó una medida más razonable: que el seguro sea financiado con el presupuesto público, por medio de un mayor impuesto a la renta a los sectores de altos ingresos.
¿Cuánto recibirán los agraciados que crucen la aduana de los requisitos? ¿Durante qué tiempo y cuál será el nivel parcial del bienestar de los hogares que el seguro impedirá que se esfume?
En la propuesta original, el monto del seguro dependería de la cantidad del ahorro disponible para ese fin en el fondo de vivienda de cada trabajador. Al momento de escribir esta nota no estaba disponible cómo lo determinó el Senado con su cambio realizado a la iniciativa.
Si el resto de la propuesta queda igual, entonces el Estado sólo garantizará a los desempleados el piso de un ingreso equivalente a un salario mínimo por el periodo máximo de 6 meses. En todo caso, el dinero del seguro estará determinado por el nivel salarial recibido por un empleado antes de convertirse en desempleado. En el primer mes se cubrirá el 60 por ciento del promedio de las últimas 24 cotizaciones. En el segundo, el 50 del mismo promedio, y en los 4 meses restantes, el 40 por ciento. El acceso al seguro impone otra condición razonable: “la participación del beneficiario en los esquemas de promoción, colocación y capacitación que ofrecerá el gobierno federal para su reinserción al mercado laboral”.
El destino del agraciado del seguro puede tornarse en desgraciado si en esos 6 meses no logra reinstalarse en el mercado laboral formal, ya que sólo tendrá derecho al mismo una vez cada 5 años. Si no consigue nada, será su problema, pues la justicia social estatal sólo alcanza para medio año cada quinquenio.
La curiosidad lleva a preguntarse: ¿por qué el seguro será mensualmente decreciente?
La respuesta oficial es simpática: para “incentivar” a los desmovilizados a encontrar un empleo. Otra vez la oreja de Rajoy y Lucas.
La preocupación neoliberal por la elección de los desempleados asegurados, ocio o empleo, es infundada. Con toda certeza puede afirmarse que el dinero que recibirán no les alcanzará para un viaje a la playa o a los casinos de Las Vegas.
La parte del bienestar protegido en poco se diferenciará del nivel de precariedad.
Con la flexibilidad laboral, ¿qué trabajador permanente tiene asegurado su puesto?
La certidumbre, la seguridad, la dignidad, el bienestar laboral son nostalgias bajo el capitalismo neoliberal y laboralmente flexible. Antaño, algunos de esos puntos fueron arañados por los trabajadores, otorgándole una cierta credibilidad al capitalismo.
¿Cuántos trabajadores logarán evitar la cara de la desgracia del desempleo? ¿Qué víctima de esa plaga y que reciba el seguro puede pensar que conseguirá un empleo antes de 6 meses, y que no volverá a ser desempleado los siguientes 5 años?
*Economista
Fuente: Contralínea 361 / 17 de noviembre de 2013
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