El riesgo del ejercicio del periodismo en Guatemala

El contagio vino desde México. Periodistas guatemaltecos, tan vulnerables como los mexicanos. Policías, funcionarios e integrantes de la delincuencia organizada, quienes más atentan contra comunicadores

Guatemala, Guatemala. Desde junio de 2016 fueron asesinados 11 periodistas en nueve departamentos de Guatemala, país donde tiende a incrementarse el contexto de inseguridad para la prensa en general, según el Centro de Reportes Informativos Sobre Guatemala (Cerigua).

De acuerdo con El Observatorio de los Periodistas, que funciona en esa institución, tres de estos crímenes ocurrieron en el departamento occidental de Quetzaltenango, una de las zonas donde más ataques contra comunicadores se reportaron en los últimos años

Frente a este panorama resulta paradójica la disminución de las denuncias recibidas por la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas, del Ministerio Público (MP), respecto a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

Y es que durante los primeros tres meses del 2015 los agravios contra la prensa denunciados sumaron 25, un año después llegaron a 20 y en el presente apenas van por 11 los casos registrados en cuatro departamentos, agrega el informe presentado con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Para los involucrados en la conformación del documento, la reducción en las denuncias de hechos violentos contra los encargados de informar a la población guatemalteca está asociada al incremento en la censura y autocensura de los periodistas.

Esto es particularmente significativo entre “quienes laboran en zonas con alta presencia del crimen organizado y áreas donde el poder político local, especialmente los alcaldes, se ha constituido como uno de los principales censores de la prensa”, precisan.

Destacaron, además, que es usual que periodistas y comunicadores eviten presentar denuncias por “la desconfianza hacia los integrantes de las fiscalías distritales y los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), debido a la relación que éstos pudieran mantener con miembros de estructuras delictivas o funcionarios locales”.

“Prevalece la desconfianza hacia las autoridades encargadas de la seguridad pública y de la persecución penal por su inacción cuando ocurren ataques directos contra reporteros, en la cobertura de accidentes de tránsito o hechos violentos, así como por los pocos casos contra la prensa que han sido resueltos”, señalan.

Otra cuestión negativa es que en este país los policías muchas veces arremeten contra los profesionales de la comunicación y esto incide en que los mismos se abstengan de presentar denuncias cuando sufren amenazas, agresiones físicas u otro tipo de ataques relacionados con su labor profesional.

Varias fuentes concuerdan en que algunos de los principales actores responsables de los ataques contra la prensa son los funcionarios de distintos niveles del Estado, así como los elementos de la PNC.

De hecho, El Observatorio de los Periodistas y Cerigua aseguran que este año han ocurrido cuatro casos en los que estuvieron involucradas autoridades del Organismo Judicial (OJ), deportivas y municipales del departamento central de Suchitepéquez, e integrantes de las fuerzas de seguridad pública.

Con base en estos datos, la diputada de la Bancada de la Dignidad de Convergencia Sandra Morán insta a dialogar en aras de procurar soluciones a lo que, en su opinión, atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información veraz en Guatemala.

 “Dejemos de hablar de, comencemos a hablar con”, expresó, durante un intercambio con representantes de diversos medios de prensa que cubren las labores del Congreso de la República.

La legisladora, quien hizo notar la importancia del periodismo para la consolidación de la democracia en el país, escuchó a los periodistas acerca de lo que podría hacerse para avanzar en el objetivo de revertir dificultades y conoció de primera mano las preocupaciones y necesidades del gremio.

Los participantes en el encuentro mencionaron la urgencia de mejorar el acceso a la salud social, garantizar la libre emisión del pensamiento, propiciar el desarrollo y capacitación de los comunicadores, el respeto a la dignidad y a la labor que desarrollan y garantizar la nivelación salarial.

También aludieron a la necesidad de que los funcionarios públicos conozcan leyes como la de Acceso a la Información Pública y que se les sensibilice en el trato hacia la prensa en general.

Asimismo, consideraron relevante que desde el Congreso se tomen iniciativas como ésta y reconocieron la necesidad de una mesa de trabajo para abordar estos temas.

En la cita en el hotel Panamerican de esta capital se determinó dar seguimiento a este tipo de reuniones, revisar la legislación relacionada, y el avance de la política pública que trabaja la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh).

De igual modo, decidieron buscar los mecanismos para la sensibilización de responsables de la institucionalidad del Estado y a periodistas en temas específicos.

Riesgos de vieja data

La complejidad del ejercicio periodístico cobra mayor relieve en Guatemala por la incidencia considerable de la violencia, del crimen organizado y de la corrupción, prima hermana de la impunidad.

A pesar de ese panorama, que hace de este uno de los países más riesgosos del continente y del mundo (27.3 homicidios por cada 100 mil habitantes), el gobierno continúa sin desarrollar un programa de protección para los comunicadores como prometió en octubre de 2012.

Durante el último Examen Periódico Universal (EPU), efectuado ese año, los representantes del Estado de Guatemala aceptaron 111 recomendaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 21 de ellas asumidas con reserva y seis dejadas en suspenso.

Incluso, anunciaron cinco compromisos voluntarios, entre los cuales estaba implementar el plan para proteger a los periodistas y fortalecer el sistema de seguimiento a las sugerencias de mecanismos y procedimientos internacionales.

Paralelo a esto, rediseñar la institucionalidad de derechos humanos, seguir ejecutando políticas públicas para fortalecer el sistema de justicia especializado en protección de mujeres; así como desarrollar políticas y programas para prevenir la violencia armada y reducir las muertes violentas, con particular atención en la juventud.

Esa fue la respuesta a los señalamientos de los Estados representados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyos miembros mostraron su preocupación por la situación de vulnerabilidad en que se encontraba la prensa y el derecho a la libertad de expresión en Guatemala.

Las amenazas del crimen organizado y del narcotráfico, las intimidaciones, la impunidad que rodea los casos de agresiones y amenazas contra estos, y la desprotección por falta de persecución judicial, son apenas algunos de los factores que atentan contra la libertad de los periodistas para ejercer su labor.

Noruega fue más lejos e, igual que en el EPU del 2008, recomendó reformar la Ley de Telecomunicaciones, para otorgar reconocimiento legal a las radios comunitarias y propiciar que las poblaciones indígenas accedan a los medios de comunicación.

Mas, pese al tiempo transcurrido poco o nada cambió respecto a la prensa en Guatemala, que este año deberá someterse nuevamente al examen establecido desde abril de 2008 con la finalidad de revisar cada cuatro años y medio las prácticas de derechos humanos de cada uno de los 193 Estados parte de la ONU.

De hecho el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, denunció con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) que el Gobierno de Jimmy Morales continúa haciendo caso omiso de las recomendaciones derivadas de esa práctica multilateral.

Casi 4 años y tres administraciones de gobierno pasaron desde que se iniciaron las primeras discusiones en torno al desarrollo de un Programa de Protección a Periodistas en Guatemala.

Y aunque el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, informó que la firma del acuerdo se realizaría en un acto público a finales de noviembre, en el marco del Día Nacional del Periodista, ello no ocurrió.

Desde julio de 2016 asociaciones de comunicadores entregaron al presidente una propuesta en aras de concretar el programa, conformada con apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, en inglés) y respaldada por 22 organizaciones internacionales.

Sin embargo, esta duerme engavetada en algún lugar: “esto no se ha puesto en marcha y por consiguiente, continúan en riesgo muchos periodistas, sobre todo en el interior del país”, declaró el procurador.

De León Duque remarcó que el Estado tiene la obligación de tomar medidas efectivas en la prevención de ataques contra periodistas y garantizar el derecho a la libertad de expresión.

En el transcurso de 2016 la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió 32 comunicados de prensa sobre agresiones cometidas ese año, recibió 17 mensajes internacionales de solidaridad y sostuvo más de 30 reuniones con directores de medios y funcionarios, para elaborar el Programa de Protección a Periodistas.

Al recibir el proyecto, el gobernante se comprometió a dar todo el apoyo para que en corto plazo el país contara con una herramienta capaz de atenuar los riesgos que corren los periodistas.

Con todo, al terminar el primer año de su gobierno, iniciado el 14 de enero de 2016, Guatemala destacó por ser uno de los países con más periodistas asesinados, a la par de México.

En 2016 el país experimentó uno de los períodos más violentos en contra de la prensa y ello redundó en la pérdida de dos directores de medios, tres locutores, un productor y conductor de un segmento televisivo, un camarógrafo, un reportero de televisión, y una comunicadora de un hospital público.

Todo esto hace que varias voces insistan en que el Gobierno, lejos de reaccionar, sigue apegado a una lógica de desatención, en tanto continúan sin resolverse la mayoría de los casos reportados y los culpables campean por su respeto.

Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]

 

 

Contralínea 544 / del 19 al 25 de Junio de 2017