Por segunda vez consecutiva, la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de Tlaxcala recayó sobre Adriana Dávila Fernández, quien sólo ha conocido la derrota cuando de elecciones se trata.
Protegida de Felipe Calderón Hinojosa desde hace más de 1 década, dos veces fungió como legisladora, cargos a los que llegó por designación directa, sin haber ganado un proceso electoral. Los 3 años como diputada, y otros tantos como senadora, estuvieron marcados por cientos de ausencias a la hora de votar; por su postura alineada no sólo al PAN sino también al Partido Revolucionario Institucional (PRI); por su intención de inyectar miles de millones de pesos las empresas turísticas; por su interés en las leyes sobre víctimas y trata de personas entre señalamientos de perjudicar precisamente a las víctimas y favorecer a los tratantes de personas.
En 1996, Adriana Dávila inició su carrera política después de renunciar al periodismo. Entonces, el presidente del PAN era Felipe Calderón.
Sus primeros años en el entorno partidista transcurrieron como jefa de prensa y publirrelacionista. Ya traspasado el milenio, y habiendo perdido una elección local en 2004, el mismo Calderón la acogió en medio de la pugna contra Santiago Creel por la candidatura presidencial.
Dávila Fernández coordinó la campaña del michoacano en la entidad y desde entonces se sumó a la lista de los protegidos del segundo presidente panista.
“El padrinazgo la cuida otorgándole posiciones de título oneroso pero nula experiencia”, escribe Raúl Jiménez Guillén (“Adriana Dávila descubrió la política por su ingreso como empleada del CDE del PAN”, La Jornada de Oriente, 9 de febrero de 2016).
Gracias a su lealtad con Calderón Hinojosa, Adriana Dávila Fernández se ha mantenido en la legua, aun contra otras corrientes panistas. Una diputación federal fue su primer cobro importante.
Era 2006. El país hervía por la elección presidencial. Y tras impulsar la campaña de Felipe Calderón en Tlaxcala, la panista cosechó los frutos políticos e ingresó por la puerta plurinominal al Congreso, al Palacio de San Lázaro en el cual su jefe sería investido entre un zafarrancho.
Ya como diputada, Adriana Dávila tuvo clara su tarea: votar por el sí a lo propuesto por el PAN, apoyar al Partido Revolucionario Institucional y al Verde Ecologista, y petardear a los partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática.
La ahora exdiputada podría mostrar orgullosa los calendarios de los periodos de sesiones de la XL Legislatura. Días llenos de A, A, A, A, A… pura asistencia, supuestamente. Sin embargo, el que pasara lista al iniciarse el día no significa que estuviera presente en los momentos de decisión, a la hora de legislar mediante el voto.
La manera en la que la Cámara pasa lista permite que un legislador aparezca oficialmente como un ejemplo de cumplimiento, como un representante puntual, cuando es otra la realidad:
Una muestra de ello es Dávila Fernández durante su paso por San Lázaro: en los registros no le aparece ni una sola falta injustificada, pero al mismo tiempo está asentado que se ausentó de 233 votaciones en el Pleno; hay días completos, semanas enteras incluso, en los que aparece que llegó al recinto pero que despareció cuando la mesa directiva pidió a los legisladores su voto.
“En 2006 y 2009 –rememora Jiménez Guillén– el padrinazgo de Calderón la ubica en la primera línea de la elite política azul, como figura decorativa, así en 2008 es designada como secretaria de Vinculación con la Sociedad del CEN [Comité Ejecutivo Nacional] del PAN y en 2009 como asesora de Ernesto Cordero, secretario de Hacienda y Crédito Público”. En ese periodo Dávila era diputada, y para cumplir con sus variadas funciones, encontró la forma de abrirse tiempo.
Las faltas al momento de emitir su voto fueron progresivas, pues si en el primer periodo de sesiones ordinarias ocurrió 1 sola vez, en sus últimos las ausencias llegaron a 69 y 86.
En el primer periodo de sesiones ordinarias no presentó iniciativas. Habiendo iniciada la LX Legislatura el 1 de septiembre de 2006, no fue sino hasta el 8 de marzo de 2007 que debutó oficialmente, ya en el segundo periodo, con tres proyectos para reformar la Ley Federal del Trabajo en materia de hostigamiento sexual, discriminación y periodo vacacional de los trabajadores-padres. Sólo el último fue aprobado.
Casi 2 meses después volvió lanzar una iniciativa. Esta vez para “establecer la prohibición de importar, exportar y reexportar cualquier ejemplar de ave correspondiente a la familia psittacidae o psitácido”. Fue aprobada 2 días después.
[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”]Como cuando fue diputada, Adriana Dávila podría presumirle a quien se deje su inmaculada marca de asistencias al recinto de Reforma 135. En los registros aparece que nunca faltó, sin embargo, no estuvo presente en 358 votaciones de las 974 que se hicieron mientras fue senadora en funciones: es decir que se ausentó en una tercera parte de los momentos de decisión”[/blockquote]
En el tercer periodo dos fueron las iniciativas de la comunicadora panista, una desechada y la otra aprobada: la primera encaminaba la equidad de sexo en las designaciones partidistas; la segunda provocó la creación de una base de datos de usuarios de telecomunicaciones por parte los concesionarios y de la entonces Comisión Federal de Telecominicaciones (Cofetel).
En el siguiente periodo, se presentó por única vez con otra iniciativa de telecomunicaciones consistente en que el cobro en las llamadas se debería hacer por segundo.
La legisladora no apareció con un trabajo “propio” sino hasta su tercer año. El 10 de marzo de 2009 con la idea de “incluir dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Salud el apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente que propicien la adaptación de la población a los efectos del cambio climático”. Fue rechazada.
El saldo personal de su paso por San Lázaro fue de cinco iniciativas aprobadas, cuatro concluidas y una desechada.
En cuanto a proposiciones, el rendimiento no fue mayor:
El 12 de diciembre de 2006 llegó la primera y única durante los meses iniciales de la Legislatura con una solicitud a Calderón de instruir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones disminuir el número de claves Lada asignadas al estado de Tlaxcala.
En febrero de 2007 pidió la opinión de la Cofetel y la entonces Comisión Federal de Competencia sobre la reforma en telecomunicaciones que se estaba discutiendo.
Durante su segundo año como legisladora no hubo proposiciones por su parte.
Hasta septiembre de 2008 reapareció para proponer la capitalización del Fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub en pro del sindicato ferrocarrilero; en marzo del mismo año una propuesta doble sobre reacción del sistema de salud ante el cambio climático y la creación de un organismo especializado en el tema fue simplemente archivada.
Durante el receso del tercer año de ejercicio la diputada estuvo más activa que nunca:
De un tirón, el 20 de mayo de 2009, pidió el rescate del empresariado del ramo turístico por medio de una inyección de 30 mil millones de pesos. Además, exhortó a los titulares de los gobiernos estatales y al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo, a destinar “mayores recursos en la realización de una campaña de promoción turística”; a “hacer un esfuerzo coordinado entre entidades colindantes para que refuercen la promoción de excursiones, por medio de descuentos a trabajadores del estado, para que visiten los atractivos turísticos de cada entidad federativa con tal vocación, a fin de colaborar mutuamente e incentivar el turismo regional”; a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a analizar “la posibilidad de otorgar descuentos en tarifas de casetas de peaje durante los fines de semana del segundo trimestre del año, con la finalidad de promover las visitas turísticas”, y de plano pidió a los titulares de los gobiernos estatales la “exención de impuestos locales” a los empresarios.
El Renaut fue señalado por organizaciones y personas como transgresor de derechos humanos, pero eso no impidió que Dávila Fernández, integrante precisamente de la Comisión de Derechos Humanos, impulsara el registro que supuestamente acabó siendo destruido en 2013.
Por último, propuso a la Auditoría Superior de la Federación revisar “los ingresos percibidos por la aplicación del impuesto del 2 por ciento a las gasolinas en las entidades federativas y municipios correspondientes en el ejercicio fiscal 2008, especialmente en el estado de Puebla y sus 217 municipios”.
La labor de Adriana Dávila se mantuvo en la senda de Acción Nacional, entonces coordinada por el actual senador Héctor Larios Córdova, así como con las iniciativas del PRI y el Verde Ecologista de México.
La política tlaxcalteca estuvo de acuerdo en las reformas hechas durante el calderonato en materia fiscal, educativa, energética, agraria, de aguas nacionales. Lo mismo ocurrió con el decreto que “autorizó al Ejecutivo federal a firmar, en representación del gobierno de México, el texto del convenio sobre el Fondo Monetario Internacional [FMI]”, específicamente el aumento de la cuota multimillonaria que el país entrega y la aceptación de las enmiendas al FMI.
También apoyó cada nombramiento para representaciones diplomáticas y cada salida del país tanto de Felipe Calderón como de Vicente Fox, quien cerró su sexenio –en pleno conflicto poselectoral– fuera del territorio nacional.
En cambio, votó en contra de la creación de “la comisión especial para la vigilancia y el uso y destino de la documentación del proceso electoral presidencial del 2 de julio de 2006” y del punto de acuerdo por el que se exhortaba a Vicente Fox suspender “sus actividades de promoción en proceso electoral 2006 de Tabasco”.
Asimismo, se negó a que la Secretaría de la Función Pública investigara “la ilegal intervención de una representante del Vaticano como secretaria Ejecutiva del Inmujeres”.
Tanto el punto acuerdo “sobre el incremento del precio de la leche que distribuye Liconsa” como por el que se exhortaba a Calderón “no interferir en los procesos electorales locales, y se solicita[ba] la creación de una comisión pluripartidista” de vigilancia, recibieron su voto en contra.
En Veracruz, la descomposición social reventó durante el gobierno del priísta Fidel Herrera. Pero la panista bateó también el intento de revisión de “las violaciones de los derechos humanos de mujeres en el estado”. De igual forma rechazó el punto de acuerdo para exhortar al mismo gobierno veracruzano a realizar “acciones necesarias para el acceso e integración en el sector público de las personas con discapacidad considerando sus habilidades y preparación para el empleo”.
En 2010, durante el apogeo del poder calderonista, Dávila Fernández cobró su segundo pago por el trabajo hecho en favor de Felipe Calderón en el estado.
El 25 de marzo de ese año, el Consejo Ejecutivo Nacional del PAN decidió suspender la elección interna y nombrar directamente a la contendiente por la gubernatura de Tlaxcala.
Ni la intervención del gobierno federal, ni el impulso de otros partidos políticos (Minerva Hernández Ramos, del Partido de la Revolución Democrática, PRD, encabezado por Jesús Ortega, declinó a favor de la panista) fueron suficientes para derrotar al ganadero de La Soledad Mariano González Zarur, postulado por la coalición PRI-Verde Ecologista México.
Tras pasar el trago de la elección perdida, Adriana Dávila regresó al Congreso en 2012, ya como senadora, por gracia del principio de primera minoría.
Como 6 años antes, la tlaxcalteca ingresó al Legislativo en pleno conflicto poselectoral.
Durante su segundo año, no presentó ninguna iniciativa de factura propia. Firmó 13 como promovente y se suscribió a cinco más.
El martes 8 de octubre de 2013, cinco senadoras del PRI, PAN y PRD lanzaron el proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
A partir de entonces, su nombre se difundió en medios electrónicos e impresos. Como presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, Dávila fue señalada por activistas y asociaciones de impulsar una regresión en la materia en beneficio de los criminales.
También, junto con senadores panistas, priístas y del Verde promovió la Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas. Acompañada de Angélica de la Peña Gómez –esposa de Jesús Ortega– (PRD), Sonia Mendoza Díaz (PAN) y Lucero Saldaña (PRI) continuó los esfuerzos por modificar la Ley de Víctimas.
En su último año como senadora –un nuevo intento por la silla estatal la esperaba–, Dávila Fernández destrozó su propio récord y promovió en solitario seis iniciativas, y siete más al alimón, también a favor de los intereses del PRI, PAN y PRD.
Apoyó el trabajo de personajes como Mariana Gómez del Campo, Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, Lucero Saldaña, Gabriela Cuevas, Roberto Gil Zuath, Fernando Yunes Márquez, Mario Delgado, Ernesto Ruffo Appel, Mónica Arriola Gordillo (hija fallecida de Elba Esther Gordillo), Angélica de la Peña, Ana Gabriela Guevara, entre otros.
Estuvo de acuerdo con el 92.7 de iniciativas presentadas desde el 4 de septiembre de 2012 a febrero de 2015, es decir el periodo reformista del gobierno de Enrique Peña Nieto. Siempre votó conforme a la mayoría.
Como cuando fue diputada, Adriana Dávila podría presumirle a quien se deje su inmaculada marca de asistencias al recinto de Reforma 135. En los registros aparece que nunca faltó, sin embargo, no estuvo presente en 358 votaciones de las 974 que se hicieron mientras fue senadora en funciones: es decir que se ausentó en una tercera parte de los momentos de decisión.
En los primeros meses, de septiembre a diciembre de 2012, no estuvo en 14 de las 83 votaciones; en 2013, 111 de las 390; en 2014, faltó a 105 de 258; en 2015, no asistió a 121 de 234, y de las nueve hechas en febrero de 2016 no votó en siete. Ya preparaba su salida del Senado.
Los senadores entendieron la situación de su compañera. Empáticos, hermanados por las mismas aspiraciones, por unanimidad avalaron la solicitud de licencia presentada por la senadora Dávila Fernández. Por igual panistas, priístas y perredistas elogiaron el trabajo de la representante de Tlaxcala.
Era el 25 de febrero de 2016. Ese día Adriana Dávila habló de sí misma en tercera persona. Agradeció conmovida el apoyo multipartidista. Se despidió de sus colegas. Una campaña de altura la esperaba, dijo.
“Yo estoy segura que puedo ir a ver a los tlaxcaltecas no sobre las debilidades de mis adversarias o mis adversarios. Estoy segura que puedo decir a los tlaxcaltecas que con Adriana Dávila hay proyecto, que con Adriana Dávila hay respeto y que haremos un gobierno, porque estoy segura que así será, donde quepan todos”. Hubo aplausos de pie, también suspiros: algunos quizá tengan la misma fortuna de pedir su propia licencia para pelear por la silla de su estado.
Unos días antes, el 17 de febrero, Felipe Calderón, Gustavo Madero y Ricardo Anaya se dieron la mano para respaldar la candidatura panista.
Ese día el expresidente reapareció en la Comisión Permanente del partido albiazul. Su respaldo ha sido siempre lo más público posible:
“Felicito muy sincera y cordialmente a mi amiga @AdrinaDavilaF por haber sido postulada como candidata del PAN al gobierno de Tlaxcala”, tuiteó Calderón Hinojosa.
A pesar de la candidatura unida, Dávila ha sido señalada directamente de beneficiar al PRI, incluso es apoyada por la exdiputada federal priísta Guadalupe Santiago. “Reconozco en el resto de los aspirantes otras cualidades, pero Adriana Dávila tiene capacidad, experiencia y compromiso de impulsar mejores cosas para Tlaxcala”, dijo quien fuera priísta un cuarto de siglo.
Desde 2013 Gustavo Madero, entonces presidente del CEN del PAN le había reprochado públicamente las acciones encaminadas a dividir internamente al PAN en beneficio propio. “El tema de poder conciliar con otras fuerzas políticas y querer hacer alianzas ha hecho que el papel del partido se debilite al no fortalecer a sus propios liderazgos”, aseguró. (“Senadora Adriana Dávila dice que ya gastó los $430 mil que dio PAN”, Excélsior, 27 de junio de 2013).
Si en cada elección sinaloense los candidatos se acusan mutuamente de ser eslabones de los cárteles del narcotráfico, en Tlaxcala ocurre lo mismo con la trata y explotación sexual de personas.
Y Adriana Dávila ha sido señalada de tener vínculos con giros negros y tratantes de personas.
En 2013, la ahora encarcelada María Alejandra Gil Cuervo se presentó en el Senado de la República. En plena discusión sobre la Ley General de Protección a Víctimas, participó como una experta más sobre el combate al delito por el cual sería sentenciada a 15 años de prisión unos meses después.
Gil Cuervo, conocida como la Madrota de Sullivan, habría sido invitada al evento por la propia presidenta de la Comisión contra la Trata del Senado, Dávila Fernández.
La entonces también presidenta de la Asociación Pro Apoyo a Servidoras espetó a los legisladores su inconformidad ante varios puntos de la ley antitrata, específicamente lo referente a los operativos, penas y causales para que alguien sea acusado de ser parte de la explotación sexual (Milenio Diario, 19 de febrero de 2014).
El camino hacia la reforma de la ley continuó, y en su columna Plan b, la activista y escritora Lydia Cacho alertó que “en lo oscurito y a todo vapor”, un grupo de senadoras pretendía aprobar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
“¿Qué hay detrás de esta propuesta?”, preguntaba retóricamente Cacho, y respondía poniendo en primer plano a la aspirante al gobierno tlaxcalteca:
“Entre las senadoras que van a sacar el dictamen está Adriana Dávila (PAN), del estado de Tlaxcala, el bastión más importante de la cultura del proxenetismo del país”. Y agregaba:
“De Tlaxcala ha salido el mayor número de adolescentes y mujeres jóvenes engañadas por tratantes, llevadas a Estados Unidos para prostituirlas. Tlaxcala tiene una larga historia de proxenetismo político, que va desde gobernadores hasta diputados y alcaldes. Resulta alarmante que la que propuso desactivar la ley sea justamente la senadora Dávila.”
Asimismo, apuntaba a la también panista Luisa María Calderón (hermana de Felipe Calderón), las priístas Margarita Flores y Lucero Saldaña, y a la perredista Angélica de la Peña (Emeequis, 5 de noviembre de 2013).
Dávila desestimó los señalamientos, aunque insistió mientras fue senadora en la reforma a las normativas relacionadas, como el código penal y los artículos constitucionales sobre derechos humanos y disposiciones sobre el actuar policial, precisamente lo que solicitaba la llamada Madrota de Sullivan.
Pero en cada foro, como senadora o candidata, Adriana Dávila llama a “sumar esfuerzos” para combatir la trata de personas. Ella fue presidenta de la comisión encargada del tema, presume; ella ha provocado la discusión, recalca; ella se encargará de castigar los padrotes, jura. Ella, ella, ella, aunque la hayan acusado de favorecer a los criminales, se encargará de borrar al estado de la lista negra, perjura.
La trata de personas es un tema que desgarra a la sociedad tlaxcalteca. Su uso político está presente en las campañas, y en la estrategia de la candidata del calderonismo no es la excepción.
Contralínea buscó a la candidata Dávila Fernández. Sin embargo, hasta el cierre de edición no se recibió respuesta.
Mauricio Romero, @mauricio_contra
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: POLÍTICA]
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