Raquel fue contratada como ayudante general en una tienda de autoservicio. Cuando la líder del establecimiento supo que la mujer estaba embarazada, su actitud con ella cambió negativamente. Le molestaba, incluso, que Raquel acudiera a sus consultas médicas, condición indispensable para llevar a bien su gestación y posterior parto.
No obstante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a procrear libremente, el embarazo de Raquel fue motivo de despido. La decisión de separarla de su empleo violentó también la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que considera como un acto discriminatorio a toda distinción por condición de embarazo que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
Sin embargo, el caso de Raquel no es único ni excepcional. De acuerdo con la estadística de la Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el embarazo constituye la primera causa de discriminación contra la mujer en el país.
De los 1 mil 114 expedientes por presuntos actos de discriminación relacionados con mujeres que reporta el Conapred para el periodo 2011-2014 (hasta el 31 de enero), el 27.3 por ciento (304) corresponde a discriminación por condición de embarazo. Le siguen el género, causa presente en 216 casos; la condición de salud, en 158; la apariencia física, en 129; la discapacidad, en 129; y la preferencia u orientación sexual, en 98.
Con respecto de los ámbitos en que más se discrimina a la mujer, destaca el laboral. En éste ha ocurrido el 57.5 por ciento del total de actos de discriminación. El segundo lugar es para el sector educativo, con el 13.6 por ciento de éstos.
Cabe destacar que alrededor del 70 por ciento de los actos de discriminación relacionados con mujeres que reporta el Conapred se agrupa en el rubro de quejas, es decir, en los que el presunto responsable es un particular; el resto corresponden a reclamaciones, mismas que son atribuidas a servidores públicos.
Del análisis de los datos oficiales sobresale un hecho más: que los actos de discriminación contra la mujer van al alza. Y es que mientras en 2011 el Conapred abrió 310 expedientes en la materia, para 2012 fueron 354, y para 2013, 412. Es decir, en estos 3 años el número de quejas y reclamaciones creció en 32.9 por ciento.
Hilda Téllez Lino, directora general adjunta de Quejas y Reclamaciones del Conapred, comenta que a pesar de los avances normativos en materia de igualdad de género, las mujeres que habitan el país siguen estando en mayor situación de desventaja frente a los hombres y, por ende, son más vulnerables de sufrir discriminación.
Consultada respecto de las poblaciones femeninas que más enfrentan discriminación, la funcionaria destaca el caso de las trabajadoras del hogar.
Y es que el grueso de éstas, detalla, carecen de derechos laborales y de seguridad social, puesto que “la ley no contempla ni protege ampliamente sus derechos”. También, el de las mujeres indígenas, las migrantes y las que presentan alguna discapacidad. Éstos son, a decir de la también maestra en derechos humanos y democracia, “los cuatro grupos que sufren mayores condiciones de discriminación”.
Téllez Lino explica que si bien el Conapred es un órgano de Estado de carácter nacional, más del 50 por ciento de las quejas y reclamaciones en materia de discriminación contra la mujer provienen del Distrito Federal, lo que, por supuesto, no significa que las poblaciones rurales o indígenas estén exentas de esta problemática. Quiere decir, más bien, que en muchas ocasiones “eso no se denuncia porque pasa a ser una conducta normalizada”.
De acuerdo con un reporte que el Conapred entregó a Contralínea, el caso de Raquel, quien se quejó ante dicha instancia, concluyó en la firma de un convenio que contempla un curso de sensibilización para la responsable del despido; que, al término de la licencia de maternidad, la peticionaria sea recontratada en la misma tienda de autoservicio, en el mismo puesto y horario; y que la peticionaria cuente con la garantía, por escrito, de un trato digno y respetuoso para su persona, así como de no sufrir represalias.
Cuando la condición de embarazo se cruza con el ser indígena, los casos pueden derivar en muerte. Así le sucedió a Rosalía Mukul, perteneciente al pueblo maya de Chacsikín, quien por una supuesta negligencia médica falleció cuando cumplía 5 meses de gestación, junto con los gemelos que llevaba en su vientre. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de enero en el Hospital Comunitario de Peto, Yucatán.
Casi 4 meses atrás, el 6 de octubre de 2013, Susana Hernández, de la localidad de Cruztón, Chiapas, atravesó por una situación similar. La indígena tzotzil de apenas 26 años de edad pereció después de dar a luz, por la negligencia en la que habría incurrido el personal médico del Hospital de la Mujer de Chiapas.
Yolanda Leticia Escandón Carrillo, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), refiere que de octubre pasado a la fecha el organismo autónomo ha atraído la investigación de ocho casos relacionados con negligencias médicas u omisiones en contra de mujeres indígenas en condición de embarazo que acuden a los servicios de salud pública.
Destacan los de Rosalía Mukul y Susana Hernández; también el de Silvia Francisco, indígena mixe, originaria del Itsmo de Tehuantepec, Oaxaca, quien, por negligencia médica, perdió al hijo que aún se encontraba en su vientre. El resto, ocurridos en Oaxaca y Puebla, tratan de mujeres que, como consecuencia de la negación de la atención médica, parieron en patios y recepciones de hospitales; e incluso en la vía pública.
La cuarta visitadora detalla que uno de estos casos ya concluyó en recomendación (la 1/2014), mientras que los otros se encuentran en etapa de investigación bajo la línea de discriminación. Y es que aunque las instituciones involucradas en los presuntos actos de negligencia médica y omisión utilizan argumentos como que no hay médicos de guardia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha detectado que “el hecho de que son mujeres indígenas puede implicar que no les presten el servicio”.
Escandón Carrillo refiere algunas de las temáticas en materia de discriminación de las que ha tenido conocimiento el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, dependiente de la Cuarta Visitaduría General. A decir que las licencias maternales no se ajustan a lo que dicta el reglamento; que los defensores de oficio no toman en cuenta los protocolos de impartición de justicia a grupos vulnerables, como son las mujeres indígenas; y la discriminación institucional de que son objeto las mujeres en reclusión.
En entrevista con Contralínea, Ana Güezmes García, directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, refiere algunos ejemplos “abrumadores” de discriminación contra la mujer para el caso mexicano: “desde las pruebas de embarazo para entrar a trabajar que son ilegales pero que, según datos de la Edireh [Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares] se siguen solicitando, hasta la discriminación legal que persiste en la reciente reforma laboral, donde las trabajadoras del hogar, la mayoría mujeres, son consideradas como de ‘segunda categoría’, con menos derechos que otras categorías laborales”. Otros actos comunes de discriminación estarían relacionados con la brecha salarial o con la poca presencia de mujeres en presidencias municipales o en corporaciones económicas.
—México cuenta con una legislación y políticas públicas que son un ejemplo para la región, especialmente en políticas de igualdad, en estadísticas de género [algunas de ellas construidas en conjunto con ONU Mujeres] y en presupuestos públicos. Sin duda, los avances han sido muchos: hace apenas 60 años las mujeres mexicanas conquistaron su derecho al voto; hoy las leyes consagran la igualdad y condenan la discriminación; hoy se cuenta con instituciones específicas, con las que colaboramos, como el Conapred y las comisiones de derechos humanos, y con un marco internacional y local pro derechos humanos.
En el caso concreto de la administración de Enrique Peña Nieto, Ana Güezmes detecta dos avances “fundamentales”: el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, así como el hecho de que la reforma político electoral establezca “la paridad en las candidaturas como una garantía constitucional”.
Aun así, la representante de ONU Mujeres considera “insuficientes” los “muchos” avances.
Para ella, el gran reto consiste en hacer que los derechos humanos plasmados en el papel se conviertan en “una realidad en la vida de las mujeres y las niñas; en igualdad sustantiva o en igualdad en los hechos”.
Durante su participación en el foro Balance de Cumplimiento de la Plataforma de Acción de Pekín y de las Metas del Milenio, celebrado el pasado 20 de febrero en la Cámara de Diputados, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), enumeró los avances que el país ha alcanzado en materia de equidad de género, a los que juzgó, igualmente, “insuficientes”.
Destacan en el listado la asignación por parte del Legislativo de un presupuesto de 22 mil millones de pesos etiquetados para ejercer en 116 programas de igualdad de mujeres y hombres; el establecimiento de la perspectiva de género como eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo; que todas las entidades de la República cuenten con una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 30 con una ley de igualdad, 25 con una ley contra la trata de personas, y 22 con una ley contra la discriminación.
Cruz Sánchez concluye: “Sí tenemos muchos desafíos. No hemos cumplido con lo que se prometió en Pekín, con lo que hemos propuesto, sobre todo con aquellos temas que se han tocado en organismos internacionales. A mí me tocó participar en Ginebra para lo del EPU [Examen Periódico Universal]; es cierto, hubo muchas recomendaciones, pero como Estado mexicano estamos trabajando”.
Se trata, explica, del “impuesto, en tiempo, trabajo y dinero, invisible que pagan las mujeres en una sociedad que aún no ha hecho del cuidado doméstico una obligación de Estado”. Así es que una de cada tres mujeres de la región no cuenta con ingresos propios y que el 90 por ciento de ese cuidado no remunerado está a cargo de las mujeres.
Ana Güezmes lamenta que ningún país del mundo y, sobre todo, ninguno de la región –“la más desigual del planeta”– esté libre de discriminación contra las mujeres y las niñas. Por ello, insiste en que el cambio debe ser estructural y la igualdad de género central en todas las políticas públicas.
Recalca, asimismo, que el gran desafío recae en “la igualdad en los hechos”, que por ahora sólo “es marco constitucional”. Y es que aunque todos los países de la región han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, “para la mayoría de las mujeres en el mundo, las leyes aún no se han traducido en mayor igualdad y justicia en sus vidas cotidianas, en el ejercicio de sus derechos, en los resultados”.
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