Empresas españolas: negocios en paraísos fiscales

Repsol y otras 32 compañías que conforman el IBEX 35 –las 35 empresas más importantes de la bolsa de valores española– tienen presencia en paraísos fiscales, según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Aunado a ello, el 72 por ciento de esas corporaciones participaría de la llamada economía sumergida, calculada en el 26.4 por ciento del PIB español, señala en entrevista Manuel Redal, consejero del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha. Al menos 12 de esas empresas operan en México

Madrid, España. Treinta y tres de las 35 empresas más importantes que cotizan en las cuatro bolsas españolas –conocidas como IBEX 35– tienen sociedades en paraísos fiscales, refiere el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa en su informe La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35, presentado a fines de mayo de 2014.

De acuerdo con el estudio, se trata de Abengoa, Abertis, Acciona, Acerinox, ACS, Amadeus, Arcelor Mittal, Bankia, Bankinter, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Santander, Bolsas y Mercados, Caixabank, DIA, Enagas, Endesa, FCC, Ferrovial, Gamesa, Gas Natural, Grifols, Iberdrola, IAG Iberia, Inditex, Mapfre, OHL, Red Eléctrica, Repsol, Técnicas Reunidas, Mediaset y Telefónica. De éstas, al menos 12 operan en México, incluida Repsol.

En entrevista con Contralínea, Manuel Redal, consejero del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, refiere que esas mismas compañías que utilizan los paraísos fiscales para eludir impuestos son las que participan en la llamada economía sumergida.

 “La economía sumergida es una economía que de alguna forma está opaca y la desconoce el fisco, es decir, Hacienda”. Cálculos de Gestha indican que ésta asciende al 24.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) de España.

“Eso significa que el 24.6 por ciento es lo que permanece oculto, no es lo defraudado: si a ese 24.6 por ciento le aplicásemos la presión fiscal, es decir, los impuestos que tendrían que pagar, tendríamos lo defraudado.”

 

Respecto de los autores de esa economía sumergida, Redal señala que el 72 por ciento lo cometen las grandes empresas, las corporaciones empresariales y las grandes facturas; el 20 por ciento, las pequeñas y medianas empresas; y el 8 por ciento restante, las microempresas.

 “Realmente los que cometen esto son las grandes fortunas, los grandes capitales. Ésos son los defraudadores. Son los que tienen no sólo la capacidad de evadir [impuestos], sino además de eludir[los], porque tienen gran capacidad para influir en la normativa, en el legislador, para que de alguna forma a ellos les permitan tributar menos.”

Manuel Redal expone que las empresas del IBEX 35 tienen unos tipos efectivos de gravámenes muy bajos. “Los bancos, por ejemplo, pagan 6 o 7 por ciento [de impuestos], cuando el tipo nominal es del 35 por ciento. Sin embargo el tipo efectivo, es decir, lo que realmente están pagando, es el 6 o 7 por ciento. Eso es lo que pasa con la elusión fiscal. Además, las empresas del IBEX 35 casi todas tienen sucursales en paraísos fiscales”.

El consejero de Gestha critica que mientras a las corporaciones se les ha beneficiado desde el punto de vista tributario, porque pagan menos impuestos, a los ciudadanos no: han subido los impuestos pese a la promesa electoral de que no se iban a subir.

Fiscalización del gasto, un problema

Además de la evasión y la elusión de impuestos, España adolece en materia de fiscalización. Consultado al respecto, Manuel Redal explica que el problema radica en que los órganos de control del gasto no funcionan o funcionan muy mal.

 “Si empezamos por el propio Banco de España, vemos que, cuando ha habido problemas, no ha sido capaz de detectarlos. Gran parte de la crisis que estamos sufriendo en España es consecuencia de la crisis que han desatado los bancos. Y el Banco de España no fue capaz de aplicar medidas correctoras en su momento porque, en lugar de estar controlando a las instituciones financieras, de alguna forma se dejaba gobernar por esas instituciones financieras.”

Otro ejemplo para el consejero de Gestha es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la cual ha sido incapaz de intervenir en los casos “donde era imprescindible que interviniera”. Uno de ellos es el de las sociedades de inversión colectiva, que en la práctica se utilizan como instrumentos para defraudar, evadir impuestos, señala.

 “Estamos hablando de las sicav [sociedades de inversión de capital variable]. Son legales, pero la forma en la que se utilizan no es tan legal y ahí es donde tendría que intervenir la Comisión. Una sicav no es más que una sociedad de inversión colectiva y ¿qué ocurre? Que ponen como mínimo la exigencia de 100 socios. En la práctica hay 100 socios pero son hombres de paja, y hay un solo socio que es el que realmente maneja la sociedad y hace con ella lo que le place. La puede convertir en una sociedad patrimonial, en una sociedad de tenencia de bienes y puede hacer con ella lo que quiera porque la controla. Así se pervierte la legalidad y se utiliza para algo que no estaba pensado, y de una forma totalmente irregular.”

Respecto de la fiscalización del gasto, explica que en España opera un sistema con un control externo, que es el Tribunal de Cuentas, y un control interno, que son las intervenciones delegadas, la intervención general del Estado, las intervenciones de las comunidades autónomas y de la administración local.

 “El Tribunal de Cuentas es control externo, porque no depende del gobierno, depende del Parlamento. Tendría que ser autónomo, pero en la práctica no es tan así. Cuando actúa ya han pasado unos 2 o 3 años, mínimo [de que se ha ejercido el gasto]; esto es completamente extemporáneo y, en general, no es capaz de detectar los problemas de corrupción, y de fraude.”

Manuel Redal considera que los controles en España, en su conjunto, son muy bajos. En la práctica, dice, operan con técnicas y procedimientos que no sirven para el verdadero objetivo, que sería controlar la eficacia del gasto y que no hubieran casos de corrupción.

 “Hay un problema muy grande: no sólo los órganos de fiscalización no funcionan, sino que el gestor público no quiere ser controlado. Entonces vemos constantemente cómo crean fundaciones, organismos, institutos que escapan a los controles. Esas fundaciones son públicas, pero la fiscalización sólo aplica cuando la administración trabaja directamente, entonces cuando trabaja a través de una fundación no quiere decir que no haya ningún control, pero baja muchísimo el nivel. Escapan a muchas fases del control.”

—¿Se tiene alguna iniciativa en el Parlamento para cambiar esta situación?

—Sí, hay una iniciativa para hacer una reforma. A nosotros [al Gestha] nos habían asegurado que era una iniciativa seria en donde iban a intervenir el gobierno y el PSOE [Partido Socialista Obrero Español], no tanto la oposición; pero con la proximidad de las elecciones no creo que vaya a salir adelante. En cualquier caso se ha aprobado una ley de transparencia, que todavía no entra en vigor, y que tiene algunas cosas positivas; pero tal y como está redactada no creo que vaya a suponer una gran mejora. Quienes la han redactado son los verdaderos responsables de que España no sea transparente.

Nancy Flores, @nancy_contra/Enviada

 

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 Contralínea 414 / del 30 de Noviembre al 06 de Diciembre del 2014