Los datos oficiales, actualizados por última vez en abril de 2018, señalan que hay 342 mujeres desaparecidas en la Ciudad de México. Lo peor es que cada caso es una historia de impunidad: familiares y organizaciones civiles han documentado que, lejos de existir una política de búsqueda e investigación exhaustiva ante este fenómeno, los servidores públicos usan argumentos insostenibles para dar por concluidas las investigaciones.
Las mujeres jóvenes son más vulnerables: más del 57 por ciento de las desaparecidas tiene entre 12 y 25 años de edad, se desprende de las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas o Extraviadas (RNPED).
Además, en un contexto de violencia e inseguridad contra ellas, una desaparición puede estar vinculada con el crimen organizado y redes de prostitución de escala nacional e internacional. La Ciudad de México parece consolidarse como parte fundamental del “corredor de la trata”, que ya incluye al Estado de México, Puebla y Tlaxcala, señalan organizaciones.
Sólo en enero de 2019 se registraron 112 presuntas víctimas mujeres de trata de personas en todo el país, pero 95 de estos casos fueron denunciados en la Ciudad de México. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) también muestran que la capital mexicana es la segunda entidad con mayor número de presuntas víctimas de secuestro, con seis casos de 42.
Nada de esto parecen ameritar las acciones inmediatas para localizar a las desaparecidas.
Especialistas y defensores de derechos humanos señalan que sí existen leyes para atender estos casos con prontitud. El problema es la aplicación real de las normas. En este sentido, el gobierno entrante, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha propuesto un Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desapariciones, pero no todos reciben esta iniciativa con entusiasmo. El escepticismo es justificado: años de promesas hacen que ningún discurso tenga valor si no existen resultados concretos.
Viviana Garrido y Mariela Díaz tienen muy poco en común, con la excepción de estar desaparecidas. Sus familias no sólo deben cargar con el dolor de la ausencia. También con la negligencia, las respuestas criminalizantes y revictimizantes de las autoridades.
Nació con una sonrisa. Cuando Teresa recibió a su hija envuelta en una cobija sentía que la pequeña le transmitía felicidad, misma que parecía colmarla. Durante 32 años Vivi ha compartido alegría con quienes la rodearon: padres, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, su pareja y su hija.
Es la sexta de 10 hermanos. Compartió cama con Juana, menor que ella por 4 años. Mientras crecían, también crecía la admiración que Juana sentía por Viviana. “Quería ser como ella”, recuerda. Y es que Viviana también ha sido un referente para sus hermanos por su responsabilidad y esfuerzo. Trabajaba y estudiaba desde que entró al bachillerato y perseveró en ambas actividades hasta culminar la carrera de ingeniería bioquímica industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en Iztapalapa.
A la mitad de la carrera tuvo a su hija y decidió dejar la casa de sus padres para vivir con Mario, su pareja. La cercanía, tres calles de distancia, permitió que las visitas mutuas nunca dejaran de ser frecuentes.
Después de dar a luz, Viviana hizo una pausa de 2 años en sus estudios y al retomarlos no tuvo problema en seguir pasando tiempo con su hija. “Cargaba con la niña para todos lados. Todos sus maestros y compañeros la conocían”, recuerda Juana.
Al terminar la carrera se desarrolló profesionalmente en varios trabajos pero nunca dejó de ser una madre apasionada. En las reuniones familiares le gustaba que la escucharan cuando cantaba, pero también hacía que todos se callaran para contarles algo nuevo de su consentida, que ahora cuenta 9 años de edad. Hace poco Viviana compró dos pares de patines, unos para ella y otros para su hija. Ir a patinar juntas es, aún, una salida pendiente.
Le gusta el teatro, lo practicó en la universidad; el modelaje, tomó algunas clases; los zapatos, disfruta comprar varios pares y más si son botas. Sus familiares la describen como noble de carácter, cariñosa, perseverante… Pero Viviana también es mucho más de lo que alguien puede contar: es una historia que se interrumpe el 30 de noviembre de 2018, el día de su desaparición.
En una ocasión la computadora de Mariela sufrió fallas técnicas y perdió todas las historias que había escrito. “No pudimos recuperar nada”, recuerda Gabriela, su hermana mayor.
Aunque estaba estudiando la carrera de letras hispánicas, Mariela no siempre ha estado segura de esa opción profesional. “Antes ella quería ser doctora”, explica su mamá. Sin embargo, desde la secundaria su afinidad por la lectura y su ganas de escribir habían aumentado. Además, tras tomar un taller durante su paso por la Escuela Nacional Preparatoria, se despertó en ella el gusto por el teatro. Finalmente eligió la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como su escuela.
Siempre seria, reservada, no salía mucho y tiene pocos amigos. En cambio, disfruta pasar tiempo con sus mascotas y sus plantas. “Mi mamá dice que tiene buena mano: lo que plantaba se daba bien”, cuenta Gabriela.
También prefiere la naturaleza en las salidas familiares. Le emociona salir de la ciudad para visitar lugares más tranquilos como playas o bosques. Siempre que podía se llevaba a Cali, su perrito.
Mariela había estudiado el primer semestre de la carrera en la tarde pero decidió cambiarse al turno matutino para el segundo ciclo. Aunque le costaba trabajo despertar temprano, ya estaba en el proceso de adaptarse. Su nuevo horario correspondía a algunos planes que tenía, uno de ellos era retomar las actividades deportivas que había dejado después de la preparatoria. Quizás correr o quizás voleibol.
Sobre sus proyectos hablaba poco y su hermana mayor era una de sus pocas confidentes. Esa timidez suya parecía funcionar como refugio para sus ideas, que en ocasiones se concretaban en cuentos. Quizás sus relatos escritos se hayan perdido, pero la historia de Mariela debe ser encontrada. Desapareció el 27 de abril de 2018.
Cuando se denuncia la desaparición de una persona y se exige a las autoridades que la busquen, la respuesta casi siempre es criminalizante y revictimizante. Así lo recuerdan los familiares de Viviana y Mariela.
“Cuando el Ministerio Público cuestiona a las familias sobre el tren de vida de las víctimas, se agarran de cualquier argumento para hacerla responsable de su propia desaparición, si es que no dicen que se fue por su propia voluntad”, explica el abogado Víctor Caballero. Él, como parte del colectivo Aequus, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, ha apoyado a las familias de Viviana y Mariela, entre otros casos, para que exijan sus derechos y se inicien las búsquedas. “No hay un solo caso en el que haya atención debida por parte de las autoridades”, advierte.
Tanto en el caso de Mariela como en el de Viviana todo apunta a que se cometió un delito. Sin embargo, a ambas familias les dijeron que las jóvenes se habían ido por voluntad propia: una forma de dar por terminada las investigaciones.
“Mariela no se llevó ni sus lentes ni sus ahorros”, explica Rita Canto, una profesora de la UAM Iztapalapa que acompaña el caso, al demostrar que esta hipótesis era insostenible.
Según recuerda la familia, las autoridades argumentaron que ella era una persona que sufría depresión crónica a causa de una mala relación con sus padres. Para concluir esto último, un perito de la Procuraduría General de Justicia realizó un perfil sicológico de Mariela. Al no estar ella presente, se basó únicamente en algunas de las comparecencias hechas anteriormente y no solicitó ninguna entrevista con la familia.
“Fue muy revictimizante”, lamenta Gabriela y explica que echar la culpa a sus padres fue una salida fácil para intentar dar por terminada la investigación. Al respecto, el abogado Víctor Caballero, recuerda que le han comentado de otros casos en los que se trató de dar validez a este tipo de perfiles sicológicos para llegar a conclusiones similares.
En el caso de Viviana ocurrió algo similar. A partir de las declaraciones de uno de sus amigos, los agentes concluyeron que fueron problemas de pareja los que la motivaron a irse de su casa. Otra salida fácil.
Afortunadamente, con la ayuda del abogado en ambos casos se pudo acreditar que no eran líneas de investigación válidas. Sin embargo, no todos los familiares de víctimas de desaparición cuentan con apoyo, mucho menos legal.
El viernes 27 de abril en la noche, la familia de Mariela que vive en la delegación Iztapalapa se empezó a preocupar. Para una chica que no iba a fiestas y casi no salía, era extraño que llegara tarde. Sin esperar más fueron a Ciudad Universitaria a buscarla pero ya no había casi nadie en el campus. Se dirigieron entonces al ministerio público más cercano, por la estación del metro Miguel Ángel de Quevedo. Allí no tomaron la denuncia sino que le dijeron a Herminia, la mamá, que se presentara al día siguiente en el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA).
En CAPEA –hoy Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas– finalmente le tomaron la denuncia y le dieron el volante para que le sacara copias y pegara por donde pudiera los datos de su hija. “No se preocupan de dar las copias bien, ponen una imagen toda borrosa”, explica Gabriela, quien considera que ese material no es de mucha ayuda por su mala calidad.
El lunes 30, madre y hermana se presentaron nuevamente en las oficinas de CAPEA. Esta vez Gabriela había podido acceder a la cuenta de correo de Mariela y obtuvo el registro de su geolocalización. Con este dato pretendían contribuir a la investigación y además llevaron su computadora portátil para solicitar que la revisaran en búsqueda de algún indicio que ayudara.
Gabriela no se esperaba la respuesta que recibió: “Ustedes piensan que la policía es como lo ven en las películas y no es así, nosotros no hacemos ese tipo de trabajos”, le dijeron. “Bueno, ¿entonces qué hacen?”, aún se pregunta.
La labor de los servidores públicos, de forma específica del ministerio público, es recabar en las primeras horas toda la información para poder trazar líneas de investigación de las personas desaparecidas. En este caso no sólo no hubo evidencia de algún tipo de indagación exhaustiva, sino que se desestimó la colaboración de la familia. Las investigaciones a partir de la geolocalización se hicieron hasta 4 semanas después. “Ya para qué”, dice Gabriela.
Gabriela y su mamá Herminia recuerdan que a partir de ese momento les fueron presentando “largas y más largas”. Fue cuando empezaron a buscar ayuda en otros lados y lo encontraron en algunos colectivos y en estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
En el caso de Viviana, los familiares empezaron la búsqueda apenas supieron que no había llegado a su casa después del trabajo. Lo último que supieron de ella, por una compañera de trabajo, es que había bajado de un camión para ingresar a la estación Ermita del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la ruta de siempre. Había hecho planes para pasar el fin de semana con su esposo, su hija y su sobrina, por lo que no encontraban explicación a su ausencia.
A los familiares no les bastó con levantar la denuncia sino que buscaron en hospitales, llamaron a sus conocidos, salieron a vocearla por las calles… pero nada. Mientras que en la fiscalía la disposición era otra: Juana, la hermana, recuerda respuestas como “estoy muy ocupado” o “ya regresará”.
Durante diciembre, ya con el nuevo gobierno de la Ciudad, exigieron de muchas formas que las autoridades se dispusieran a investigar. Después de quejas y manifestaciones realizadas junto con otros familiares de víctimas de desaparición, lograron que los recibiera la procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, así como otras autoridades. Les prometieron mesas de trabajo, pero las demoras siguieron.
Viviana fue buscada en campo por agentes del Ministerio Público casi 50 días después de su desaparición. “Fue una burla. [La investigación] no arrojó ningún tipo de resultado”, lamenta Juana.
“Aunque ahora hay un protocolo de búsqueda, nadie busca a las mujeres y mucho menos durante las 24 horas que son fundamentales”, explica María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). En entrevista detalla que el tiempo es vital, ya que las mujeres están expuestas a otro tipo de delitos tales como la trata de personas. “Se sabe que la Ciudad de México es un corredor”.
Al enterarse de la desaparición de Mariela, Rita Canto se acercó a ofrecerle ayuda a la familia y junto a otras personas conformó el Espacio Sororal de Acompañamiento al caso. Ella decidió aportar con una investigación de contexto en el que evidenció que la Ciudad de México forma parte del llamado “corredor de la trata”, junto con el Estado de México, Puebla y Tlaxcala.
La RNPED contó, hasta abril de 2018, 9 mil 522 mujeres desaparecidas en todo el país. Según esta fuente oficial, 342 fueron vistas por última vez en la Ciudad de México y 1 mil 796 en el Estado de México. Ambas entidades tienen en común que el 57 por ciento tienen entre 12 y 25 años.
Rita Canto explica que no considera del todo “fiables” las cifras de la Ciudad de México ya que ha documentado errores durante el registro relacionados con el sexo de la persona. Por este motivo se basó en los datos de los municipios Ecatepec y Nezahualcóyotl pertenecientes al Estado de México para realizar una “proyección”. El estudio fue posible ya que “existe una estrecha similitud de población respecto a la Zona Oriente de la ciudad”, explica.
Descubrió que la Ciudad de México es la demarcación que organiza el patrón del fenómeno de la desaparición de mujeres en el Estado de México, “y no al revés”. Esto lo pudo evidenciar al realizar una gráfica con los casos en el que se distingue un “cinturón” en la Zona Oriente.
En otras palabras, las mujeres jóvenes como Mariela o Viviana –quien tiene 32 pero aparenta menor edad– que viven en Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac o Xochimilco son las más vulnerables a desapariciones y a otros delitos relacionados. Tras evidenciar un contexto tan peligroso, Rita Canto exige que se respete la perspectiva de género y se realice investigaciones diligentes. Demandas que, de hecho, son establecidas en la Ley General en materia de desapariciones de personas.
La diputada federal por la Ciudad de México Ana Lucía Riojas, comenta que hace falta que “la perspectiva de género sea tomada realmente en serio en cuanto a la impartición de justicia y prevención se refiere”.
En entrevista, la legisladora que no es parte de ninguna bancada partidista en la Cámara de Diputados explica que la perspectiva de género es importante porque permite que cada caso sea atendido teniendo en cuenta la violencia que existe contra la mujer y las particularidades que esto implica.
“De acuerdo con los testimonios que conocemos de víctimas mujeres jóvenes, estamos viviendo una crisis de violencia de género realmente profunda, misma que está volviéndose mucho más aguda en sistemas de transporte y en la calles de nuestra ciudad”, señala.
María de la Luz Estrada, del OCNF, señala que todos lo que se dice del tema de las desapariciones de mujeres es partir de partir de algunos datos y casos, “pero lo que necesitamos es que la autoridad investigue para tener la claridad de cuáles son los modus operandi” de quienes atentan contra las mujeres. “Lo real es que nadie las busca”. Y si una mujer llega a aparecer, la investigación, lejos de proseguir, se archiva. Por lo que no hay forma de contar con más información para prevenir un delito ni encontrar, mucho menos sancionar, a las personas o grupos que lo cometen”.
Otro de los obstáculos con los que se encuentran las familias al momento de exigir la búsqueda de su ser querido está relacionada con la denominación del hecho que se emplea por las autoridades. No se considera en un inicio a las personas como desaparecidas sino como “ausentes”, “extraviadas” o “no localizadas”. Es necesario aclarar que el carácter de “desaparecido” obliga al ministerio público, y a todos los funcionarios que puedan verse implicados en la investigación, a aplicar la Ley General en la materia y el Protocolo Homologado de Búsqueda de manera inmediata.
Para Rita Canto, el uso de estos “conceptos equivocados” ocasiona que la responsabilidad recaiga en las víctimas, y la búsqueda e investigación en sus familias. Este tipo de acciones, explica, también obstaculizan el acceso a las sábanas de llamadas y el acceso a las redes sociales de las víctimas. En este sentido, se demora la búsqueda inmediata, “perdiendo tiempo valioso para encontrar a las víctimas con vida”.
Gracias a la movilización de colectivos y compañeros de estudio, Mariela ya está registrada como desaparecida, aunque durante 4 meses fue catalogada como persona “ausente”. En el caso de Viviana, las autoridades han dicho a sus familiares que no se va a cambiar su estatus de “ausente” porque no se presume que exista un delito. También les han dado la versión de que se le ha buscado como desaparecida aún sin estar registrada como tal.
En respuesta a una solicitud de información, el titular de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, Willy Zúñiga Castillo, niega que existan casos registrados con la denominación de “ausente” o “extraviada”. Explica, en cambio, que los términos que se usan son “desaparecida” o “no localizada”. La primera es cuando “se presume, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito” y en la segunda no se tiene este supuesto.
Para Víctor Caballero hay muchos argumentos que conducen a creer que Viviana no se fue por propia voluntad sino que existe un delito de por medio. Sin embargo, las versiones que recibe de las autoridades no generan ninguna certeza sobre el tratamiento que se le está dando a su caso particular. Por otra parte se desconoce qué ocurre con todos aquellos casos que fueron antes registrados bajo las otras formas mencionadas.
“Las familias, tal como nos lo han informado, buscan en los colectivos el apoyo que no encuentran en las autoridades”, comenta Víctor durante una entrevista.
Él, como parte del colectivo Aequus, lo primero que hace es revisar que la denuncia ante las autoridades esté presentada. Después, entrevista a los familiares con el objetivo de conseguir detalles que permitan formar líneas de investigación que se puedan aportar al ministerio público, sobre todo cuando se logra tener mesas de trabajo.
Víctor también participa en la difusión de alertas sobre personas desaparecidas. De 44 casos que le solicitaron compartir en redes sociales desde inicios de 2018, a la fecha solo se ha reportado la localización de 27.
El abogado ha reparado en que la difusión por medio de volantes fotocopiados no es la más efectiva y “la gente va normalizando estos fenómenos”. Él considera que si en redes sociales alguien ve un volante emitido por la Alerta AMBER, por ejemplo, lo deja pasar sin prestarle mayor importancia. Por eso, al momento de recibir solicitudes de difusión elabora otro tipo de imágenes, más llamativas y coloridas.
A pesar de los esfuerzos, el trabajo realizado por los colectivos no cuenta con las herramientas y el presupuesto que sí tienen las dependencias del gobierno, tales como la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Por eso, si no hay disposición de las autoridades para actuar, sus alcances son muy limitados.
Para Luis Ríos, Director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), en materia de desapariciones existe un “problema estructural en el que las autoridades han sido en gran medida omisas con el cumplimiento de sus deberes”. Partiendo de este hecho propone generar modelos de trabajo entre familias, autoridades, expertos y organizaciones internacionales. De esta manera se logrará mayor compromiso de las autoridades, explica en entrevista Contralínea.
El esquema que propone tiene tres características principales. Primero, los colectivos (conformados mayoritariamente por familiares de las víctimas directas) deben establecer las directrices básicas que van a defender ante el Estado mexicano. Segundo, se necesita un método de trabajo elaborado con la colaboración de expertos nacionales e internacionales. Tercero, se requiere un espacio público transparente de retroalimentación y de crítica, para lo que se debe contar con observadores especializados en la protección de derechos humanos.
“Esas tres condiciones son fundamentales como garantía mínima para reconocer la magnitud del problema, para abordar el seguimiento de las recomendaciones internacionales y nacionales así como para facilitar una agenda de trabajo que garanticen mecanismos de justicia, verdad, atención integral, reparación y no repetición para las familias”, comenta.
A partir del 1 de diciembre de 2018, México tiene un nuevo gobierno federal que llegó con grandes promesas de cambios. Para Luis Ríos, de la AIDH, durante los primeros meses en el poder, el nuevo gobierno comenzó a “sensibilizarse” en el tema. En este sentido destaca el papel de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, quien “ha sido fundamental para colocar el tema en la agenda de la Secretaría de Gobernación”.
El 5 de febrero, Encinas anunció el Plan de 11 puntos para la aplicación de la Ley General en materia de desapariciones. Además, dio a conocer que para 2019 se asignaron 400 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, dinero que reconoció importante aunque no suficiente para atender la magnitud del problema: 40 mil personas desaparecidas, 1 mil 100 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar en todo el país. También dijo que se utilizarán recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que es de 7 mil 500 millones de pesos.
Considerando que la búsqueda es la principal demanda de los colectivos, Luis Ríos cree que esta “reestructuración de compromisos genera un aliento importante para ir cambiando el rostro de la atención por parte del Estado mexicano”. Sin embargo reconoce que aún “estamos en una etapa inicial”.
Por su parte, Rita Canto y Víctor Caballero señalan que el Plan propuesto por Encinas carece de justificación, ya que la Ley General en la materia es de por sí autoaplicable. “Es un rollo demagógico para que la opinión pública vea que están trabajando, pero lo que hay es un déficit impresionante en la aplicación de las normas”, comenta Víctor.
Rita hace hincapié en que el dinero destinado no es suficiente. En México, dice, hace falta tecnología de punta, hacer uso de las muestras de ADN y traer forenses de todo el mundo. Explica que a nivel internacional se ha avanzado mucho y que el gobierno necesita recurrir a la experiencia de otros países e implementar tecnología existente. “A estas alturas las madres no tendrían que estar cavando la tierra”.
El abogado Víctor Caballero no ve “un cambio sustancial” entre la anterior administración y la nueva. En el caso específico de la Ciudad de México, explica que a pesar de que se ha promovido la imagen de equidad de género en cargos políticos, esto no ha garantizado un combate a la violencia de género, ni acciones concretas en el tema de las desaparecidas o en el caso de los “secuestros” en el metro. “Al contrario, son fenómenos que se van visibilizando a partir de las negligencias e incompetencia de las autoridades”.
La diputada Ana Lucía Riojas concuerda con que no hay una “respuesta eficaz” por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, de la que se espera, con más razón, que “la perspectiva de género sea la manera transversal de gobernar nuestra ciudad”. Sin embargo, en su opinión, es necesario darles “un poco más de chance” a ella y a las mujeres que integran su gabinete.
Ana Lucía es integrante de las Comisiones de Derechos Humanos; de Igualdad de Género, y de Juventud y Diversidad Sexual en la Cámara de Diputados federal. Comenta que los legisladores promueven “una agenda activa en la construcción de una vida libre de violencia para las mujeres, que también tiene que ver con el tema de las desapariciones e intentos de secuestro”.
María de la Luz Estrada, del OCNF, señala que con todo gobierno el primer paso es que reconozcan que tienen un problema y el siguiente paso es que se investigue qué se va a hacer para prevenir el delito. Por ahora, recuerda, “nos dijeron que van a investigar y que van a abrir carpetas de investigación”.
Hace ya mucho tiempo, durante un viaje a Hidalgo, Mario descubrió en las nubes el rostro de su esposa Viviana. Tenía sus facciones, la sonrisa, el cabello suelto. Su mamá Teresa también la vio y asegura que era idéntica.
La imagen de un ser querido no se borra de la mente y hoy los familiares no pretenden desistir hasta encontrarla. A pesar de la tristeza, a pesar de todo, siguen en la búsqueda. Anhelan que aparezca y no solo en las nubes.
Herminia, la mamá de Mariela, en nombre de todas las madres: “Autoridades, hagan su trabajo”.
Marcial Yangali
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