A México le urge aplicar un programa nacional de seguridad para que haya traslados más seguros, mediante la instrumentación de un sistema de videovigilancia, radares y sistemas inteligentes de transporte (ITS) que permitan disminuir ilícitos y accidentes, señala el documento La influencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el campo económico y social dentro del concepto de seguridad nacional, obtenido por Contralínea.
En concreto, enumera las instalaciones estratégicas de la SCT sujetas a riesgos y amenazas, en donde se aplicarían estas medidas: 117 puertos, 77 aeropuertos, 334 terminales de pasajeros, dos satélites y dos centros de control, 397 mil 993 kilómetros de carreteras, 26 mil 914 kilómetros de vías férreas, 1 mil 453 oficinas del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), así como 1 mil 740 oficinas de Telecom.
Por ello, como objetivo central, la Secretaría a cargo del político Javier Jiménez Espriú busca contribuir al desarrollo regional acorde con el reordenamiento territorial y al bienestar social “mediante el tránsito hacia una red intermodal de comunicaciones y transportes integral, efectiva, sustentable y segura para mejorar las condiciones de la seguridad nacional”.
Al evaluar el escenario de seguridad interior que vive el país, destaca la importancia de las instalaciones estratégicas nacionales y el papel que desempeña la red de puertos, aeropuertos y carreteras, y incrementar la infraestructura estratégica de México durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para superar “las grandes asimetrías de la nación”, y promover “una mayor inclusión social”.
El documento, entregado a este semanario por medio de la Ley General de Transparencia, indica que “la SCT desarrolla infraestructura estratégica regional estatal y nacional (…) indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos (…) dentro de las líneas de atención de la Ley de Seguridad Nacional”.
Amenazas sociales, naturales y accidentales constituyen un riesgo para las instalaciones estratégicas de México, cuya alteración por organizaciones sociales, el crimen organizado y grupos terroristas podría afectar la estabilidad del país en sectores vitales como el del gobierno, el militar, las comunicaciones y transportes, la salud, energía, electrónico y del ciberespacio.
Entre las amenazas a instalaciones vitales destacan las de carácter social, como ataques, asaltos, sabotajes, destrucción, intrusión, robos a instituciones públicas y privadas; secuestro, colusión, extorsión de funcionarios, por lo cual “implican una negación total del sistema de normas y leyes; sus consecuencias afectan la vida, bienes y el ambiente”, considera el Consejo Nacional de Seguridad.
Las fallas en instalaciones vitales, como accidentes, procedimientos peligrosos, pueden causar muertes, lesiones, daños, enfermedades; pérdida de servicios; afectaciones sociales, económicas y ambientales, incendios, explosiones, colapso, constituyen amenazas imprevistas o accidentales, derivan de condiciones anormales de sistemas, procesos o planes de las instituciones del Estado, indica.
Se consideran instalaciones estratégicas a espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipos y bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de actividades vitales del Estado, así como aquellas que tiendan a mantener su integridad, estabilidad y permanencia, señala la Ley de Seguridad Nacional.
Por su alcance y magnitud, las amenazas representan un riesgo para la seguridad nacional y, por su origen, se clasifican en naturales (geológicas, hidrometeorológicas, biológicas), sociales e imprevistas, asienta la Guía de Análisis de Riesgos para la Protección de Instalaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional.
El documento advierte que para el gobierno pasado, encabezado por Enrique Peña Nieto, los análisis de riesgos de la seguridad física en instalaciones gubernamentales vitales sólo se tomaban en consideración “las amenazas de tipo social y que estén relacionadas con la operación de la instalación evaluada”.
A pesar de su importancia, el propio gobierno pone en riesgo sus instalaciones. Ejemplo de ello es la observación que hace la investigadora Paloma Mendoza Cortés: pese a que cuenta con el Servicio de Protección Federal, desde hace 2 décadas el gobierno ha contratado a empresas privadas para el resguardo de instalaciones estratégicas. Ello –agrega en entrevista– implica que las actuales instituciones no están cumpliendo con el papel que les corresponde ya que no están sujetas a la transparencia ni rendición de cuentas.
La doctora en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señala que las empresas privadas de seguridad “se convierten en empresas operativas de interés nacional”. Por ejemplo, en la central nuclear de Laguna Verde están contratadas para su resguardo, pero operan en el interior de la planta para datos biométricos, pese a que “es una instalación estratégica de interés público y de resguardo de la seguridad nacional”.
La catedrática –egresada del William J Perry Center for Hemispheric Defense Studies (CHDS)– destaca que de ahí deriva el que las empresas privadas contratadas por el gobierno federal se convierten en estratégicas que protegen la seguridad nacional, por lo que en su opinión no queda claro cuál es el papel de estas empresas en la protección de la infraestructura crítica del país.
Asegura que un diagnóstico en perspectiva de la seguridad nacional y sus vulnerabilidades pondría por delante el ciberespacio, “que es donde está el presente y futuro de la seguridad del país considerando la definición de instalaciones estratégicas”.
Sin embargo, deplora que la seguridad púbica en México esté politizada y burocratizada, y padezca de un proceso legislativo lento que requiere de negociaciones políticas, y es uno de los principales riesgos a la seguridad nacional e instalaciones estratégicas, porque limita proyectos y el desarrollo del país.
La vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas se vive día a día. Por ejemplo, el robo de combustible que evidenció la capacidad de los grupos delictivos y cárteles de afectar los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y obligó al gobierno federal a ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fechada el 25 de septiembre pasado y a la que se tuvo acceso, el robo de hidrocarburos observó un incremento de 117.5 por ciento de 2016 a 2018; el robo de gas licuado fue de 8 mil 400 barriles por día y durante 2018, y se reportaron pérdidas por 66 mil 400 millones de pesos.
“Los riesgos siguen creciendo y debemos estar más preparados para prevenir y reaccionar dado que al sufrir una afectación. El robo de hidrocarburos es sólo una muestra que la línea es frágil y que un mal manejo de prevención, administración y reacción de instalaciones estratégicas puede desestabilizar al país”, advierte Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad nacional.
En efecto, la aplicación del Plan Conjunto para Combatir el Robo de Hidrocarburos desveló vulnerabilidades, complicidades y daños provocados a instalaciones estratégicas de Pemex por parte de grupos de la delincuencia organizada.
El Plan puntualiza que, de 1 mil 323 instalaciones estratégicas de Pemex –73 resguardadas por la Sedena y la Marina–, 58 de ellas requieren de mayor atención, entre ellas seis refinerías, 12 estaciones de rebombeo, 15 sistemas de distribución, y 39 terminales de almacenamiento y despacho, y el centro de control México, para lo cual fueron desplegados 6 mil 849 elementos de la Fuerzas Armadas.
Tanto la Sedena como la Marina intervienen en los sistemas de bombeo y reparto en 58 instalaciones de Pemex para controlar entrada y salida de pipas, tomaron el control de la seguridad en la refinería de Salamanca, Guanajuato, y vigilan la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco.
También, resguardan 60 mil 568 kilómetros de ductos de transporte de hidrocarburos, 26 mil pozos, 16 terminales de distribución de gas licuado, 268 estaciones de servicio, instalaciones administrativas, clínicas y hospitales, telecomunicaciones y agencias aduanales de la empresa productiva del Estado.
El robo de hidrocarburos y otros problemas amenazan la continuidad de las operaciones de servicios estratégicos, y su combate no tendrá éxito en tanto México no cuente con una estrategia integral de protección, asegura José Luis Calderón González, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
En entrevista, advierte que la seguridad nacional mantendrá un nivel de riesgo significativo en tanto no haya una estrategia de protección a instalaciones vitales e infraestructuras críticas de la nación.
El Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de Pemex 2019, señala que la Marina Armada de México desplegó 2 mil 694 efectivos, 87 vehículos y 15 aeronaves en conjunto con personal de seguridad física de la empresa. Destinó 518 elementos de Infantería de Marina para brindar seguridad a 11 instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en particular a la vigilancia perimetral de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde; así como a la planta de nitrógeno de Cantarell. En suma, el personal naval brinda seguridad a un total de 54 instalaciones estratégicas del país.
A casi 11 meses del gobierno de López Obrador, se han asegurado 13 mil 142 vehículos, 5 mil 72 contenedores y 16 millones de litros de hidrocarburos, señaló el 14 de octubre pasado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, al hacer un corte de la situación de inseguridad que vive el país.
Precisó que, entre noviembre de 2018 y septiembre de 2019, el promedio diario de robo de combustible pasó de 136 mil barriles de petróleo a 86 mil barriles, representando un ahorro de 34 mil 500 millones de pesos.
“Se puede complicar más la seguridad de instalaciones vitales de Estado, por lo que las medidas de protección deben ser integrales, considerar diferentes escenarios por parte del comité de crisis de las instalaciones estratégicas que supervisa a los grupos que conforman el plan integral de seguridad, para mantener la continuidad de su operación”, apunta Benítez Manaut.
En entrevista, el especialista y catedrático de El Colegio de México considera que la seguridad de instalaciones estratégicas, como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, demandan servicios especializados privados que no existen en México, donde los únicos con capacidad para realizar labores de protección son las Fuerzas Armadas.
Por su parte, Calderón González explica que México desarrolló hace 20 años un catálogo de más de 3 mil instalaciones consideradas estratégicas, entre ellas Pemex, Conagua, CFE –especialmente la planta nuclear de Laguna Verde–, los aeropuertos.
Sin embargo, aclara que este catálogo perdió vigencia y se desconoce si ya se actualizó y si se consideraron instalaciones o infraestructuras críticas nuevas –públicas o concesionadas– que brindan servicios de carácter estratégico para el desarrollo del país.
Calderón González señala que garantizar la efectividad del personal de seguridad en una instalación requiere de protocolos sistemáticos de operación ante amenazas de bomba, manifestaciones, bloqueo de accesos a instalaciones, agresión a personal o funcionarios, robos, sismos, incendios, terrorismo, secuestros, toma rehenes, delincuencia organizada.
Asegura que los principales objetivos de los elementos de seguridad en la protección perimetral de un inmueble estratégico nacional son la disuasión, prevención, detección, evaluación, demora y reacción.
Calderón González resalta que actualmente el país solo cuenta con el Grupo de Coordinación de Instalaciones Estratégicas (GCIE), de la División de Inteligencia de la Policía Federal, enfocado a la prevención de ilícitos a través del uso de inteligencia, el cual –de continuar vigente– es un ente muy limitado y con nulo liderazgo que no ha sabido, ni podido permear una visión de Estado.
“El GCIE carece de medios coercitivos para regular o establecer políticas y estrategias adecuadas en materia de prevención, profesionalización, resilencia y mejores prácticas para vigilancia y protección de instalaciones estratégicas”, subraya.
Durante el foro internacional “Seguridad de instalaciones vitales”, celebrado el pasado 25 de julio en el Casino Naval de la Ciudad de México, el secretario Alfonso Durazo refrendó la labor del Servicio de Protección Federal (SPF), responsable de la salvaguarda y custodia de al menos 3 mil instalaciones estratégicas del país, públicas y privadas.
El SPF, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, responsable de la protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos e instituciones públicas.
A pesar del saqueo, descuido, robos y abandono en que el nuevo gobierno encontró las instalaciones estratégicas e instituciones públicas del Estado, Durazo afirmó que en los últimos 10 años, el SPF “se consolidó como referente nacional por su efectividad y profesionalismo en la protección de instalaciones vitales y gubernamentales”.
Ante representantes de 16 países, directivos de seguridad de 72 dependencias federales y estatales, 35 representantes de empresas privadas de seguridad Durazo Montaño refirió que la seguridad pública “debe de ser neutral, trabajando con todas las fuerzas públicas y privadas por la paz y tranquilidad de los mexicanos, aportando todos los esfuerzos al cumplimiento de esta tarea”.
Manifestó la importancia del intercambio de experiencias y mejores prácticas internacionales para “contar con un mejor sistema de seguridad integral en instalaciones vitales, primordial para el mantenimiento del orden público y la gobernabilidad del país”.
El comisionado del Servicio de Protección Federal, responsable de brindar seguridad a las instalaciones estratégicas del país, José Pedro Vizuet Bocanegra, declinó hablar sobre el tema con este semanario (la entrevista programada la canceló por cuestiones de agenda, según el subdirector de Comunicación Social del organismo, Juan Pablo Avendaño).
Vizuet Bocanegra, a la sazón socio de la empresa Seguridad Privada, Patrimonial y Personal, SA de CV, un exmilitar y exdirector de la Policía Bancaria e Industrial, debió renunciar a esta última corporación el 17 de febrero de 2015 tras ventilarse en un video cómo festejaba su cumpleaños en su oficina, en compañía de la directora de planeación.
En su página web, el Servicio de Protección Federal refiere algunas acciones desarrolladas en lo que va de la administración del presidente López Obrador, entre ellas reforzar vigilancia contra el robo de hidrocarburos en algunos estados del país y puntos estratégicos de Pemex en el Estado de México y la Ciudad de México.
La capacitación de 32 integrantes del grupo de protección ejecutiva del Banco Santander, para “dotar a los participantes de los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar sus funciones apegados a los más altos estándares en materia de protección ejecutiva”.
En marzo, el SPF se hizo cargo de la seguridad de las instalaciones de la Fiscalía General de la República y desplegó a 103 policías, para brindar seguridad en la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración, en Tapachula Chiapas, “para atender amotinamientos, fuga de migrantes y restablecimiento de la seguridad con base a los tratados internacionales”.
Y en un nuevo intento por frenar asesinatos, agresiones, ejecuciones extrajudiciales, atentados y represión contra periodistas y defensores de derechos humanos, desde el primero de octubre, el SPF es responsable de atender al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, bajo el mando del comisionado ejecutivo Aarón Mastache Mondragón.
El Mecanismo contará con 169 elementos, que entrarán en operación en dos etapas: la primera, el primero de octubre y el primero de noviembre con 50 y 40 elementos, respectivamente; la segunda, dará inicio con 79 elementos durante diciembre y enero de 2020.
Según el SPF, el personal encargado de brindar este servicio “cuenta con una capacitación y profesionalización bajo estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, equidad de género, técnicas de seguridad a personas, practicas avanzadas de tiro, primeros auxilios, manejo defensivo y evasivo, conforme a la modalidad de protección a personas”.
En lo que va de este gobierno, aumentó el estado de fuerza del Servicio de Protección Federal con 325 nuevos elementos y 130 policías federales para atender 177 servicios desplegados en el país y y hacerse cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Fiscalía General de la República, y la Secretaría de Salud.
Además, se incrementó el número de servicios que ya se ofrecían en el Centro Nacional de Control de Energía, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la oficina de la Presidencia de la República.
El SPF cuenta con un Centro Internacional de Información para recopilar, procesar y almacenar datos de operaciones y servicios, y es la única institución que puede certificar a corporaciones de seguridad pública o privada de los tres órdenes de gobierno.
Paloma Mendoza Cortés, licenciada en ciencias políticas y administración pública y maestra en gobierno y asuntos públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que México no cuenta con las debidas protecciones en materia de ciberseguridad, en especial en instalaciones estratégicas críticas para una respuesta inmediata.
“En las últimas décadas el ciberespacio es tema de riesgo para las instalaciones estratégicas como un espacio de vulnerabilidad. Del catálogo de un millón de lugares estratégicos pues no se pueden cubrir todos, por eso se debe repensar la toma de decisiones para responder ante una amenaza de esta naturaleza”, ataja la especialista.
Explica que actualmente la mayoría de las amenazas a instalaciones estratégicas están en el ciberespacio, donde en promedio la respuesta de los organismos de seguridad en México tarda un año en detectar vulnerabilidades, al grado de pueden afectar la seguridad nacional.
Pemex por ejemplo, dice, califica como actos terroristas los ataques a los ductos, no como una amenaza, se puede llegar el caso de plantar un virus en la red, provocado por ciberactivistas públicos o privados.
Hay una discontinuidad generacional, ya que es muy difícil que un general entienda que un ciberactivista de 17 años puede convertirse en un atacante a la Intranet de Banamex y ser descubierto un año después. “Un muchacho que desde su casa instaló un virus y los cajeros empezaron a regalar dinero, puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema financiero mexicano”.
La catedrática estima preocupante este fenómeno porque, “si bien hay un acuerdo de mecanismos de prevención del ciberespacio, se tiene la intención, pero no el presupuesto, por ejemplo, en la Sedena en el gobierno de Peña Nieto se intentó integrar un comando del ciberespacio, pero no se tuvo el presupuesto”.
Y del lado de la Secretaría de Marina que tiene unidades cibernéticas, y de la Policía Federal que cuenta con una Unidad de Inteligencia Cibernética, no se sabe cómo cambiarán con la Guardia Nacional, “porque es un recurso que ya dio problemas, basta imaginar que implanten virus en Pemex o CFE a través de una USB, o correo electrónico, es preocupante”, acota Mendoza Cortés.
La catedrática de la UAM considera que, pese a que existe el acuerdo de mantener la coordinación entre todos los organismos que intervienen en la seguridad nacional, sin embargo, hay fallas en la cooperación e intercambio de información. “Pese a que hay protocolos y metodología, a la hora de hacerlos prácticos enfrentan obstáculos como la cultura organizacional y la rentabilidad institucional”.
Refiere que el intercambio de información entre militares y marinos, la cultura naval y la militar en inteligencia por naturaleza son muy diferentes y a la hora de la unidad de inteligencia naval es la que tiene más contacto con la DEA en el intercambio de información para operaciones contra el narcotráfico (como casos de la muerte de Arturo Beltrán Leyva y la recaptura del Chapo), es muy difícil la cooperación interagencial.
Mendoza Cortés enfatiza que a ello se añade que en cuestión de comunicación institucional es muy difícil que organizaciones militares y civiles cooperen, por la cultura organizacional de cada institución y, por otro lado, no se tiene contemplado figuras de comando conjunto para atender este tipo de amenazas a la seguridad nacional.
“En el caso del mando, es difícil para un militar obedecer las órdenes de un civil que no sea el presidente de la república, es increíble, es un tema que viene desde la Revolución mexicana, por eso vislumbro que las Fuerzas Armadas no van a obedecer a un mando civil”, acota.
“Intriga que a la hora de la operación los acuerdos y convenios de colaboración no se materialicen porque están compitiendo por el presupuesto, intereses institucionales, e incomprensión entre organismos de seguridad militar y civil. ¿Cómo lidiar con eso para tomar una decisión que requiera la colaboración de ambos en el aspecto operativo y burocrático?”, para la defensa nacional.
Considera que hace falta identificar los puntos de cultura organizacional de cada organización de seguridad en México para evaluar los pros y contras de colaboración e intercambio de información, conocer más a fondo los organismos civiles de seguridad y militares, y buscar un entendimiento entre ellos. “Eso es muy benéfico a la hora de tomar decisiones no solo estratégicas sino operativas”.
“Por desgracia la seguridad está politizada que a nadie le importa buscar puentes de entendimiento que se concreten en la cuestión operativa”, remata.
Ningún país del mundo tiene recursos de Estado como para exterminar por completo el crimen organizado, eso es imposible, ni siquiera los países de primer mundo, todos los fenómenos de crimen organizado son una red global, por eso cuando un país pone a todas las instituciones estratégicas del Estado para contrastar un fenómeno global, obvio que va a salir perdiendo, expresa Mendoza Cortés, doctora en Estudios Organizacionales por la UAM.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una coyuntura muy difícil, independientemente si fue heredada por el gobierno anterior, afirma. Cada presidente tiene un recurso en su administración para el combate a la delincuencia en su Plan Nacional de Desarrollo y Agenda Nacional de Riesgos, donde establece sus lineamientos generales”, afirma.
El crimen organizado -dice- se puede atender a nivel local, pero cuando se quiere contrarrestar sus efectos globales, México obviamente va a perder y desgastar, porque está sobredimensionado las fronteras nacionales, y el gobierno debe pensar que hay asuntos y decisiones que están más allá de lo que el presidente de la república quisiera resolver”.
Legalizar o no las drogas en general es parte del esfuerzo, no solo es legalizar y con ello se acaba el tráfico, porque las organizaciones criminales trasnacionales siempre van a buscar un nicho de mercado, para ofrecer lo que una empresa tradicional del Estado no puede ofrecer.
Eso significa económicamente diversificación del mercado, porque son empresas de un mercado capitalista, por eso la legalización sería un paso adelante, pero no la solución total, apunta Paloma Mendoza Cortés, catedrática de la National Defense University, Washington, DC.
Opina que, en casos recientes de combate a la corrupción, el mensaje de López Obrador de que no habrá tolerancia a este flagelo y el tráfico de influencias de servidores públicos y del Poder Judicial “es un buen mensaje porque no solo podemos quedarnos en la cuestión del crimen organizado”.
“No todo está perdido, no se puede trasmitir a la gente el mensaje de que el panorama está totalmente negro, como investigadores tenemos responsabilidad con la sociedad y buscar la manera de que se puedan determinar salidas posibles a la crisis de seguridad”, concluye.
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La Guía Análisis de Riesgos diseñada por la Comisión Nacional de Seguridad establece la metodología para identificar, analizar y evaluar amenazas y vulnerabilidades a las que están expuestas las instalaciones estratégicas del país, para generar información que permita la gestión integral de riesgos.
Basada en “estándares internacionales de gestión de riesgos, buenas prácticas y conocimientos de personal especializado en la materia”, la guía explica cómo prevenir la exposición de los activos ante ataques terroristas, agresiones contra la infraestructura física o delitos cuyo propósito sea desestabilizar las operaciones y continuidad de las instalaciones estratégicas.
El documento plantea identificar y analizar activos y amenazas, evaluar y mitigar riesgos, para lo cual requiere de contar con personal certificado e integrar una célula de análisis de riesgos, compuesta por personal experto en análisis de riesgos.
Lo anterior, debido a que los activos -personas, objetos, procesos o propiedades -en caso de sufrir daños- puede desestabilizar el funcionamiento de las instalaciones vitales, por lo que requieren de medidas especiales de prevención o protección para salvaguardarlos y evitar consecuencias indeseables.
Los activos que se protegen en una instalación gubernamental estratégica se clasifican en personas (individuo, empleado, proveedor, contratista o visitante); procesos y actividades que se realizan en la institución (incluyen productos y servicios); infraestructura y equipos, e información (datos, archivos, documentos, informes, sistemas de cómputo).
En conjunto, refiere que los analistas deben validar los activos identificados en grado de riesgo (zonas estériles, oficinas prioritarias, helipuertos, subestaciones, plantas de emergencia, almacenes de productos, edificios, personas, etcétera), para verificar procesos y protocolos de seguridad.
El análisis de riesgos debe ser claro, específico y objetivo e incluir la propuesta de solución al problema de seguridad detectado (mitigación de riesgos) mientras que el personal debe diseñar un sistema integral de protección de activos, para establecer acciones de disuasión, prevención, detección, retraso, reacción y coordinación.
El sistema debe incluir barreras, diseños, mallas, ventanillas, protecciones, Software especializado, circuito cerrado de TV, rayos X en accesos, accesos automatizados, control de paquetes, protocolos, consignas, capacitación, monitoristas, caninos, y barreras físicas, para delimitar, retardar, disuadir y proteger a las instalaciones estratégicas.
Las barreras físicas para la seguridad de los inmuebles estratégicos es fundamental en la evaluación de los riesgos y vulnerabilidades, entre las más comunes figuran alambre de púas, cercas simples y, para uso duro, muros con alambre de púas o con remate de concertina.
Mientras, medidas de seguridad tecnológicas deben coadyuvar en la detección, protección, vigilancia, evaluación y reacción, para apoyar a elementos de seguridad e interactuar por medio videovigilancia, sensores de movimiento, control de accesos automatizado por medio de equipos biométricos, arcos detectores de metales y túneles de rayos X.
México es un país susceptible a la ocurrencia de desastres de origen natural vinculados con las condiciones de sismicidad del país, la actividad volcánica y fenómenos hidrometeorológicos, especialmente aquellos derivados del cambio climático, que podrían poner en riesgo instalaciones estratégicas del Estado.
Igual, el país está expuesto a escenarios de riesgo antropogénicos -incendios forestales, derrames químicos y emergencias radiológicas-, que pueden tener un impacto directo sobre la seguridad de las instalaciones estratégicas.
En los últimos 28 años se han suscitado 16 desastres naturales que han tenido un alto impacto en la estabilidad socioeconómica del país. Su costo estimado asciende a alrededor de 457 mil millones de pesos y más de 8 mil vidas humanas.
José Réyez
[INVESTIGACIÓN] [SEGURIDAD] [D] [SEMANA]
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