Escalada del conflicto social en Baja California Sur

Crece la efervescencia social en Baja California Sur ante la andanada de megaproyectos impulsados por grandes empresas y algunas autoridades. Ciudadanos han pasado a la ofensiva jurídica y social ante la megamina a tajo abierto en reserva natural de la biósfera, la instalación de un proyecto minero submarino para extraer fosforita en el Golfo de Ulloa y la privatización de la zona costera

En Baja California Sur se ha intensificado un fenómeno social que ha estado presente en esa entidad desde hace mucho tiempo: lustros, décadas… Pero que desde hace poco más de 1 año se ha potenciado. Me refiero a la protesta ciudadana contra el despojo de lo que los surcalifornianos consideran suyo, además de los mexicanos procedentes de otros estados y que, principalmente, en las últimas 3 décadas se han avecindado en diferentes partes de la entidad. Lo consideran suyo por derecho propio, pues son habitantes de esa tierra. La inconformidad ciudadana se ha manifestado principalmente en dos vertientes: por un lado, en contra del despojo de ciertos territorios en los que diversas corporaciones mineras intentan establecerse y que involucran varias regiones, principalmente al Sur de la península, de cuyos casos sobresale el intento de instalar la megamina a tajo abierto Los Cardones, en la Sierra de la Laguna, reserva natural de la biósfera y tinaco natural de muchas poblaciones, entre ellas La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo y Todos Santos, además de decenas de poblaciones de menores dimensiones que dependen del abastecimiento de agua del sistema de recarga natural del vital líquido de la Sierra (http://contralinea.com.mx/2015/07/12/ultima-trinchera-megamineria-toxica-en-bcs/). Y el despojo que se está intentando llevar a cabo en el Pacífico, referente a la instalación de un proyecto minero submarino para extraer fosforita en el Golfo de Ulloa, asunto que ha sido motivo de una larga confrontación entre la ciudadanía, la prensa local y las empresas mineras y las autoridades (http://contralinea.com.mx/2014/05/25/mineria-marina-en-baja-california-sur-riesgo-ambiental-social-inminente/ y http://www.bcsnoticias.mx/importancia-social-y-medioambiental-de-impedir-la-criminalizacion-del-periodismo/).

Y por el otro lado, el despojo de sus territorios adyacentes a la línea de costa, privatización que se ha ido expandiendo y concretando lentamente en diversas zonas costeras del estado con el establecimiento de magadesarrollos turísticos y venta de terrenos costeros a particulares, principalmente extranjeros, con el consecuente cierre de accesos públicos a varias playas, como ha denunciado la investigadora María Luisa Cabral Bowling, académica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (Raymundo León, “Concesionadas a extranjeros, 90 por ciento de las playas de Baja California Sur”, La Jornada, 31 de marzo de 2008, www.jornada.unam.mx/2008/03/31/index.php?section=estados&article=034n1est). Lo anterior ha ido limitando el libre tránsito del ciudadano mexicano, privilegiando esos espacios para gente adinerada, primordialmente turistas extranjeros, pero también nacionales. Despojo generado por los intereses de algunos inversionistas al amparo de varios políticos. Expoliación que se está haciendo una constante en grandes extensiones de playas al Sur del estado, generando gran inconformidad social, misma que se ha incrementado con el intento de privatizar un tramo carretero entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, como parte del proyecto Zona Dorada (Raymundo León, “Questro busca privatizar un tramo de la carretea San José del Cabo-Cabo San Lucas”, La Jornada, 27 de agosto de 2015, www.jornada.unam.mx/2015/08/27/economia/025n1eco). Lo que además ha hecho converger a distintos grupos sociales y ciudadanos sin filiación alguna en la protesta ciudadana. Para entender más de esta situación, consultar la página www.lacarreteraesnuestra.com/category/ultimas-noticias/.

Esos conflictos, el minero y el privatizador de carreteras y playas, han ido unificando y a su vez cohesionando a amplios y diversos sectores de la sociedad –instituciones académicas, colegios de abogados, ingenieros, médicos y de otras especialidades, autoridades ejidales e incluso algunos delegados y regidores que abiertamente han mostrado su rechazo al despojo en ambas vertientes–, en lo que se empieza a visualizar como una amplia resistencia ciudadana ante los embates de los grandes capitales nacionales e internacionales avalados por el gobierno federal, en el caso minero, y por otros órdenes de gobierno en algunos casos de megadesarrollos turísticos y venta de predios. Multitudinarias manifestaciones se dieron el 6 de agosto pasado en La Paz, y el 8 del mismo mes en Cabo San Lucas, donde la lucha unificada de ambos movimientos fue notoria. Gran movimiento social coordinado desde diversos lugares por varias organizaciones no gubernamentales y dirigido hacia los distintos frentes de lucha mencionados. Mismo que además de organizaciones de activistas y de ciudadanos sin filiación alguna, incluye también a grupos empresariales importantes, sobre todo algunos relacionados al ramo turístico e inmobiliario, pues a estos sectores son a los que más pueden afectar económicamente los desarrollos mineros debido a sus consecuencias contaminantes y, por supuesto, la privatización de las áreas inmediatas a las playas, pues éstas representan, con mucho, uno de los principales atractivos para el turismo de todas las capacidades económicas que visita el estado.

El despojo que se ha ido extendiendo a lo largo de Baja California Sur es el reflejo de lo que sucede a nivel nacional. El país concesionado en la mayor parte de su territorio a empresas nacionales y trasnacionales en diversos rubros, pero sobre todo en el minero (para abundar en el tema revisar “Supeditada a la codicia más depredadora. La nueva minería en México”, en el suplemento La Jornada Ecológica, agosto-septiembre, 2015, www.jornada.unam.mx/2015/07/27/eco-cara.html). Y en el asunto de la privatización de las playas el conflicto no es nuevo. Se viven situaciones como ésta en la mayoría de los estados costeros del país, lo que ha generado múltiples conflictos sociales con una amplia resistencia ciudadana a nivel nacional encabezada por la iniciativa Defendamos Nuestras Playas (http://unionmexico.mx/). Para acercarse a dicha problemática, ver, de Juan Pablo Proal, “No hay playas para ti, mexicano jodido”, revista Proceso, 4 de octubre de 2013 (www.proceso.com.mx/?p=354479). La concesión de diversos territorios nacionales: federales, municipales y ejidales, bajo argumentos como el de beneficio económico nacional, incluso en áreas naturales protegidas, no es más que la búsqueda del enriquecimiento de ciertos sectores empresariales con la venia de algunos políticos. Y lo más grave, además del hecho en sí mismo de este despojo, es que genera ciudadanos de primera y de segunda clase, en un país cuyos gobernantes en las últimas décadas lo han llevado a una pérdida de su soberanía y a un entreguismo a los grandes capitales nacionales y trasnacionales sin precedentes.

La inconformidad de los diversos grupos que han luchado desde hace tiempo por la preservación de su territorio, de sus recursos naturales y del libre tránsito, cada vez se endurece más y logra más adeptos en un escenario donde la ciudadanía está cada vez más informada y politizada, gracias al desprendimiento de los medios de información oficialistas como los noticiarios de la televisión abierta y los medios impresos tradicionales y progobiernistas, y en gran medida debido al acercamiento al internet, medio que afortunadamente hasta hoy ha sido poco controlado y en el que se difunden libremente noticias, ideologías y acciones ciudadanas contrarias a las políticas que imperan en nuestro país.

A mitad del actual sexenio priísta, ante la escasa credibilidad en el gobierno federal y la disminuida popularidad de Enrique Peña Nieto, me parece que es momento que las diversas secretarías involucradas en los conflictos mencionados, así como las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes tomen cartas en el asunto y atiendan los llamados de la ciudadanía inconforme, pues de no ser resueltos de la manera más transparente y en apego a la ley, los conflictos sociales en los que ya están involucrados y alertas decenas de miles de ciudadanos surcalifornianos escalarán de intensidad, pues un gran sector de la ciudadanía ha demostrado que no se va a quedar cruzado de brazos ante el despojo en sus múltiples formas. Las manifestaciones en contra de los desarrollos mineros y los intentos de privatizar las vías carreteras, así como el cierre de diversos accesos a las playas –que por ley deben ser de acceso público– se han ido multiplicando, sobre todo en la capital del estado, en San José del Cabo, Cabo San Lucas y en Todos Santos. Lo que ha llevado a los manifestantes de diversas luchas sociales a tender lazos entre movimientos, a unirse en frentes comunes y así canalizar y dar salida a las inconformidades sociales mediante el ejercicio de la más elemental democracia que implica el gobierno del pueblo para el pueblo.

Hasta ahora, los grupos inconformes han manifestado su repudio a la instalación minera, cierres carreteros y privatización de playas mediante la protesta pacífica en las calles y plazas, principalmente. Pero han dado un enorme paso al defenderse y confrontar legalmente a diversas corporaciones y autoridades mediante encuestas ciudadanas, mandatos civiles y más argumentos de orden legal. Para el caso minero, consultar las páginas http://frenteaguayvida-bcs.org y http://movimientom4.org/2015/09/la-rema-felicita-la-lucha-contra-la-mineria-en-baja-california-sur/. Con referencia al asunto carretero y de privatización de playas, leer la nota de Brenda Yáñez, “Piden juicio político al XI ayuntamiento de Los Cabos”, en el diario El Independiente (http://diarioelindependiente.mx/2015/09/piden-juicio-politico-al-xi-ayuntamiento-de-los-cabos/). Lo que demuestra que el proceder de los inconformes rebasa con creces el activismo recalcitrante, y que es producto de la preparación y de una cada vez más organizada y politizada sociedad que entiende que es en última instancia la poseedora de su devenir social y ambiental. Todo lo anterior ha ido escalando en intensidad y ha ido generando muchos más inconformes entre la ciudadanía con respecto al desempeño de las autoridades municipales y estatales en los temas mencionados, precisamente en tiempos que se da el cambio de administración en todos los órdenes de gobierno del estado. Por lo que la administración entrante deberá   atender con prontitud los reclamos sociales, enmendando los errores de la pasada administración, con miras a dar salida a los conflictos sociales generados por el despojo territorial que se sufre en el estado.

Roberto E Galindo Domínguez*

*Maestro en ciencias en exploración y geofísica marina, licenciado en arqueología especializado en contextos sumergidos y buzo profesional; licenciado en letras hispánicas, licenciado en diseño gráfico. Integrante de la Red de Talleres de Crónica A Ustedes les Consta

[BLOQUE: ANÁLISIS] [SECCIÓN: AMBIENTAL]

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Contralínea 457 / del 05 al 11 de Octubre 2015