Luis Brizuela Brínguez/Prensa Latina
A finales de 2012, la jefatura del Departamento de Defensa ordenó una revisión de los parámetros morales para los altos oficiales y emitió un memorando que instauró varias orientaciones generales en este aspecto para los integrantes de los servicios armados, resaltó el diario The Washington Post.
La magnitud de estos hechos provocó que el secretario de Defensa, Charles Hagel, exigiera a inicios de febrero una rendición de cuentas exhaustiva sobre la profundidad de panorama antiético que afecta al estamento castrense de Estados Unidos.
De acuerdo con el diario Stars and Stripes, Hagel dio un plazo de 60 días a sus principales asesores para que elaboren un plan de acción con el fin de identificar estos “problemas sistémicos dentro de las Fuerzas Armadas”.
El Congreso, por su parte, inició una investigación sobre un escándalo de soborno a oficiales de la Armada relacionados con la compañía Glenn Defense Marine Asia (GDMA), la cual desde hace décadas proporciona servicios a los buques de guerra estadunidenses que visitan puertos en naciones asiáticas.
Fiscales federales acusan a la empresa –y en particular a su presidente, el ciudadano de Malasia Leonard Glenn Francis– de sobrepagos de facturas por más de 20 millones de dólares.
Los documentos de la Corte alegan además que Francis sobornó a numerosos oficiales a cambio de que estos priorizaran las visitas de las unidades navales a instalaciones portuarias a fin de que su compañía pudiera obtener mayores beneficios financieros por servicios a los buques y las tripulaciones.
En septiembre pasado, agentes federales arrestaron a Francis y a tres oficiales, mientras otros militares, entre ellos el vicealmirante Ted Branco, director de Inteligencia Naval y el contralmirante Bruce Loveless, jefe de Operaciones de la misma especialidad, fueron relevados de sus cargos y están pendientes de juicio.
De igual forma, este cuerpo operacional investiga acusaciones de fraude contra una quinta parte de los instructores de una escuela para operadores de reactores nucleares navales.
El almirante John Richardson, director del programa de propulsión nuclear de la Marina, reveló en conferencia de prensa detalles de un fraude durante las pruebas de aptitud en un centro de Charleston, Carolina del Sur, donde se capacitan a las tripulaciones que operan las decenas de submarinos y portaaviones propulsados con energía atómica.
Aproximadamente 30 efectivos de alto rango proporcionaron información sobre las pruebas a sus compañeros, mediante información compartida desde computadoras en las viviendas de los marinos, lo cual podría ser una violación de las normas de seguridad ya que los datos sobre las operaciones de los reactores nucleares es secreta, reconoció.
En enero pasado, la Fuerza Aérea detectó la existencia de un fraude de grandes proporciones en las pruebas de aptitud entre oficiales relacionados con el lanzamiento de cohetes balísticos intercontinentales en la Base Aérea de Malmstrom, estado de Montana, donde están desplegados alrededor de 150 misiles nucleares.
Un total de 92 oficiales fueron suspendidos de sus cargos y a otros 20 se les impusieron restricciones de acceso a las instalaciones donde laboraban, lo que se traduce en que alrededor de un 15 por ciento de los militares del país a cargo de estos misiles están ahora en el centro de la pesquisa, destacó un artículo del diario Stars and Stripes.
El Pentágono anunció el 15 de enero que durante el curso de una investigación sobre posible uso de drogas se descubrió que un grupo de militares que operan esos medios conocieron con antelación y compartieron entre sí las respuestas a una prueba en la cual debían mostrar las habilidades operacionales para el manejo de los cohetes balísticos intercontinentales (ICBM, por su sigla en inglés) Minuteman 3.
En octubre de 2013, el general Michael Carey, quien estaba cargo de las instalaciones de ICBM, fue expulsado de su puesto por encontrarse en estado de ebriedad durante un ejercicio nuclear en el exterior y resultó reemplazado por el mayor general Jack Weinstein. A principios de febrero, el mayor David Riley, de 37 años, oficial de la Fuerza Aérea en las instalaciones de Fort McNair, Washington, fue arrestado y enfrenta cargos por el envío de imágenes “extremadamente explícitas” de pornografía infantil a un agente policial encubierto desde diciembre de 2013, según una nota oficial de la Oficina de Investigaciones Especiales de la institución armada.
La pesquisa abarca a más de 200 oficiales sospechosos de dilapidar alrededor de 100 millones de dólares como incentivos que se otorgaban a miembros en servicio activo, retirados y otros civiles, quienes actuaban como reclutadores informales para cumplir las metas de atracción de jóvenes.
Por cada uno de los inscritos, el tramitador responsable recibía de 2 mil a 7 mil 500 dólares, práctica que se extendió a varios sectores del ente con el fin de cumplir los planes de completamiento de sus unidades, reveló un informe presentado ante el Congreso por el jefe del Comando de Investigaciones Criminales del Ejército, general David Quantock.
El programa parecía ser efectivo y durante varios años contribuyó con casi el 40 por ciento de los reclutas; sin embargo, los investigadores detectaron que los promotores falsificaban los resultados de sus gestiones y colocaban en sus estadísticas a personas ya inscritas o con identidades falsas, remarcó Stars and Stripes.
Informes oficiales revelan que durante los últimos 3 años se triplicaron los despidos en las filas del Ejército debido a conductas asociadas al consumo de drogas, alcohol y los frecuentes casos de abusos sexuales.
Según los datos, en 2010 un total de 119 oficiales estadunidenses tuvieron que abandonar el servicio por mala conducta, mientras en 2013 la cifra se incrementó a 387.
Las propias estadísticas revelan que en el caso de los soldados, el número pasó de 5 mil 600 en 2007 a 11 mil el año pasado.
De acuerdo con expertos, el aumento del número de delitos en el Ejército es directamente proporcional a la larga presencia en lugares de conflictos como Irak y Afganistán, donde se ha registrado un récord de 570 mil casos de delitos.
El general Ray Odierno, comandante de las fuerzas multinacionales en la nación del Oriente Medio, admitió que en la última década, cuando se deplegaron tropas en aquella región, “tal vez no estábamos enfocados en la disciplina. A veces perdemos de vista el espíritu militar sano”.
Un informe del Pentágono reconoció que en 2012 se reportaron más de 26 mil delitos sexuales en las instituciones castrenses, tanto entre civiles como militares, lo que significó un crecimiento de más de 30 por ciento con relación a 2010.
Asimismo, 18 generales y almirantes fueron despedidos, 10 de ellos perdieron sus trabajos debido a indisciplinas relacionadas con su conducta sexual, y otros por corrupción y problemas de adicción a las bebidas alcohólicas.
Martin L Cook, profesor de ética militar en el Colegio de Guerra Naval en Newport, estado de Rhode Island, analizó que en la medida en que los oficiales ascienden en la cadena de mando adquieren mayor nivel de impunidad, y pocos de sus colegas y subordinados se atreven a acusarlos.
Medios de prensa critican la tibia respuesta dada por la alta jerarquía militar ante tan graves y recurrentes hechos, lo cual evidencia la ineptitud de los altos mandos militares para enfrentar el grave problema, señaló recientemente un artículo de la revista Foreign Affairs.
Hasta la fecha no hubo expulsiones de oficiales ni funcionarios civiles de alto rango, ningún general fue amonestado en público y se sigue sin presenciar anuncios de medidas punitivas de largo alcance que indiquen que el estamento castrense toma en serio estos problemas, agregó el medio de prensa.
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