Luis Brizuela Brínguez/Prensa Latina
Las revelaciones de Edward Snowden tienen sobre aviso a muchos estadunidenses, quienes intentan resguardar su privacidad, pues gracias al excontratista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) confirmaron que su gobierno tiene una inclinación especial por husmear en la vida de las personas.
Hace casi 2 años, el mundo tomó nota de las escandalosas revelaciones del denominado topo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés), quien ventiló cientos de miles de páginas de documentos que evidenciaban la intercepción de las comunicaciones a escala planetaria por parte de Washington, incluso contra jefes de Estado y de gobierno de unos 35 países.
A raíz de ello, el 30 por ciento de los estadunidenses tomó medidas para proteger mejor sus datos personales y comunicaciones en internet ante el espionaje oficial, reveló un reciente estudio del Centro de Investigaciones Pew.
Entre diciembre de 2014 y enero de 2015, la institución preguntó a 457 adultos sobre el problema y encontró que cerca de un tercio efectuó acciones para blindar su información personal.
La pesquisa encontró que el 52 por ciento de los usuarios estadunidenses de la red de redes manifestó estar muy o un poco inquieto por los programas de vigilancia del gobierno, si bien el 46 por ciento manifestó que no lo está.
Tras las filtraciones de Snowden en junio de 2013, el 22 por ciento aseguró que cambió la forma en que usa las tecnologías y las redes sociales.
De acuerdo con Lee Rainie, responsable en el Pew de los estudios de internet, las personas ahora son más discretas y se cuidan de las cosas que buscan en la red.
El análisis halló que uno de cada seis estadunidenses modificó su forma de utilizar los servicios de mensajería, motores de búsqueda y redes sociales, a la vez que el 25 por ciento dispone ahora de contraseñas de acceso más complejas.
A través de esta vigilancia, el gobierno destapó la red de vínculos de HRW con entidades en el exterior, lo que afecta el trabajo del grupo, que afirmó que el programa de espionaje viola la Primera y Cuarta enmiendas de la Constitución de ese país.
La demanda, presentada por la Electronic Frontier Foundation –que defiende el derecho a la vida privada–, argumenta que la Administración Antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés) desarrolla un programa de vigilancia masiva que “indiscriminadamente” recaba información sobre contactos de millones de estadunidenses con ciertos países.
En el caso de HRW, se vigilaron las comunicaciones de su personal en el transcurso de su labor. Sólo que los archivos fueron escudriñados y diseminados “sin que hubiese ninguna sospecha de acciones indebidas y sin autorización ni supervisión judicial”, indicó el documento de 23 páginas.
Sostiene el grupo humanitario que depende de la confidencialidad de sus contactos para proteger a las víctimas, y la vigilancia masiva de sus llamadas pone en peligro su misión y la vida de las víctimas de abuso.
“Trabajamos con personas que a veces se encuentran en situaciones de vida o muerte, en las que hacer denuncias las convierte en blancos… Con quiénes nos comunicamos y con qué frecuencia es algo sensible, y es información que no entregaríamos fácilmente al gobierno”, explica Dinah PoKempner, abogada de la organización.
Aunque supuestamente la DEA descontinuó el programa que rastreaba los números telefónicos y no el contenido en sí de las llamadas, la entidad demandante pide que el juez ordene la destrucción de los archivos recabados ilegalmente.
En enero pasado, por órdenes de un magistrado, la DEA confesó la existencia del programa de vigilancia, a raíz de un caso criminal contra un hombre acusado de violar las restricciones a las exportaciones de bienes a Irán. El diario USA Today reveló que Washington comenzó a vigilar millones de llamadas internacionales de estadunidenses en 1992, casi 1 década antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Ése fue el inicio de un programa de vigilancia más extenso puesto en marcha por la NSA.
Tanto la DEA como el Departamento de Justicia han acumulado los archivos de las llamadas internacionales iniciadas en Estados Unidos a más de un centenar de países, incluyendo Canadá, México y el resto de América Latina, y en su mayoría relacionadas con operaciones antidrogas.
Pero, al parecer, la información fue compartida con otras agencias federales, incluyendo la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional, incluso para casos no vinculados a operaciones antinarcóticos, comentó el diario digital La Opinión.
Pero el espionaje del gobierno estadunidense parece no tener bridas, mientras esgrime el pretexto de la lucha contra el terrorismo como salvoconducto para la intrusión en la vida privada de las personas.
De manera paralela, se comienza a delinear un escenario donde las Fuerzas Armadas estadunidenses pugnan por posicionarse y tomar el control de internet y las redes sociales, herramientas que han demostrado la capacidad de movilización contra gobiernos y sistemas hegemónicos.
A mediados de febrero de 2015 trascendió que la CIA planea extender las capacidades de espionaje digital en el marco de su reestructuración, según un artículo publicado en el diario The Washington Post.
El director de la agencia, John Brennan, prevé ampliar las posibilidades de la entidad en la esfera digital, debido al creciente uso de móviles inteligentes, redes sociales y otras tecnologías, precisó.
Las reformas, a juicio de Brennan, servirán para reclutar informantes en el extranjero, identificar blancos de ataques aéreos y penetrar redes de adversarios con alto conocimiento en tecnologías digitales, entre ellos, el autodenominado Estado Islámico.
El portal Raw Story recordó que el director anterior del Servicio Nacional Clandestino, responsable de la recolección de inteligencia en el extranjero, tuvo que dimitir por su oposición al plan de Brennan.
La Agencia ha espiado en Facebook y Twitter para obtener detalles sobre gobiernos extranjeros y buscar potenciales terroristas, explica el sitio web. Además, el departamento de espionaje digital de la CIA recluta a especialistas en idiomas y biblioteconomía para detectar tendencias en la opinión pública, añade.
La nueva Estrategia del Departamento de Defensa sobre Ciberseguridad confirma que la práctica del espionaje pudiera ampliarse y hacerse más agresiva al concebir internet como un nuevo teatro de operaciones donde Estados Unidos también pretende prevalecer.
El documento, de 33 páginas, señala que las Fuerzas Armadas estadunidenses deben tener las capacidades y facultades necesarias para actuar en las redes digitales, con el fin de desestabilizar el mando y control del enemigo así como las posibilidades de sus sistemas de armamentos.
Entre las directrices principales que establece está la necesidad de que el mando militar estadunidense incremente significativamente las operaciones en el ciberespacio, destinadas a defender las redes e infraestructuras vitales y ayudar a los aliados a fortalecerse en este sector.
El texto presentado oficialmente por el secretario de Defensa, Ashton Carter, anuncia la creación de la Fuerza para las Misiones en el Ciberespacio (CMF, por su sigla en inglés), en fase de estructuración desde 2012.
Una vez en servicio, la CMF dispondrá de más de 6 mil 200 efectivos militares, civiles y contratistas de empresas privadas, estará integrada por 133 equipos de trabajo y será, según las nuevas proyecciones, un elemento vital para establecer las metas y objetivos específicos del Pentágono en la ciberguerra.
La ejecución de la nueva política, así como de las indicaciones del presidente Barack Obama, está bajo la dirección del Cibercomando del Departamento de Defensa, establecido en 2010, con sede en Fort Meade, estado de Maryland, actualmente con el mando del almirante Michael S Rogers, quien también dirige la polémica NSA.
Al final la serpiente se muerde la cola o, como confirma Snowden en Citizenfour –documental ganador de un premio Oscar–, todo se “reduce al poder del Estado contra la capacidad del pueblo para oponerse significativamente a ese poder”, y que a personas como a él le pagan por diseñar métodos “para ampliar ese poderío del Estado”.
Luis Brizuela Brínguez/Prensa Latina
[Sección: Línea Global]
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