Catherine Wilson/IPS
Sídney, Australia. Los desplazamientos causados por el cambio climático todavía no son un motivo de preocupación en muchas partes del mundo, pero en los países insulares del Océano Pacífico es una realidad innegable: el avance del mar contamina fuentes de agua dulce y tierras agrícolas y vuelve inhabitables vastas franjas costeras.
En Fiyi, donde la supervivencia de 676 comunidades es precaria, el gobierno trabaja en la primera política nacional de la región para atender los desafíos de la migración interna, último recurso para la adaptación.
Las 300 islas volcánicas incluyen atolones de baja altura y albergan a unas 870 mil personas, las que viven en situación vulnerable a ciclones, inundaciones y terremotos. Este país sabe de desastres causados por el calentamiento global y sus políticas son una lección para cualquier gobierno enfrentado a los movimientos de población producidos por factores climáticos.
Cuando ocupó la presidencia del Grupo de los 77 países en desarrollo y emergentes más China, Fiyi expuso la difícil situación que viven los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y aprovechó para remarcar la naturaleza desproporcionada de la crisis climática.
Además, se pronostica que en este siglo aumentará la acidez del Océano, la temperatura promedio y la intensidad de las lluvias.
Cuando medidas de adaptación como la construcción de muros de contención o plantación de manglares ya no frenan el avance del mar, la supervivencia depende de la reubicación de las poblaciones afectadas.
La Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres estima que en las islas del Pacífico, donde viven 10 millones de personas, 1.7 millones podrían tener que mudarse a zonas más seguras para 2050.
Mahendra Kumar, director de la División de Cambio Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, dice a Inter Press Service (IPS) que “el gobierno de Fiyi reconoce que tiene la responsabilidad y la obligación primordial de proteger y asistir a las personas en situación de riesgo por el cambio climático”.
Las pautas para los desplazamientos internos de población figurarán en el apéndice de la política nacional de cambio climático, presentada en 2012.
Además estarán en consonancia con los principios generales de consentimiento, participación y propiedad comunitaria, beneficios equitativos para todos, incluidos los grupos sociales más desfavorecidos, y todas las cuestiones vinculadas al cambio climático se integrarán a la planificación y el presupuesto nacional.
El nuevo “procedimiento de reubicación se realizará en todos los casos en que las comunidades soliciten asistencia al gobierno”, aclara Kumar.
Los habitantes de las islas del Pacífico prefieren reubicarse dentro de su mismo país. En más de 80 por ciento del territorio de Fiyi rige la propiedad consuetudinaria y ha sido así por generaciones. La tierra es el principal modo de subsistencia, de alimentos, de seguridad social y de identidad ancestral para los clanes y las familias extensas.
La sociedad melanesia (como se conoce a la región de la que son parte las islas Fiyi) le otorga gran importancia a la autosuficiencia comunitaria, y las soluciones a los desafíos locales quedaron históricamente en manos de los líderes tradicionales. Eso permitió la supervivencia de las comunidades por varias generaciones y es una de las razones del porqué, en la actualidad, muchos rechazan el término “refugiado climático”.
Pero eso no disminuye el impacto socioeconómico ni los fondos necesarios para desplazar físicamente a grandes cantidades de personas, otorgarles una vivienda y ofrecerles infraestructura.
La política climática, ya en su borrador final, contó primero con información sobre la reubicación y la reconstrucción de la aldea Vunidogoloa en Vanua Levu, una de las dos islas principales de Fiyi, en enero.
Sus residentes no pudieron seguir viviendo en la costa de la bahía Natewa, como hicieron sus ancestros, porque el mar desbordaba a diario las barreras de contención e inundaba sus casas. Además, el agua salada degradaba el suelo y destruía sus cultivos de taro (Colocasia esculenta, malanga) y boniato (camote).
Los residentes fueron testigos durante años del avance del mar y, sin embargo, la pérdida definitiva de sus hogares y de su territorio ancestral les resultó igualmente angustiante.
Como su reubicación llevó en total 3 años y comenzó en 2010, antes de que se concibiera la política de desplazamiento el año pasado, se pudieron incluir en ella las experiencias tanto del gobierno como de la gente.
“Estamos felices en nuestro nuevo pueblo”, dice Suluwegi a IPS. “Las casas son buenas y tenemos cultivos para alimentarnos”, apunta. El Ministerio de Agricultura les ofreció plantas de piña y asistencia técnica para promover nuevas prácticas agrícolas.
El Ministerio de Desarrollo Marítimo y Rural y Gestión de Desastres se encargó de todo el proceso de mudar a 150 personas y de construir 30 nuevas casas, a un costo de 5 mil 400 dólares cada una.
Suluwegi cuenta que la gente participó activamente en la elección del lugar para el nuevo asentamiento. El proceso comenzó hasta que la comunidad dio su consentimiento. Por suerte, había tierras comunitarias a unos 2 kilómetros sobre un terreno más elevado.
“No hubo disputas ni otros problemas con la tierra, lo que facilitó nuestro trabajo”, relata George Dregaso, de la Oficina Nacional de Gestión de Desastres Naturales, en entrevista con IPS, refiriéndose a que la adquisición de tierras comunitarias pudo implicar largas y complejas negociaciones y compensaciones significativas.
Varios ministerios y autoridades financiaron y aportaron recursos para instalar los servicios básicos y crear nuevas formas de sustento.
Los fondos estatales cubrieron 75 por ciento de los 535 mil dólares del costo total de la reubicación. El resto se cubrió con el costo de la madera que la comunidad aportó para el proyecto.
Los pobladores de Vunidogoloa pudieron encontrar un terreno cerca de su antiguo territorio, pero no todas las comunidades vulnerables al cambio climático tienen la misma suerte.
Hay una grave carencia de políticas y leyes para atender la difícil situación de los migrantes climáticos, ya sea dentro de los Estados o a escala internacional. Por ejemplo, las personas desplazadas de un país a otro por fenómenos climáticos extremos no están amparadas por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de 1951.
Pero el año pasado, abogados, expertos en clima y representantes de la ONU diseñaron los Principios de Península sobre el Desplazamiento Climático dentro de los Estados como un marco base para legisladores y autoridades, basándose en el derecho internacional.
Muchos de esos Principios, como la participación y el consentimiento de la comunidad implicada, una vivienda accesible, servicios básicos y oportunidades económicas para los beneficiarios, estuvieron contemplados en el proceso de Vunidogoloa.
Pero todavía faltan debates formales sobre las consecuencias legislativas de la política de reubicación, subraya Kumar.
“Vamos paso a paso”, puntualiza. “La estrategia deberá someterse a consideración de todos los actores, incluidos ministros relevantes, antes de enviarla a consideración del gabinete, cuya decisión y respuesta a las recomendaciones serán clave para determinar los próximos pasos”, explica.
Todos los países insulares deben afrontar varios desafíos para llevar a cabo políticas estatales debido a la falta de recursos humanos y técnicos, así como de fondos.
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