A pesar de ser la institución encargada de “defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas”, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha fracasado en múltiples ocasiones al pretender verificar lo que ocurre dentro de la Monumental Plaza de Toros México, revela la propia institución en respuesta a la solicitud 1031500002314 presentada por Contralínea por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
“No sean ridículos. Para qué me van a checar la báscula si yo no vendo carne”, espetó Ricardo Lugo Prieto, abogado del empresario Rafael Herrerías, la primera vez que la Profeco intentó entrar al coso capitalino, asienta el reporte firmado por Juan de Dios González Culebro, comisionado para evaluar la romana en la cual se pesan los toros de lidia a su llegada a la plaza, requisito marcado por la ley y el reglamento en la materia para el Distrito Federal.
Era el lunes 23 de octubre de 2006, vísperas de la Temporada Grande 2006-2007. Supuestamente Miguel Alemán Magnani, Rafael Herrerías Olea y su gente habían dejado hacía meses la conducción de La México en manos de Víctor Curro Leal y José González, Chilolo, quienes bajo el nombre de Renovación Taurina 2006, SA de CV, anunciaron ser el relevo de los empresarios que, gracias a Televisa, consiguieron el control de la plaza en la década de 1990.
Faltando 20 minutos para las 2 de la tarde, el representante de la Profeco se presentó con el objeto de “evaluar la conformidad de los instrumentos para medir” el peso de los bureles. La orden era verificar a la empresa Promotores Artísticos y Taurinos, SA de CV, de Herrerías y Alemán.
Tras la insistencia del enviado de la Procuraduría y las negativas de Ricardo Lugo, “se presentó quien dijo llamarse Juan Castañeda Bardales y dijo también ser representante legal de Promotores Artísticos y Taurinos, SA de CV, quien manifestó que las llaves del lugar en donde se encontraba la báscula se las entregaba a la delegación”, cuenta González Culebro en el expediente PFC.C.A.51.1/010118-200, del cual Contralínea posee copia.
A pesar de que públicamente se aseguraba que Renovación Taurina 2006 organizaba las corridas en la Plaza México en esos meses, Castañeda aseguró que ellos, Promotores Artísticos y Taurinos, simplemente rentaban el “local” y que “al momento de firmar el contrato se las entregaban a quien les arrendaba el inmueble (Antonio Cosío)”.
El verificador relata que intentó tres veces más cumplir la orden del ente federal, “negándose ambos representantes legales de la citada empresa a que se llevara a cabo la diligencia, argumentando el ciudadano Ricardo Lugo que no vendían carne ni nada que se pesara y el ciudadano Juan Castañeda Bardales que no contaban con la llave para accesar al lugar donde se encontraba la báscula” (sic).
Ocho días después, Rafael Anzures Uribe, entonces director general de Verificación y Vigilancia de la Profeco, acordó realizar un nuevo intento de revisión.
La inspección se fijó para el 13 de noviembre de 2006. También era lunes y otra vez fue Ricardo Lugo quien se encargó de rechazar la entrada del enviado de la Procuraduría. Ya había iniciado la “primera Temporada Grande armada por Renovación Taurina 2006”.
Tras haber marrado dos veces, el 21 de noviembre un par de verificadores hicieron el tercer viaje. Afuera de la puerta del encierro, en la banqueta, los funcionarios federales Weker Alejandro Magaña Quintana y Juan de Dios Sánchez Culebro contaron los minutos bajo el sol de las 2 de la tarde.
Después de un rato por fin alguien salió a recibirlos. De nueva cuenta era Ricardo Lugo, a quien el empresario Herrerías otorgó un poder general (escritura 78.324 de la notaria 65 del Distrito Federal). A gritos exigió a los funcionarios identificarse ante él.
“Son mamadas. Otra vez ya están chingando la madre”, vociferó el representante de Alemán y Herrerías. “Pero ahora sí se van a la chingada. No les voy a recibir ni madres”.
Lugo Prieto reconoció a González Culebro y “se dedicó a insultarlo”, se lee en folio PFC.C.A.51.1/011147-2006:
“Por culpa de las mamadas de este señor me están cobrando una multa de 15 mil pesos, pero se va a chingar porque no voy a pagar nada […] Lo voy a demandar. Por pinche mentiroso.”
El abogado de la empresa de la Monumental –hoy Promotora Global EMT, SA de CV; antes Plaza México, SA de CV, y Promotora Alfaga, SA de CV– arrancó la credencial del verificador para anotar su nombre y amenazarlo más. “No voy a recibir ni madres y hagan lo que quieran”, remató antes de cerrar la reja.
La Profeco no sólo no cruzó la puerta grande: pinchó una vez más, escuchó el tercer aviso y la empresa de la Plaza México se le fue viva.
Ni una sola multa han pagado Alemán y Herrerías por no permitir la entrada de la Profeco al coso. En el albero de la Plaza México, el ente encargado de velar los derechos de los aficionados sólo ha fracasado. Así lo dejan ver los expedientes obtenidos por Contralínea por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Derivada de la primera negativa de la empresa de dejar inspeccionar la báscula, Rafael Anzures Uribe y Francisco Javier Dorantes, entonces director general de Verificación y Vigilancia y director de Procedimientos y Sanciones, respectivamente, impusieron una multa de 10 mil pesos a los que han tenido el control de la plaza más grande del mundo durante casi 25 años.
Por supuesto, Alemán y Herrerías impugnaron la resolución.
“En ningún momento hubo negativa a la verificación de la báscula de pesaje, puesto que las mismas [llaves] se encuentran bajo la custodia directa de la delegación de conformidad con lo establecido en el Reglamento Taurino del Distrito Federal” (sic), argumentó la empresa en el juicio de nulidad 38341/06-17-03-7 iniciado por Ricardo Lugo, abogado de Herrerías en diversos casos.
El Poder Judicial le dio la razón… Seis años después de iniciado el proceso, el 2 de enero de 2012 exactamente:
Las “órdenes de verificación no debieron dirigirse a la empresa actora […] siendo que dicha empresa únicamente es la encargada de arrendar el lugar”, juzgó la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Los magistrados Sofía Lorena Pérez Magaña, presidenta; Manuel Lucero Espinosa, instructor del juicio; Martha Patricia Rivera Hernández – supliendo a Juan Marcos Cedillo García–, declararon la nulidad “lisa y llana” y se canceló la ejecución de la multa.
Por el segundo viaje que pinchó en hueso también, la Profeco tardó 2 años en decidir imponer una sanción de 2 mil 500 pesos. Hasta el 10 de diciembre de 2008 se emitió una medida de apremio por la negativa de verificación ocurrida el 13 de noviembre de 2006. No se consideró como “reincidente” a la empresa asegurando que no se le había sancionado antes.
Sin embargo, “la gravedad de la infracción queda acreditada, ya que [al] oponerse a la realización de la diligencia de verificación ordenada, se impidió el ejercicio de la ley, afectando los derechos de los consumidores, al no tenerse la certeza de que el establecimiento visitado cumplía con las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable”, consideró la Procuraduría en el expediente PCF.C.A.51.1/010786-2006, que fue clasificado como “reservado” durante 5 años y del que Contralínea tiene copia. Del pago de la multa no hay registro.
Por el tercer intento fallido, en el cual Ricardo Lugo insultó a los verificadores, la empresa fue multada con 5 mil pesos el 1 de febrero de 2007. Arturo Guzmán Herrera, en ese momento director general de Verificación, a pesar de que en la propia resolución cita las quejas de Ricardo Lugo por la multa antes impuesta, no consideró “reincidente la conducta del visitado”.
Esta última multa tampoco fue pagada, pues fue cancelada el 2 de enero de 2012, día en el que la empresa de Miguel Alemán y Rafael Herrerías salió avante de dos sanciones lidiando un solo juicio. La casa siempre gana, y en la Plaza México no es diferente.
“Se van a chingar porque no voy a pagar nada”, había advertido el representante de los empresarios a un enviado de la Profeco. Tenía razón.
En múltiples ocasiones la Procuraduría Federal del Consumidor no logró verificar la calibración de la báscula de la Monumental Plaza de Toros México. En los otros 30 años ni lo intentó.
Sólo una vez logró realizar la inspección y la consecuencia fue la inmovilización del instrumento de pesaje de los toros. Esto no significó mayor protección para los aficionados ni mucho menos mayor control de lo que ocurre en las corridas que se dan en la Plaza.
La noche del 10 de julio de 2007, en plena temporada de novilladas de la plaza más grande del mundo, la balanza fue sellada e inmovilizada.
La báscula “no contaba con el holograma que acreditara haber dado debido cumplimiento a la obligación […] que establece que: ‘para la verificación de instrumentos para pesar se debe constatar que los mismos cumplan con la exactitud y características metrológicas establecidas’”, se lee en el reporte firmado por el visitador Enrique Ferrusca Soto.
“Se procedió a aplicar la medida precautoria de inmovilizado, utilizando para tal efecto sellos con la leyenda ‘inmovilizado’ folios 35582 colocado en el gabinete de display y folios 35583 y 35584 en la puerta de salida del ganado.”
No obstante lo ocurrido, el 15 de julio se dio la novillada sin ningún problema. Para la aprobación del encierro de la ganadería de Felipe González no hizo falta violar los sellos, simplemente los astados no se pesaron ante la complacencia de las autoridades de la delegación Benito Juárez y el Gobierno del Distrito Federal.
Se pasó por alto el Reglamento Taurino y la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal. Los astados saltaron al ruedo y fueron lidiados por Pepe López, el español Juan José Vian y Manolo Olivares.
Curro Leal pagó a toro pasado 661 pesos para la calibración de la báscula y los sellos fueron retirados el 18 de julio de 2007.
Un año más tarde, el 10 de noviembre de 2008, José Luis Alba Costal, director general de Vigilancia de la Profeco, impuso 5 mil 57 pesos de multa.
“La intencionalidad de la infracción cometida por la empresa Renovación Taurina 2006, SA de CV, ha quedado demostrada, al realizar operaciones comerciales con el instrumento de medición, que no contaba con el documento con que acredite el cumplimiento de la norma aplicable. [Lo cual] causa perjuicio a los consumidores, quienes no reciben la protección adecuada al adquirir productos derivados de una relación de consumo que no es equitativa o equilibrada”, argumentó la Procuraduría al imponer la sanción económica.
En el expediente PFC.C.A.51.1/007369-2007 no hay registro de que la multa se haya pagado.
Desde 2007, la Profeco no ha vuelto a revisar la calibración de la báscula. Si algún día se le ocurriera intentarlo de nuevo, y de casualidad lo lograra, quizá nada pasaría, pues ya se dio el precedente de que es posible dar una corrida de toros, novillos o becerros en la “plaza más grande del mundo” sin haber pesado a los astados, sin importar que exista una ley y un reglamento.
Contralínea solicitó entrevistas con Ricardo Lugo Prieto y Juan Castañeda, abogados y representantes legales de las empresas de Rafael Herrerías; Lorena Martínez, procuradora federal del Consumidor, y José Alfredo Rodríguez Alonso, delegado centro de la Profeco. De ninguno se recibió respuesta positiva.
En diciembre de 2008, por quejas presentadas por aficionados molestos porque la empresa de Alemán y Herrerías no respetaba “el precio anunciado” de los derechos de apartado, la Profeco decidió realizar una nueva visita a Promotores Artísticos y Taurinos, SA de CV.
“La Plaza de Toros México desde hace muchos años, a finales de septiembre e inicios de octubre, realiza prácticas abusivas de cobro, ya que para canjear los derechos de apartado para la temporada, cobra una cantidad mayor de la que reporta”, se lee en la denuncia PFC.B.B.10.2/003138-2008, la cual es parte del expediente PFC.C.A.1/025372-2008 del que Contralínea tiene copia.
El viernes 19 de diciembre de 2008, víspera de la duodécima corrida de la Temporada Grande 2008-2009, el verificador Ricardo García Reséndiz se presentó en la Plaza con el objeto de revisar que la información o publicidad difundida “por cualquier medio o forma sea veraz”, e inspeccionar que se cumplieran los precios, promociones y no se cometieran “prácticas comerciales desleales”.
Ya con la experiencia necesaria como para saber que no hace falta salir a hablar con el enviado de la Procuraduría, ni Ricardo Lugo ni mucho menos Juan Castañeda perdieron su tiempo con el funcionario.
En su lugar, Samantha Cardona Ramírez, recepcionista de las oficinas de la empresa, recibió la solicitud de información “acerca del comportamiento comercial proporcionado (sic) en este establecimiento [la Plaza México] en lo que respecta a la venta y comercialización de boletos y derechos de apartado”.
“No”, fue la respuesta repetida que escuchó el verificador. Los no…no…no fueron hilvanados como una serie de doblones. No se dará información. No se compartirán documentos. No importa que se trate de una Procuraduría federal.
El 3 de febrero de 2009 la Profeco multó a la empresa con 17 mil 279 pesos, el máximo posible en ese momento. Sin embargo, una vez más no se le consideró como reincidente.
Al igual que antes, los empresarios impugnaron y triunfaron. El 17 de septiembre de 2009, la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró la nulidad lisa y llana de la multa en favor de Miguel Alemán y Rafael Herrerías.
La Procuraduría buscó un amparo. No sirvió de nada, pues el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se lo negó y confirmó la nulidad.
El invicto de la Plaza México contra la procuradora de los derechos de los aficionados se mantuvo intacto. Cada vez que se cruzaron, la Profeco acabó patas arriba, y los empresarios, como los toreros buenos, sin siquiera despeinarse.
Mauricio Romero, @mauricio_contra
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