Aunque la información gringa no lo destaca, este proceso implica el desplazamiento de los competidores: el gas de Perú, de Trinidad y Tobago, Nigeria, Argelia, Catar y, en menor medida, de otros 10 países.
Como se sabe, fue en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo cuando se inició la privatización del gas, es decir la incursión de empresas privadas en el negocio, lo que por definición implica retirar al Estado de esos segmentos. La respuesta a esa primera gran modificación del Artículo 27 constitucional fue pobre, pero en el sexenio de Vicente Fox comenzó la construcción de las primeras plantas para importar y regasificar gas natural licuado (GNL), la más importante en la llamada Costa Azul, unos 20 kilómetros antes de llegar a Ensenada, Baja California (más adelante abundaremos en esto, pero adelantamos que esa planta hoy se encuentra paralizada: no funciona, no recibe gas. Desde la carretera pueden observarse sus dos enormes tanques que, según recientes informaciones de La Jornada, están vacíos –véase el artículo de Iván Restrepo del 24 de octubre de 2016).
Es un negocio de Ienova, empresa dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, quien después de ser nombrado director de Petróleos Mexicanos (Pemex) por Zedillo, renunció para pasar a esas iniciales incursiones de políticos a las empresas privatizadas.
Poco más tarde el propio presidente Felipe Calderón intervino en los arreglos para garantizar el suministro para la planta de recepción y regasificación en Manzanillo, Colima, inaugurada en 2012.
Dejamos al último la única instalación de este tipo que, aunque disminuida, funciona todavía en el Golfo de México: la planta de Altamira, Tamaulipas, coinversión de la Royal Dutch Shell y la francesa Total. Ésta comenzó a operar en septiembre de 2006. Para completar esta parte, digamos que el gobierno de Calderón había autorizado otras dos plantas de licuefacción, una de ellas era de Chevron, que no pudo construirla porque ningún país puedo asegurarle abasto confiable.
La prospectiva que se formulaba en el gobierno de Felipe Calderón ya tenía claro que este país continuaría como importador de gas para el corto y medio plazos; en 2005, su antecesor había cancelado el llamado Proyecto Estratégico de Gas ante sus escasos resultados. El saldo neto de las importaciones se estimaba en 2 mil millones de pies cúbicos diarios que se esperaba obtener de los contratos de gas natural licuado, en las tres terminales de regasificación mencionadas. Textualmente se señaló en la Prospectiva de gas 2007-2017, de la Secretaría de Energía: “sin duda, la industria del GNL está en medio de una rápida expansión en la capacidad instalada tanto de licuefacción como de regasificación”.
Nadie en el gobierno, ni fuera de él, pudo percibir la gran transformación, ya en avanzado curso, de la producción en formaciones de lutitas.
En sólo 2 años, entre 2014 y julio de 2016, las importaciones de gas por ductos que inician en Texas, Estados Unidos, se duplicaron, pasando de 1.8 mil millones de pies cúbicos diarios a más de 4 mil millones, como puede verse en la primer ilustración.
La misma gráfica nos muestra que las importaciones de gas licuado se desplomaron casi 50 por ciento, cayendo de alrededor de 1 mil millones de pies cúbicos a poco más de medio millón, en el mismo lapso.
La explicación de Energy Information Administration (EIA), un tanto edulcorada, no puede reconocer que la expansión de la red de gasoductos transfronterizos ha sido impulsada principalmente por el fuerte crecimiento de la demanda de gas natural de México, inducida por la política de reconversión al gas, que incluyó el cierre de la planta hidroeléctrica de Necaxa y medidas como reducir la generación en las hidroeléctricas de Chiapas. La EIA destaca el factor de los precios más bajos del transporte por gasoducto pero omite que el factor principal que ha conducido a la nueva situación es la sobreproducción de gas en Texas.
En la gráfica, la curva azul ascendente muestra el comportamiento de la importación por gasoductos y la línea café, las compras por buquetanques con costos más elevados.
El diferencial de precios hace inevitable el cierre de las plantas de regasificación y seguramente también ha provocado paralización de una parte de los “metaneros”, como se les llama a los barcos tanque diseñados para el transporte por mar.
La terminación en 2014 de la Fase I de Los Ramones (2.1 mil millones de pies cúbicos de capacidad) “ya ha desplazado en gran medida las importaciones de GNL en la terminal de Altamira con gas natural de Eagle Ford”, presume la agencia gringa.
Las importaciones de gas natural licuado en Altamira apenas promediaron 100 millones de pies cúbicos en octubre de 2016, menos de la mitad de lo que Shell y sus socios vendieron en 2015.
La EIA, dependiente del Departamento de Energía de Estados Unidos, anuncia que –cuando se complete la fase 2 del proyecto Los Ramones– quedarán canceladas las compras que se realizan en la planta de Manzanillo, que apenas había arrancado operaciones en 2012. Este contrato fue negociado con la intervención del entonces presidente Calderón, sin cuya ayuda Repsol no hubiera podido obtener el gas del famoso Bloque 54 de la Cuenca Camisea, de Perú, asegura un estudio reciente publicado en el último libro coordinado por los maestros Esther Solano y Moisés Frutos, coedición de la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen y la Asociación Mexicana de Estudios Regionales: El impacto de la reforma energética en México: una mirada nacional y regional.
Hasta aquí hemos descrito un proceso de inversiones fallidas por causa de la inesperada irrupción de la producción shale que inundó el mercado, especialmente en la región del Norte del Golfo de México. Es pertinente contrastar estas realidades con lo que ocurre con las tarifas de la energía eléctrica, que es la forma concreta como se expresa la privatización para el consumidor.
Las tarifas eléctricas han subido cuatro veces en este 2016. En la última alza, perpetrada en este mes de diciembre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que “el precio del gas natural que utiliza en sus procesos de generación se incrementó 86.8 por ciento en noviembre de 2016 respecto de noviembre de 2015, lo que impactó en los precios finales, pues dicho insumo es utilizado en la fórmula determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para calcular las tarifas eléctricas”.
Afirmaciones de este tipo explican la pérdida de credibilidad del actual gobierno.
Finalmente, también es necesario reflexionar: ¿estas importaciones provenientes de los Estados Unidos son sostenibles? El shale gas no puede desarrollarse sin perforación incesante acompañada de fracking. Y para competir, los texanos han elevado el número de estas ominosas operaciones hasta 50 por cada pozo, ¿hasta cuándo podrán continuar?
También nos planteamos algunas preguntas concretas, por ejemplo: de la regasificadora de Manzanillo parte un gasoducto que se interna al centro del país y abastecería la termoeléctrica de Huexca, en Morelos; la situación descrita ¿estará relacionada con el aparente impasse? Hasta la fecha, la “termo” no arranca a plena potencia. ¿Será suspendida por falta de abasto?, ¿se reanudará cuando se complete quizá en 2017 o en 2018 la llegada de gas gringo por gasoducto?
En suma, invitamos a nuestros dos o tres lectores a acompañarnos en un seguimiento muy concreto de estos extraños giros de la llamada reforma energética de Enrique Peña Nieto, que no es más que la búsqueda, en algunos casos fallida, de negocios privados, pero siempre con alto costo para la población.
Fabio Barbosa
[ANÁLISIS ENERGÉTICO]
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