Theresa Richter y Juan Ignacio Domínguez
Cuando se pregunta en el edificio de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) por el proyecto Gobernanza de la Biodiversidad (acceso al patrimonio biocultural de las comunidades, la desamortización neoliberal pendiente), la respuesta es una: “pase a la oficina de al lado, ahí le informan”. La oficina “de al lado” es la oficina de la Agencia de Cooperación Internacional (GIZ, por su sigla en alemán), entidad paraestatal de Alemania contraparte del proyecto.
Como sucede con el resto del mundo, también en México la GIZ se ocupa de la gestión de los proyectos alemanes. Más de 160 personas conforman su equipo, incluido el personal mexicano. Este número no considera –al menos oficialmente– aquellos ciudadanos alemanes que detentan puestos clave en la administración pública mexicana, como en el caso de los directores generales de la Conabio, de quienes, dicho sea de paso, sólo cabe esperar lealtad hacia su país (precursor de la agenda y de su propio ascenso) o hacia la progermánica cúpula política que les cedió el puesto.
El personal de la GIZ también concurre en México, y al más alto nivel, a la gestión del otro gran tema de la economía verde –la eficiencia energética a partir del recambio tecnológico–, un sector en el que el gobierno de Alemania busca posicionar globalmente a su industria como la número 1. Obligado por el pacto del 12 de abril a consumir (mediante “flexibles” líneas de crédito del gobierno alemán) esas tecnologías y a promover su uso hacia el resto del continente (la llamada triangulación), México es una plaza estratégica. Y para muestra, hablando del nivel de intervención en asuntos soberanos, baste citar dos ejemplos de entre decenas de convocatorias a cubrir plazas bajo la dirección de la GIZ (ver infografía 1).
La Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional al Desarrollo (Amexcid), creada en 2011 por Felipe Calderón (el verdadero creador de la relación actual con Alemania en materia de recambio energético, clima-biodiversidad y armas), ha sido también colonizada. Era inevitable y para eso nace. El gobierno de Alemania ha declarado que parte del valor estratégico del territorio-México reside en su potencial de triangulación hemisférica y esa ventaja ha sido marcada como un deber para el país en los acuerdos firmados el 12 de abril en Berlín. Lo dicho por la propia agencia GIZ en su portal da cuenta de ello:
“Por encargo del BMZ [Ministerio de Cooperación Internacional, del gobierno alemán], la GIZ apoya a la Amexcid en la concepción de la política mexicana de desarrollo. En este contexto, México interviene junto con Alemania como donante y transmite a otros países de la región su experiencia y sus conocimientos.”
El número de proyectos de “triangulación” hacia países de América Latina a partir de fondos alemanes derivados a la Amexcid asciende al menos a 10, todos relacionados con el sector ambiental de la agenda verde (biodiversidad, clima y protección al medio ambiente).
Sólo para el fortalecimiento de esta agencia, el gobierno de Alemania destinó 6 millones de euros para el periodo 2016-2017 (año dual), un monto equivalente al destinado para aplicar el Protocolo de Nagoya para el periodo 2011-2017. Es decir, se trata de una inversión estratégica.
Juan Manuel Valle, director ejecutivo de la Amexcid declara en una entrevista (Foreign Affairs Latinoamérica, octubre 2014):
“En los últimos 2 años [2012-2014] el 93 por ciento de los recursos recibidos corresponden a proyectos vinculados al medio ambiente y eficiencia energética, con Francia y Alemania [quien ha puesto más que el resto] y con la Iniciativa Mérida.”
Bajo esta capa hay también otros actores relevantes. La academia y la investigación en México tampoco han quedado fuera de su órbita cautivante. A 1 año de la presentación (en espacios cerrados) del proyecto sobre acceso a recursos genéticos denominado Gobernanza de la Biodiversidad operado por la GIZ-Conabio, a finales de abril de 2014 la agrupación de etnobiología más grande del país, de la mano del coordinador de la Red Temática Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) sobre Patrimonio Biocultural, organizó el IX Congreso Mexicano de Etnobiología en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. En él la cooperación alemana y la Conabio, para quienes Chiapas vale por su plusvalía biocultural, aportarán los fondos a su realización, pero la primera irá más allá. El director general del proyecto, Andreas Gettkant, expuso, por vez primera ante un foro de “sociedad civil” masivo, sus maravillas. Y lo hizo en la conferencia de apertura en el teatro Zebadúa. Las fotos de inauguración en la memoria del evento delatan esta convergencia. Junto a la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, también auspicia un aspecto central: los códigos de ética en el tema. La entidad no será casual. Gobernada por el Partido Verde, constituía la joya del llamado capital natural del país, y la ciudad de San Cristóbal, la plaza donde en octubre de 2001 la dirección del Colegio de la Frontera Sur, exhausta precisamente por las acusaciones de no haber actuado de manera ética, anunciaría la cancelación del proyecto estadunidense ICBG (International Cooperative Biodiversity Group) Maya, una caída que años después se saldará en los candados neoliberales que el capital y sus redivivos gobiernos impondrán en las amañadas cláusulas del Protocolo de Nagoya, base del proyecto alemán.
“Alemania es el principal inversionista en México, después de Estados Unidos”, reporta en su portal de internet la GIZ México, hablando de economía y comercio. Pero es la primera, y por mucho, hablando de otra inversión: la llamada cooperación al desarrollo, en las materias, claro, del interés del cooperante, vinculadas todas al modelo de la economía verde.
“Alemania es el primer socio en materia ambiental y de ANP [áreas naturales protegidas] de México. Desde 2008 nos ha apoyado con aproximadamente 700 millones de euros”, señaló mediante boletín la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 15 de abril de 2016.
Más que una declaración, un mensaje al nuevo mandamás, el gobierno alemán, en el marco del anuncio de la creación de la Gendarmería Ambiental y su ingreso a tres áreas naturales protegidas de valor internacional, dado a 48 horas de que el presidente Enrique Peña firmara la Declaración de Biodiversidad, redactada en la cancillería alemana, y comprometiera ante la canciller el uso de la fuerza.
El titular de la Conabio, José Sarukhán, y el de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Alejandro del Mazo, también se inclinarán ante el viceministro alemán de medio ambiente, Jochen Flasbarth, bajo la misma consideración:
“Alemania es el principal socio y aliado de México en la consolidación y conectividad de ANP, valoración económica de los servicios ecosistémicos, y biodiversidad. Agradecemos a su gobierno por su cooperación para la conservación de la biodiversidad de México”, según el boletín de la Conanp del 22 de junio pasado.
Si algún país no es un advenedizo en el tema, es Alemania. De 1998 a 2006 el alemán Klaus Töpfer (ministro de Medio Ambiente alemán, 1987-1994) presidió la oficina de medio ambiente de la Organización de las Naciones Unidas (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA), habiéndole cedido el puesto (como se oye) a otro alemán, Achim Steiner, el impulsor, tras la crisis financiera de 2008, de los negocios verdes y de la biodiversidad como el gran motor de la economía verde.
La sucesora de Töpfer en el Ministerio de Medio Ambiente alemán, y por 4 años (1994-1998), fue la hoy canciller Angela Merkel, habiéndole tocado organizar la primera Conferencia de las Partes (Cop 1) sobre el Clima (Berlín, marzo de 1995). Ya en la cancillería, la gobernante impulsaría el tema en vía doble: 1) como un nuevo sector de mercado (ventajas competitivas, que años después ensuciaría el Dieselgate de Volkswagen); y 2) como la nueva coartada para excusar proyectos de resiliencia de la biodiversidad y sus ecosistemas.
En la Conferencia de las Partes de Bonn (Cop 9, mayo de 2008), Alemania impuso su ritmo. A ello contribuyó grandemente una chequera que para entonces ningún país de Occidente estaba en posibilidad de ofrecer. Impulsó el acuerdo dormido tomado en Kuala Lumpur (Cop 7, febrero 2004) de protección y ampliación de las Áreas Naturales Protegidas, sobre mar y tierra y vio porque se eligiera al grupo de trabajo del Protocolo ABS (acceso a recursos genéticos y reparto de beneficios), que 2 años después en Nagoya (COP 10) las delegaciones básicamente llegaron a firmar. Para no andarse por las ramas, en esa cumbre, a impulso y patrocinio de Alemania, se creó la LifeWeb Initiative para financiar 460 mil kilómetros cuadrados de Áreas Protegidas alrededor del mundo, ya establecidas o por establecer. A ese propósito (e interés propio) Alemania destinó 322 millones de dólares (el 89 por ciento del monto total); la Unión Europea, 11 millones; Estados Unidos, 8 millones; y 6 millones los países restantes. De la mano del partido de los Verdes (Bündnis 90/Die Grünen), el gobierno alemán acordó financiar con recursos de ese fondo 19 mil 700 kilómetros cuadrados para nuevas ANP en cuatro países: el Congo, Yemen, México (Sierra Madre Oriental) y Guatemala.
Al tanto del cataclismo financiero de sus competidores, las proyecciones económicas alegadas por su oficina de finanzas anunciaban días soleados. Bajo esos auspicios, en el marco de esa Cumbre detonante para la expansión de la agenda verde (del anfitrión), la canciller dio un mensaje: declara que su gobierno destinará para la “protección” internacional de selvas y otros ecosistemas en peligro un monto de 500 millones de euros para el periodo 2009 a 2012 y, a partir de 2013, esa misma cifra pero cada año. Un año después, con motivo de la década internacional de la biodiversidad de las Naciones Unidas (2010-2020) recibió el premio especial de biodiversidad Midory.
En efecto en la mesa del Ministerio de Finanzas alemán el tsunami bursátil en puerta proyectaba un claro hundimiento en las cuentas fiscales de sus socios de Occidente (que se reflejó en la sensible contracción de su “ayuda” destinada al desarrollo) y, en contraste, una formidable subida en los ingresos propios a causa de un disparo en las exportaciones (correlativo también a la caída en las de sus “socios”).
La crisis financiera generó una oportunidad que Alemania aprovechó. En la Cumbre consolidó el tema de ANP y definió ya las reglas (neoliberales) de acceso a los bancos genéticos mundiales. Los alemanes pudieron controlar el proceso por su Estado fuerte y su sistema financiero “aldeano”. Se colocaron a la cabeza mundial en el tema. En los siguientes años ampliaron su ventaja a la par que el territorio-México creció como su plaza predilecta, un eco “afecto” hacia este país al que la fuerza centrípeta de la crisis mundial y el arribo de un enorme Gólem a la Casa Blanca transformarían, literalmente, en su exclave en América y en nuestro nuevo polo hegemónico (de categoría subsidiaria).
Con la llegada de un nuevo y muy cercano socio político (tras las elecciones federales realizadas a finales de 2009 los socialdemócratas son desplazados como socio minoritario), el 7 de enero del 2010 el gobierno de la señora Merkel firmó el nuevo contrato de Coalición para el periodo 2010-2013 con el Partido Liberal (FDP) que encabeza Guido Westerwelle, un político más cercano a la canciller que sus propios correligionarios de partido. En los “Acuerdos para la protección de los hábitats de especie biológicas”, entre otros puntos, se establece:
-Las áreas con valor ecológico deberán tener una gestión integral
-Se impulsará un sistema global de áreas protegidas marinas
En 2011, tras la firma en diciembre en Nagoya, Japón, del Protocolo que sella las cláusulas neoliberales para acceder al patrimonio biocultural de los pueblos (para dar “cumplimiento” al tercer objetivo del Convenio de Diversidad Biológica), el gobierno de Alemania ensancha la cartera. Plegados los verdes –para entonces en el parlamento alemán sólo el partido La Izquierda (Die Linke) se opone a la desamortización de este patrimonio común (años más tarde también se plegará)–. A partir de entonces México se alza como la plaza predilecta de esta “cooperación”, firmándose ese año proyectos bilaterales por más de 50 millones de euros, la mayor parte, rodeando o directamente, para biodiversidad, incluido el proyecto para aplicar el Protocolo de Nagoya (acceso a recursos genéticos) que más tarde se encubrirá bajo el nombre de “Gobernanza de la Biodiversidad”. Es el año en que el confidente de la canciller y ministro de exteriores, el liberal Guido Westerwelle, viaja a la reserva Montes Azules, a partir del 5 de diciembre pasado amurallada de verde, y en que el expresidente Calderón había bautizado, en la misma fecha y muy a propósito, al buque “Montes Azules”.
En esta aproximación entre países y economías distantes no sólo contaron las cualidades objetivas del territorio-México y su opción casi exclusiva ante la imposibilidad de expandirse hacia el Sur inconmensurable a causa de la cresta antineoliberal levantada por gobiernos de izquierda en Sudamérica, sino la confluencia ideológico-programática de ambos gobiernos cuyos primeros pasos se dieron a finales de 2005 –llegada al gobierno de Merkel– con el descongelamiento de las autorizaciones para el envío de armas en el marco de la insurgencia electoral del izquierdista López Obrador y de otros procesos de levantamiento social como los de Atenco o la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
En el 2011 se formalizaron, entre otros y además del proyecto ABS ya mencionado, el Programa trinacional Selva Maya, plato fuerte de la riqueza biocultural de Mesoamérica al que, a partir de entonces, se destinarían aproximadamente 22 millones de euros) y la donación salvífica (Rosenzweig dixit) al Sistema Arrecifal Mesoamericano. Sobre ambas regiones se decretó el pasado 7 de diciembre una mega salvaguarda petrolera en la Plataforma peninsular y una mega ANP marina, respectivamente. Estados Unidos, que sólo suspiran ante el arrebato, trataron de remontar años después la apuesta concentrando, a partir de 2014, toda su ayuda en materia ambiental (conservación de biodiversidad) en la Península de Yucatán y en el estado de Chiapas. Su puja para la zona no llegó siquiera a la tercera parte de lo destinado ahí por Alemania.
El 2012 llegarían los proyectos (euros y directrices) para la protección de la biodiversidad marina y costera en el Golfo de California y de la Sierra Madre Oriental, esta última proveedora de servicios ecosistémicos del corredor industrial for export hacia Estados Unidos financiado ya desde 2008 con motivo de la COP 9 en Bonn). Ambas regiones también serían incorporadas en los decretos de ANP y de salvaguardas del pasado 7 de diciembre, promulgadas 2 días antes en el marco de la Cumbre Mundial de Biodiversidad (la COP 13).
Si algún actor nacional (mexicano) acompañó al más alto nivel esta agenda y relación desde sus inicios hasta la fecha, esa es la embajadora Patricia Espinosa, recién nombrada (julio 2016, y bajo el gran impulso del gobierno alemán) secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por su sigla en inglés), con sede en Bonn, Alemania. Egresada del Colegio Alemán, no es un think tank en el tema pero sí su operadora política top, con una envidiable capacidad de quedar bien con todos, arrimando con gran tacto la agenda neoliberal instruida. Su know how es la diplomacia de los foros con invitados selectos, o pasearlos.
En julio, acompañó a Chiapas a “su amigo” Guido Westerwelle, quien viajó a la entidad para conocer su “gran biodiversidad”, semanas antes del anuncio de la inversión alemana para hacerse con los recursos genéticos del país. Meses después, el 23 de noviembre de 2011, en el marco de la firma en el Ministerio Alemán de Medio Ambiente del Programa de Cooperación México-Alemania, que destinará a México 118 millones de euros (con la biodiversidad al centro) y el abanderamiento en Salina Cruz, Oaxaca, del buque de la armada Montes Azules (obsesión de Calderón), la funcionaria inauguró el foro Green Solutions. El gobierno de Chiapas, que 1 año después quedaría a cargo de la primera entidad gobernada por el Partido Verde, sería desde luego el invitado de honor.
La agenda verde no era (ni en el fondo es) un tema central para el nuevo gobierno nacional a cargo del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-Verde ni para el gobierno de Alemania. Este retorno era la mejor noticia y así lo hizo saber saludando su elección mucho después que la mayoría lo hiciera. Sin embargo, lo pactado con Alemania bajo la administración panista era de proporciones. La Casa Blanca tenía muy otras preocupaciones, las condiciones internacionales presagiaban nuevas recaídas y los fondos internacionales mantenían su astringencia. Cauta, la nueva administración se decantó por continuar de manera pragmática la relación y continuar la agenda, de cara a la reforma petrolera que, delirante, pretendía perforar de Norte a Sur y de Este a Oeste el país. Aun ministro de exteriores Westerwelle, la mujer de confianza de la potencia exportadora, al cabo políticamente también de madera neoliberal, fue nombrada embajadora de México en Alemania por el gobierno de Peña.
Hacer frente con los países amigos (políticamente afines) fue, bajo su mando en la Secretaría de Relaciones Exteriores (2006-2012), la consigna a las delegaciones mexicanas que viajaban a foros multilaterales. Una práctica compartida por el gobierno conservador de Alemania, que a estas alturas la considera ya una extensión de su política internacional. En mayo del 2014, en el marco del foro Socios Globales y la Agenda post-2015 para el Desarrollo Sostenible, que organizó la GIZ y el Ministerio de Cooperación en Bonn, la entonces embajadora de México en Alemania fue invitada a participar en una discusión selecta junto a otras tres distinguidas y afines personas: la ceo de GIZ, el secretario del Estado del Ministerio de Cooperación, y el presidente del Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible. Se trata de “discutir” el leitmotiv del mensaje dado en ese foro por el expresidente alemán Horst Köhler: la gran afinidad (ideológica y temática) que deben tener los socios en el nuevo paradigma de la cooperación internacional. A partir del 20 de enero próximo, las cuerdas que atarán a los escuálidos gobernantes mexicanos al timón recordarán, a cada golpe del temporal, el fatal alcance de estas palabras.
Theresa Richter y Juan Ignacio Domínguez
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: AMBIENTAL]
Contralínea 520 / del 01 al 07 de Enero 2017
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