El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral inició 2018 con una bolsa multimillonaria: 1 mil 313 millones 122 mil 194 pesos. De este capital, en los primeros 3 meses del año gastó 471 millones 52 mil 447 pesos, refiere información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregada a la Cámara de Diputados.
Los datos refieren que, de ese total, “466 millones 750 mil 43 pesos se destinaron al pago de medidas de ayuda y de compensaciones como parte de la reparación integral [sic]; 4 millones 286 mil 633 pesos al pago de honorarios fiduciarios; y 15 mil 770 pesos al pago de comisiones bancarias”.
Según la información oficial –contenida en el “Anexo XV” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2018–, fueron “1 mil 243 personas víctimas de violencia” –directas e indirectas– las que recibieron los recursos públicos.
En todo 2017, el Fondo gastó 381 millones 477 mil 296 pesos, “de los cuales 377 millones 538 mil 598 se destinaron al pago de medidas de
ayuda y de compensaciones [a favor de 861 personas]; 3 millones 925 mil 866 pesos al pago de honorarios fiduciarios; y 12 mil 831 pesos al pago de comisiones bancarias”.
Así, entre enero de 2017 y marzo de 2018, el gobierno federal –a traves del Fondo de Ayuda– ejerció 852 millones 529 mil 743 pesos en ayudas y compensaciones a favor de un total de 2 mil 104 víctimas de violencia.
Operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral tiene por objeto “servir como mecanismo financiero para el pago de las ayudas, la asistencia y la reparación integral a víctimas, incluyendo la compensación en el caso de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales y la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden federal”.
Ello, “con cargo al patrimonio fideicomitido, en términos del dictamen de procedencia que para cada caso emita el pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas conforme a la Ley General de Víctimas, su reglamento y demás disposiciones aplicables”.
Según los informes de Hacienda, a través de este mecanismo también se opera “el Fondo de Emergencia a través de una subcuenta especial, misma que está integrada por los recursos que determine el pleno de la CEAV mediante acuerdo, y que será destinado al pago de los apoyos y medidas de ayuda inmediata”.
Al cierre del primer trimestre de 2018, el Fondo contaba con un saldo disponible de 1 mil 249 millones 146 mil 68 pesos, que podrán ejercerse en su totalidad o parcialmente en este ejercicio.
Y es que al tratarse de un fideicomiso público, el manejo de esos recursos no está atado al presupuesto público de la federación y es discrecional. Tampoco está obligado a rendir cuentas, ya que se le aplica el secreto fiduciario, según ha denunciado en múltiples ocasiones la Auditoría Superior de la Federación.
Dirigida por Sergio Rochín, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas “atiende y apoya a quienes hayan sido víctimas de un delito federal o de una violación a sus derechos humanos”. Su fin, según indica en su página de internet, es “que las personas obtengan verdad, justicia y reparación del daño para que, en la medida de lo posible, recuperen un proyecto de futuro”.
No obstante, defensores de los derechos humanos observan que la CEAV está lejos de alcanzar esos propósitos. Señalan que ésta presenta serias deficiencias que la hacen incumplir con sus objetivos.
Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), indica a Contralínea que esa Comisión no ha tenido un aporte en el trabajo integral que debería llevar a la verdad y la justicia.
Agrega que su labor se desvirtúa al pretender brindar recursos de apoyo económico para pagar gastos de transporte o medicamentos. “Son cosas menores, que son válidas para la gente [las víctimas directas e indirectas], pero no son el elemento fundamental. Es necesario reforzar estos instrumentos”.
Y es que las reparaciones del daño o ayudas económicas en sí mismas no contribuyen a impedir la repetición de los crímenes y violaciones graves a los derechos humanos –como la tortura y las ejecuciones–, ni frenan la impunidad. Es por ello que no hay justicia ni verdad en la mayoría de los casos que atiende la CEAV.
El presidente de la Limeddh reconoce que, en algunos casos, la Comisión sí ha brindado acompañamiento sicológico y orientación jurídica a las víctimas.
Pero el camino para lograrlo es difícil y está lleno de obstáculos. Por ejemplo, las personas que requieren acompañamiento primero tienen que demostrar que son víctimas de un delito federal o de una violación a sus derechos humanos –a través de documentos oficiales emitidos por autoridades nacionales o internacionales–, y luego ya se procede con su atención.
Para Javier Enrique Sanz –coordinador del Área de Rehabilitación del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)–, en la CEAV existe “una carencia económica y estructural” que impide su adecuado funcionamiento.
El defensor detalla que no existe un esquema de atención con perfiles profesionales apropiados. “La respuesta [a las víctimas] suele ser: ‘no le podemos dar ningún servicio’”. Cuando la víctima o el familiar recibe esa respuesta negativa, muchas veces, ahí se acabó su búsqueda de verdad y justicia.
Para los defensores de derechos humanos consultados, la tortura es un claro ejemplo de las fallas en la atención a las víctimas. Al respecto, indican que, al igual que la CEAV, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) es ineficaz e incumple con su función.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos explica en su página web que este mecanismo preventivo “consiste en realizar visitas periódicas a los lugares de detención, para examinar el trato que se da a las personas privadas de la libertad y evaluar las condiciones de detención”.
Pero el doctor Javier Enrique Sanz critica que en lugar de “evitar que se den irregularidades [que llevan a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros penitenciarios] no dice nada, no denuncia nada y no deja ver con claridad las situaciones que se están dando”.
Agrega que este procedimiento puede ser adecuado en la medida en que no se dé aviso a las autoridades penitenciarias, y se pueda entrar a los lugares de detención en cualquier momento. Pero esto “no se cumple en la práctica: hay cárceles que tienen autogobierno y se supondría que el organismo encargado de vigilar y evitar esto debería darlo a conocer. El mecanismo se creó de manera formal, pero no está actuando”.
Por su parte, Adrián Ramírez señala que “el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura tiene como aporte principal haber hecho estudios, más o menos, sistemáticos de la situación penitenciaria”.
Sin embargo, señala el presidente de la Limeddh, “no ha logrado poner énfasis en la necesidad de la reformulación total del sistema penitenciario”.
Mientras tanto, son mínimos los casos de acción penal en el tema de tortura. La Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura, creada en 2015, informó en febrero de 2018 que habían abierto 8 mil 335 investigaciones de tortura y sólo 17 casos tuvieron acción penal.
Al respecto, el CCTI denunció mediante un comunicado que “la impunidad casi absoluta constituye el eje transversal que perpetúa la violencia y las violaciones a derechos humanos”.
Añadió que “los organismos nacionales, internacionales y nosotros, hemos documentado que la tortura se practica de manera generalizada, sistemática y permanente en México sin que los culpables sean enjuiciados”. Y es que, a juicio de la organización, las autoridades civiles, militares y policiacas “son las principales perpetradoras de este delito”.
Para Adrián Ramírez, “la tortura tiene un carácter sistemático en el que todas las corporaciones policiacas y militares actúan a nivel de una gran parte de municipios, estados. Las autoridades han perpetrado la tortura no sólo como un método de fabricación de culpables sino como una forma perversa de preservar este narco-Estado policiaco militar”.
El 26 de junio se conmemoró el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, pues el mismo día en 1987 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El artículo 14 de la Convención, ratificada por 159 países, afirma que los Estados deben velar para que las víctimas obtengan reparación. “Esto abarca los medios para lograr la rehabilitación más plena posible para todas las víctimas, tanto si son adultos como si son niños”, señala la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su página web.
Adrián Ramírez explica que en México se han logrado avances en la instrumentación del Protocolo de Estambul, el manual para la investigación de la tortura adoptado por las Naciones Unidas. Sin embargo, señala que esto “todavía no se traduce en un beneficio para todas las personas que han sido víctimas de la tortura. La reparación de daños para ellos todavía está muy lejos de alcanzarse”.
Diana Aguila/Marcial Yangali
Contralínea 599 / del 16 al 22 de Julio 2018
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