Randy Saborit Mora/Prensa Latina
Guatemala, Guatemala. Un tribunal guatemalteco logró sentar, en 2013, a los exmilitares Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez en el banquillo de los acusados por delitos de genocidio y lesa humanidad, lo cual fue aplaudido por organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Durante el juicio, Ríos Montt fue encontrado culpable de ser autor intelectual del asesinato de 1 mil 771 indígenas de la etnia maya ixil, cometidos por fuerzas represivas durante su régimen (marzo 1982-agosto 1983); mientras Rodríguez, su jefe de inteligencia militar, quedó absuelto.
Sin embargo, la sentencia de 80 años de prisión –dictada por el Tribunal A de Mayor Riesgo el 10 de mayo de 2013– fue anulada días después por la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala.
El mencionado veredicto de la CC –aprobado por tres votos a favor y dos en contra– estableció que el juicio debía retroceder hasta el 19 de abril de 2013, cuando ya había transcurrido 1 mes de audiencias.
“El fallo [de la Corte] es contrario al derecho y contradice también la obligación del Estado de Guatemala de juzgar y castigar a los responsables de los crímenes graves”, criticó Ramón Cadena, director de la Oficina de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica.
La Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), uno de los querellantes en el proceso, denunció que la condena la revocó la más alta corte del país cuando las elites empresariales y grupos ligados a los militares, que ejecutaron el exterminio, rechazaron la decisión del tribunal y buscaron crear zozobra.
“Nosotros hemos pasado 12 años preparando pruebas y argumentos, sorteando todo tipo de obstáculos, y cuando empezamos a avanzar, nos cuestionan la legitimidad de los procesos judiciales”, señaló la AJR en una declaración presentada ante el Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas, de la ONU.
“Como autoridades ancestrales de la región ixil consideramos que con el fallo otorgado por la CC se ha debilitado el sistema de justicia y se ha desacreditado al país ante la comunidad internacional”, indicó José de León, representante de indígenas de Nebaj.
Nebaj, Cotzal y Chajul son tres municipios guatemaltecos que conforman el denominado Triángulo Ixil, donde el Ministerio Público constató decenas de masacres perpetradas por fuerzas represivas durante el gobierno de facto encabezado por Ríos Montt.
La vicepresidenta guatemalteca, Roxana Baldetti, declaró a periodistas que ni ella ni el mandatario Otto Pérez Molina se pronunciarían sobre la referida resolución de la CC.
Sin embargo, en el transcurso del debate, el gobernante y general del Ejército, Pérez Molina, sí negó que hubiera ocurrido genocidio durante el conflicto armado interno (1960-1996).
Como histórico calificó el comienzo del juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay.
El Sistema de Naciones Unidas en Guatemala también saludó el proceso contra ambos sindicados.
En un comunicado divulgado en esta capital, las agrupaciones de la ONU respaldaron la voluntad del Estado guatemalteco de llevar a cabo el proceso por delitos de genocidio y de lesa humanidad cometidos por la institución castrense contra la población ixil, ocurridos de 1982 a 1983 en medio de la Guerra Civil de 36 años.
La ONU destacó que ese proceso constituyó un referente para la justicia guatemalteca en su capacidad de juzgar casos de violaciones de derechos humanos durante la guerra interna en Guatemala con respeto a la plena autonomía de las instituciones encargadas de impartir justicia.
Por su parte, la Premio Nóbel de la Paz 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú, afirma a Prensa Latina que el debate contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez sentó un precedente para procesar los delitos de genocidio y lesa humanidad ante un juzgado nacional.
Cuando se celebraban las audiencias en abril pasado, Menchú valoró que la verdad de las víctimas del conflicto armado interno pasaba a ser parte de la memoria oficial.
La dirigente indígena indica que de marzo de 1982 a agosto de 1983 (durante el gobierno de Ríos Montt) ocurrieron atrocidades contra mujeres, violaciones de menores y asesinatos de personas.
Ese tipo de fascismo, precisó, lo hacía el Ejército contra presuntos comunistas o guerrilleros.
Varios deponentes declararon ante el Tribunal A de Mayor Riesgo sobre la política de tierra arrasada, la persecución, la quema de viviendas y pertenencias y demás crímenes ocurridos en la dictadura de Ríos Montt.
Bajo condición de anonimato, una decena de mujeres de Nebaj, Cotzal y Chajul atestiguaron sobre las violaciones a las que fueron sometidas por fuerzas represivas durante el aludido gobierno golpista.
Una de las declarantes aseguró que los soldados le dijeron que su presidente, Ríos Montt, había expresado que los ixiles se fueran “a la basura por colaborar con la guerrilla”.
Otra sostuvo que había niñas y las violaron también, mientras recordó que a una señora la colocaron en un palo y la mataron.
Entretanto, Tiburcio Utuy, de 70 años, aseveró que los militares le quemaron el estómago, los testículos y lo dejaron hasta sin dientes durante una paliza.
Mientras, Francisco Velasco afirmó que a una de sus hijas, menor de edad, los soldados “le abrieron el pecho y le sacaron el corazón”.
También el alto tribunal tomó en cuenta peritajes que sustentan la acusación presentada por la Fiscalía contra ambos exmilitares.
La jurista española Paloma Soria explicó que la violencia sexual perpetrada por un alto número de soldados durante la contienda de 36 años, fue masiva y sistemática en contra de mujeres indígenas.
Nieves Gómez, como sicóloga, destacó que lo vivido por la población ixil durante esa época representó un hecho traumático en sus vidas, pues hasta la fecha padecen terror y miedo.
El historiador Ángel Valdés explicó que la destrucción del maíz, por parte del Ejército, constituyó un elemento que atentó contra su cultura.
Asimismo, el matemático Patrick Donnell mostró una ecuación que evidenció que de marzo de 1982 a agosto de 1983 la institución castrense ejecutó al 5 por ciento de la población ixil.
Hasta el 5 de enero de 2015 tendrán que esperar las víctimas de masacres, presuntamente ordenadas por el exjefe de Estado, Ríos Montt, para que tanto él como Rodríguez Sánchez declaren ante la justicia guatemalteca, anunció en noviembre pasado el Tribunal B de Mayor Riesgo.
Esta información se supo mientras está pendiente que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones resuelva si el exdictador es beneficiado con la amnistía sobre la base de un acuerdo firmado en 1986, según solicitó la CC en octubre de 2013.
Sin embargo, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), otro de los querellantes en la causa, consideró inaplicable la amnistía para ese exmilitar condenado por delitos de genocidio y lesa humanidad.
La Ley de Reconciliación Nacional prevé la amnistía para delitos políticos cometidos durante la conflagración civil guatemalteca, pero la limita para casos de genocidio, tortura y desaparición forzada, aclaró el CALDH.
Aunque aún hoy es una incógnita si la balanza se inclinará hacia la impunidad o la justicia en este caso, 2013 pasará a la historia de Guatemala como el primer año en que un tribunal nacional procesó a dos exaltos mandos por delitos de genocidio y lesa humanidad.
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