La maniobra con que Estados Unidos y la oligarquía hondureña echaron del poder al izquierdista Manuel Zelaya se revierte ahora contra los nuevos gobiernos herederos del golpe de Estado. Ante la intención de mantenerse en el poder, la actual administración ahora desea hacer las modificaciones constitucionales que propuso Zelaya y que le costaron la Presidencia
Daniel Urbino/Prensa Latina
Honduras revive hoy fantasmas de un pasado reciente. Sectores políticos mueven piezas sobre el tablero y encienden el debate sobre la necesidad de una asamblea constituyente, la reelección o la opción de mantener el estatus actual.
La controversia cobró fuerza el 8 de diciembre de 2014, cuando más de 1 docena de diputados del oficialista Partido Nacional (PN) y uno de Unificación Democrática presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad a un artículo de la Constitución Política de Honduras.
Dicho acápite, el 239, expone que aquel ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente de nuevo.
Quien quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública, reza a continuación.
No es la primera vez que se aborda el tema en Honduras.
En 2009, el entonces presidente Manuel Zelaya promovió lo que se conoció como la “cuarta urna”, una consulta popular no vinculante mediante la cual se podría conocer si el pueblo estaba a favor de una reforma constitucional o no.
Ésta se llevaría a cabo el mismo día en que se realizaría la elección presidencial, la de los congresistas y la de los alcaldes, a lo que se debía la denominación de cuarta urna.
Sectores de derecha y de la oposición, críticos del acercamiento de Zelaya a gobiernos progresistas de la región, no asimilaron la propuesta y vieron una oportunidad para sacarlo del camino.
Bajo la sombrilla manipuladora de que Zelaya pisaría la Constitución en su empeño por buscar la reelección se desató una fuerte campaña mediática, legal y política en su contra, en la cual el Artículo 239 fue un argumento de peso.
El afán por impedir el plebiscito fue tal que, en la madrugada del 28 de junio de 2009, efectivos militares irrumpieron en la residencia presidencial por la fuerza y montaron a Zelaya en un avión con destino a Costa Rica.
Uno de los más enconados críticos de la cuarta urna, Roberto Micheletti, entonces al frente del Congreso Nacional, asumió el poder del país tras el golpe de Estado.
No es necesario contar el resto de la historia. El 27 de enero de 2010 Porfirio Lobo, del Partido Nacional, se colocó la banda presidencial tras unas elecciones que aparentemente restauraron el orden constitucional en el país.
Viejas heridas reabren
El escenario actual es, al menos, interesante.
Muchos de los opositores de la consulta no vinculante de 2009 y quienes acusaron a Zelaya de promoverla con la intención de reelegirse se muestran ahora partidarios de aprobar un segundo mandato presidencial.
Tras la presentación del recurso, la discusión tomó fuerza y muy pronto superó los márgenes simplistas y reduccionistas con los cuales fue esbozada por sus patrocinadores.
La Constitución adolece de serios problemas y contradicciones en su concepción democrática –coincidió el Partido Libertad y Refundación (Libre)– y los artículos pétreos impiden al pueblo expresarse y modificar su texto, limitando así el derecho natural de las nuevas generaciones a decidir su propio destino.
La cuestión debe trascender a la reelección, sentenció.
El pueblo debe expresarse en una consulta, plebiscito o referéndum, indicó de manera categórica esa formación política.
La excandidata presidencial de Libre a las últimas elecciones, Xiomara Castro, también fue tajante. Lo único que garantizará al pueblo es convocarlo, dijo.
La agenda, señaló, es la misma de 2009: luchar por la participación ciudadana.
Asimismo, Libre –fuerza cuyo coordinador general es Zelaya– dejó claro que las reformas que se impulsen no pueden nacer de la Sala Constitucional o del Congreso Nacional, sino que deben tener en cuenta la opinión de todos.
La cuestión se polarizó a tal punto que, en un gesto muy inusual, cuatro partidos de muy distinta posición ideológica –Libre, Innovación y Unidad Social Demócrata, Liberal y Anticorrupción– se unieron en “total oposición abierta y contundente” a la pretensión continuista del gobierno y reiteraron la propuesta del plebiscito o referéndum.
Última palabra
En enero, el Ministerio Público se pronunció sobre los artículos que penalizan el debate sobre la reelección.
Según la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución el párrafo segundo del Artículo 239 es violatorio de los derechos humanos y la libertad de expresión. Asimismo, consideró que éste contraviene los tratados internacionales sobre derechos humanos, libertad de expresión y la propia Carta Magna hondureña.
La última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia, que deberá pronunciarse próximamente y tendrá muy en cuenta la opinión del Ministerio Público.
¿Reelección o Constituyente? Los próximos meses serán fundamentales para ambos carriles, así como para Honduras, nación que ya vio menoscabadas sus libertades por intereses individuales y constreñidas visiones políticas.
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