San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La primer y única noche que Adrián Gómez pasó fuera de la cárcel, después de 12 años, fue esposado a una camilla en la zona de urgencias del Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de las Casas. No pudo conciliar el sueño debido a las molestias que tenía por una infección grave en las vías urinarias, pero también porque se desesperaba en aquel lugar. “Aquí murió mi padre”, explica.
El lunes 10 de junio llevaba 87 días en huelga de hambre cuando empezó a orinar sangre y a sentir fuertes dolores en el riñón. Las autoridades del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados 5 (CERSS) ordenaron su traslado urgente al hospital y asignaron dos custodios para acompañarlo. “Lo esposamos como parte de un protocolo; si escapaba, la responsabilidad iba a ser de nosotros”, se excusa Jaime Santis mientras busca la llave para liberarlo.
Adrián no había recibido ninguna visita hasta que Contralínea solicitó un permiso de acceso al director del CERSS 5, José Sánchez Ríos. Al encontrarlo, la fiebre causada por la infección todavía no pasaba y el sudor aún le empapaba la frente. Comentó que el ardor también persistía, pero que ya se sentía lo suficientemente bien como para regresar a la cárcel.
El miedo a quedarse estaba justificado: el hospital tiene fama de “matadero” y en los rostros angustiados de las personas que acampan afuera se miran las pocas esperanzas en la recuperación de sus familiares. “Muchos sólo esperan los cuerpos para enterrarlos”, dice Susana, hermana de Juan de la Cruz, otro indígena en huelga de hambre.
Poco después de la 1 de la tarde, Adrián fue dado de alta por la doctora Ruth de la Cruz. Esperó todavía algunas horas a que llegara la trabajadora social del CERSS 5 para tramitar su salida y a solicitar los medicamentos prescritos.
En ese lapso pidió agua para beber pero se lo negaron. “No hay vasos de plástico y no tenemos acceso a los que hay en la cocina”, contestó el uno de los médicos que quedó a cargo. Cuestionado por Contralínea, negó estar enterado de que el paciente estaba en huelga de hambre y no quiso proporcionar su nombre.
Tanto el agua como los medicamentos terminaron siendo comprados por Susana, quien cumplió la labor de una hermana. Y es que hay algo que no se ha dicho: Adrián perdió a su familia mientras estaba en la cárcel. Sus padres murieron y también el único hermano que lo visitaba. Nadie más se interesaba por él hasta que varias organizaciones civiles empezaron a apoyar las denuncias que, junto con otros compañeros, externó.
En entrevista, el titular de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del estado de Chiapas, el comisario jefe José Miguel Alarcón, señala que el pago de medicamentos es su obligación y tomará cartas en el asunto: “No tengo el reporte aún pero no hay ningún problema: a contra recibo podríamos solventar los gastos [por 736 pesos]”.
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A través de las rejas, cuatro varones de baja estatura ven llegar a sus visitantes y se incorporan lentamente. Cada abrazo se hunde en sus cuerpos flácidos y, aunque intentan responder con la misma fuerza, ya no son los mismos de antes: hombres de campo y de construcción. Nunca imaginaron luchar con hambre, pero ha resultado ser el único altavoz efectivo para hacer oír sus reclamos.
En un pequeño campamento –montado en el extremo de una jardinera del CERSS 5– beben miel disuelta en agua caliente para sobrevivir. Aunque esta mezcla resulta un manjar para las abejas, que llegan por decenas, ellos fruncen el ceño con cada trago que pasan: después de tantos días de lo mismo, explican, lo dulce da náuseas y sabe amargo.
Las lonas negras acumulan el calor durante día y les permiten enfrentar el frío de las noches. Además, ocupan el aserrín desechado del taller de carpintería para cubrir el suelo. Todo es parte de una estrategia para durar a pesar de la debilidad. “Seguiremos en la lucha hasta ver la boleta de libertad”, sostienen los cuatro.
Los indígenas tzotziles Juan de la Cruz Ruiz, Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo y su hermano Germán, iniciaron la huelga de hambre el 15 de marzo de 2019. Los primeros dos forman la organización La Voz de Indígenas en Resistencia, y los hermanos son parte de La Voz Verdadera del Amate. Marcelino Ruiz Gómez también participa de esta huelga, pero él se encuentra en el CERSS 10.
Si bien reclaman justicia y revisión de sus casos particulares, su protesta evidenció una violación sistemática a los derechos humanos de los indígenas que se encuentran en las cárceles chiapanecas. El sufrimiento suele iniciar con una detención irregular.
Actualmente, de las 3 mil 648 personas privadas de la libertad en Chiapas, 16.2 por ciento de las son de origen indígena. Datos elaborados para Contralínea por la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad revelan que esta población se concentra principalmente en el CERSS 5, CERSS 14 y CERSS 16, donde suman más de cien.
De acuerdo con una investigación que realizó en 2017 Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), el 77 por ciento de los indígenas de Chiapas no entendió los motivos de su detención. El informe El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de su libertad en los estados de Chiapas y Oaxaca también documentó que en el 83 por ciento de los casos no se mostró una orden de aprehensión.
Germán acaba de empezar una serie de dibujos a lápiz sobre su detención. En la primera lámina él y su hermano Abraham aparecen en un parque de lo que, explica, es el centro del municipio de Pueblo Nuevo, ubicado a unas 4 horas de San Cristóbal de las Casas en automóvil. Seis policías los rodean: uno apunta a su hermano con un fusil, otro le apunta a él con una pistola, uno más llega con las esposas y los tres restantes los miran con enojo.
“Para entonces sabía muy poco español, pero alcancé a preguntar ‘por qué’. El que parecía el jefe sólo me dijo ‘no sé’ y siguió con la detención”, recuerda Germán, quien aún estructura con dificultad algunas frases. A diferencia de cuando platica en tzotzil, habla muy lento el castellano. No entendió nada más hasta el momento en que lo encerraron en un lugar desconocido y lo torturaron durante 2 días.
En el siguiente dibujo aparece él con vendas en los ojos, en las piernas y en los brazos, tirado sobre una mesa. Un policía le agarra los pies, otro le pega con una pistola, y un tercero vierte agua sobre una toalla que le cubre la nariz y la boca. Hay otros dos que se limitan a observar sonrientes. “Los conté por sus voces y por las manos que me agarraban. Todo el tiempo se reían”, recuerda.
“Eso fue sólo el inicio. Me faltan dibujos de cuando me pusieron una bolsa en la cabeza o cuando me metieron una aguja debajo de los ojos. Tardé mucho en curarme la herida con agua de manzanilla y aunque sanó, ya nunca cerró”, cuenta mientras presiona su ojo derecho. Acto seguido una gota brota de un pequeño orificio ubicado más abajo de las glándulas lacrimales. Este espectáculo anormal le causa un poco de gracia, pero es testimonio del terror que sufrieron él y su hermano Abraham para “terminar firmando una hoja en blanco”.
El informe de AsiLegal refiere que el 32 por ciento de los indígenas encarcelados señaló haber sido víctima de actos de tortura durante su detención y el 54 por ciento no contestó. “Las autoridades ministeriales están obligadas a realizar una revisión médica inmediatamente después de la detención. Sin embargo, en Chiapas el 42 por ciento de las personas indígenas privadas de la libertad entrevistadas refirieron no haber sido revisadas por un médico al momento de ser puestas a disposición del Ministerio Público”, señala la investigación.
Juan prefiere no comentar detalles de su tortura, pero recuerda que también tuvo una duración de 2 días y 2 noches. “Amenazaron a mi familia y me pedían 80 mil pesos para dejarme en paz. Como no accedí, me siguieron pegando. Después tuve que firmar unos papeles porque ya no aguantaba los golpes”.
A sugerencia del Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, él también tiene dibujos de su tortura. Integrantes de este colectivo les han comentado que es importante expresar estas vivencias en imágenes, tanto para generar un registro como para lograr desahogar, poco a poco, esa experiencia traumática.
En el dibujo que él realiza salta a la vista el color rojo de las manchas de sangre que cubren su cuerpo y el suelo. También aparece amenazante un cable conectado a un tomacorriente que en su extremo se encuentra pelado. Tres sujetos armados someten a Juan mientras permanece atado a una silla.
“Se pueden utilizar los recursos de escritura y de arte para poder describir los hechos. Sobre todo si una persona todavía está pasando por un lapso de crisis, se encuentra en shock y no puede narrar un hecho victimizante usando su propia voz. Además, son recursos que después pueden ser utilizados y correlacionados en el análisis psicológico para determinar si hubo tortura”, explica Alonso Espinosa, psicólogo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Espinosa explica que la intención de la tortura es romper con la voluntad y personalidad de una víctima. Lo que logra es acortar la visión del mundo y genera un miedo excesivo al futuro. “Tenemos síntomas de estrés postraumático y ansiedad que son agravados por la condiciones en las que se encuentran recluidos”.
Agrega que “la lucha colectiva es una forma de afrontar el hecho: les permite tener recursos para volver a tener un proyecto de vida. Comienzan a tomar conciencia de que hay factores estructurales que permiten y promueven este tipo de abusos y violaciones a los derechos humanos”.
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A partir del inicio de la huelga de hambre también se pudo evidenciar la precariedad del sistema de salud al interior de las cárceles de Chiapas. Integrantes de la organización internacional Médicos del Mundo realizaron valoraciones independientes del estado de los internos y encontraron casos de enfermedades crónicas totalmente desatendidas.
“Además de los que ahora siguen en huelga de hambre, al inicio hubo un grupo denominado ‘los solidarios’. Estos otros siete internos tenían bastantes enfermedades de base que, según identificamos, no se habían tratado desde hace meses o incluso años”, comenta Montserrat Méndez, integrante de Médicos del Mundo en la sede de Chiapas.
“Había de todo: enfermedades infecciosas, crónicas, tumoraciones que no tenían estudio, hipertensiones sin tratamiento. Me parece injusto y violatorio a los derechos que alguien permanezca con diarrea más de 3 semanas y que no sepan ni siquiera qué es lo que tiene. No les dan ningún diagnóstico ni tratamiento, ni medicamentos: hay una negación del acceso a la salud. Es algo sistemático que sucede todo el tiempo”, sentencia la también maestra en salud pública por la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos.
Los cuatro indígenas presos también han denunciado que el personal médico del CERSS 5 cuenta con muy pocos medicamentos y en ocasiones se los han dado vencidos. Una caja de paracetamol –que, explican, es el fármaco que se receta casi para cualquier malestar– estaba caducado desde hace 2 meses.
También reclaman que hay mala calidad de agua potable producto de una ruptura de cañerías ocurrido hace 2 años. “El agua, que es fundamental para nosotros que estamos en huelga, todavía tiene mal olor”, explica Adrián.
El director José Sánchez Ríos tiene a su cargo 256 internos y niega que exista algún tipo de problema en las cañerías. “Ya estaríamos todos muertos. Yo como de su misma comida y bebo de su misma agua”, comenta en entrevista. También señala que es mentira todo reclamo en cuestión de medicamentos. “Son argumentos que van a utilizar cuando uno actúa de buena fe”.
Mientras Sánchez Ríos no permite grabadora y evita todo tipo de comentarios autocríticos, su jefe directo, el comisario José Miguel Alarcón, acepta que el sistema penitenciario en Chiapas tiene debilidades en el sector salud.
“Tenemos una necesidades de médicos pero los solventamos con las atenciones de las enfermeras. No todos los centros penitenciarios tienen un doctor que esté pendiente las 24 horas del día, pero implementamos las estrategias para que estén localizables”, señala el titular de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, quien asumió su cargo el 1 de enero de 2019.
Respecto a la carencia de medicamentos, explica que aunque es una “necesidad principal”, se ha podido solventar mediante gestiones de los directores y del área de trabajo social. Además, comenta que la atención oportuna y especializada tiene que ver con una adecuada comunicación con el interno y su capacidad de manifestar sus molestias.
Con este propósito, “se activaron las mesas de atención bajo esta administración. Todos los lunes, después del homenaje, todas las áreas técnicas abren una mesa donde se acercan a decir sus molestias. Ya sea padecimientos médicos, necesidades básicas, psicológicas, educativas y lo que sea”, asegura Alarcón.
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Los hermanos Germán y Abraham López Montejo fueron acusados de homicidio en 2011. Adrián Gómez, de secuestro en 2003, y Juan, de homicidio y extorsión en 2006. De acuerdo con los colectivos y abogados que los acompañan, sus casos están plagados de irregularidades.
El juez penal de San Cristóbal de las Casas, Julio César Morales Ríos, explica a Contralínea que basta que se demuestre que existió tortura o falta de traductor para que el proceso legal se invalide y los acusados queden en libertad.
El juez revisó los expedientes de los hermanos Germán y Abraham, mismos que se encuentran bajo su cargo actualmente. Durante una rápida búsqueda en los primeros tomos, no se encontraron declaraciones de tortura y la participación de un traductor había quedado por escrito.
Sin embargo, el abogado Rubén Moreno –del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas– considera que hay un patrón en los procesos legales de personas indígenas: “Si tú ves el expediente, todo aparentemente es legal: ahí dice que se le pone su traductor, su defensor… Pero eso es sólo en el papel. En la realidad muchas confesiones son arrancadas con tortura y no tienen ni idea de lo que están firmando”.
Un colega del mismo Centro, Gilberto Hernández, fue el encargado de documentar los testimonios de los 13 indígenas que iniciaron la huelga de hambre en marzo de 2019. “Encontramos que todos indicaron que al momento de la detención fueron víctimas de tortura, acción que tenía como finalidad investigar el delito del que se les estaba acusando. Además, encontramos que muchos no tenían una sentencia condenatoria firme, y las que habían tenido se había revocado por violaciones al procedimiento”.
“Generalmente, en México ocurre que cuando el Ministerio Público detiene a las personas sin orden judicial, los tortura y decreta la detención por acción urgente: porque confesó haber cometido el hecho. Es un patrón que se sigue utilizando y se presentan en estas 13 personas”, explica.
Detalla que tras sus investigaciones, decidieron llevar los casos ante las autoridades de Chiapas para visibilizar las exigencias que hacían los indígenas presos. También, a nombre del Centro, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Contra la Tortura para que iniciara una investigación y realizaran, ellos también, entrevistas con cada una de las personas.
“Hasta este momento el Ministerio Público de la Fiscalía ha entrevistado a 11 de las 13 personas y todas indicaron que fueron torturadas. Entonces ya tenemos dos documentaciones y seguimos dando una batalla de poder demostrarle a las autoridades que estas personas fueron torturadas y que no estamos mintiendo sobre el tema”, detalla el abogado Gilberto Hernández.
Respecto a la demanda de traductor, el juez Morales Ríos opina que puede ser un recurso poco honesto. “Alguien de fuera les dice: ‘Eres tzotzil, y no te pusieron traductor, te violentaron un derecho’. Cuando en el primer contacto con la autoridad dicen que sí entienden español”.
—¿Es una artimaña legal?
—Yo lo considero una reflexión defensiva donde entra la astucia.
Al respecto, Gilberto Hernández considera que el común denominador no es ése, sino que muchos indígenas terminan aprendiendo español porque tienen la necesidad de defenderse ante una injusticia. Además, opina que el proceso legal es tan largo –Adrián Gómez, por ejemplo, estuvo 14 años sin sentencia– que terminan familiarizándose con el nuevo idioma e incluso se ven obligados a comprender los términos legales.
Para el abogado Rubén Moreno, el tiempo excesivo de espera para una sentencia también es una violación al debido proceso y al derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable. “Es una dilación injustificada y no se está tomando en cuenta todos los elementos. Si así fuera deberían estar libres”.
Aunque el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas acompaña el proceso legal de los indígenas en huelga de hambre, las familias se enfrentan a otros problemas ligados a la defensa: el costo de los expedientes. Para poder promover amparos es necesario conocer la documentación legal que se ha generado, pero para sacar fotocopias requieren varios miles de pesos.
Recientemente la familia de Juan de la Cruz, con el apoyo de colectivos, pagó más de 18 mil pesos por los expedientes de Juan y de Adrián. Además, para la transportación de los más de 20 tomos fue necesario contratar los servicios de una camioneta.
La empresa Tecnología y Componentes en Computación, SA de CV, con sede en Tuxtla Gutiérrez, tiene la licitación para prestar el servicio de fotocopias en el juzgado del CERSS 5. Sin embargo, las notas de pago que brinda no tienen ninguna razón social ni teléfono, por lo que no hay forma de mandar quejas.
“Yo le instruí a la encargada de las fotocopias para que entregara su factura y debiera entregarse. Pero es un servicio independiente aunque esté físicamente la copiadora acá”, se excusa el juez Morales Ríos.
La empleada no proporciona el nombre de su jefa, dice que lo desconoce. A insistencia de Contralínea proporciona un teléfono, pero a la fecha nadie responde. Así, la pregunta pendiente es: ¿por qué la empresa cobra 1 peso por copia cuando la tarifa usual en San Cristóbal de las Casas es de 25 centavos?
Para el abogado Rubén Moreno este cobro excesivo es, sin lugar a dudas, una obstrucción del acceso a las justicia. Al fin de cuentas, no todos tienen el apoyo de familiares o de organizaciones civiles para costear las copias de su expediente.
“Si el Estado tuviera voluntad política podría cubrir los gastos que se generen por las copias de los expedientes y de esta manera se puedan revisar a profundidad. Aquí la responsabilidad recae sobre la persona que está privada de la libertad, que al final de cuentas es una víctima de tortura”, comenta Gilberto Hernández.
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La madre de Juan de la Cruz, María Ruiz, y su hija Susana tienen la ventaja de vivir en San Cristóbal y pueden visitar el CERSS 5 varias veces a la semana. Pero no todo es cuestión de cercanía: el encarcelamiento de un familiar es un desgaste económico y emocional, comentan.
Su casa es pequeña y austera. Tienen cocina a gas pero suelen usar leña y carbón porque es más barato. Abastecen como pueden una pequeña tienda de abarrotes que abandonan cada vez que se presenta alguna diligencia en la cárcel o con los colectivos. No tienen lujos pero están orgullosos de vivir en esa casa porque la construyeron con sus manos.
“Esta casita tiene mucha historia: mi esposo es constructor y Juan le ayudó un tiempo, por eso no necesitamos contratar a nadie. Aquí en el patio hacían la mezcla y toda criatura ayudaba con su cubeta”, comenta, risueña, María, originaria de San Juan Chamula.
Juan se dedicó a muchos oficios desde que decidió abandonar la primaria. María cuenta que nunca dejó de trabajar para ayudar en la casa y poco antes de ser arrestado ambos intentaban sacar adelante un pequeño negocio de venta de artesanías. Asistían a exposiciones en varias estados del país y ya se empezaban a vender con regularidad.
Susana recuerda a su hermano mayor como el protector. “Como era el único varón nos cuidaba a todas las niñas, era muy cariñoso. Es como mi segundo papá y que se lo hayan llevado es lo peor que me ha tocado vivir”, cuenta mientras se le quiebra la voz.
Susana tiene muchos recuerdos buenos de su hermano, pero uno muy amargo es el que ocupa su mente la mayor parte del tiempo. “Tenía 14 años y regresaba de la secundaria cuando me enteré que lo detuvieron. Lo buscamos por 2 días pero no lo encontramos, porque lo tenían escondido, torturándolo. Cuando apareció ya estaba encadenado de pies y manos. Lo vi alejarse mientras se lo llevaban a la cárcel. Es la peor imagen que tengo”.
Susana es, de todas las hermanas, quien más se ha involucrado en la defensa legal de Juan. Escucha atenta a los abogados que le brindan asesoría y trata de asimilar lo más posible para tener herramientas para argumentar ante un juzgado. Su hermano lleva 12 años en la cárcel y ella hace mucho tiempo que dejó de ser una niña pequeña.
Las parejas de Abraham y Germán viven lejos y los visitan poco. Tienen tres hijos, respectivamente, y los ven casi una vez por mes o cuando logran conseguir dinero para el transporte. Todo es más difícil desde que los encerraron.
“Tuvimos que vender parte de nuestras tierras para pagar los gastos [del juicio]. Y lo que nos queda ya no hay quien lo siembre. Al café que teníamos le entró plaga. Nuestras mujeres sólo plantan lo básico para sobrevivir y si les llega a sobrar frijol o maíz, lo venden y pueden venir a vernos”, cuenta Abraham.
Adrián, quien perdió a su familia mientras estaba tras las rejas, fue “adoptado” por la familia de Juan desde el inicio de las protestas. Además, integrantes del Grupo de Trabajo No Estamos Todxs le han brindado su amistad.
“La injusticia es algo que no puedes permitirte ver y no reaccionar. Para los integrantes del colectivo es muy difícil lidiar con mil cosas y además ir a visitar a los compas que están dentro de las cárceles. Pero ver sus sonrisas y el cariño con el que te reciben vale la pena, sin duda alguna”, comenta el activista Juan Pablo Nava, con un nudo en la garganta y los ojos saturados de lágrimas.
A los pocos minutos del traslado urgente de Adrián al hospital, sus compañeros en el CERSS 5 llamaron a los colectivos para darles aviso. Al ver que pasaban las horas y no regresaba, todos pensaron lo peor.
Por fortuna, Adrián ya se encuentra estable. Pese a su debilidad, continúa en huelga de hambre. El peligro de un colapso sigue amenazando a los cuatro indígenas. El deterioro en su salud es innegable.
“Una infección en vías urinarias es causada por una bacteria. Durante la huelga de hambre disminuyen las defensas y hay muchas más probabilidades de que seas susceptible a cualquier tipo de enfermedad infecciosa”, explica Montserrat Méndez, de Médicos del Mundo, sobre el caso de Adrián.
Detalla que a partir del día 60 sin comer, las condiciones son muy peligrosas para el organismo. “Es necesario realizar, al menos una vez a la semana, pruebas de función renal y hepáticas porque implica órganos vitales que pueden tener un daño permanente”.
Montserrat Méndez detalla que los indígenas en huelga “han perdido más del 10 por ciento de su peso y la masa muscular sigue bajando rápidamente. Por ejemplo, la masa del corazón disminuyó pero, al menos por ahora, no a niveles en que ponga en riesgo la vida. Como sí pasa con los daños del hígado o el riñón: tienen tanto peso en el mantenimiento de la vida que pueden originar una cascada de daños a otros órganos y hay riesgo de una falla múltiple”.
El problema es que, aunque empezaran a comer en este momento, mucho del daño se alcanzaría a detener pero no a reparar. Si se daña por completo el riñón, comenta la especialista en salud, sería necesario recurrir a una limpieza mediante diálisis para que los desechos que produce el cuerpo no se quedaran dentro. “Pero son procesos súper caros y representan una carga importante tanto a la salud mental como física de ellos y de sus familiares”.
Méndez observa que en este caso es difícil estimar el daño, porque no hay literatura médica o expedientes clínicos de personas que persistieron en huelga de hambre tanto tiempo. Sin embargo, puede suponer que poco a poco habrá afectaciones a otras partes del cuerpo. Incluso al sistema nervioso y la capacidad de memoria.
Juan de la Cruz resiste las ofensivas con paciencia. Esperar es su estrategia. Al inicio de la partida de ajedrez parece que la visita va ganando, pero el juego no termina pronto.
Cuando era adolescente, Juan salió de su núcleo indígena y empezó a congeniar con algunos jóvenes “mestizos”. Entre otras cosas conoció los videojuegos, el básquetbol y el ajedrez. El gran dominio que adquirió en este último le daría fama de invencible y pocos que se atreven a desafiarlo por miedo a ser derrotados. “En los torneos de la cárcel ya no me dejan jugar. Si yo entraba todos se salían”, cuenta entre risas.
La estrategia con la que mueve las piezas es similar a la que sigue en la huelga. Para aguantar, y lograr éxito en el tiempo de espera, él y sus compañeros se prepararon físicamente comiendo lo mejor que podían y ejercitándose a diario. Además, al día de hoy siguen con disciplina cronométrica el consumo de agua y miel cada 2 horas. Han tenido que incrementar el consumo de miel a cuatro cucharadas por ración y tratan de beber más agua para evitar complicaciones como las que sufrió Adrián.
Después de una veintena de jugadas, Juan tiene menos piezas que su oponente. Por si fuera poco, los “jaques” en su contra empiezan a sonar más seguido. Aunque no se desanima, tampoco sonríe.
De pronto llega la oportunidad que tanto esperaba: un mal movimiento del contrincante le permite pasar a la ofensiva. Con las piezas que le quedan va acorralando el rey contrario. No es fácil porque ha tenido muchas bajas, pero cuida de no incurrir en ningún error. Gana.
Sus ojos están húmedos como después de un bostezo y dice que siente dolor de cabeza, pero se muestra feliz: ha vencido. Y, dejando a un lado el juego que también es metáfora, se sienta en un banco y continúa en resistencia. Confía en que, a pesar del riesgo físico que asume, no será su última partida.
Marcial Yangali
[INVESTIGACIÓN][SOCIEDAD][D][SEMANA]
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Tras la crítica a la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador y…
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