Berlín, Alemania. El Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Polisario) obtuvo dos jugadas estratégicas el pasado mayo, una en Sudáfrica y otra en Panamá, con el resultado de una victoria y un empate ante la ley internacional. Marruecos está confrontado por primera vez con la justicia internacional por la explotación ilegal de recursos saharauis y, consecuentemente, por su exportación a países terceros. Sin embargo en el caso panameño la corte se declaró “incompetente” para tratar el caso.
El 1 de mayo de 2017 la embarcación NM Cherry de pabellón marshalés con una carga de aproximativamente 54 mil toneladas de fosfato originario de la zona que Marruecos ocupa en el Sáhara Occidental, fue detenida en Puerto Elizabeth, Sudáfrica. El pasado 18 de mayo se celebró la primera audiencia en la Corte de Justicia de la nación sudafricana, donde se puso un plazo hasta el 9 de junio del año en curso para que los jueces hagan su deliberación. Ese día la decisión fue nuevamente aplazada hasta el día 15 de junio 2017. Finalmente en ese día la Corte Suprema de Justicia de la República Sudafricana confirmó la rectitud de la orden de detención del navío marshalés el pasado 1 de mayo e inició el procedimiento judicial acerca de la pertenencia de la carga incautada.
En paralelo a este suceso, el 17 de mayo en su travesía por el Canal de Panamá, la embarcación MV Ultra Innovation, de pabellón panameño, fue detenida en el Puerto de Balboa. A diferencia del primer caso donde no se hizo uso de una garantía con el fin de permitir la continuación del viaje, aquí se pagó una fianza equivalente a la carga a las autoridades centroamericanas, con lo que el navío se encuentra ya en aguas territoriales canadienses. El caso fue apelado por el Frente Polisario, por lo que el caso seguirá siendo tratado en la justicia panameña sin la presencia de la carga.
Las minas de Boucraa fueron descubiertas aún en tiempos de la Colonia española, hoy parte de la zona ocupada desde 1975 por Marruecos en el marco de la Marcha Verde. El primordial interés de Marruecos ha sido de unificar las reservas del Sáhara Occidental con las propias, consiguiendo como resultado un cuasi monopolio al controlar cerca del 70 por ciento de las reservas mundiales probadas de este recurso tan importante para la agricultura, por ende de la alimentación mundial.
El Reporte de la organización Western Sahara Resource Watch emitido en 2016 (P for Plunder 2016) contabiliza el volumen de producto exportado por Marruecos en 1 millón 858 mil toneladas en el año pasado. Entre las naciones que figuran están los importadores de Canadá y Nueva Zelanda. Canadá es la nación que más importa medido por sus empresas con 916 mil toneladas cúbicas, seguido de Nueva Zelanda con 204 mil toneladas cúbicas de minerales saharauis. En cuanto a México el reporte cita que una empresa estadunidense de nombre Innophos, Inc, mediante su filial mexicana estuvo importando fosfato de Phosboucraa al puerto mexicano de Coatzacoalcos, Veracruz. No obstante “desde 2015 la WSRW no ha observado ningún envío hacia la planta de Innophos en Coatzacoalcos, México”.
Mientras que el nombramiento del nuevo enviado del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la persona del expresidente alemán Horst Köhler ha sido anunciado, recientemente ha conseguido aún el beneplácito de las dos partes que permiten a Guterres formalizar su cargo a la brevedad. Este nuevo aire en la ONU parece dar lugar a una nueva dinamización del proceso estancado desde la última reunión formal bajo el antiguo enviado Christopher Ross en el año 2012 en Estados Unidos.
El Coordinador del Frente Polisario ante la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) y las Naciones Unidas, Emhamed Khadad declaró en una entrevista con Contralínea que el barco que se dirigía rumbo a Nueva Zelanda fue detenido con base en “una petición [donde] hemos dicho que ese barco transportaba recursos naturales del Sáhara Occidental, los cuales son despojados y no cuentan con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental”. El diplomático y miembro del Frente Polisario agrega que también se basa en el artículo 73 de la Carta Magna de las Naciones Unidas, el cual sostiene que “la soberanía de los pueblos sobre sus recursos y la opinión del interés del pueblo [a ello]” son de primera importancia. Dado que no se ha producido el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, no hay forma legal para Marruecos para explotar sus recursos naturales no-renovables legalmente a falta de una consulta de su población, aún pendiente desde 1991.
Es la primera vez que desde el inicio de la lucha por la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática que una medida legal toma efecto en otro país acerca de los recursos no renovables de la nación africana, los cuales están siendo explotados de forma ilegal por la empresa estatal marroquí OCP (Office Chérifien des Phosphates) vía la filial Phosboucraa. Ésta última explota desde décadas las inmensas minas de fosfato que subyacen en el subsuelo saharaui. “Ocurre que Marruecos [que] explota [los recursos naturales] es una potencia ocupante, porque nada en los textos de las Naciones Unidas le permite a Marruecos de gozar de legitimidad alguna de su presencia en el Sáhara Occidental”, recalca Emhamed Khadad en la entrevista. La novedad siendo que el Frente Polisario ahora se está armando de la ley internacional para presionar e incautar el fosfato expoliado por Marruecos en países terceros.
El cliente final, Ballance Agri-Nutrients de Nueva Zelanda, quien busca mantener este comercio, argumenta en una contestación por parte de su CEO Mark Wynne que “junto a nuestro objetivo inmediato de liberar el navío y la carga de Puerto Elizabeth, somos muy conscientes de las perspectivas e intereses [que son] de suma importancia alrededor de la autodeterminación y soberanía del Sáhara Occidental”.
Wynne también comenta que Phosboucraa ha estado suministrando a Ballance los recursos naturales desde al menos 2 décadas, además de haber mantenido relaciones con la empresa estatal marroquí OCP desde hace 30 años. Visto desde esta antigüedad de relaciones comerciales parece no haber delito alguno en comprar estos recursos a Marruecos. Esta situación es novedosa a la vez que “es una nueva consideración para nosotros en el afán de asegurar la confiabilidad y seguridad de nuestra cadena de suministro hacia los agricultores de Nueva Zelanda que dependen de esta materia prima para su productividad”. En consecuencia este caso puede ser un peligroso precedente en el comercio ilegal de recursos saharauis por parte de Marruecos que ha operado por décadas y que pondría en duda la certeza jurídica en la cual el comercio exterior marroquí opera.
Con la detención preventiva de la embarcación marshalesa en Sudáfrica se puede hablar de un paso histórico para con la lucha por los legítimos derechos del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales. Mientras que la corte de Puerto Elizabeth el pasado 18 de mayo llevó a cabo la primera audiencia del caso, éste fue reportado hasta el 9 de junio del año en curso. El abogado de la parte saharaui, Andre Bowley comenta a Contralínea en entrevista que tanto la RASD como los representantes de las dos empresas marroquíes OCP y Phosboucraa fueron escuchados durante la sesión. “Ese sería el veredicto final en relación con la aplicación inicial de la detención”. Recalca que ninguna parte ha optado por dejar una cantidad de dinero como garantía, por lo que el arresto del navío y de su carga será vigente durante el tiempo que la justicia sudafricana se haga cargo del caso.
La OCP por su lado emitió un comunicado vía la agencia estatal marroquí MAP donde afirmaba que “los alegatos de los solicitantes, más allá de no estar fundamentados, son un intento fuera de lugar e inapropiado para eludir el proceso político internacional reconocido actualmente en curso y activamente llevado a cabo por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. No obstante que no cesaría la actividad económica al verse como “un actor responsable, comprometido con mejorar la economía regional, a mejorar la calidad de vida de la población local (sic), y a asegurarles un futuro más prometedor”. De acuerdo con la empresa Phosboucraa, se está operando por encima de las exigencias de los estándares jurídicos y las mejores prácticas “marroquís y de la ONU de manera responsable”, asegurándose la reinversión del beneficio en la población y economía local “en beneficio de la región [sic]”.
El pasado 9 de junio la corte sudafricana volvió a aplazar la decisión hasta el día 16 de junio de 2017. Mientras que un portavoz de la empresa neozelandesa Ballance Agri-Nutrients declaró a la agencia NZ Newswire el 13 de junio que esperaba “más claridad para entonces”. Sin una sentencia definitiva el navío permanece arrestado en aguas sudafricanas hasta nuevo orden.
El 15 de junio de 2017 la corte determinó que la detención fue “correcta” por lo que la causa seguirá su curso. El portal Morocco World News en su edición del mismo día informa que se incautarán los documentos del barco así como sus certificados comerciales hasta nuevo aviso. En un comunicado del gobierno saharaui emitido el mismo día afirmaba: “La corte confirmó la corrección de la orden del 1 de mayo, que fue otorgado sobre razones apropiadas. El caso legal ahora va a pasar a fallar sobre la cuestión de la pertenencia de la carga”. Continúa argumentando que desde años se ha avisado a las empresas del sector del riesgo que ello involucra. Cita al fallo de la corte que dice que “Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental. […] Nosotros concluimos que cualquier forma que fuera descrita la presencia de Marruecos en el Sáhara Occidental no ejerce soberanía sobre ese territorio”.
La compañía OCP por su lado ha hecho saber su parecer en el asunto por medio de la prensa marroquí. En el portal Morocco World News se cita un comunicado de la misma que afirma que “[la] OCP está indignada por esta decisión. Esta decisión es una violación de principios bien establecidos en el marco de la ley internacional. El Frente Polisario, sus patrocinadores y representantes se han embarcado en un camino que sólo puede afectar los intereses de la comunidad local que dicen defender”. Agregando que esto afectará el clima de las negociaciones en el marco de las Naciones Unidas, el Frente Polisario “demuestra su inclinación de menoscabar la conducta apropiada del proceso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y obstaculizar el desarrollo socio-económico de la región [sic]”.
El grupo corporativo subraya que sus operaciones son “enteramente compatibles con la ley internacional y en particular en la aplicación del marco de las Naciones Unidas para la explotación de los recursos naturales”. Incluso declara la corte sudafricana incompetente de tal fallo, con base en el caso panameño, donde justamente este fue el veredicto de los jueces encargados. Más allá afirman que la ley internacional prohíbe tales medidas unilaterales por parte de Pretoria. Incluso la califican de decisión “política”.
Kamal Fadel, responsable de los asuntos de hidrocarburos y minas en el Frente Polisario, declaró a la prensa que se trata de un “momento histórico para el pueblo saharaui y esperamos que el juicio final contribuirá a la protección de nuestros recursos naturales”. El que claramente esperaba tal salida fue el CEO de la empresa Ballance Marc Wynne, basado en el resultado de la corte panameña una vez más.
Ballance dio a conocer que contrató una a carga de reemplazo en el navío Common Spirit de pabellón griego que se dirige al puerto de Tauranga, Nueva Zelanda, para suplir la parte del cargamento detenido en aguas africanas. “Esperábamos el mismo resultado, pero claramente decepcionados no lo obtuvimos”.
La embarcación MV Ultra Innovation de pabellón panameño perteneciente a la compañía Ultrabulk con sede en Dinamarca fue detenida en el canal de Panamá el pasado día 18 de mayo 2017 con una carga aproximada de 54 mil toneladas en camino hacia el puerto de Vancouver en Canadá para la empresa Agrium. El navío fue inmovilizado por orden judicial a pedido del Frente Polisario en el Puerto de Balboa, Panamá. Además de ser acusada de llevar ilegalmente fosfato saharaui se le reclama por no haber pagado el concepto de flete a la RASD de 85 mil dólares.
En una entrevista con Reuters el miembro del Frente Polisario y representante ante la Minurso, Emhamed Khadad afirmó que en su organización estaban “optimistas que este segundo recurso en la aplicación de la ley para darle un fin al flagrante expolio de los recursos pertenecientes a un pueblo bajo ocupación [quien] va a demostrar [su] determinación”.
Un portavoz de la empresa Agrium declaró a Forbes que “se están tomando pasos para depositar una fianza que va a permitir que el navío continúe su viaje sin contratiempos. A esta altura no anticipamos ninguna interrupción en la producción de nuestra planta de fosfato en Alberta”. La empresa propietaria danesa habría pagado la fianza de alrededor de 6 millones de dólares a cambio de su liberación de acuerdo con un comunicado de Reuters.
La aparente certeza del lado de la OCP y Phosboucraa de que el caso sería resuelto a su favor pareció inalterada a lo largo de los procesos. Finalmente el caso se resolvió de forma inesperada, donde la corte panameña simplemente se declaró “incompetente” en la materia. “El Tribunal Marítimo de Panamá acaba de dictar sentencia sobre el intento de retención del barco Ultra Innovation que transporta fosfato marroquí extraído de Phosboucraa”, informaba la OCP en un comunicado de prensa el 08 de junio pasado.
Continúa el comunicado citando que “la corte panameña declara que una corte nacional no es el órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre un asunto político internacional”. Por lo que desechó la causa de forma categórica, con lo que la fianza depositada previamente será devuelta a la empresa marroquí, dado que la embarcación dejó las aguas territoriales canaleras el mes pasado. El Frente Polisario en un comunicado del 15 de junio 2017 afirma haber apelado la decisión, con lo que la decisión final sigue pendiente.
No obstante que en este caso las instituciones judiciales americanas evitaron la confrontación con la ley internacional, el precedente ya constituye una victoria en sí para el Frente Polisario al poner el entredicho el suministro a uno de los principales clientes de la OCP en una corte en un país tercero.
La WSRW ha documentado desde 2010 que la empresa estadunidense Innophos Inc ha estado importando fosfatos de Bou Craa a México. Esto fue llevado a cabo a través de su filial en el puerto de Coatzacoalcos. Desde 1992 la OCP y su filial Phosbucraa han tenido un contrato con Innophos Mexicana, SA de CV, que expiró en 2010. En 2014 México importó de acuerdo al reporte P for Plounder 2014 la cantidad de 17 millones de toneladas cúbicas, de los que Innophos Mexicana habría adquirido 3 millones 159 mil toneladas por un valor de 17 millones 490 mil dólares. Al parecer desde 2015 las importaciones fueron suspendidas desde El Aaiún, y ahora salen directamente desde Casablanca, Marruecos.
No obstante el fin del contrato de larga duración los envíos continuaron hacia el puerto veracruzano desde El Aaiún, Sáhara Occidental ocupado. El miembro del Consejo de WSRW confirma en entrevista con Contralínea que “el apoyo mexicano hacia la ocupación por muchos años se acabó. Ésta es una buena noticia y es de constatar que no ha sido cubierto [por los medios mexicanos]. Básicamente Coatzacoalcos dejó de importar [fosfato] desde algunos años, no hubo declaraciones, no hubo comentarios ni pronunciamientos. Simplemente dejamos de ver las embarcaciones”. Ninguna correspondencia de la organización noruega hacia la empresa en cuestión fue contestada en el tiempo, como tampoco ha dado ninguna información, ni siquiera a sus propios accionistas, afirma el activista noruego.
Hagen argumenta que lejos de haber interrumpido sus exportaciones a México la nueva forma de introducir la roca fosfórica saharaui podría ser introducida vía indirecta por Estados Unidos. Posiblemente desde ahí los envíos serían triangulados a la filial de Innophos en México, descontextualizados de su origen saharui.
La estrategia del Frente Polisario de llevar los casos hasta las jurisdicciones de otros países parece dar frutos. Sin saber la aún el veredicto de ninguno de los casos. El miembro del consejo de WSRW basado en Oslo, Noruega, Erik Hagen explica, en entrevista con Contralínea, que la verdadera inspiración de estos casos emana del veredicto de la Corte Europea de Justicia de la Unión Europea de 2016, donde “una remarcable victoria para el Frente Polisario fue alcanzada”.
Es un precedente para un movimiento de liberación nacional el que “se estén usando recursos legales ante cortes internacionales […] que es un signo que estamos tratando con gente civilizada que lleva a cabo una lucha por la liberación muy legítima”. Agrega que incluso si no ganaran ahora ante las cortes sudafricanas o panameñas, es algo que “la comunidad internacional debería de aplaudir y darle crédito”.
Desde el inicio de la lucha del Frente Polisario los argumentos de la explotación ilegal han sido empleados. Esta decisión europea pone en evidencia que “fundamentalmente incrementa el riesgo financiero y legal de las compañías al ser involucradas en el expolio después del veredicto de la Corte de Justicia de la Unión Europea”.
El miembro del Frente Polisario Emhamed Khadad puntualiza que “Marruecos trata de implicar intereses extranjeros en el S-O, de la misma forma que lo hace al nivel de la Unión Europea. Es para dar la impresión que el Sáhara es un territorio marroquí y que los intereses extranjeros están ahí para invertir, por lo tanto hay no solamente [intereses] económicos sino también políticos”. Califica a la compañía neozelandesa Ballance como “éticamente reprochable y moralmente inaceptable”, al involucrar la continuación de la ocupación. “Ellos se permiten darle vida, a prolongar la ocupación, porque al dar dinero a Marruecos, al participar en el expolio de los recursos naturales le proporcionan a Marruecos ventajas materiales y financieras […] para entretener la ocupación, pero también [le otorgan] una cierta aceptación de la posible ocupación”.
Erik Hagen afirma que “cualquier gobierno en el mundo y en cualquier jurisdicción mundial [debería] responder a sus obligaciones, la culminación del proceso de descolonización como fue iniciado en la Asamblea General [de las Naciones Unidas], y no consideraciones políticas por encima de la ley”.
No obstante la buena parte de la comunidad internacional que desconoce estos requerimientos “no les importa el estado de derecho y están más enfocados a la realpolitik”. En ese sentido estos casos concretos demuestran que una aplicación efectiva de la ley internacional en el caso saharaui es posible y puede ser implementada en la actualidad.
En 2012 se dio la última reunión entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos en el marco de la ONU en Manhasset, Nueva York, Estados Unidos bajo el entonces Enviado Personal del Secretario General Christopher Ross. En marzo 2017 el embajador estadunidense y Enviado Personal desde 2009 renunció al cargo, dejando nuevamente vacante. El nuevo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, desde entonces ha intentado reactivar las negociaciones.
El representante del Frente Polisario Khadad comenta al respecto que “desde el año pasado Marruecos ha rechazado todo contacto con el señor Ross”, quien no ha visitado la región. El proceso lleva 5 años estancado y está “en un punto muerto porque Marruecos ha continuado su provocación contra las Naciones Unidas, rechaza el referéndum, la observación de los derechos humanos, expulsa la Minurso, y últimamente quería construir una carretera en franca violación del cese-el-fuego y del acuerdo militar n número 1”. Llegado el momento el funcionario estadunidense optó por renunciar.
El posible nombramiento del expresidente alemán Horst Köhler como su sucesor fue recibido por los saharauis con un grado de optimismo tras años de falta de progreso en las negociaciones. De acuerdo con Khadad el buen visto ya fue acordado al exmandatario europeo. Al igual que en su momento el embajador estadunidense, Christopher Ross no tuvo la aceptación hasta varios meses después de su nombramiento por el entonces secretario general Ban Ki Moon. Finalmente el pasado 2 de junio el Guterres anunció el nombramiento de Köhler al puesto de enviado especial, dado que contaba con el buen visto de la parte marroquí. “Siguiendo la consultaciones usuales, tengo la intención de nombrar a Horst Köhler de Alemania como mi Enviado personal para el Sáhara Occidental”, escribió en una carta al Consejo de Seguridad el mismo día.
“Nosotros [el Frente Polisario] hemos respondido [en abril] al señor Köhler. [Hemos confirmado] nuestra aceptación […]”, afirma Khadad en entrevista con Contralínea. El proceso de las negociaciones permanece sin novedades desde 2012 con el último encuentro oficial entre las dos partes en Manhasset, Nueva York, Estados Unidos, aún bajo el mandato del entonces y último enviado personal en funciones, el embajador estadounidense Christopher Ross. El pasado 31 de mayo el Reino de Marruecos finalmente dio el visto bueno al expresidente alemán poniendo fin a la vacante.
El activista noruego y miembro del consejo de WSRW aclara en entrevista que “mientras que gobiernos extranjeros y los importadores de fosfatos le otorguen legitimidad política y declaraciones tendientes a apoyar legalmente a Marruecos, no vamos a ver a Marruecos volver a la mesa de negociación. Así que si fuera posible parar las exportaciones de fosfato sería más probable que Marruecos vuelva a la mesa de negociación”.
Axel Plasa/Corresponsal
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]
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