Carey L Biron/IPS
Washington, Estados Unidos. Más de 500 organizaciones internacionales reclaman que los gobiernos pongan en marcha en junio próximo la redacción de un tratado internacional que sancione a las empresas trasnacionales que violan los derechos humanos, en respaldo de una propuesta presentada por Ecuador y otros países.
El 7 de mayo pasado, una red mundial de la sociedad civil conocida como Treaty Alliance (Alianza por el Tratado) pidió a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que respalden el mes que viene una resolución para redactar un acuerdo vinculante que garantice la rendición de cuentas y los mecanismos de reparación de las víctimas de abusos cometidos por empresas.
El Consejo celebrará su vigésima sexta sesión del 9 al 27 de junio, en Ginebra, Suiza.
La declaración conjunta de la Treaty Alliance subraya “la necesidad de mejorar el marco jurídico internacional, con inclusión de soluciones internacionales, aplicable a la acción estatal para proteger los derechos en el marco de operaciones comerciales, y teniendo presente la urgente necesidad de garantizar el acceso a la justicia, el remedio y la reparación de las víctimas de abusos de las empresas a los derechos humanos”.
La declaración, que lleva la firma de más de 150 organizaciones y representa a cientos más, también pide a los Estados que trabajen por un acuerdo vinculante que “afirme la aplicabilidad de las obligaciones de derechos humanos en las operaciones de las empresas trasnacionales y otras firmas comerciales”.
Asimismo, exige a los Estados que “establezcan la responsabilidad legal de las empresas por los actos u omisiones que violen los derechos humanos”.
La alianza de la sociedad civil pide que se cree un organismo supranacional que supervise la aplicación del tratado.
“Ya es hora de que haya un sistema de normas vinculantes que considere legalmente responsables a las empresas por violaciones de los derechos humanos”, afirma David Pred, el director gerente de Inclusive Development International, una de las organizaciones de Treaty Alliance, en entrevista con Inter Press Service (IPS).
“Las empresas trasnacionales se han salido con la suya durante demasiado tiempo asesinando (literalmente); pero en vez de frenarlas, nuestros gobiernos les ceden aún más poder a través de acuerdos de libre comercio y tratados de inversión”, dice.
“Nos sumamos a este reclamo porque creemos que no existe mayor amenaza para los derechos humanos y la democracia en el mundo de hoy que el poder empresarial sin control”, opina.
“No existen medios para garantizar el cumplimiento de los Principios Rectores, y lo que hemos visto desde 2011 es que su aplicación no funcionó como barrera para frenar las violaciones de los derechos humanos que cometen empresas trasnacionales”, señala a IPS el investigador asociado del Transnational Institute, Gonzalo Berrón, organizador de Treaty Alliance.
“No estamos diciendo que los Principios Rectores no se apliquen; se trata de un proceso paralelo, pero creemos que cuanto antes comencemos a discutir un código vinculante, mejor. Y ahora tenemos la oportunidad de avanzar”, agrega.
De hecho, los partidarios del tratado sostienen que el momento actual, en el periodo previo a la reunión de junio del Consejo, es singularmente propicio.
“Antes veíamos que la movilización se daba entre las comunidades afectadas y ciertas organizaciones no gubernamentales, pero por primera vez vemos esta enorme alianza. Es algo nuevo en el ámbito internacional”, según Berrón.
Este impulso se remonta a la vigésimo cuarta sesión del Consejo, cuando un grupo de 85 países señaló en una declaración conjunta que los Principios Rectores son “sólo una respuesta parcial”, y enfatizó “la necesidad de avanzar hacia un marco jurídicamente vinculante que regule el trabajo de las empresas trasnacionales”.
Fue la primera vez que el tema fue abierto por Estados miembros de la ONU, señalaron defensores del tratado.
“Este impulso se debe a la voluntad de los representantes de muchos países, en muchas regiones, y no por agencias de la ONU, lo que tiene mayor sentido democrático e importancia dentro y fuera [del foro mundial]”, sostiene Dominic Renfrey, de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Los Estados ocupan escaños en el Consejo por periodos de 3 años. La integración actual de 47 miembros podría ser una ventaja para los partidarios del tratado, observa Renfrey.
“En este momento varios miembros del Consejo de Derechos Humanos entienden mejor que la mayoría el impacto que tiene en su población el desarrollo mal regulado”, señala.
“Estos Estados se beneficiarán de un sistema internacional que proteja mejor los derechos humanos de sus pueblos, al tiempo que garantice una forma más sostenible y respetuosa de inversión”, agrega.
Aún así, no todos apoyan la idea de un tratado.
“Esos vacíos se pueden llenar en gran medida regulando a las empresas para evitar potenciales violaciones a los derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional, y por medio de firmes medidas correctivas, incluyendo vías legales de rendición de cuentas cuando se producen daños”, destaca.
La figura principal detrás de los Principios Rectores de la ONU instó a la precaución.
John Ruggie, el relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos, Empresas Trasnacionales y Otras Empresas, cree que en parte el problema radica en que las cuestiones relativas a las obligaciones de las empresas son demasiado amplias para un único tratado.
Ruggie sostuvo hace días que hay 80 mil empresas multinacionales y millones de subsidiarias más, y que supervisar el cumplimiento del tratado superaría la capacidad de la mayoría de los gobiernos. Cualquier organismo supranacional que se creara generaría las mismas inquietudes.
Los problemas fundamentales de la aplicación del tratado se exacerbarían por la reticencia de los Estados a juzgar delitos cometidos fuera de su territorio. Éste es un problema importante, dado que los tratados son documentos que se adoptan por consenso, señaló.
Para que añadiera valores, “las normas de aplicación del tratado tendrían que entrañar una jurisdicción extraterritorial”, escribió Ruggie.
“Algunos órganos de tratados de derechos humanos de la ONU han pedido a los Estados de origen de las multinacionales que proporcionen mayor protección extraterritorial contra los abusos relacionados con las empresas… Pero la conducta de los Estados deja en claro que no consideran que esta jurisdicción sea un medio aceptable para procesar violaciones a toda la gama de derechos humanos reconocidos internacionalmente”, escribió el experto.
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