El aumento en la tasa de feminicidios –se calcula un promedio de 10 diarios– se debe principalmente al ambiente de impunidad que se vive en el país, asegura el country manager del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), Mario Salomón.
En entrevista, el experto en temas de seguridad advierte que el alza en los feminicidios –que pasaron de ocho a 10 por día en los últimos 5 años– se explica porque, en general, hay una situación de violencia muy grave en México que no ha podido contenerse.
Ese grado de violencia aunado a la impunidad provoca que la gente se dedique a actividades criminales, ya que se “sienten más relajados con lo que están haciendo y se aventuran a hacer cuestiones que si hubiera un mayor rigor no harían”, considera.
El Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México –que mide temas de criminalidad y violencia– reportó un aumento de 58.9 por ciento en los feminicidios cometidos en la capital en 2019, respecto de 2018.
En su Reporte anual de incidencia delictiva de la Ciudad de México 2019 –que publicó el 4 de marzo pasado– indicó que hubo un aumento de este delito en 10 de las 16 alcaldías, y que Xochimilco se posicionó en primer lugar, con una tasa de 1.45 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes.
El artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia indica que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los espacios público y privado; está integrada por las conductas de odio o rechazo hacia las mujeres, que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
En lo que va de este 2020, dos crímenes de naturaleza feminicida han conmocionado a la capital y al país: el feminicidio de la niña de 7 años de edad Fátima Cecilia, encontrada sin vida el 15 de febrero en un terreno baldío en la alcaldía Tláhuac, con signos de tortura y violencia sexual; y el de Ingrid Escamilla, de 25 años, perpetrado en su hogar –en la alcaldía Gustavo A Madero– el 9 de febrero, por su pareja: un hombre de 46 años que apunaló y desmembró a la joven, lo que ocasionó diversas protestas para exigir justicia.
En enero de 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó que 73 feminicidios. Aunado a este dato oficial, cifras del GMSI indican que en los últimos 4 años y medio este crimen de odio aumentó en 137 por ciento, y sólo uno de cada cinco fue investigado como posible feminicidio. Ello, según la organización, porque las fiscalías del país suelen tipificarlos como homicidio convencional.
En este contexto, Salomón explica que la cifras aumentan ya que la gente abusa de aquellos con los que siente que puede tener algún tipo de poder, ya sea una ventaja física o algún tipo de dependencia, donde se sienten seguros y en un ambiente en general de violencia.
“Se estima que solamente el 2 por ciento de los juicios llega a su término; de esa manera aumentan las probabilidades de que la gente con mentalidad criminal cometa algo negativo, ya que consideran que las posibilidades de llegar a obtener un castigo son muy bajas”, agrega Salomón.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano, sólo el 34 por ciento de los homicidios dolosos de mujeres cometidos en la capital del país se investigaron como feminicidio. Otro dato que aporta esa organización civil es que “el 19 por ciento de los feminicidios se cometieron con arma de fuego, en contraste el 68 por ciento de los homicidios dolosos de mujeres suceden con este tipo de arma”.
La desaparición es otro crimen que afecta al género femenino en México. En 2019 –el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador– la Secretaría de Gobernación (Segob) contabilizó 1 mil 277 mujeres desaparecidas.
De acuerdo con los datos oficiales, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa y Chihuahua encabezan la lista de entidades donde ocurren más desapariciones de mujeres, principalmente de entre 15 y 19 años de edad.
Alejandro Desfassiaux, presidente del GMSI, advierte que esta problemática se ha vinculado con redes delincuenciales que prosperan gracias a la trata de personas con fines de explotación sexual, esclavitud laboral, experimentación bioquímica, mendicidad, o tráfico de órganos.
En entrevista, Desfassiaux considera que esta cifra duplica el grado de violencia hacia las mujeres que se percibe mediáticamente y deja al descubierto la descomposición social por la que atraviesa México.
Por ello, señala que se debe actuar de inmediato a través de estrategias y protocolos de seguridad que permitan reducir tanto las tasas de feminicidio como las de desapariciones de mujeres, ya que no se puede permitir que “la impunidad e ingobernabilidad en la materia ganen la batalla”.
Por su parte, Mario Salomón señala que la falta de una estrategia contundente para castigar a las personas que incurren en algún acto criminal es uno de los factores que ha propiciado el incremento del problema.
El SNSP reporta que las agresiones en general contra las mujeres aumentaron un 16 por ciento entre 2015 y 2019, al pasar de 56 mil 422 víctimas registradas a 65 mil 457. No obstante, algunos delitos específicos crecieron más: el secuestro aumentó 19.8 por ciento, ya que pasó de 342 víctimas en 2015 a 410 en 2019; y la extorsión incrementó 72.3 por ciento, pues en 2015 se registraron 1 mil 792 casos contra 3 mil 88 en 2019.
Para Mario Salomón, hace falta aplicar una estrategia clara en los procesos jurídicos que inicie con la prevención. Aunado a ello, pide “tolerancia cero”: que no haya flexibilidad para los que cometen actos de violencia o contra la sociedad.
El experto en temas de seguridad observa que en la medida en que los procesos concluyan determinando quiénes son los culpables y se les apliquen sentencias, se mitigará el problema.
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Alejandro Desfassiaux –experto en temas de seguridad– considera que el “gran cáncer de México” son los policías municipales y estatales, quienes deberían detectar, identificar, intervenir, atender, proteger y prevenir la violencia que viven las mujeres.
Ello, porque así lo establece el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género –2012– aplicado a los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, asegura, los cuerpos policiales han demostrado en varias ocasiones durante su intervención una actuación sin profesionalismo ante eventos de violencia de género como no acudir al llamado, no llegar a tiempo, contaminar las escenas del delito, filtrar información o estar coludidos con el crimen organizado.
En ese contexto, Desfassiaux propone al Poder Legislativo discutir un esquema federal de seguridad en el que la Guardia Nacional sea la única responsable, al absorber las corporaciones policíacas, así como las funciones que realizan, a través de un programa de costo-beneficio que genere una reducción en el índice criminal.
Mario Salomón coincide: “el hecho de que el Ejército esté ahí refiere que es una institución que ha demostrado ser noble y consistente, que tiene toda la experiencia para resolver esta problemática y, a través de la Guardia Nacional, se puede ir cubriendo lo que ahora de una manera muy corrupta e irresponsable manejan los policías locales.
Indra Cirigo
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