“La Ley Federal de Consulta Popular –por la que se podría derogar la reforma energética– es una gran farsa. Lejos de proporcionar y motivar la participación ciudadana, la obstaculiza. Es una ley que nació muerta”, señala Dolores Padierna, senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en entrevista con Contralínea.
La legisladora expresa que dicha ley fue una petición de su partido al gobierno del expresidente Felipe Calderón, con la finalidad de que la ciudadanía ejerza su derecho a ser consultada. Sin embargo, lejos del propósito inicial, la perredista asevera que el Ejecutivo ha impuesto demasiadas “trabas” en la intención real del proyecto.
La Ley Federal de Consulta Popular fue aprobada el 6 de marzo en el pleno de la Cámara de Diputados, con 362 votos a favor, 56 en contra y cuatro abstenciones.
De acuerdo con información del Senado de la República, dicha ley “es el mecanismo por el cual los ciudadanos pueden expresar, a través del voto, su opinión en temas de trascendencia nacional, que repercuten en la mayor parte del territorio nacional e impacten en una parte significativa de la población”.
Los ciudadanos pueden solicitar más de una consulta popular cada jornada electoral, siempre que los solicitantes reúnan, por lo menos, el 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.
Los diputados y senadores pueden solicitar sólo una consulta por jornada electoral federal, toda vez que el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras así lo solicite. El presidente de la República también puede pedir la consulta, pero sólo una por cada jornada electoral federal.
Después de haber sido presentada la solicitud ante cualquiera de las cámaras del Congreso, el recién creado Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de verificar que, en efecto, esté suscrito por lo menos el 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.
Posteriormente, el Congreso emitirá la convocatoria de la consulta, la notificará al INE y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Una vez hecho lo anterior, “la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] resolverá sobre la constitucionalidad de las peticiones de la consulta, y en el caso de las formuladas por los ciudadanos califica, además, la trascendencia nacional de los temas”, se detalla en el portal en internet de la Cámara de Senadores.
La consulta puede solicitarse a partir del segundo año de ejercicio de cada Legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo en que se realice la jornada electoral federal. La organización y la promoción de la consulta en radio y televisión serán llevadas a cabo por el INE.
La realización de la consulta será el mismo día de la jornada federal electoral, y los consejeros distritales del Instituto realizarán el cómputo de la misma el miércoles siguiente al proceso electoral.
“Cuando el instituto electoral indique que la participación total en la consulta corresponde al menos al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, y es comunicado a la SCJN”, explica el Senado de la República.
En un comunicado, el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, consideró que la aprobación de la consulta popular amplía los derechos políticos de los ciudadanos y actualiza la democracia en México como un mecanismo de participación directa en asuntos públicos.
Expresó su beneplácito de que “este mecanismo de participación directa no anule, sino efectivamente complemente, las decisiones de la soberanía popular emanadas en el Congreso de la Unión”.
Sin embargo, Dolores Padierna asegura que algunos de los requisitos asentados en la ley para convocar a la consulta son extraconstitucionales. Por ejemplo, se exige que la firma en la solicitud sea la misma que en la credencial expedida por las autoridades electorales. Es decir, se deja a criterio del Instituto la verificación de la misma.
Por otro lado, “se exige escribir el número del reverso de la credencial de elector, que es un número larguísimo, inmanejable y muy difícil de copiar. Se puede prestar a errores”, señala.
El senador Alejandro Encinas, del PRD, menciona que la ley crea un gran vacío respecto de las reformas de carácter constitucional, toda vez que no deja claro si una consulta popular en materia constitucional es procedente o no.
Además, señala que los requisitos constituirán un vía crucis para los ciudadanos que quieran ser consultados. Agrega que existen visos de inconstitucionalidad en la ley, ya que viola tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano. Por ello, presentará –junto con su grupo parlamentario– una controversia ante la SCJN sobre la inconstitucionalidad de la ley. De no encontrar eco en el máximo tribunal, recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, Héctor Larios Córdova, senador del Partido Acción Nacional (PAN), explica que los temas de trascendencia nacional incluyen las reformas constitucionales, “las que ya se hicieron y las que están por hacerse”. Por ello, corresponde a la SCJN determinar la constitucionalidad de la pregunta en cada consulta específica.
Dolores Padierna considera que la única solución es declarar a dicha ley como inconstitucional; no obstante, para iniciar un procedimiento de inconstitucionalidad se debe recaudar por lo menos el 30 por ciento de las firmas de cualquiera de las cámaras. “El problema consiste en que la gran mayoría de diputados y senadores votaron a favor de la ley, por lo que no es posible reunir el número de firmas requerido.
“Actualmente, el camino a seguir es impulsar la consulta conforme al dictado constitucional y presentarla ante la SCJN para que ésta determine si es constitucional y de trascendencia”, señala.
“Vengo a promover juicio de amparo indirecto en contra de la aprobación, promulgación, publicación, entrada en vigencia y aplicación de la reforma constitucional energética a los Artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna por las siguientes violaciones de procedimiento y de fondo que expongo en los conceptos de invalidez de esta demanda de garantías.
“La reforma constitucional en materia energética es nula de pleno derecho por ser inconstitucional al oponerse a las decisiones políticas fundamentales de nuestra Carta Magna”, señala el amparo promovido el pasado 7 de enero por el senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz.
El amparo es contra los efectos de las acciones de las cámaras de Senadores y de Diputados, las legislaturas locales que aprobaron la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo, el secretario de Gobernación y el director general del Diario Oficial de la Federación.
Fernando Silva García, juez Octavo de Distrito en materia administrativa, aceptó el amparo el pasado 30 de enero. Al respecto, el senador comenta que “la reforma energética es absolutamente irregular, inmoral e ilegal. La demanda de amparo está basada en lo que se vivió en el Senado: un proceso adulterado del Poder Legislativo. Por lo tanto no es una reforma legal: es una operación que debe ser declarada de nulidad absoluta.
“Conforme con la Ley de Amparo se establece que no procede el amparo contra reformas constitucionales. Nosotros consideramos que es inconstitucional esa interpretación, porque por encima de este planteamiento no puede haber ningún Poder, ninguna instancia que sea susceptible de revisión de constitucionalidad”, explica.
El senador menciona las supuestas irregularidades que se cometieron al presentar las iniciativas en las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales.
“[Enrique] Peña Nieto presentó una iniciativa y el PAN presentó otra. Esas dos iniciativas se presentaron como los proyectos que se iban a discutir. Cuando decidieron ya convocar fue de una manera muy irregular: citaban y no llegaban, o llegaban tarde. Cuando se inició el trabajo de [las] comisiones, presentaron una tercera iniciativa que cocinaron fuera del Senado el PAN y el PRI.”
—¿Esa iniciativa la presentaron de último momento en la Comisión de Energía?
—Así es: convocaron un sábado los presidentes de las comisiones, y después a la discusión en la Junta de Coordinación Política. Se ponen reglas muy sencillas, dictaminan días y horas de trabajo, lo cual es un agotamiento perverso para las minorías: quienes tienen mayor número de senadores, pueden descansar la mitad, ir a dormir y llegar a trabajar a las horas normales; los partidos con menos representantes, no.
Lo más escandaloso, de acuerdo con Manuel Bartlett, fue que al enviarse el proyecto a los congresos estatales, empezaron a aprobarse de una manera “absurda y cínica”: en 5 minutos, 15 minutos o 1 hora, documentos de 300 cuartillas o más, “lo que nos llevó a la conclusión de que no fue aprobada en los estados, no la conocieron y no la discutieron.
“El presidente de la Comisión Permanente declaró que ya eran suficientes los congresos que habían aprobado y que se había acabado. Se le dijo que no podía hacer eso pues no tenía facultades. No les importó, lo dieron por bueno y terminaron.
“Ésa es la segunda y más importante violación que declaramos al Poder Judicial. Pedimos a este Poder que ejerza su función de tribunal constitucional y revise esta violación permanente. Esto significa que no hubo reforma constitucional en realidad, porque no pueden darse por reformados los artículos de mayor importancia de esta manera.”
—Es decir, no es un amparo contra la reforma energética, porque con todas estas violaciones la “reforma” no existe.
—Así es, porque el Poder Legislativo no puede estar por encima de las leyes. No hay un sólo órgano del Estado que debe de estar fuera del proceso de revisión constitucional. Lo que te estoy diciendo ahora lo reclamamos durante todo el proceso. Incluso le dijimos al presidente de la Comisión Permanente que no tenía facultad para hacer lo que estaba haciendo: no le importó. Declaró reformada la Constitución porque la mayoría más uno de los estados había informado que la habían aprobado.
“No se puede decir que aprobó una reforma constitucional porque violó todas las reglas. De eso trata el amparo”, agrega.
Menciona que el consejero jurídico de la Presidencia está argumentando que dicho amparo no debió ser admitido, porque la nueva Ley de Amparo establece que no procede el amparo contra una reforma constitucional. No obstante, eso se refiere al fondo, pero en cuanto al procedimiento que se ha hecho, no está prohibido por la Constitución. Es una obligación del Poder Judicial entrar en este análisis.
—¿Que sigue después de que fue aceptado el amparo?
—Hemos pedido que todos los congresos informen cómo le hicieron, cómo discutieron, quiénes hablaron y quiénes aprobaron. Además, estamos preparados para contestar los agravios que está preparando el gobierno para presionar y matar el proceso antes de llegar a la audiencia constitucional. Tenemos todas las pruebas nosotros, porque ahí estuvimos. Tenemos que esperar a que se dé la audiencia constitucional y se vea ahí que todo el proceso fue ilegal, y por lo tanto inconstitucional.
Pero no sólo legisladores pretenden echar abajo la reforma energética. Un grupo de ciudadanos –alrededor de 2 mil 500, entre ellos periodistas, intelectuales y artistas– sesionaron el pasado 5 de febrero en el Monumento a la Revolución y “derogaron” dicha reforma.
Se trata de una iniciativa ciudadana para defender “con todos los medios legales y pacíficos a nuestro alcance nuestros derechos humanos y sociales, la Constitución emergida de la Revolución Mexicana y el patrimonio nacional.
“Somos mayoría los cansados de las mentiras de los medios de comunicación, el desempleo y la carestía, la entrega de la soberanía, el cinismo de los políticos y el abuso policiaco y gubernamental. O los ciudadanos hacemos política hoy, o los poderes fácticos destruirán por completo nuestro país mañana”, se lee en la página electrónica del Congreso Popular.
Jaime Cárdenas, exlegislador y exconsejero del Instituto Federal Electoral, expresa en entrevista que la finalidad del Congreso Popular es tener un espacio alternativo –de carácter social– a las instituciones del país. “Muchos ciudadanos estamos inconformes con éstas porque no nos representan, tampoco lo hacen los tres Poderes de la Unión.
“Lo que se pretende es abrir más espacios a la participación de los ciudadanos para que tomen consciencia de la importancia que tiene en los procesos políticos, sociales y económicos del país.”
Señala que el objetivo es organizar una ruta para realizar acciones de desobediencia civil y de resistencia con respecto de las reformas estructurales, principalmente las de carácter estratégico.
La iniciativa fue firmada por John Ackerman, Virgilio Caballero, Miguel Concha, Enrique Dussel, Carlos Fazio, José Rosario Marroquí, Jesús Robles Maloof, Nestora Salgado, Javier Sicilia, Alejandro Solalinde, Paco Ignacio Taibo II, Raúl Vera, Damián Alcázar, Epigmenio Ibarra, entre otros.
El jurista John Ackerman señala que es una propuesta incluyente que puede ser determinante para lograr cambios sustanciales en la política mexicana; y por otro lado, derogar las reformas constitucionales para las que el pueblo no fue consultado.
“Se debe tener una organización y un objetivo claro para que no pase lo que ha ocurrido con otros movimientos sociales. No es que el pueblo sesione simbólicamente. Es algo real. [Mediante el Congreso Popular] los ciudadanos ejercen sus derechos enmarcados en la ley.”
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien se adhirió a la iniciativa a título personal, señala que la participación ciudadana se enmarca dentro de los derechos humanos; y respetar a la misma, es respetar esos derechos.
—¿El Congreso Popular es parecido al Tribunal Permanente de los Pueblos?
—Sí. Es parecido en cuanto a que se trata del ejercicio ciudadano para poder legislar con respecto de cuestiones en las que se consideran afectados. Ambas iniciativas buscan incrementar la participación ciudadana, ya sea en la parte judicial o legislativa.
Los convocantes están convencidos de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917 se ha pervertido. “Sus principios sociales, nacionalistas y democráticos han sido sustituidos por principios neoliberales, los cuales desconocen los derechos sociales de los mexicanos y hacen depender a nuestro país de potencias extranjeras o de organismos financieros internacionales”, menciona Jaime Cárdenas.
Agrega que la Constitución puede modificarse pero sin alterar sus principios fundamentales; de lo contrario, debe convocarse a un nuevo constituyente o, como mínimo, preguntarle al pueblo, mediante una consulta popular, sobre la viabilidad de los cambios estructurales de la Carta Magna, los cuales deben contar con legitimidad democrática. “Es válido tener nuevas constituciones, pero deben surgir de procedimientos democráticos, no como las recientes reformas que se han hecho”.
Verónica Vázquez, integrante del Frente Magisterial Independiente Nacional, cuyos miembros se han expresado en varias ocasiones contra las reformas estructurales, considera que las iniciativas como el Congreso Popular son propuestas importantes, y no es posible ignorarlas porque convocan a grandes sectores de la población a movilizarse en torno a demandas concretas y correctas. Son valiosas en el momento que logra concretarse alguna acción de unidad en las calles.
“Sin embargo, muchas de las veces, iniciativas de este tipo terminan convirtiéndose en pasarela para personalidades o gente de los partidos ‘de izquierda’. Son eventos con gran cobertura que sirven para que la gente se desahogue, salgan en los medios los convocantes y se tomen fotos; pero no llegan a concretar acciones mínimas verdaderas, que tengan continuidad, cuando tienen grandes posibilidades de hacerlo”, menciona.
—¿Con estás acciones pueden revertir las reformas que ya han sido aprobadas?
—Ningún derecho del pueblo mexicano ha sido conquistado con desobediencia civil y pacífica; por el contrario, siempre ha sido necesaria la lucha callejera, en la que hay que defenderse y hasta pasar a la ofensiva.
“Todo lo conquistado ha sido arrebatado gracias a la organización de grandes sectores que han tenido que hacer uso de las formas más radicales de lucha cuando han sido necesarias.”
El 18 de febrero pasado, mediante un comunicado, el Congreso Popular hizo públicas sus finanzas. Hasta el momento había recaudado 127 mil pesos, de los cuales se había gastado 74 mil 500 para el audio, luces, pódium, carpa, mesas y sillas de la sesión del 5 de febrero. Para playeras, lonas impresas y gafetes de ese mismo día, hubo un gasto de 17 mil 429 pesos.
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