Para el ejercicio fiscal 2013, 16 entidades del país destinaron en conjunto 122 millones 777 mil 300 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de los estados y del Distrito Federal para la creación y el fortalecimiento de los centros de Justicia para las Mujeres, espacios con servicios interinstitucionales y especializados que facilitan el acceso a la justicia y brindan atención integral a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia de género.
No obstante, como consta en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al 31 de diciembre de 2013, los gobiernos locales sólo ejercieron el 47.5 por ciento del total, es decir, 58 millones 255 mil 500 pesos.
Ya para 2014, el dinero erogado se elevó a 74 millones 779 mil 800 pesos, lo que representa el 61 por ciento del total del presupuesto.
En Tabasco, Campeche y Michoacán, los gobernantes subejercieron hasta el ciento por ciento de los dineros etiquetados para tal fin: 12 millones, 2 millones 500 mil y 500 mil pesos, respectivamente.
En el primer caso, el máximo órgano de fiscalización del país observó que a pesar de la transferencia de 12 millones de pesos que recibió la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco de las arcas públicas para la construcción y el funcionamiento del Centro de Justicia de la entidad, éste no fue instaurado aun cuando el gobierno local tenía la obligación (asentada en convenio) de hacerlo.
El subejercicio por parte del gobierno de Chihuahua también fue elevado: de más del 99 por ciento de los recursos. Y es que de los 3 millones 615 mil 300 pesos que la Federación le concedió para la operación del Centro de Justicia con sede en esta entidad fronteriza, al 31 de mayo de 2014 sólo devengó 7 mil pesos.
Para 2014, el año que siguió al ejercicio fiscal en el que debieron gastarse la totalidad de los recursos, los gobiernos de Oaxaca, Chiapas, Coahuila y Guanajuato sólo alcanzaron a erogar el 25.9, el 26.3, el 32.6 y el 39.5 por ciento, respectivamente, del presupuesto, que a través del FASP se les otorgó para la creación y el fortalecimiento de los centros de Justicia para las Mujeres.
Aunque en menores cantidades, los gobiernos de otras entidades también registraron subejercicios, según lo reporta la ASF. Es el caso de Guerrero, que sólo ocupó el 51.9 por ciento de estos dineros; de San Luis Potosí, con el 61.5; del Estado de México, con el 87.4; de Hidalgo, con el 90 por ciento; de Nayarit, con el 93.7; y de Durango, con el 97.9 por ciento.
Respecto de las 16 entidades en alusión, Colima fue la única que logró erogar la totalidad de estos recursos. Al 31 de diciembre de 2013 había gastado 12 millones 620 mil 100 pesos de los 13 millones 223 mil 100 pesos que recibió del FASP para su Centro de Justicia. No obstante, para julio de 2014, luego de las reprogramaciones que realizó, consiguió ocupar el ciento por ciento.
En situación similar se encuentra Aguascalientes, en donde el subejercicio fue mínimo: de un total de 10 millones 897 mil 600 pesos, el gobierno local gastó, al 30 de septiembre de 2014, 10 millones 897 mil 400 pesos.
Actualmente operan en territorio mexicano 22 centros de Justicia para las Mujeres, distribuidos en 17 entidades federativas. De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), de marzo de 2011 a junio de 2015, éstos han atendido a 133 mil 247 beneficiarias.
Además de los dineros transferidos a las haciendas públicas locales a través del FASP bajo el rubro Programa de Acceso a la Justicia para las Mujeres, estos centros son financiados con presupuesto etiquetado en la partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios”, misma que es competencia de la Conavim en su carácter de principal impulsora de esta política pública.
Durante los últimos 5 años (de 2010 a 2014), la instancia que actualmente encabeza Alejandra Negrete Morayta, comisionada nacional, ha destinado 166 millones 94 mil 240 pesos para la creación y el fortalecimiento de los centros de Justicia para las Mujeres, según informa la Conavim en respuesta escrita a un cuestionario elaborado por Contralínea.
En el cuerpo del documento, el órgano desconcentrado de la Segob detalla que los 44 millones 603 mil 240 pesos que en 2013 otorgó para este rubro se ejercieron en su totalidad por parte de las siguientes entidades: Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán.
No obstante que entre sus obligaciones destaca la elaboración y el seguimiento del Programa Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual establece la política nacional de promoción de la igualdad y de combate a la discriminación y a la violencia hacia mujeres y niñas, la Conavim evita pronunciarse respecto del subejercicio detectado por la ASF de más de la mitad de los dineros que a través del FASP se transfieren a los centros de Justicia para las Mujeres.
Manifiesta no tener injerencia alguna en dicha erogación, dado que el presupuesto del FASP es otorgado directamente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Además del dinero no devengado, la ASF detectó otras irregularidades en el manejo de los recursos del FASP para los centros de Justicia para las Mujeres. Dichas falencias devienen en probables daños o perjuicios a la hacienda pública por un monto de 16 millones 815 mil 153 pesos. Colima, Guerrero e Hidalgo son las entidades señaladas.
En el caso de Colima, el organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública descubrió un posible daño de 12 millones 620 mil 80 pesos que se usaron para la construcción de las instalaciones del respectivo Centro de Justicia, obra que los auditores encontraron en desuso y, por tanto, sin cumplir con sus objetivos.
En Guerrero, el golpe a las arcas públicas, habría ascendido a 2 millones 774 mil 987 pesos, derivado de diversas anomalías en la adquisición y uso de equipo médico y de laboratorio, así como de vehículos. En el primer caso, por ejemplo, los auditores, a partir de la inspección física, verificaron que el equipo en cuestión se encontraba almacenado en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, puesto que el Centro de Justicia para las Mujeres de la entidad no estaba operando. En el segundo, constataron que dos de los cuatro vehículos comprados se empleaban para funciones distintas a las del Centro, y los otros dos para uso administrativo de la coordinadora general del mismo.
Respecto del monto etiquetado para el Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Hidalgo, la ASF reporta igualmente perjuicios, esta vez por 1 millón 420 mil 86 pesos. De éstos, 534 mil 759 pesos se erogaron con fines distintos a los señalados en la Ley de Coordinación Fiscal, y 885 mil 327 pesos provienen de penas convencionales no aplicadas.
De acuerdo con la Conavim, la creación y fortalecimiento de los centros de Justicia para las Mujeres constituye una de las políticas públicas más exitosas que impulsa el gobierno. Tanto que, dado sus resultados, el presupuesto que esta instancia les asigna se incrementa año con año.
En 2010, a través de la partida 43801, la Conavim les transfirió 13 millones de pesos; en 2011, 15 millones; en 2012, 21 millones 500 mil; en 2013, 44 millones 603 mil 240; y en 2014, 71 millones 991 mil pesos, estos últimos en beneficio de 16 proyectos.
Para la ASF, presidida por Juan Manual Portal Martínez, el panorama es otro. De ello da cuenta el subejercicio de más de la mitad de los recursos que a través del FASP fueron asignados en 2013 a estos centros, así como los probables daños a la hacienda pública por 16 millones 815 mil 153 pesos correspondientes al mismo ejercicio fiscal.
Asimismo, en contraste con lo que ocurre con el financiamiento que les otorga la Conavim, las observaciones de la ASF evidencian que el monto asignado a los centros de Justicia para las Mujeres, vía el FASP, se redujo para el ejercicio fiscal 2013 en comparación con el de 2012. Así ocurrió en Chiapas, en donde el recorte monetario fue de 17 millones 142 mil 400 pesos; en Michoacán, cuya disminución presupuestal fue de 94.5 por ciento; y con Nayarit, que recibió 97.2 por ciento menos para dicho rubro.
En diciembre de 2014, Martha Lucía Mícher Camarena, diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, presentó al Pleno de la Cámara una iniciativa de reforma integral a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El proyecto en el que participaron representantes de diversos partidos políticos, expertas, organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales, toca el tema de los centros de Justicia para las Mujeres. La propuesta es normarlos adecuadamente a través del establecimiento de criterios para su instalación, funcionamiento y supervisión.
A propósito, la Conavim refiere que se mantiene atenta a la identificación de espacios de oportunidad y de nuevas propuestas para contribuir con su fortalecimiento. Detalla que, bajo este tenor, actualmente trabaja para asegurar que dichos centros cuenten con personal suficiente de forma permanente para propiciar la vinculación de estos espacios con la sociedad civil, y para sistematizar la información sobre las mujeres beneficiarias y sus necesidades.
Flor Goche
[INVESTIGACIÓN]
[RENDICIÓN DE CUENTAS]
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