Las impugnaciones contra la elección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) son de diferente naturaleza. Por un lado, están las que provienen de organizaciones defensoras de derechos humanos. Según esta posición, se está desperdiciando una coyuntura inmejorable para que la ombudsperson sea –también según sus apreciaciones– una persona con mayores calificaciones y mayor independencia frente al Poder Ejecutivo que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de una disputa política –legítima, además– entre las diversas organizaciones que han luchado a favor de las víctimas de crímenes de Estado, por la justicia y por la defensa de los derechos humanos. Tal es la crisis humanitaria que padecen regiones enteras del país desde el periodo llamado de la Guerra Sucia y hasta nuestros días, que las organizaciones hoy se cuentan por decenas. Y es natural que se organicen en grupos y que haya disputas ahora por una posición de poder a la que muchas tienen derecho.
Y es que entre ellas hay distintas corrientes ideológicas, objetivos específicos y concepción de lo que debe ser la defensoría de los derechos humanos.
Justo es decir que desde estas organizaciones se apuntalaron candidaturas legítimas y sólidas para encabezar la CNDH. De haber resultado electas, seguramente también hubieran hecho un buen papel al frente de la organización oficial mexicana encargada defender los derechos humanos. Esperemos que restañen las heridas de esta disputa y se reencuentren todas estas organizaciones para aprovechar la oportunidad que hoy tienen.
La mayoría tiene objetivos claros y trabajo honesto. Seguirán acompañándose en la búsqueda de sus desaparecidos, en las demandas de presentación con vida de ellos, de justicia para las familias, y de castigo para los responsables de crímenes de lesa humanidad y para los que abusan del poder. Incluso vigilarán el trabajo que se haga desde la CNDH y denunciarán las faltas en que pueda incurrir Piedra Ibarra.
Dicho lo anterior, podemos pasar al otro tipo de impugnaciones que ha generado la elección de Rosario como la ombudsperson del país y que nos debería de ocupar. Se trata de un rechazo que raya en el fanatismo y que proviene de los círculos de la derecha mexicana.
Los panistas no confiesan de dónde les viene tanta frustración. En medio de berrinches que no pueden controlar, revelan un profundo racismo y clasismo. Intentan malabares discursivos para decir que se oponen al nombramiento de Rosario Piedra porque son escrupulosos observadores de la normatividad y eso les impide avalar una elección “irregular”.
Tal fervor por el legalismo nunca mostraron personajes del panismo como Gustavo Madero que intentó violentar a la propia Rosario Piedra y a la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, cuando la toma de protesta en días pasados.
Es sabido que el panismo nunca fue quisquilloso para aceptar que la CNDH fuera encabezada –de manera por demás “irregular”– por personajes como Jorge Carpizo y Jorge Madrazo –los primeros dos presidentes de la CNDH– hasta Luis Raúl González Pérez. Todos, de origen policiaco y obsequiosos con el poder, sin voluntad real de defender derechos humanos sino de lavarle la cara al régimen mexicano en el escenario internacional: “México se ha modernizado tanto que ya cuenta con una defensoría de los derechos humanos”.
Si el furibundo hasta el ridículo Partido Acción Nacional (PAN) pudo aceptar a todos los ombudsman anteriores, de triste papel, ¿por qué hoy no puede soportar que la actual presidenta sea Rosario Piedra Ibarra?
El PAN, la oligarquía mexicana y el coro que tienen en los grandes consorcios mediáticos incluso estaban dispuestos a aceptar que otro personaje defensor de los derechos humanos encabezara la CNDH, pero nunca Rosario Piedra Ibarra.
Como decíamos, la derecha mexicana no lo confiesa. Pero es claro que la “irregularidad” de la nueva ombudsperson que el panismo no puede perdonar es que se apellida Piedra Ibarra.
La oligarquía mexicana sí tiene conciencia de clase. No olvida quién fue Jesús Piedra Ibarra. No puede aceptar que la hermana de un enemigo al que odiaron, y ordenaron o celebraron o justificaron su desaparición, sea quien ahora encabece una institución del Estado mexicano.
Panistas, oligarcas y coro deben regurgitar el hecho de que quien ya encabeza la CNDH es hermana de un combatiente de la Liga Comunista 23 de Septiembre, aquella que le declaró la guerra a lo que consideró el Estado burgués mexicano y se enfrascó en una confrontación directa.
Si no pudieron soportar que un funcionario calificara de “valientes” a los guerrilleros y lo hicieron renunciar, menos aún pueden soportar que la hermana de uno de estos combatientes busque la verdad de lo que pasó y la justicia desde la principal oficina de derechos humanos del país.
Además, el odio contra Jesús Piedra Ibarra –que ahora trasladan a su hermana– es particular. Jesús, que contaba 19 años de edad cuando fue desaparecido de manera forzada, no era sólo un integrante de la Liga. Según los reportes de la Dirección Federal de Seguridad, que hoy se pueden consultar en el Archivo General de la Nación (AGN), tenía como nombre de guerra Rafael y había participado en el intento de secuestro y enfrentamiento en el que resultó muerto Eugenio Garza Sada, entonces uno de los empresarios más acaudalados del país, presidente del Grupo VISA, un holding con más de 90 empresas.
En lugar de que el Estado mexicano enfrentara, detuviera y enjuiciara a los guerrilleros, se dedicó a cazar a todos aquellos que participaron en el hecho. Sus vidas fueron ofrendadas por el gobierno mexicano a los empresarios. De acuerdo con la misma información que se encuentra en el AGN, Jesús Piedra Ibarra fue detenido el 18 de abril de 1975 por integrantes de la DFS. Fue retenido ilegalmente en un rancho, luego trasladado a las instalaciones de la DFS y al Campo Militar Número 1. Todo indica que fue torturado y que los últimos que lo tuvieron con vida fueron los “servidores públicos” Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda, cabezas de la DFS.
Lo que pasó con Jesús Piedra Ibarra y los cientos de desaparecidos de la Guerra Sucia quedó entre la clase política y la gran burguesía mexicana. Fue literalmente un pacto de sangre. Un pacto de impunidad que han defendido a toda costa y que nunca se ha roto.
Hoy la foto de Jesús Piedra Ibarra pende de una pared en la oficina principal de la CNDH. El pacto para ocultar los hechos se resquebraja. Todos tenemos derecho a saber qué pasó. Y, antes que nadie, las familias de las víctimas tienen derecho a la justicia.
Es claro. Las impugnaciones más estridentes contra la nueva ombudsperson son por dos irregularidades que la derecha no puede soportar: es hermana de Jesús y es hija de Rosario.
Zósimo Camacho
[OPINIÓN] [COLUMNA] [ZONA CERO]
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