Stella Calloni/Prensa Latina
Aires, Argentina. El imperio desató en estos últimos meses la mayor ofensiva mediática que registre la historia, porque ya no se trata de manipular la información, una de las armas contrainsurgentes básicas, sino de la absoluta distorsión de los hechos difundidos por la red mundial de medios que controla el Pentágono, en un ensayo premonitorio de una guerra cibernética, con un efecto paralizador global, superior a lo que puede causar una conflagración nuclear.
Venezuela y Ucrania (aunque no sólo estos países) en estos momentos son naciones víctimas de este brutal ensayo mediático en que los generales no visten uniforme ni están en el centro del conflicto, sino en cómodos sillones de comando en los despachos de los grandes medios de comunicación masiva del mundo, que en un 97 por ciento controla el poder hegemónico.
No hay ninguna población en el mundo que no esté acribillada por la perversa guerra sicológica que se despliega bajo mandato militar, ejecutada por los poderosos empresarios de medios y sus “soldados” de turno.
Bajo el efecto de las llamadas Operaciones de Información (OI), destinadas a la manipulación global de la opinión pública, que en los códigos militares es señalada como el “objetivo a influir, desestabilizar, corromper para manejar el comportamiento humano”, tal como describe la Publicación conjunta 3-13 del Departamento de Defensa de Estados Unidos, se ha llegado a un máximo nivel de acción.
Precisamente estas OI están destinadas a afectar todos los sistemas informativos del adversario, en este caso los países con gobiernos que en mayor o menor grado escapen al control del Gran Hermano, utilizando para ello todo tipo de rumores, mentiras, acusaciones sobre argumentos falsos que pueden rápidamente arrasar los segmentos informativos.
En marzo pasado la Academia Militar de Estados Unidos aseguró que para esas actividades informativas la Casa Blanca utiliza –a veces sin éxito– firmas privadas y especialistas en preceptos de mercadotecnia y que el objetivo de las acciones de desinformación y el incremento del envío de tropas especiales a diversos lugares del mundo, como lo está haciendo Estados Unidos, se encuentra destinado a apoyar y mantener la llamada “guerra no convencional”.
Mediante ésta se contribuye al logro de los objetivos estratégicos de Washington, y además se trata “de revertir las percepciones y actitudes negativas de otras naciones o grupos hacia Estados Unidos”, como señala el analista Roberto García Hernández (Prensa Latina, marzo, 2014) en su informe sobre la instalación de Fuerzas Especiales en el mundo.
En Venezuela, a más de 3 meses del comienzo de las acciones golpistas (12 de febrero de este año), no se ha podido concretar el golpe, ni el enfrentamiento interno, que fue el objetivo primario, ni la salida del Ejército a las calles. Y ante esta situación, después de haber utilizado distintas fases, Washington ha mandado su tropa de choque, sus “fuerzas de operaciones especiales mediáticas”, con la orden de mantener el esquema golpista al precio que sea.
Al desplazamiento reciente de sus “fuerzas de choque” mediáticas a Caracas, como el peruano Mario Vargas Llosa, y una serie de representantes de organizaciones no gubernamentales controladas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), algunos de los cuales son legisladores en diversos países de América Latina, para “solidarizarse” con las protestas estudiantiles que hace tiempo ya no existen en Venezuela, se unió el “informe” de Human Rights Watch (HRW) que acusa al gobierno, víctima del golpismo y de decenas de atentados terroristas, de “violación a los derechos humanos”.
Usando a esta falsa organización de derechos humanos, cuya intervención siempre cumple con el objetivo de abrir el camino a golpes e intervenciones en los países que Washington decide golpear o invadir, se aseguraba una campaña intensa con declaraciones de sus enviados a Caracas y la difusión asegurada en todas sus redes bajo control, de la historia al revés.
En esas versiones, las víctimas son los victimarios. Los paramilitares incendiarios y francotiradores son estudiantes. Los medios que atacan en forma violenta, denigran al gobierno y participan activamente en el golpe son “víctimas” de la “ausencia de libertad de expresión”.
Eso es lo que dicen por estas horas periódicos como Clarín, La Nación y otros en Argentina, y en diversos países de la región, que junto con poderosas agencias de noticias unidas a la red fascista de la desinformación, convierte a la “prensa” en una verdadera arma de destrucción masiva.
El esfuerzo realizado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro de no responder a las constantes provocaciones de grupos perfectamente adiestrados para acciones contrainsurgentes de combates “limitados” –es decir de atentados terroristas y acciones para sembrar el caos– y su decisión de convocar a un diálogo por la paz en marzo pasado, puso a Estados Unidos contra las cuerdas y, lo más grave para Washington, dividió a la oposición venezolana.
Por esta razón se decidió pasar a la tercera fase del golpismo con una serie de asesinatos “selectivos”, especialmente contra dirigentes, concejales populares y oficiales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, entre ellos uno de la escolta presidencial, lo que muestra una actividad cada vez más terrorista, difícil de mostrar al mundo como “protestas pacíficas estudiantiles”.
Esto, en momentos en que el gobierno ha detenido a más de medio centenar de extranjeros vinculados a las acciones violentas, lo más parecido a los mercenarios de los “ejércitos privados” de estos tiempos.
Se necesitaba un montaje de prensa y mostrar el panorama como un espejo invertido. Por eso fue imprescindible la actuación de José Miguel Vivanco, director de HRW para América, que firma el informe contra Venezuela, quien ya ha intervenido en otros intentos golpistas en ese país y por sus lazos con algunas dictaduras del pasado.
HRW apoyó el golpe de Estado contra el expresidente Hugo Chávez en abril de 2002, y nada dijo sobre los hechos violentos ni las víctimas que produjo la oposición entonces.
En 2003 estuvo al frente de una campaña internacional junto a otra organización no gubernamental de la CIA, como es Reporteros Sin Fronteras, contra la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, dictada en defensa del derecho a la información de todo el pueblo venezolano.
El 19 de septiembre de 2008, el mismo Vivanco, junto con el subdirector regional de HRW, Daniel Wilkinson, fueron expulsados de Venezuela, donde estaban actuando “respondiendo a intereses vinculados y financiados por las agencias de Estados Unidos”, como señala un comunicado oficial de la cancillería venezolana firmado por el entonces canciller Nicolás Maduro.
Hablando con Venezolana de Televisión, Maduro explicó entonces que Vivanco, de “manera abusiva y grosera presentó una rueda de prensa donde vilipendió a las instituciones de la democracia venezolana e hirió la dignidad de un pueblo”, después de ingresar como “turista” en el país.
El informe de 267 páginas producido por Vivanco se titulaba: Una década de Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela. Y sus conclusiones –sin pruebas– fueron consideradas como “violatorias de las leyes locales, agresión contra las instituciones de la democracia venezolana”, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos del país, por lo cual, con base a la Constitución nacional, ambos fueron expulsados.
Se les acusó de estar financiados por las agencias del gobierno de Estados Unidos, que “tras el ropaje de defensores de los derechos humanos despliegan una estrategia de agresión inaceptable para nuestro pueblo”.
En julio de 2012, HRW intervino activamente para golpear la campaña electoral del gobierno de Hugo Chávez Frías para las elecciones que finalmente ganó el líder bolivariano en octubre. En su informe, en esos momentos, sostuvo que “la situación de derechos humanos y libertad de expresión en Venezuela había empeorado desde 2008”, debido a una serie de medidas que han contribuido a la “concentración y abuso de poder” del gobierno del presidente Hugo Chávez.
“La acumulación de poder en el Ejecutivo, la eliminación de las salvaguardas institucionales y la erosión de las garantías de los derechos humanos han dado al gobierno de Chávez carta blanca para intimidar, censurar y procesar a venezolanos que critican al presidente o frustran su agenda política”.
No era eso lo que pensaban las mayorías populares altamente favorecidas y cuidadas por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, cuando éste había dado ejemplo de solidaridad y generosidad a todo el mundo.
Mientras los medios opositores venezolanos estaban detrás de todos los intentos golpistas que siempre continuaron en ese país, Vivanco continuó acusando al gobierno de Chávez. Ahora también en 2014, antes del último informe, hubo otra abierta intromisión en los asuntos internos de Venezuela cuando “repudió” la detención de Leopoldo López, de Voluntad Popular, organismo político que tiene financiamiento y apoyo externo.
Este dirigente opositor inició la etapa de violencia al frente de un sector de estudiantes y de grupos de choque que incendiaron, destruyeron, mataron en los primeros momentos del 12 de febrero pasado, advirtiendo públicamente que estaban en la calle para derrocar el presidente Nicolás Maduro. Vivanco defendió así a un golpista confeso.
El fiscal Marcelo Sosa, director de investigaciones, señaló a Achá Melgar (alias Superman) y a Alejandro Melgar como integrantes y financiadores del complot. Desde Estados Unidos, Achá rechazó estas acusaciones, pero reconoció varias reuniones con el jefe del grupo terrorista Rózsa Flores.
También entre agosto y septiembre, cuando se produjo la intentona golpista de los poderosos sectores económicos de la llamada “Media Luna” boliviana: Santa Cruz, Pando, Beni y de Tarija, que comenzó con el incendio de edificios, más de 100 en pocas horas, luego con sabotajes petroleros también, Human Rights no tuvo empacho en acusar a Morales de violación de los derechos humanos y del asesinato de indefensos campesinos en una carretera de Pando.
Pero una Comisión de Investigación de los Hechos, que envió la Unión de Naciones Suramericanas, comprobó el asesinato y tortura de 20 campesinos simpatizantes de Evo Morales y un número similar de desaparecidos a manos de policías y parapoliciales de la oposición, bajo la responsabilidad del alcalde del lugar, el golpista Leopoldo Fernández. Vale la pena conocer la verdadera trayectoria de la “organización humanitaria”.
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