Manlio Dinucci/Tommaso di Francesco/Red Voltaire/Il Manifesto
Es importante que esté muy claro hacia dónde quiere ir la Unión Europea, ha subrayado el primer ministro de Italia, Matteo Renzi. Pero hacer ese tipo de declaración es como tratar de forzar una puerta abierta, porque la dirección a seguir ya está decidida, pero no en Bruselas sino en Washington. Los acuerdos de asociación y de libre comercio que Ucrania, Georgia y Moldavia acaban de firmar con la Unión Europea no sólo tienen implicaciones económicas, sino también políticas y estratégicas.
La abolición de los derechos de aduana y otras medidas de “liberalización” previstas en los acuerdos, pondrán las economías de esos tres países –sobre todo la ucraniana, que es con mucho la más importante– en manos de las trasnacionales, pero no sólo de las trasnacionales europeas, sino de las estadunidenses. Ucrania cederá el 49 por ciento de la propiedad de los gasoductos y depósitos subterráneos de gas a varias compañías estadunidenses –fundamentalmente a ExxonMobil y Chevron– y europeas, que de hecho ejercerán así el pleno control.
Al mismo tiempo, la prevista “modernización” de la agricultura ucraniana permitirá, sobre todo a las compañías Cargill y Monsanto –que ya habían logrado implantarse en ese país– apoderarse de lo que antiguamente se conocía, debido a la fertilidad de sus tierras, como “el granero” de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Y se trata de un sector de primera importancia. La agricultura ucraniana, cuya producción aumentó en valor en un 14 por ciento en 2013, representa un 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) y un 25 por ciento de las exportaciones.
El control de la red de gasoductos y de la agricultura ucraniana proporcionará, sobre todo a Estados Unidos y Alemania, un poderoso instrumento de presión sobre Rusia. Esta última depende en gran parte de los corredores energéticos ucranianos para exportar su gas hacia la Unión Europea, y absorbe más de una cuarta parte de las exportaciones ucranianas, sobre todo en el sector agrícola.
El instrumento económico está en correspondencia con la estrategia anunciada por el Grupo de los Siete (G7) que, reunido en Bruselas, Bélgica, justo antes del Consejo Europeo, hizo suya la línea de Washington. Después de anunciar un programa del Fondo Monetario Internacional ascendente a 17 mil millones de dólares para Ucrania, más otras 18 inversiones que harán los siete para apoderarse de la economía ucraniana en su totalidad, el G7 “condena a la Federación Rusa por su continua violación de la soberanía de Ucrania”. Fórmula que el Consejo Europeo hizo suya el pasado23 de junio.
Todo lo anterior aplana el camino a la ulterior extensión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre territorios de lo que fue la URSS. No hay que olvidar que Ucrania, Georgia y Moldavia fueron repúblicas soviéticas y que la agresión del Ejército georgiano contra Osetia del Sur, en 2008, seguramente era parte de la estrategia de Estados Unidos y la OTAN. Tampoco hay que olvidar que 23 de los 28 países miembros de la Unión Europea son al mismo tiempo miembros de la OTAN. Así que las decisiones tomadas en la alianza atlántica, bajo la indiscutida dirección de Estados Unidos, determinan las intenciones de la Unión Europea.
En esa situación, el papel de Italia es el de la cazuela de barro (que no puede chocar con la de bronce porque se rompe). Por un lado porque la asociación de Ucrania con el área europea de libre comercio permitirá a las trasnacionales estadunidenses y europeas controlar –y en eso reside la paradoja del “liberalismo”–, a través de la introducción de los productos ucranianos, el mercado agrícola italiano, que ya está enfrentando graves dificultades de orden económico y social. Y eso va a suceder mientras que, de hecho, Estados Unidos practica un riguroso proteccionismo nacional a favor de su propia producción agrícola.
Pero lo más interesante es la cuestión de las fuentes energéticas. Basta con recordar que, bajo la presión de Estados Unidos, Bulgaria bloqueó desde hace unas semanas la construcción del gasoducto South Stream, el pipeline estratégico que debía transportar el gas ruso hacia Europa sin pasar por Ucrania. Esta maniobra estadunidense –respaldada por el presidente de la Comisión Europea– pone a Italia en peligro de perder contratos por valor de miles de millones de euros, entre ellos el contrato de 2 mil millones que la Saipen (una empresa de la Ente Nazionale Idrocarburi, la principal compañía petrolera de Italia) acababa de obtener.
Varias voces –desmentidas por el gobierno italiano– afirman insistentemente en la prensa internacional que Italia quiere “congelar” el proyecto, nacido de un acuerdo ítalo-ruso firmado en 2007 por el entonces ministro italiano de Desarrollo Económico Pier Luigi Bersani. Según ese proyecto, la terminal del South Stream debía construirse en Tarvisio, en la provincia italiana de Udine, que funcionaría como un verdadero nodo de la distribución de gas hacia otros países. Pero ahora el consorcio ruso Gazprom y la compañía austriaca OMV han firmado un contrato que prevé la extensión del gasoducto hasta Austria, país que podría sustituir a Italia como nodo de la distribución del gas.
En ese contexto, sería bueno que el primer ministro italiano, Matteo Renzi –quien tanto pide que se aclare hacia dónde quiere ir la Unión Europea– comenzara por aclarar él mismo hacia dónde quiere ir Italia. En otras palabras, Renzi tendría que aclarar si Italia va a seguir o no a remolque la estrategia de Estados Unidos-OTAN, que está arrastrando a Europa hacia otra peligrosa y costosa confrontación Oeste-Este.
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