La ley energética aprobada en diciembre de 2013 terminó con el monopolio estatal del petróleo, vigente desde la nacionalización cardenista de 1938. Dos son los cambios torales de la ley:
1. El despojo de la responsabilidad exclusiva del manejo integral de los hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex) como representante del Estado. La relevancia constitucional de la empresa es reducida al mínimo. Deja de ser un organismo descentralizado y es convertido en una simple “empresa competitiva”, con una actividad limitada a la exploración y explotación de unas cuantas áreas petroleras y la producción de unos cuantos productos derivados, la cual estará restringida por escasos recursos financieros, sus onerosos pasivos y la excesiva carga fiscal, además de que estará ambiguamente regulada, lo que le permitirá a sus administradores mantener la opacidad sus operaciones y dificultará la supervisión de las mismas, como es común en una sociedad democrática. Pemex será un jugador más del mercado y su futuro es incierto, ya que, en condiciones desfavorables –tecnológicas, en infraestructura, operativas, financieras–enfrentará un escenario competitivo adverso.
2. La apertura de toda la cadena productiva petrolera a la participación del capital privado local y trasnacional, por medio de una diversidad de contratos, desde la exploración y explotación de hidrocarburos hasta la comercialización de los productos terminados, y la redistribución de la renta petrolera desde el Estado hacia los nuevos participantes de la industria.
La reforma energética cierra la dilatada parábola de desmantelamiento y reprivatización petrolera iniciada por Miguel de la Madrid, que en 1986 cedió al empresariado la producción de 40 de los 70 productos petroquímicos básicos; medida seguida por la fragmentación de Pemex, los proyectos de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) zedillistas y los “contratos incentivados de servicios” calderonistas, entre otras, con los que se pretendió resolver los problemas operativos y financieros que caracterizan a la industria referida, revertir el deterioro tecnológico y de la infraestructura, la declinación de las reservas y la producción crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos; de las exportaciones.
A menudo, el contraste de los resultados arrojados por dos proyectos de nación distintos, que dicen aspirar a los mismos objetivos por diferentes senderos, resulta francamente odioso. Sobre todo para aquellos cuyos saldos son palmariamente desastrosos.
Ése es el caso de Argentina y México, por ejemplo, cuyos gobiernos profesan credos ideológicos, políticos y económicos diametralmente distintos. Aquel milita en el bando antineoliberal. Éste en la internacional neoliberal. Ambos, con sus reformas energéticas radicalmente opuestas, prometen avanzar estratégicamente hacia la soberanía y la autosuficiencia petrolera de sus países.
Cristina Fernández busca alcanzar esas metas a través de la nueva nacionalización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Carlos Menem la había subastado en 1992, amparándose en la supuesta ineficiencia del organismo, la cual sería subsanada con su conversión en una virtuosa entidad privada y extranjerizada. No obstante, en abril de 2012, la presidenta argentina la recupera para el Estado. Responsabiliza a la española Repsol, que se había apoderado de YPF en 1999, de la crítica situación energética de su país: la caída drástica de las reservas probadas de petróleo y gas, debido a su sobreexplotación y la falta de inversiones destinadas a su reposición y el mantenimiento de la infraestructura de la industria; la reducción de la producción de esos productos, que obliga a importarlos en 2011, por primera vez desde 1994, para compensar los problemas de abastecimiento interno; la especulación de los precios domésticos de sus derivados; la pérdida de ingresos fiscales del Estado; la “política de vaciamiento” financiero de la filial YPF, con la transferencia de sus utilidades a hacia la matriz.
¿Cuáles han sido los frutos de esas estrategias opuestas? Para Argentina la cosecha no es despreciable. Según Miguel Galuccio, responsable de la era reestatizada de YPF, en 2014 las reservas probadas de su país aumentan 11.9 por ciento con relación a 2013, año en que habían subido 10.6 por ciento. El índice de reemplazo de reservas, que mide la relación entre los hidrocarburos extraídos y las nuevas reservas incorporadas, es de 163 por ciento. En 2013 el índice había sido de 153 por ciento y fue considerado como el más alto de los últimos 14 años. Cuando el índice supera el ciento por ciento, indica que se incorporan más reservas de las que se extraen.
La producción de hidrocarburos se eleva 13.5 por ciento, el nivel más alto en la historia de la compañía, superando el récord de 2013, cuando había aumentado 10.6 por ciento; la de petróleo crudo crece 5.3 por ciento y la gas 25 por ciento. Esa mejoría se debe a la ampliación de la inversión pública (llega a 58.9 mil millones de pesos argentinos), 97.3 por ciento más que en 2013.De ese monto, 49.1 mil millones se destinan a la exploración y producción (sector upstream), 115 por ciento más, y 8.4 mil millones a la refinación del crudo y procesamiento y purificación del gas natural, la comercialización y distribución de sus derivados (gasolinas, querosén, diésel, gas natural y licuado, petroquímicos (sector downstream), 71 por ciento más.
La utilidad operativa de YPF en 2014 es de 19.7 mil millones de pesos, 64.3 por ciento más que en 2013. El beneficio antes del pago de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBIDTA, por su sigla en inglés) crece 73 por ciento. La utilidad neta, después del pago de esos conceptos es de 9 mil millones de pesos, 59 por ciento más que en 2013. Dos años de ganancias consecutivas y ascendentes, pese al desplome de los precios internacionales del crudo en 2014.
Al momento de recuperar el Estado el control de YPF –que en 2011 contribuye con el 36 por ciento de la producción nacional de crudo y condensados y el 23 por ciento del gas–, la situación energética de Argentina es crítica. Los indicadores petroleros básicos muestran que en ese momento “el modelo privatista está agotado”, como señalan los economistas Agustin Crivelli y Andrés Asiain en su informe La explotación de hidrocarburos en Argentina. Estudio de caso: YPF, SA, postura compartida por Mariano Barrera en su trabajo La lógica de acumulación del sector hidrocarburífero en Argentina. El gobierno tiene dos opciones: aceptar resignadamente la pérdida de la autosuficiencia y la soberanía petrolera, debido a la decisión de Repsol que, de acuerdo con su interés privado y no el de la nación huésped, decide maximizar la extracción de los campos adjudicados, sin realizar nuevas inversiones requeridas para restituir el agotamiento de reservas explotadas, pese al compromiso asumido con la reprivatización; o revocarle la concesión.
Entre 1998 y 2011 las exportaciones de Repsol pasan de 904 millones de dólares a 669 millones de dólares; caen en 26 por ciento. Las importaciones aumentan de 96 millones a 1 mil 180 millones, en 1 mil 125 por ciento. Su saldo pasa de un superávit de 808 millones a un déficit de 510 millones. La balanza energética total pasa de un saldo positivo por 1.5 mil millones de dólares a 3.7 mil millones. En 2013 llega a 8.1 mil millones de dólares y en 2014 a 7.4 mil millones de dólares. Es el coletazo postrero de la privatización petrolera.
Asiain y Crivelli sostienen que el creciente agotamiento de reservas de YPF “no es consecuencia de una ineficiente gestión empresarial, sino fruto de una estrategia global de la multinacional española”. Repsol obtiene sus mayores ingresos en Argentina, pero reparte más de 90 por ciento de sus dividendos e invierte en Alaska (Estados Unidos), en el Golfo de México, en el Caribe y en el Norte de África. “Usan las ganancias que les dejan los pozos descubiertos en la época en que YPF era estatal para fondear inversiones en otros países”. “Se trata de una lógica predatoria que hace caer las reservas en forma vertiginosa”. Barrera llega a la misma conclusión: “El problema es que en las últimas 2 décadas las empresas petroleras no reinvirtieron utilidades ni generaron inversiones de riesgo. Sólo explotaron yacimientos ya conocidos”.
Los resultados de YPF en 2014 validan económica y políticamente la nacionalización de la empresa y al proyecto de desarrollo que lo sustenta: la recuperación estratégica de los hidrocarburos. Se necesitaba un golpe de mando como lo hicieron Rusia, Bolivia, Ecuador o Venezuela, por mencionar algunos gobiernos progresistas.
En México, el gobierno federal prefirió la reprivatización. El Reporte de resultados 2014 de Pemex, del 27 de febrero, y los indicadores petroleros de enero de 2015 muestran a una empresa en virtual quiebra técnica y un sector de hidrocarburos en incontenible declive.
El estado de resultados consolidado de Pemex reproduce su incesante deterioro contable, registrado desde la década de 1980, como consecuencia de crisis de la deuda gubernamental externa, los agobios financieros del Estado, la petrodependencia fiscal y las pérdidas arrojadas por la empresa casi todos los años en sus hojas de balance después del cúmulo de impuestos pagados a la hacienda pública.
En 2014, el segundo año peñista, Pemex es doblemente víctima. Por un lado, por el agravamiento de sus contribuciones fiscales. En 2013 sus impuestos pagados superan en 24 por ciento al total de sus rendimientos. En 2014 en 55 por ciento.
Por otro lado, es víctima de la disputa por el mercado petrolero y los conflictos geopolíticos entre las grandes potencias y los principales productores de crudo que llevan a una guerra de precios. La cotización marcadora del crudo promedio (Brent, West Texas Intermediate y Dubai Fateh) se derrumba de 105.49 dólares por barril en junio de 2014 a 47.45 dólares por barril, su nivel más bajo desde 2005. En febrero de 2015 se ubica en 54.93 por ciento.
La combinación del menor precio con la sistemática declinación del volumen de las exportaciones y el aumento de las importaciones de petrolíferos, gas y petroquímicos, reduce de manera importante el superávit comercial de Pemex y su rendimiento bruto, que cae 6 por ciento. El incremento de los gastos administrativos disminuye su rendimiento de operación en 15 por ciento. Lo mismo ocurre con su rendimiento antes de impuestos y derechos, que declina 31 por ciento, afectado por el alza de los intereses pagados por sus pasivos internos y externos y por las pérdidas cambiarias.
Una vez cubierto los compromisos tributarios (derechos sobre extracción de petróleo, gravámenes a los rendimientos petroleros, impuesto sobre la renta y otros), las menguadas ganancias se desvanecen en la bóveda hacendaria y Pemex aparece con una pérdida neta: 263.8 mil millones de pesos, 55 por ciento más que en 2013.
Si a esos números rojos se añade el concepto de “otros resultados integrales” (inversiones disponibles para la venta, las ganancias o pérdidas actuariales por beneficios a empleados y efectos por conversión), la pérdida integral de Pemex se eleva a 532.7 mil millones, equivalente a 36.2 mil millones de dólares. En 2013 había sido superavitaria.
Cada año, entre 1998 y 2014, Pemex presenta pérdidas después del pago de impuestos, con excepción de 2006 y 2012.
Como es natural, la precariedad financiera de Pemex tiene al menos un par de efectos. Le obliga a endeudarse crecientemente para compensar sus restricciones presupuestales. En 2014, su deuda financiera total se eleva 36 por ciento más, ubicándose en 77.7 mil millones de dólares, similar a la del gobierno federal, que es de 78.6 mil millones y equivale a 6.3 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Su balance general consolidado muestra que sus pasivos totales superan a sus activos, lo que arroja un balance patrimonial negativo por 770 mil millones de pesos, 52 mil millones de dólares. Esa cantidad es 315 por ciento peor que en 2013.
Con indicadores de esa naturaleza y sin una estrategia razonable que la vuelva sustentable financiera y operativamente, que garantice utilidades netas aceptables después del gasto de impuestos, cualquier empresa será considerada en quiebra técnica. Hace tiempo hubiera declarado en bancarrota. La reforma energética peñista vuelve inviable el futuro de Pemex y no sería extraño su ulterior extinción.
El otro efecto es su incapacidad para cumplir sus metas operativas. Prácticamente todos sus indicadores evidencian su creciente deterioro: declinan los pozos terminados y el promedio de los pozos en operación y los equipos de exploración. Cae la extracción de crudo y la producción de petrolíferos –gasolinas automotrices, combustóleo, diésel, gas licuado de petróleo (GLP), turbosina y otros– y petroquímicos básicos y secundarios. La precariedad productiva tiene que ser compensada con la creciente importación de los mismos para evitar el desabasto del mercado interno.
Con el castigo presupuestal al que ha sido sometida la exparaestatal desde 1983, y la sobrecarga fiscal que padece desde 1998, difícilmente podría esperarse un desenlace distinto. Pero esa situación no es más que la expresión de un proyecto de nación que supone que la reestructuración energética y petrolera transita por el desmantelamiento de la estructura paraestatal, la reducción de la rectoría estatal al papel de administradora de concesiones –que no recaerá en Pemex–, la reprivatización y la transnacionalización. Al interés privado del capital se le trasfiere el interés nacional de la “modernización energética”.
Por si no fueran suficientes los tormentos de Pemex de los 33 años precedentes, su tragedia se agudizará en 2015 y 2016, merced al desplome de los precios internacionales del crudo, iniciado en el segundo semestre de 2014 y el cual se ha mantenido en el primer trimestre del año en curso; sus secuelas desestabilizadoras sobre las finanzas públicas y el programa económico propuesto para el tercer año peñista, el cual es desbordado por la realidad petrolera desde su discusión en el Congreso de la Unión; el ajuste fiscal ortodoxo impuesto el 30 de enero ante la pérdida de divisas e ingresos fiscales petroleros (el recorte del gasto público por 124.3 mil millones de pesos, equivalente a 0.7 por ciento del PIB), y los esperados en lo que resta del año, ya que la pérdida de recursos estatales pueden ser del orden de 200 mil millones de pesos; y la carencia de un plan contingente anticrisis gubernamental que guie una economía que navega a la deriva.
El presupuesto para 2015 fue planeado, primero, sobre la base de un precio de 82 dólares por barril, en promedio, el cual, luego, es reducido a 81, y posteriormente a 79 dólares. Aun cuando éste cierra 2014 en 52.36 dólares, la plataforma de producción y exportación es estimada en 2.4 millones de barriles diarios y 1.09 millones de barriles, respectivamente.
Sin embargo, según Pemex, el precio en enero se ubica en 40.15 dólares por barril, 49 por ciento por debajo del estimado, en 39 dólares menos. La producción de crudo es de 2.3 millones de barriles diarios y las exportaciones de 1.3 millones de barriles diarios.
El saldo comercial se derrumba 75 por ciento al pasar de 1 mil 547 millones de dólares a 392 millones, lo que representa una pérdida de 1 mil 155 millones de petrodivisas.
Los ingresos petroleros del sector público presupuestario se desploman 43 por ciento, en términos reales, el déficit crece exponencialmente: de 4.9 mil millones de pesos en enero de 2014 a 95.1 mil millones de pesos en el mismo mes de 2015, el cual tuvo que ser financiado con el endeudamiento externo, que se dispara en 77 por ciento, en términos reales, pasa de 72 mil millones de pesos a 131 mil millones de pesos. El saldo negativo del gobierno federal pasa de un superávit por 10 mil millones de pesos a un déficit por 40.4 mil millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ante el desorden de los ingresos públicos, las nulas probabilidades de que el precio del crudo de exportación recupere su nivel presupuestalmente previsto (salvo que ocurra una contingencia relevante que los impulse hasta ese nivel) y el escaso oficial por elevar los impuestos para compensar los ingresos perdidos, sólo quedaba la opción del ajuste fiscal ortodoxo: recortar el gasto.
En la redistribución de los costos del ajuste dentro de la administración pública, a Pemex, que proporciona un tercio de los ingresos estatales, le corresponde la mayor carga: el 49 por ciento del total. Es decir, su gasto se reducirá en 62 mil millones de pesos, equivalente a 11.5 por ciento del total originalmente presupuestado para 2015 (540 mil millones de pesos, 35.5 mil millones de dólares).
En esas circunstancias, la flamante “empresa competitiva” llega al mundo abollada. Al iniciar su segundo año de vida el infante se verá obligado a postergar parte de sus inversiones productivas y operativas, de acuerdo con Emilio Lozoya, director de Pemex.
En el efecto en cascada, la misma reforma petrolera ha sido afectada.
Ante las escasas posibilidades de que llegue la avalancha de inversiones privadas previstas, estimadas oficialmente en unos 35 mil millones de dólares anuales, y cuyo monto ha sido reducido en 10 mil millones, prácticamente han sido cancelados los proyectos en aguas profundas y en los yacimientos de esquisto, en espera de mejores tiempos.
El problema es que podría consumirse el sexenio peñista sin que ellos lleguen.
Milton Friedman siempre aconsejó aprovechar las épocas de crisis porque éstas “facilitarían el proceso de ajuste”. Asimismo, recomendó que las medidas deberían aplicarse rápidamente. Como un “tratamiento de choque” económico.
Podrían retrasarse la concesión de contratos privados en aguas profundas y en lulitas. Pero no en aguas someras, mientras Pemex, inhibido por el recorte presupuestal, está obligado a retrasar sus programas de inversión en exploración y extracción, procesamiento y distribución.
“Como hay menos dinero, tenemos que disminuir el ritmo de inversión de estos proyectos”, dijo Lozoya.
Por ejemplo, Fomento Económico Mexicano (Femsa) acaba de anunciar la ampliación de sus puntos de venta de gasolinas. En el reparto de la renta petrolera, Pemex compartirá un proyecto de licuefacción de gas natural ubicado en su terminal de recibo, almacenamiento y regasificación Energía Costa Azul, localizada en Ensenada, Baja California, con las empresas Infraestructura Energética Nova, SAB de CV (IEnova) y su filial Sempra LNG.
También habría perdedores. La decisión de Pemex por cambiar su estrategia de transporte de combustibles por ductos, con el objeto de evitar los robos, podría perjudicar la calidad que afectaría a los consumidores.
Pero quizá lo más relevante hasta el momento sea la oportunidad que se tiene para llevar adelante un aspecto importante de la reforma petrolera: despedir a trabajadores petroleros, modificar el contrato colectivo de trabajo y privatizar las pensiones de los futuros trabajadores del ramo, entre otras medidas. Los trabajadores petroleros serán sometidos a la lógica del mercado laboral, que no ha sido generoso con el resto de los trabajadores.
La próxima importación de 100 mil barriles diarios de crudo acelerará la integración energética a Estados Unidos.
Marcos Chávez M*, @marcos_contra
*Economista
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