La Unión Europea considera que la región más violenta del mundo es la que comprenden los países del Triángulo del Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Canadá) junto con México. Por ello, y como donante humanitario, debería diseñar “esfuerzos” de protección a las poblaciones en riesgo de desplazamiento y ayudar a crear una mayor visibilidad para víctimas de organizaciones criminales, señala Crisis Group en su informe Lista de vigilancia 2021 de alerta temprana.
Sobre la base del actual Programa de Asistencia Técnica de Europa y América Latina contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Unión Europea también evalúa “alentar a los gobiernos de la región a pasar de priorizar la aplicación coercitiva de la ley a esfuerzos más integrales para frenar la inseguridad”.
Los fondos europeos destinados a aliviar las consecuencias de la pandemia de Covid-19 son proporcionados por el Team Europe, “una etiqueta que está siendo utilizada por la Comisión para proyectar el apoyo combinado de la Unión Europea, sus estados miembros e instituciones financieras europeas como el Banco Europeo de Inversiones”.
El informe de Crisis Group señala que la acción impulsada por la Unión Europea identifica 10 países y regiones en riesgo de conflicto o escalada de violencia en el mundo, entre los que destacan México y el Triángulo del Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala.
Considera que, en las disputas territoriales de los grupos armados, la Unión Europea puede utilizar foros de alto nivel, como reuniones ministeriales con homólogos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) o cumbres presidenciales, para presionar a estos Estados para que diseñen estrategias de seguridad que protejan a las comunidades y ayudar a los desplazados forzosos.
“Esos fondos, así como el apoyo financiero prometido en respuesta a los huracanes, deberían proporcionar ayuda inmediata a los pobres y ayudar al desarrollo a largo plazo y la seguridad de las comunidades impulsando las industrias nacionales y los programas agrícolas”, destaca el documento de la organización no gubernamental con presencia en 70 países.
Indica que la Unión Europea debería alentar a los gobiernos de México y del Triángulo Norte a emprender iniciativas con un enfoque particular en la rehabilitación de los presos, apoyar el diálogo entre pandillas u otras organizaciones criminales y gobiernos, para romper el ciclo de la violencia en la región.
En México, la docena de grandes organizaciones criminales que dominaban hace 15 años se han dividido en aproximadamente 200 grupos, en su mayoría pequeños y medianos, involucrados en peleas perpetuas, refiere el informe de Crisis Group fechado en Bruselas, Bélgica.
Las divisiones se amplían entre los líderes históricos que se encuentran en prisión y los pandilleros que aún están afuera. Tanto las empresas locales como los grupos más grandes con operaciones transfronterizas han diversificado sus actividades económicas, señala.
El crimen organizado ha adoptado un enfoque local más estrecho a medida que los grupos buscan el control total sobre territorios donde pueden beneficiarse de estafas, el tráfico de drogas, la minería ilegal o el robo de combustible, o extorsionar los frutos de la producción legal, como minerales o cultivos.
Si bien la pandemia de Covid-19 2020 frenó algunas de estas actividades ilícitas en la primera mitad del año, la pausa fue breve. Inicialmente, algunas pandillas “perdonaron” los pagos de extorsión en un intento por ganar la simpatía del público. Al mismo tiempo, las restricciones a la circulación parecían haber reducido el tráfico ilícito.
Sin embargo, para la segunda mitad de 2020, la extorsión aumentó, la trata de personas estaba repuntando y las tasas de violencia habían vuelto a la normalidad.
La intimidación y la extorsión son pruebas habituales para millones de ciudadanos, mientras que miles son víctimas de desapariciones o asesinatos. El número de personas que huyen de sus hogares para escapar de la violencia criminal indica la magnitud del problema.
Un descuido general de la corrupción y la colusión también hace que las líneas que separan a los funcionarios estatales de los operativos criminales sean porosas. “Con demasiada frecuencia, las instituciones estatales y de seguridad sirven a los intereses criminales más que a los públicos y no cumplen con su deber principal de proteger a los ciudadanos”, afirma el informe.
En México el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto los esfuerzos para construir instituciones civiles responsables en un segundo plano a favor de un enfoque más personalizado y discrecional contra la corrupción. Ha dicho que la mejor manera de frenar la corrupción es predicando con el ejemplo, y que la autoridad moral y la integridad de su partido instigarán un amplio cambio en las prácticas.
La iniciativa Jóvenes construyendo el futuro de López Obrador tiene como objetivo ofrecer a los jóvenes mexicanos alternativas lícitas al crimen.
El crimen organizado y los grupos de autodefensas parapoliciales se han involucrado en sangrientas batallas para controlar los mercados ilícitos, principalmente, pero no exclusivamente, el tráfico de drogas y la extorsión. Las autoridades han respondido confiando en la Fuerza Militar, ha llevado a ejecuciones extrajudiciales y abusos perpetrados por personal de seguridad del Estado.
Con la excepción de El Salvador, la violencia en la región continuó en niveles elevados en 2020, ya que los delincuentes se adaptaron rápidamente a los cambios forjados por Covid-19, reforzando su control sobre las economías, la política y poblaciones locales, indica el informe de Crisis Group.
Señala que, para romper el ciclo de violencia, los gobiernos nacionales y locales deben alejarse de los enfoques orientados a mano dura y puño de hierro. “Si bien cada gobierno tendrá que adaptar su enfoque en función de las necesidades locales debe diseñar planes que busquen mitigar los problemas socioeconómicos en las áreas donde tiene lugar la mayor parte de la violencia”, apunta.
Los nuevos planes deben reconocer los riesgos que plantea la connivencia entre el crimen organizado, los políticos y los empresarios en los esfuerzos por controlar los recursos ilícitos. Deben incluir programas sociales y económicos dirigidos a los jóvenes vulnerables que, de otro modo, podrían verse arrastrados a la órbita de los equipos armados.
Para lograr la paz en la región, el estudio recomienda a la Unión Europea fomentar en América central y México el “diálogo político” sobre seguridad y justicia para apoyar el diseño de estrategias de seguridad basadas en diagnósticos exhaustivos de violencia en cada subregión, complementar la aplicación regular de la ley con programas socioeconómicos para brindar alternativas lícitas a las personas vulnerables al reclutamiento criminal.
Tales “diálogos políticos”, a decir del documento, deben incluir a los cárteles de la droga y las distintas pandillas que controlan amplios territorios de los cuatro países.
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