Bertha Dimas Huacuz*
[fullwidth style=”parallax” fullwidth=”yes” background_color=”” background_image=”https://contralinea.com.mx/wp-content/uploads/2015/12/universidad-indigena-plx.jpg” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” mesh_overlay=”no” border_width=”1px” border_color=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”300″ padding_left=”20″ padding_right=”20″ text_align=”” text_color=””]
Mientras se anuncian acciones fragmentadas por parte de la nueva administración pública de Michoacán, con incidencia en la vida de los pueblos indígenas, por ejemplo, la propuesta de un programa de “boticas de medicina tradicional en cada uno de los 113 municipios” (Secretaría de Política Social), hace falta que se defina, primeramente, un nuevo modelo de desarrollo a ser impulsado en la entidad. El modelo, se considera, debe: a) procurar debida atención a la eliminación, integral, de los rezagos en la prestación de los servicios de salud rural comunitaria (prevención; primer y segundo nivel de atención), y la erradicación de las brechas educativas en todos los niveles; y b) contribuir, efectivamente, a materializar el derecho a una educación media superior y superior de calidad, así como cultural y lingüísticamente relevante.
También se afirma que la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán –a pesar de la severidad de sus problemas, exacerbados por los decretos de contrarreforma universitaria emitidos por Salvador Jara Guerrero, gobernador sustituto (2014-2015)–, es una institución clave para la realización profesional y ciudadana de los jóvenes indígenas, contribuyendo de esta manera al desarrollo humano y la gobernabilidad económica y medioambiental de sus regiones.
[bctt tweet=”Necesaria y urgente, la refundación de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán”]
Se viven momentos difíciles en México y Michoacán, de riesgo e incertidumbre. Situaciones de conflicto permanente, violencia, inseguridad. Pobreza generalizada, marginación social, desigualdades. El acecho y las amenazas a las que se enfrentan las comunidades rurales e indígenas de la entidad no se acaban. Despojos y expulsiones de las mejores tierras; crisis derivadas de la explotación ilegal del bosque; focos rojos recurrentes de linderos en propiedades ejidales y de tenencia comunal.
El asalto sobre los territorios de las comunidades indígenas es más fuerte que nunca. Éstas enfrentan ahora las nuevas amenazas de la prospección y explotación de la biodiversidad en sus territorios comunales; de la privatización de sus tierras, además de la expropiación turística de sus manifestaciones histórico-culturales. La Noche de Muertos, Animechaeri Kéjtsïtakua, ceremonia nuestra, creativa y colectiva, sigue siendo apropiada irreverentemente por las agencias ecoturísticas públicas y privadas (nacionales y extranjeras), como política explícita del gobierno estatal.
México, y nuestros pueblos y comunidades rurales e indígenas, se encuentran en una encrucijada. La disyuntiva es la de saber elegir entre un modelo propio de desarrollo –el de la autonomía, la gobernabilidad y la reconstitución de los pueblos–, o el esquema que se nos ha impuesto desde siempre, del paternalismo, la burocracia, el individualismo y la erosión de la vida comunal.
Es por lo tanto el tiempo justo, ahora, para la definición de nuevas estrategias para conseguir un mayor control de nuestro destino como pueblos; el momento de construir la obra negra de aquellas estructuras institucionales indispensables para la organización realmente representativa de nuestras comunidades; de conseguir la necesaria autonomía de espacio, territorio, pensamiento y acción.
Junto con el sentido de “pertenencia” y los elementos valiosos de nuestras lenguas, culturas e historias, la autonomía indígena y la organización comunal son los puntales del anhelado bienestar y de la dignidad de nuestros pueblos y comunidades. Esta organización autónoma es el único patrimonio, verdaderamente perenne, que podemos heredar a nuestras futuras generaciones, a pesar de las dificultades de su aplicación práctica en los ámbitos comunal, municipal y nacional.
Esta autonomía se construye ejerciendo los elementos organizacionales, culturales y territoriales con los que se cuenta, “partiendo de lo que ya existe […] valores dignos de grande aprecio, es decir, sentido comunitario y de solidaridad, cohesión familiar; respeto a la naturaleza y al saber de los ancianos; rechazo a la corrupción; aprecio por aquellos que han servido al propio pueblo y son los que habrán de representarlo y gobernarlo” (León Portilla).
Las acciones aquí enlistadas –las cuales se empalman y se refuerzan mutuamente, como elementos de un todo en construcción–, serían componentes de un proceso tendiente a la reconstitución de los pueblos indígenas de México y Michoacán:
Hace falta, en consecuencia, sentar las bases para la edificación de un paradigma distinto de promoción del desarrollo de los pueblos indios de México y Michoacán, comenzando con la participación real –efectiva– de representantes auténticos de los propios pueblos en el diseño y ejecución de los programas en las comunidades propias y distintivas.
Es en este contexto donde se tendrá que demostrar si el apoyo de la nueva administración estatal va a ser decidido –definitivo– para la erradicación de la pobreza y la desigualdad, como se comprometió el gobernador actual de Michoacán durante su campaña electoral.
[bctt tweet=”Pueblos originarios deben decidir destino de Universidad Intercultural Indígena de Michoacán”]
Estas acciones directas incluyen, por necesidad, la reestructuración de la entidad gubernamental encargada de los asuntos de los pueblos indígenas: a) redefinir su papel con relación a las necesidades reales de los pueblos y comunidades para ser efectiva en su actuación y, por lo tanto, en la obtención de resultados medibles y verificables de desarrollo; b) poder responsabilizarse del diseño y ejecución de programas innovadores de inversión local (salud, educación, vivienda, recursos naturales, etcétera), a la vez que de facilitar la reconstitución y el ejercicio independiente de un consejo de autoridades, auténticamente representativo de las distintas regiones y pueblos indígenas de la entidad.
Por lo que resulte del Plan Integral de Desarrollo 2015-2021, sus acciones tendrían que ser realizadas con la garantía, de parte del Ejecutivo estatal, de que cualquiera de las medidas legislativas o administrativas que se decidan tomar, estén apegadas a nuestro derecho a la consulta “previa, libre e informada”. Así lo marcan los convenios internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, las acciones esperadas del Ejecutivo estatal también incluyen el propiciar que se realice, inaplazablemente, dentro de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán:
-Una reforma académica integral, incluyendo la redefinición de oferta educativa relevante.
-Un reordenamiento consistente, estructural y de gestión interna.
-Un rectorado de miras estratégicas, y de respeto académico, además de que el nombramiento de la persona idónea para ocupar el cargo surja de un proceso transparente de selección.
-La refundación, con autonomía, de esta institución cardinal.
A pesar de la severidad de sus problemas –exacerbados por los decretos de contrarreforma emitidos por el gobernador sustituto (2014-2015)–, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán es una institución clave para el progreso de las regiones y municipios. No puede continuar siendo una entidad educativa de segunda clase ni ser manejada por decreto, a modo y conveniencia.
En su carácter universitario y escolástico superior, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán debe consolidarse como una institución autónoma del pensar y del hacer, impulsando la movilidad social comprometida, el avance profesional responsable y la realización ciudadana comunal de los jóvenes indígenas de la entidad.
Estas tareas podrán ser vastas y difíciles, sí, pero el futuro se construye aquí y ahora. México y, en particular, Michoacán, tienen grandes carencias. No podemos esperar el amanecer… Hay que ir a su encuentro.
Bertha Dimas Huacuz*
* Médica, egresada de la Universidad Michoacana, estudió salud pública en la Universidad de Harvard; directora fundadora de la Escuela Preparatoria Indígena Intercultural de Santa Fe de la Laguna, e integrante del Consejo Estatal de Ecología y del Primer Consejo Económico y Social de Michoacán
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: EDUCATIVO]
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