Rafael Arzuaga Junco/Prensa Latina
Caracas, Venezuela. Contrario a cualquier parecer, el reloj político de Venezuela en 2016 se puso en marcha pocas semanas antes del primero de enero, exactamente el 6 de diciembre de 2015, cuando la oposición ganó las elecciones parlamentarias y subvirtió el equilibrio democrático de la nación.
Si bien la Asamblea Nacional (AN) que cubrirá el período 2016-2021 no se constituyó hasta el 5 de enero último, desde aquella fecha la derecha tuvo una mayoría calificada de dos tercios que, con premura y sin escrúpulo alguno, anunció su intención de destruir los otros poderes públicos erigidos a partir de la llegada al Palacio de Miraflores (sede del Gobierno) de Hugo Chávez (1954-2013) en febrero de 1999.
Tras ese imperioso triunfo sobre el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la coalición de organizaciones opositoras llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) modeló un escenario de confrontación frontal y directa del Poder Legislativo, con Henry Ramos Allup al frente, contra el Ejecutivo, dirigido por Nicolás Maduro.
Incluso, Ramos Allup ordenó retirar del hemiciclo protocolar y otros espacios del Parlamento, cuadros, iconografía y cualquier inmobiliario con las imágenes del libertador Simón Bolívar y de Chávez, botón de muestra de la provocación, intolerancia e irrespeto que caracteriza su gestión.
Aupada por la arrogancia, la derecha leyó la victoria de manera incorrecta, toda vez que en lugar de establecer un espacio para el debate democrático y la lucha cívica en el Hemiciclo de Sesiones, creyó plausible menospreciar a los otros poderes públicos y descalificar al Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y otras instituciones estatales.
En virtud de ello, el propio presidente del Poder Legislativo anunció un plazo de 6 meses para revocar el mandato de Maduro, otra de las tempranas señales de su intención de enterrar un puñal en el entramado cívico de Venezuela.
Apenas emprendieron el paso por ese camino, cometieron un yerro de lesa concepción, el primero de cinco pecados capitales de enero de 2016 a esta fecha, entre otros muchos errores ilustrativos de la ausencia de liderazgo en la derecha y la carencia de un proyecto viable para Venezuela desde esa posición política.
En la sesión ordinaria inicial, el 6 de enero, la Asamblea juramentó a Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, ciudadanos aspirantes a un escaño en el Parlamento por la MUD, en Amazonas, pese a la medida cautelar dictada en contra de ellos por la Sala Electoral del TSJ, por fraude y otras irregularidades en los comicios de ese Estado.
A partir de ese manifiesto y beligerante desacato, no tuvo valor legal ninguno de los acuerdos adoptados en la Asamblea, que encima dejó de sesionar en 38 ocasiones por falta de quórum, una situación sin precedentes en la vida política venezolana.
La siguiente movida errática de la oposición, en su belicosa estrategia, fue promover una campaña nacional para activar el referendo revocatorio contra el jefe de Estado desde principios de año e iniciar formalmente el proceso el 26 de abril ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Comandada en ese particular por el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, la MUD exigió la activación y ejecución formal de la consulta antes de finalizar 2016, aunque su dirigencia sabía que no era posible debido a razones logísticas y los tiempos establecidos para ese proceso en la Constitución.
El 10 de enero de 2016, cuando se cumplió la mitad del período constitucional de Maduro, era la fecha indicada para iniciar oficios con miras al revocatorio este año, pero la oposición concurrió al CNE a finales de abril y se hizo efectiva el 27 de ese mes, casi 4 meses después de cumplida la primera parte del período presidencial.
Para colmo de torpezas, durante la recolección del 1 por ciento de la voluntad popular (200 mil rúbricas aproximadamente), primera exigencia constitucional previa a la activación del referendo, la oposición cometió un fraude que le restó credibilidad y sentenció a muerte a esa causa apenas en su nacimiento.
Aunque el CNE validó 1 millón 352 mil 52 manifestaciones de voluntad, hubo 605 mil 727 anuladas, entre las cuales había 53 mil 658 de personas no inscritas en el Registro Electoral, 10 mil 995 fallecidos y más de 1 mil inhabilitados del derecho a votar por estar cumpliendo condenas por homicidios, narcotráfico, robo, estafa, abuso sexual y otros delitos.
Definitivamente el 20 de octubre el CNE anunció la postergación hasta nueva orden judicial de la segunda fase del proceso, previsto para los días 26, 27 y 28 de ese mes, y que comprende la recolección del 20 por ciento (4 millones) de firmas.
Así reaccionó el ente comicial a las órdenes de los tribunales de justicia de los estados de Aragua, Carabobo, Bolívar y Apure, donde se anularon por las recolecciones de firmas del 1 por ciento del padrón electoral, por fraude.
Mientras duraba el cansino e infértil intento de revocar el mandato de Maduro, el también máximo dirigente de la MUD, Ramos Allup, recurrió a la Organización de Estados Americanos (OEA) y le solicitó a su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, aplicar la Carta Democrática al organismo en Venezuela.
El presidente del Parlamento argumentó que en el país se quebranta el orden constitucional, hay presos políticos y no se respeta la autonomía de los poderes, cuando en realidad fue la AN la que trastornó la democracia al entrar en desacato desde su misma constitución e inició y atizó una confrontación con el resto de las instituciones.
Por otra parte, en lugar de presos políticos, debió hablar de políticos presos por cometer delitos en virtud de los cuales perdieron la vida numerosas personas y causaron cuantiosos daños a la economía y al patrimonio de Venezuela, como es el caso del dirigente de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, acusado de participar e impulsar en 2014 el plan de derrocamiento llamado La Salida, que dejó 43 muertos.
Con posturas y acciones ilegales, en las redes sociales y otros foros internacionales, Almagro apoyó a Ramos Allup y desarrolló una campaña internacional de descrédito de la Revolución Bolivariana en contubernio con la derecha criolla, todavía latente, aún injerencista, aunque distante de lograr su verdadero objetivo: crear condiciones para una intervención en el país suramericano.
La derecha dio otra vuelta de tuerca a su desafuero político en octubre, cuando la AN realizó una sesión ordinaria con el objetivo de desconocer el mandato constitucional del gobierno del presidente Nicolás Maduro y dar así un golpe de Estado parlamentario.
Maduro se encontraba entonces en una gira internacional por países exportadores de petróleo con el objetivo de estabilizar el mercado mundial del crudo, apegado a sus atribuciones legales, pero la mayoría en el Parlamento aprobó un acuerdo supuestamente para restituir el orden constitucional, acusando al jefe de Estado de abandonar el cargo.
También el acuerdo señaló la designación de tres nuevos rectores principales y suplentes del Poder Electoral, además de nuevos magistrados del TSJ, entre otros nueve puntos.
Así, la MUD y otras organizaciones de la oposición trataban de calcar lo ocurrido en Brasil y Paraguay, otro intento estéril porque la Constitución de Venezuela no comprende la figura del juicio político contra el mandatario, de manera que el golpe estaba condenado a la muerte en su mismo nacimiento.
No obstante, con esa movida crearon falsos supuestos y volvieron a ilusionar a sus partidarios con la posibilidad de un cambio de gobierno, colocando otra vez al país en riesgo porque los seguidores de Maduro reaccionaron inmediatamente en defensa de la Constitución y los grupos disidentes intentaron entronizar la violencia e impunidad.
La Asamblea, relegada al ostracismo institucional desde la ilegal incorporación de los aspirantes de diputados del estado Amazonas, no detuvo sus procederes ilegítimos y con un sinnúmero de artimañas ideadas, promovidas y apoyadas por Ramos Allup, continuó desarrollando intentos para quebrantar la paz y el orden público, a partir del despedazamiento de los poderes y el Estado venezolano.
Después del fallido golpe de Estado de la derecha en 2002, el Partido Socialista Unido de Venezuela, entonces con el líder Hugo Chávez, convocó a la oposición a instalar una mesa de diálogo, pero ese propósito lo frustraron indistinta y reiteradamente sabotajes de sectores extremistas a la economía nacional y vilezas de la disidencia, enfocada en acceder al poder por medio de la violencia.
Apenas llegó a Miraflores en 2013, Maduro pretendió en más de 30 oportunidades establecer un proceso de negociación con la MUD, con la intención de trabajar de manera conjunta por el desarrollo económico, la estabilidad democrática y la tranquilidad ciudadana de Venezuela, pero sólo en 2014 tuvo una respuesta positiva.
Luego de abril de aquel año, cuando Leopoldo López estimuló las denominadas Guarimbas (protestas sociales violentas) e intentó aplicar un plan nombrado La Salida que aspiraba a derrocar al jefe de Estado, Maduro invitó a la MUD al Palacio de Gobierno para iniciar pláticas pacíficas.
Apenas 5 horas duró el encuentro con Ramón Guillermo Aveledo, Henry Ramos Allup, Henrique Capriles Radonski, Julio Borges y otros de los principales opositores, además de representantes del Nuncio Apostólico y tres cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Al mes siguiente, los opositores desestimaron el diálogo y se negaron a participar en la Comisión de la Verdad propuesta por el gobierno, por lo que las negociaciones regresaron al punto muerto de otras ocasiones.
Antes de las elecciones parlamentarias de 2015 hubo un nuevo intento para solucionar las dificultades económicas y concretar un pacto respecto a la gobernabilidad de la nación, pero de nueva cuenta la derecha descartó la propuesta gubernamental.
Y en diciembre de 2015, inmediatamente después de reconocer el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias, Maduro volvió a llamar al diálogo por la reconciliación del país y de nuevo las fuerzas políticas adversarias, ebrios por la victoria, ningunearon la petición.
Ya en marzo último, la MUD aprobó participar en una reunión exploratoria en República Dominicana, con el acompañamiento de Unasur, el exjefe del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y los expresidentes Martín Torrijo (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana).
Más tarde, en julio, el secretario general de Unasur, Ernesto Samper, anunció la participación del Vaticano y finalmente el 30 de octubre el gobierno y la oposición iniciaron el diálogo, con la participación también del enviado del papa, Emil Paul Tscherrig.
El inicio y desarrollo del proceso resiste los intentos de boicot de la oposición, dividida en su posición en relación con las negociaciones, sobre todo desde Primero Justicia y Voluntad Popular, opuestos a cualquier negociación pacífica de las diferencias entre los principales actores políticos. Pese a ello, se logró el consenso necesario para avanzar en los temas Paz, Respeto al Estado de Derecho y a la Soberanía Nacional; Verdad, Justicia, Derechos Humanos, Reparación de Víctimas y Reconciliación; Desarrollo Económico-Social y Generación de Confianza y Cronograma Electoral.
Entre octubre y diciembre se realizaron varias reuniones de las mesas temáticas, dos sesiones plenarias y un encuentro de los mediadores, por separado, con la MUD y el gobierno, previo al acuerdo de reiniciar al diálogo, de manera pública, el 13 de enero de 2017.
La realidad venezolana converge con una tendencia política en América Latina dispar al contexto de principios del siglo XXI, en la cual destaca la elección del derechista Mauricio Macri como presidente en Argentina, terminando casi 3 lustros del llamado kirchnerismo.
Además, en Brasil un proceso de impeachment acabó con el mandato de Dilma Rousseff, gobernante desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de agosto de 2016, y en Ecuador el anuncio del presidente Rafael Correa de que no se presentará a las elecciones en 2017, provoca zozobra lo menos.
A ello se suma que en el Mercado Común del Sur (Mercosur) Venezuela encontró un escenario hostil, justo cuando le correspondía asumir la presidencia pro témpore del proceso de integración regional fundado en 1991.
Desde diciembre de 2015, cuando se celebró la cumbre de jefes de Estado del bloque, una declaración de Macri desencadenó componendas, ataques diplomáticos y campañas mediáticas para boicotear la presidencia pro témpore del país desde mediados del año que acaba de concluir.
Cuando casi finalizaba mayo último, y en el marco del protocolo de Ushuaia, Paraguay pidió a las autoridades de Uruguay la convocatoria de una reunión de cancilleres del Mercosur para analizar la supuesta situación de grave crisis social y política de Venezuela. Y en junio el canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, propuso prorrogar el mandato de Uruguay en la presidencia pro témpore de Mercosur, más allá de los 6 meses establecidos, o lo que es lo mismo, retrasar el traspaso al Gobierno de la Revolución Bolivariana. Uruguay, entonces, suspendió la cumbre presidencial del Mercosur programada para julio en Montevideo, debido a la resistencia de varios de los gobiernos del bloque de transferirle la presidencia a Nicolás Maduro.
No obstante, el 30 de julio la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró que su país asumía la presidencia pro témpore de la organización regional, tras finalizar el período de Uruguay, acorde al artículo 12 del tratado de Asunción y en correspondencia con el artículo 5 del Protocolo de Ouro Preto.
A partir de ese momento, Rodríguez y el Gobierno Bolivariano debieron enfrentar y denunciar de manera pública las violaciones a sus derechos como miembro pleno del Mercosur, promovido por lo que llaman la Triple Alianza, esto es los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay.
Cada día, las políticas de estos tres países debilitan sobremanera Mercosur, en el que, según varios analistas, se intenta conformar un ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) de facto, un bloque político con cerebro en Washington, Estados Unidos, y manos y pies en Buenos Aires, Brasilia y Asunción.
El último eslabón de la cadena de ultrajes al derecho venezolano llegó a la violencia el 14 de diciembre, cuando la canciller Delcy Rodríguez se dirigió a la cancillería de Argentina, que estaba rodeada por equipos antimotines, y fue agredida físicamente por uno de los funcionarios de seguridad.
Rodríguez, previo aviso, intentó llegar al salón donde de manera ilícita su homóloga argentina Susana Malcorra presidía una reunión del Mercosur sin participación de Venezuela, su presidente pro témpore.
En definitiva, el Mercosur al que Chávez se adhirió en 2006 con la intención de transformarlo, ya no es el mismo de aquel momento.
Por otra parte, aunque Estados Unidos sigue siendo socio comercial de Venezuela, en marzo de 2015 el presidente Barack Obama emitió un decreto que declara al país suramericano una amenaza a la seguridad nacional y lo ratificó en marzo de este año.
Así, se mantiene la tensión en las relaciones entre ambos, crispadas desde 1999 cuando asumió el poder Hugo Chávez, pese a que el gigante del norte y la nación petrolera intentan acercamientos, de manera reiterada y sin éxito, para establecer una diplomacia bilateral corriente.
La violencia política y la agresión económica a instancias de la derecha nacional, además de un contexto internacional incluso más desfavorable de lo referido aquí, conforman un caldo de cultivo en el cual el Gobierno Bolivariano y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) logran “fundar, construir, reparar y avanzar”.
Consolidar y aumentar el alcance de los programas sociales de la Revolución, son precisamente los objetivos del Ejecutivo y la dirección partidista para estos meses, que en varias alocuciones Maduro catalogó como período de resistencia ante los embates económicos y a la vez de contraofensiva para superarlos. Varios momentos en el año signan el alcance de la gestión del jefe de Estado para cumplir sus propósitos y revertir una difícil situación, de la cual la dirigencia de la MUD trató siempre obtener provechos para su agenda de violencia y desestabilización social.
Quizás establecer la mesa de diálogo con la oposición es el más contundente de todos, pero se trata de un proceso en evolución.
Entre los hechos más importantes, quizás uno cardinal fue frustrar el golpe de Estado concebido tras las mamparas de la marcha cívica convocada para el 1 de septiembre por la oposición, que intentó activarlo 6 días después y otra vez en la concentración nombrada Toma de Venezuela, el 26 de octubre.
Con el PSUV al frente, la iniciativa la tomó el pueblo, al enfrentar y denunciar las intenciones fascistas de la oposición con una multitudinaria manifestación pacífica en Caracas y otras similares en las comunidades de los 24 estados.
Las movilizaciones se sucedieron durante todo el año y fueron pasos de apoyo a la Revolución Bolivariana y Maduro, además de espacios para desnudar una y otra vez planes golpistas ideados en Estados Unidos y desde sectores extremistas de la derecha nacional.
Tan o más importantes resultaron los nacimientos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el 3 de abril, y de la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) el 11 de julio, para enfrentar de manera abierta y frontal el desabastecimiento y la violencia económica, la batalla número uno del Ejecutivo según reitera Maduro en casi cada una de sus comparecencias públicas.
Con ambos instrumentos, el Gobierno promovió la producción nacional, corrigió los procesos de almacenamiento y distribución de productos de primera necesidad, descubrió decenas de delitos y sacó a la luz maniobras de acaparamiento y desvíos perpetradas por empresarios y comerciantes aliados de partidos opositores.
Durante este proceso destaca la alianza cívica-militar en las estructuras de trabajo, que por una parte garantiza la participación del pueblo en las dinámicas productivas y por la otra legitima y protege las decisiones adoptadas.
En números, un botón de muestra es que sólo en el estado Lara los CLAP distribuyeron 3 millones 100 combos de alimentos básicos hasta noviembre, a precios asequibles o subvencionados por el Estado.
También resulta un ejemplo la repartición de más de 6 millones de juguetes, decomisados de la empresa encargada de distribuirlos, que los almacenó luego de adquirirlos con financiamiento estatal, para venderlos a precios calculados en hasta el 600 por ciento de su valor.
Otro suceso trascendente fue la presentación del Presupuesto Nacional de 2017 ante el Congreso de la Patria, en lugar de a la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución, debido al desacato que mantiene el Parlamento respecto de sentencias del TSJ y al Estado de Excepción y Emergencia Económica.
Estimado en 8 billones 479 mil 301 millones de bolívares, que destinará el 73.6 por ciento a la inversión social, Maduro lo presentó y posteriormente el vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, consignó el proyecto ante la Sala Constitucional del TSJ.
Aunque fue parte de la proyección internacional del país, la organización en Isla Margarita de la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados fue otro suceso de impacto puertas adentro, porque a pesar de intentos de boicot, el pueblo constató que Venezuela, el Gobierno Bolivariano, tenía reconocimiento y legitimación internacional.
La mayoría de los Estados miembros del organismo con más quórum después de la Organización de las Naciones Unidas, no sólo apoyaron el cónclave, también enviaron a representaciones del más alto rango y aprobaron por unanimidad la Declaración de Margarita, que entre más puntos contempla acelerar los procesos de refundación del sistema de la ONU.
Durante el año impactó en la cotidianidad el desarrollo de los programas sociales de la Revolución, en primer término la construcción y rehabilitación de viviendas para la transformación urbana y la reurbanización del país, que en los recientes cinco años le costó de 95 mil millones de dólares y 603 mil millones de bolívares.
Para ilustrar, la Gran Misión Vivienda Venezuela benefició a 7 mil 698 familias en 12 estados del país recientemente y así el programa social logró 1 millón 269 mil 779 “hogares de la patria”, como informó el ministro Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo.
En otro tópico de su labor, el gobierno aumentó en 80 mil el número de personas incorporadas al beneficio de la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y en todo el país existen ahora 3 millones 81 mil 381 adultos mayores pensionados, entre los que se cuentan quienes no habían cotizado por trabajar de manera independiente como artesanos, pescadores y transportistas, entre otros.
La progresión de los dos programas, junto a los demás proyectos sociales, resultan de una revisión de los problemas domésticos, con el propósito de gobernar de manera más eficiente, atender y resolver las exigencias de los ciudadanos e involucrar al pueblo, de manera especial a los jóvenes y las mujeres, en las soluciones de los problemas.
De igual manera se priorizaron las estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana por medio de una política de desarme, en virtud de la cual disminuyó el índice de criminalidad en la capital y los principales asentamientos urbanos.
Por último, este diciembre Maduro decretó retirar desde el próximo 2 de enero la circulación de los billetes de 100 bolívares, con la finalidad de proteger la moneda nacional, extraída del territorio para sufragar delitos internacionales y atacar la economía venezolana.
Para apoyar esa medida, también se cerraron las fronteras con Colombia y Brasil, y según reveló el propio presidente menos de 10 días después de aplicada “ya hay en las bóvedas cerca del 70 por ciento de los billetes de esa denominación”.
Hasta la fecha, informó, se recaudaron más de 4 mil 300 millones de bolívares en billetes de 100, como parte de las acciones impulsadas para la desmonetización, vísperas de la total introducción de los nuevos billetes de 500, 1 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil y 20 mil bolívares, más las monedas de 10, 50 y 100 que conforman el nuevo cono monetario.
De este modo, Venezuela entra al 2017.
Rafael Arzuaga Junco/Prensa Latina
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: INTERNACIONAL]
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