Activista en contra de todo lo que huela a la llamada “cuarta transformación”, el político de derecha Felipe Calderón Hinojosa abrió un nuevo frente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al inmiscuirse en la problemática de la Policía Federal.
Pareciera que el expanista se considera absolutamente impune gracias a todas sus artimañas que, bajo su gobierno, contribuyeron a la desarticulación del sistema judicial nacional y ahora, en su búsqueda de seguir viviendo del presupuesto público se afana en constituir su propio partido político atacando toda política pública que impulsa la administración federal.
Es tal su cinismo que se presenta a sí mismo como adalid del estado de derecho y la justicia. Nada más alejado de la realidad: como presidente, Calderón fue quien llevó a México a su peor crisis de derechos humanos y gracias a su “guerra” contra el narcotráfico, nuestro país se sumió en la peor escalada de violencia que hayamos presenciado en la época reciente y que, hasta ahora, nos mantiene en niveles de barbarie con más de 80 personas asesinadas al día y decenas de desaparecidos.
Pero ése no fue ni de lejos su único legado: su gobierno se caracterizó por ser absolutamente corrupto, benefactor de sus amigos, entre los que destacó al arranque de su gobierno el fallecido Juan Camilo Mouriño, en su dualidad de contratista de Petróleos Mexicanos y servidor público.
Durante su administración, la petrolera fue saqueada. Ejemplo de ello es uno de los llamados elefantes blancos del calderonismo: la inexistente Refinería Bicentenario, obra vinculada a la celebración de los 200 años de la Independencia, que sólo sirvió para “justificar” la salida de miles de millones de pesos a un barril sin fondo.
Y es que, aunque jamás se construyó, la Refinería costó 3 mil 453 millones 395 mil pesos al presupuesto público de aquellos años del calderonismo. El multimillonario recurso cubrió supuestamente el costo del terreno donde iba a construirse la refinería, ubicado en Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula de Allende, Hidalgo. Un terreno inutilizado que Pemex no necesitaba y por el cual se detuvieron otras inversiones urgentes. Aunado a ello, en la barda perimetral del sitio se gastaron otros 90.5 millones de pesos.
Los casos emblemáticos de corrupción abundan no sólo en Pemex. También está el que involucra a su propia esposa, Margarita Zavala, cuya familia estuvo involucrada en la tragedia de la Guardería ABC, en Sonora. En este tema, hay que recordar que fue el gobierno calderonista el que promovió en total opacidad la subrogación con la que el Instituto Mexicano del Seguro Social favoreció a una de las primas políticas del propio Calderón, y luego la benefició con un manto de impunidad, pese a ser responsable de la muerte de 49 bebés y decenas de heridos en el incendio del 5 de junio de 2009, porque sus instalaciones carecían de los mínimos sistemas de emergencia.
A la lista de infamias de este político hay que sumar la gran estafa de la Estela de Luz, que popularmente fue renombrada como la Estela de Corrupción.
Como se recordará, la construcción fue encargada por el gobierno de Calderón para las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. En un país con más de 50 millones de pobres, el inútil gasto superó los 1 mil 300 millones de pesos, cuando su costo original había sido presupuestado en sólo 200 millones de pesos. Por si eso no fuera demasiado, la obra fue entregada con 15 meses de retraso.
El dinero público, además, se manejó en una de las figuras con mayor opacidad: el Fideicomiso para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.
Un monumento inútil, poco estético y con un gasto descomunal, es el resultado del proyecto Estela de Luz que promovió el gobierno de Calderón. Por los niveles de corrupción detectados en esa obra pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) integró un amplio expediente en el que condensó todas las irregularidades observadas.
La revisión abarcó los ejercicios fiscales de 2009 a 2011. El informe final concluyó en su momento que el proyecto Estela de Luz tuvo un costo final de 1 mil 304 millones 917.7 mil pesos (monto que incluye todos los costos desde su concepción hasta su inauguración).
En dicha cifra, detallaba el expediente, están incorporados 399 millones 206.9 mil pesos derivados de pagos improcedentes de acero (248 millones 868.2 mil pesos), y pagos en exceso (150 millones 338.7 mil pesos) debido a la incorrecta integración de precios extraordinarios, cuarzo, ajuste de costos indirectos, rendimientos financieros y diferencias de volúmenes en conceptos de obra, entre otros.
El máximo órgano de fiscalización de México determinó que las instancias que participaron en el Comité Técnico del Fideicomiso, así como la filial de Pemex III Servicios, SA de CV –encargada de la construcción–, y el Banjército “tomaron decisiones sin una adecuada coordinación y la plena observancia de la normativa para asegurar la eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos, lo que propició que el costo de la construcción se elevara en 192 por ciento respecto del contratado originalmente y que la inauguración se realizara el 7 de enero de 2012, más de 15 meses después de la fecha prevista originalmente (15 de septiembre de 2010)”.
De acuerdo con la ASF, el gobierno de Calderón nunca proporcionó evidencia de que los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso objetaran las modificaciones al contrato celebrado con III Servicios, no obstante que éstas representaron un incremento de 752 millones 882.7 mil pesos.
Aunado a lo anterior, determinó que el Comité Técnico acordó contratar a I.I.I. Servicios para realizar la construcción del monumento; sin embargo, el fiduciario modificó el objeto del contrato para que la empresa también llevara a cabo la coordinación de la construcción.
Para la ASF, “existen irregularidades de servidores públicos en la integración del proyecto para el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, ya que se presentó un proyecto incompleto y con errores, como base para dicha invitación. La contratación de PDI/GUTSA mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no fue la idónea para garantizar el ejercicio de los recursos públicos conforme a lo señalado en el Artículo 134 de la Constitución, tal como lo observó la Secretaría de la Función Pública”.
La Auditoría concluyó que Función Pública “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a sus funciones de inspección y vigilancia de la construcción del Monumento Estela de Luz, ni determinó las responsabilidades de los servidores públicos por las irregularidades detectadas en sus revisiones. Los informes de las tres auditorías que llevó a cabo la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública fueron entregados a las entidades auditadas 6 meses después de su conclusión, sin que exista evidencia que justifique el atraso; asimismo, no se integraron los expedientes de presunta responsabilidad administrativa con base en las observaciones determinadas”.
Aunado a ello, observó que “los órganos internos de control en III Servicios y en la Secretaría de Educación Pública no realizaron oportunamente el seguimiento de las observaciones notificadas por la Unidad de Control, ni las acciones necesarias para resolver los asuntos observados”.
De acuerdo con ese informe, en la construcción de la Estela de Luz se modificó el concepto arquitectónico del proyecto original, ya que de un total de 34 mil 877.96 m2 considerados en el proyecto ejecutivo, se concursaron únicamente 11 mil 573.44 m2 y sólo se construyeron 8 mil 138.23 m2. “En cuanto a los aspectos de ingeniería y construcción, no se presentaron omisiones de importancia en el cumplimiento de las normas técnicas aplicables”.
Ésas son algunas de las cuentas pendientes del expresidente Calderón con el pueblo de México. La “cuarta transformación” debería promover justicia: ya es hora de que se convoque a la consulta pública para saber si la gente quiere o no que este político de ultra derecha sea llevado a juicio por sus crímenes y su traición a la patria.
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