Bertha Dimas Huacuz*
La situación de pobreza y marginación que afecta a una amplia proporción de los habitantes de nuestro país requiere de nuevas perspectivas de análisis que contribuyan a clarificar los orígenes, causas y consecuencias de este rezago social y económico.
La existencia de un entorno real de “Estado frágil”, para un país en particular, no se equipara, necesariamente, con un “Estado fallido”. Pero para superar los amplios rezagos en salud, educación, empleo, se requiere reconocer –como el paciente que revela sus dolencias al médico– que México se encuentra en una situación de fragilidad institucional, económica, social y de violencia en varias dimensiones.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –el “club de los países ricos” al que México pertenece desde 1994–, un Estado frágil es aquel que tiene una “capacidad débil para llevar a cabo funciones básicas de gobernabilidad, y el cual no cuenta con la habilidad de desarrollar relaciones mutuamente constructivas con la sociedad”. Por otra parte, para el Banco Mundial, un Estado frágil “enfrenta desafíos particularmente severos: capacidad institucional débil, gobernabilidad pobre, estabilidad política”.
[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”]Los focos de fragilidad nacional incluyem la desmedida deuda pública y la viciada aplicación de recursos para infraestructura”[/blockquote]
Mientras que los países frágiles experimentan situaciones de violencia recurrente, su caracterización incluye, además, condiciones marcadas de: fragmentación política; sistemas locales de clientelismo y vulnerabilidad. Esta fragilidad está correlacionada con pobreza, marginación, desigualdad. La definición convencional establecida para un “Estado frágil” incluye, además de las consideraciones y criterios (16) inherentes a una Evaluación Institucional y de Política de País (CPIA, por su sigla en inglés), que una misión de cascos azules de la ONU haya estado presente en los últimos 3 años.
Cualquier caracterización de países frágiles, endeudados y afectados por conflicto, se hace normalmente en el concierto de naciones soberanas. Pero estas definiciones son incompletas, considerando que se aplica a los países en base a indicadores nacionales agregados, sin tomar en cuenta las realidades locales, territoriales, en el ámbito subnacional. Es un hecho que “el 1 billón del fondo” (los 1 mil millones de habitantes del mundo, quienes se encuentran en la base de la pirámide social y económica), viven por lo general en zonas de alto riesgo, sujetas a condiciones de violencia, migración, conflicto armado, vulnerabilidad medioambiental. Esto sucede tanto en países menos desarrollados y pobres, como en países de ingresos medios, como es el caso de México.
El más reciente informe de la OCDE sobre este tema (States of fragility 2015), cambia, alentadoramente, su enfoque y título de “Estados Frágiles” a “Estados de Fragilidad”. El informe invita a evaluar la fragilidad como un asunto de carácter universal, multidimensional, el cual afecta a todos los países, no solo a aquellos tradicionalmente considerados “frágiles”, y, en este sentido, a que se reconozca la diversidad de riesgos y vulnerabilidades presentes en las sociedades, así como las medidas (y omisiones) de los gobiernos que conducen a situaciones materiales de fragilidad. Se identifica también el nexo que existe entre fragilidad y pobreza, destacando que importantes factores de los conflictos giran alrededor de situaciones de injusticia, desigualdad, tensiones étnicas, además de inducida radicalización religiosa.
En paralelo al estudio referido, el Fondo para la Paz (FundForPeace.org) ha elaborado ya por varios años un Índice de Fragilidad. En el más reciente (2015), México ocupa la posición número 100, entre 179 países evaluados. Su puntaje es de 71.8, en total, con base en indicadores que incluyen: presión demográfica (malnutrición, enfermedad); migración y fuga de cerebros; desarrollo desigual (eg, acceso a servicios básicos); pobreza y deterioro económico (deuda pública, desempleo, poder de compra); legitimidad del Estado (corrupción, efectividad gubernamental, economía informal), entre otros.
Este resultado clasifica a nuestro país en la categoría de “Alarma”, bajo un rango de categorías que comprenden: Sostenible, Estable, Alarma y Alerta (ie, de menor a mayor riesgo). El rango de resultados va desde una calificación de 18 para Finlandia (sostenible), hasta 115 puntos para Sudan del Sur (Alerta). El índice es publicado anualmente por la revista Foreign Policy.
Competitividad y educación. La educación universitaria que se ofrece en nuestro país, en general, tiene una limitada correspondencia –en cobertura, relevancia y calidad– con las necesidades del desarrollo de las diversas regiones económicas y sectores sociales, de cara a las realidades apremiantes, ie, tecnológicas, económicas, sociales, del siglo XXI; y de los acelerados procesos de innovación, en el contexto de las sociedades del conocimiento en rápida expansión. Esto se refleja en la informalidad laboral, las disparidades regionales, y los bajos niveles de competitividad productiva.
Fragilidad regional. Por su parte, de acuerdo con el documento Midiendo el bienestar en los estados mexicanos, de la OCDE, solamente el 44 por ciento de la fuerza laboral mexicana cuenta con estudios de bachillerato o mayor. Este resultado coloca a nuestro país 30 puntos porcentuales por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, mientras que la brecha educacional entre la, ahora, Ciudad de México (con 58 por ciento de jóvenes con al menos educación media superior) y el estado de Chiapas (27 por ciento) es la segunda mayor disparidad que hay en cualquier país miembro de esa misma organización.
Este indicador del nivel de educación del país, el cual sintetiza el nexo entre la educación y el mundo laboral (fuente potencial de riesgo ante la falta de oportunidades de una vida digna para los jóvenes), alcanza: (a) a solo 40 por ciento de la población económicamente activa, con al menos estudios de bachillerato, en el ámbito nacional; y (b) a 30 por ciento de los michoacanos (posición número 30), apenas arriba de Oaxaca y Chiapas.
Los focos de fragilidad nacional no están sólo relacionados con la violencia abierta ni con los enfrentamientos a mano armada en el contexto de la delincuencia organizada. Hay otros campos minados. Se da en las oficinas de la administración pública, con la venia y el impulso, inclusive, de altos funcionarios. Desde la desmedida deuda pública hasta la viciada aplicación de los recursos de la infraestructura para las zonas marginadas y para las escuelas de educación primaria –como ha sido detectado recurrentemente por la Auditoría Superior de la Federación–, hay un rango de casos a considerar. La expansión de la vulnerabilidad institucional del país que se manifiesta, como un espejo, frente al rezago en los mismos parámetros del desarrollo que estos recursos buscan mejorar.
Pobreza-migración-remesas. Michoacán es una región pobre y vulnerable del país, por cuenta propia. Es distintiva. Tiene sus propios indicadores de una situación compleja de fragilidad, conflicto y violencia. La situación de pobreza para los michoacanos pasó de un total de 2 millones 450 mil a 2 millones 710 mil en el periodo 2012-2014. Este último dato, derivado del Informe de resultados de pobreza en México 2014 (Coneval, 2015) es equivalente a casi el 60 por ciento de la población estatal. Un aumento significativo comparado con el 54.4 por ciento de 2012.
Esta pobreza que abarca a casi el 60 por ciento de los michoacanos debe contrastarse con el dato equivalente de 46 por ciento para el país en general. Igualmente, la pobreza “extrema” afecta al 14 por ciento de los michoacanos, en comparación del 9.5 por ciento de la población en el ámbito nacional.
[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”]Uno de los impactos del ébola es que se han esfumado los logros alcanzados, retrasando 10-20 años el reloj del desarrollo en esos países”[/blockquote]
Es así que, el informe Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015-avance continuo, diferencias persistentes reitera la posición número 29 que tiene Michoacán con respecto a los 32 estados de la República mexicana; lugar en el que lamentablemente se ha mantenido desde hace 10 años. Esta clasificación está basada en el Índice de Desarrollo Humano, elaborado por el Programa de la ONU para el Desarrollo, el cual involucra los niveles obtenidos en función de indicadores de salud, educación e ingreso.
Contexto internacional. La posición de la entidad en el mundo, es estratégica por sí misma, en el entorno global de la explotación de las materias primas, y de las rutas de producción y trasiego de las drogas ilícitas. La tala ilegal del bosque, incontrolada, también se debe mencionar. Además, la migración forzada por necesidad económica es una manifestación palpable, severa, de la sociedad michoacana.
Pero más serio, aun, es la existencia de dos “Michoacanes”, distintos y capilarmente complementarios: el de los más de 4 millones de personas que habitamos en las zonas urbanas y rurales del territorio estatal; y el de los “paisanos” que se encuentran fuera del estado, distribuidos por todo el territorio nacional, además de varias regiones de los Estados Unidos de América. Se estima que hay, al menos, cerca de 4 millones de michoacanos asentados en el país del Norte.
En tanto que la “capacidad de carga” productiva de la entidad es declaradamente deficitaria, la expulsión sistemática de los michoacanos, derivada de la explotación poco racional de los recursos naturales, la inadecuada inversión pública para el desarrollo de regiones y comunidades, etcétera, parece no tener fin: La entidad aporta la mayor parte de las crecientes remesas monetarias que llegan al país, i.e., un poco más del 10 por ciento de los casi 25 mil millones de dólares en 2015.
La peor epidemia de ébola que el mundo ha conocido, la cual provocó casi 29 mil contagios y más de 11 mil muertos fue declarada extinguida este enero de 2016. Los primeros brotes de esta epidemia aparecieron en África occidental (diciembre de 2013), situación que se extendió rápidamente por Guinea, Liberia y Sierra Leona. El impacto, además de las muertes y secuelas de enfermedad, es que se han esfumado, de golpe, los logros alcanzados, retrasando 10-20 años el reloj del desarrollo en esos países.
Mientras que esta epidemia termina, el zika es la amenaza del día. Un fenómeno sanitario más, derivado de la vulnerabilidad de los países exacerbado por la fragilidad de los servicios de salud; una situación entrelazada en el tenor de los nexos entre enfermedad, pobreza y medio ambiente, y los laberintos opacos de las administraciones públicas. Para el rediseño de los programas del desarrollo de regiones y municipios (en general, no solo para el sector salud), se pueden señalar las siguientes lecciones, derivadas de la crisis de la epidemia de ébola:
Dos. Es indispensable para cualquier emergencia, y para el combate al rezago económico y social, un abordaje de salud pública, epidemiológica. Los problemas del subdesarrollo no desaparecen por arte de magia. Hay que actuar con anticipación. No reactivamente.
Tres. Otra lección es que los gobiernos no están preparados para enfrentar los problemas del subdesarrollo. Sus estructuras administrativas están construidas sobre bases burocráticas. Las reformas a los organigramas, por elegantemente diseñados, no equivalen a estrategias efectivas por sí solas, ni garantizan resultados.
Cuatro. Los actores involucrados directamente en las acciones del desarrollo, deben estar capacitados para acciones específicas. Deben tener, también, arraigado el compromiso de actuar sin importar el nivel en que se encuentren (personal de campo, mandos medios, funcionarios de gestión superior).
Cinco. Tanto la estrategia de intervención como su ejecución deben definirse en el terreno operativo, y no por reglas dictadas de antemano. En nuestro país, y en muchos otros, se actúa en base a “reglas” genéricas, normalmente para la solicitud de apoyos, en base a convocatorias de asignación de recursos. Estos no permean hacia los más necesitados, ni llegan con la urgencia requerida.
Seis. Cuando estos recursos no llegan a tiempo, el impacto simplemente no se consigue, aumentado las situaciones ya existentes de vulnerabilidad. En consecuencia, se deben identificar las soluciones que garanticen cierto impacto inmediato, a bajo costo y con los elementos a la mano. Por ejemplo, muchas necesidades se satisfacen con agua, jabón, sanidad elemental; un drenaje bien diseñado. El acceso al agua limpia debe garantizarse siempre.
Siete. Es crítico: el escuchar a la gente local, poniendo a su disposición los recursos materiales y humanos, bajo la responsabilidad de las autoridades comunales; consolidar los mecanismos de gestión en base a la organización local existente; crear los incentivos e instrumentos de gestión transparente para el buen ejercicio de los mismos recursos.
Ocho. Atender las necesidades de la gente más necesitada y vulnerable, de forma inmediata, a la vez que se invierte en las obras de infraestructura que se necesitan para evitar desastres futuros, con una visión de resiliencia efectiva a largo plazo.
Nueve. Las acciones del desarrollo tienen que estar coordinadas, aunque se deriven de silos de recursos asignados a entidades burocráticas de actuación independiente. En la aplicación de estos recursos se deben evitar los vicios y la corrupción, mismos que se repiten sobre todo en la adquisición de bienes, vehículos y materiales. Un problema detectado en este sentido, debe eliminarse. Si no se erradica, se replica.
Diez. Se deben conseguir resultados efectivos, medibles y verificables, con impacto en la población afectada; no reportar solo cifras y datos de gastos y actividades. Finalmente, es imprescindible que se ejerza un enfoque de gestión de riesgos en todas las acciones. Nunca asumir que todo está bajo control.
México se encuentra enganchado en su propia “trampa” como país de “ingresos medios”. Esto involucra vastas zonas geográfico-económicas que se encuentran, a su vez, en sus trampas locales de “bajos ingresos”. Esta pobreza, en las diversas regiones de Michoacán, es un impedimento para el necesario crecimiento incluyente del país y la entidad. Circulo vicioso. Doble lastre.
No hay espacio para la complacencia. Extrapolando del informe del Coneval (2015), se estima que para Michoacán se agregan 357 nuevos pobres, cada día. Un individuo más cada cuatro minutos, marcado puntualmente por el reloj incesante de la desesperanza. Esta situación de pobreza no debe verse de otro modo que como lo que es: una epidemia –prevenible–, que no debería existir. Una situación que demanda ser eliminada, de origen y raíz, en el transcurso del sexenio de la presente administración de la entidad.
*Médica por la UMSNH, estudió Salud Pública en Harvard (MPH). Directora fundadora de la Escuela Preparatoria Indígena Intercultural de Santa Fe de la Laguna (semifinalista del Premio Municipal “Gobierno y Gestión Local 2015”). Integrante del Consejo Estatal de Ecología y del Primer Consejo Económico y Social de Michoacán. Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo (2004, 2005, 2008)
Bertha Dimas Huacuz*
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: SOCIAL]
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