El primer viso de este fracaso y/o uso indebido de la Cruzada fue revelada por la Auditoría Superior de la Federación, que observó irregularidades por más de 800 millones de pesos en esta estrategia, así como absurdos en la operación que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encabezada por Rosario Robles Berlanga.
El segundo, fue hecho público por un servidor de la propia Sedesol a través de videos que hizo llegar al senador perredista Alejandro Encinas y que motivó varias denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. La denuncia presume un desvío de recursos por 500 millones de pesos.
De ambos casos no se ha informado de la detención o responsabilidad de algún funcionario que pudiera estar malversando el dinero del erario. También, como en otros tiempos y casos, impera la impunidad. Mientras, más de la mitad de la población vive en una de las “modalidades” de pobreza, catalogada institucionalmente, y una cuarta parte de los mexicanos no tienen acceso siquiera a la alimentación.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) define que “la pobreza, en su acepción más amplia, está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social”, según indica su Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México.
Más del 98 por ciento de los recursos destinados para emprender acciones de la Cruzada, y que significan 857 millones 618 mil 500 pesos, pudieran representar un daño patrimonial al erario, pues la Sedesol, encabezada por Rosario Robles Berlanga “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, documenta la ASF.
Entre los aspectos observados por el máximo órgano de fiscalización del país “destacan conductas irregulares que propiciaron la presunta simulación de servicios y adquisiciones y la subcontratación de proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos; algunos no fueron localizados y de otros se presume su vinculación con actos irregulares”.
El monto representa 828 mil 617 veces el apoyo alimentario que reciben en algunas comunidades familias rurales en situación de pobreza (1 mil 35 pesos, entregados a través del entonces Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de la misma Secretaría).
También podrían ser 405 mil 493 becas educativas, cuyo apoyo llega bimestralmente por 2 mil 115 pesos en promedio por familia. O bien, el equivalente de 12 millones 560 mil 318 salarios mínimos, estipulado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (considerando 68.28 pesos por día).
De acuerdo con la auditoría 13-0-20100-12-0269, presentada por el máximo órgano de fiscalización del país en marzo pasado, este supuesto desvío se dio a través de “contratos y/o convenios de colaboración suscritos con dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal para el desarrollo del Programa de Atención de Jornaleros Agrícolas y los contratos de servicios administrados de infraestructura de misión crítica, servicio de recolección de información socioeconómica y complementaria y sistema nacional para la Cruzada contra el Hambre”.
Las irregularidades corresponden a la firma de convenios de las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos. “Entre los aspectos observados destacan conductas irregulares que propiciaron la presunta simulación de servicios y adquisiciones y la subcontratación de proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos; algunos no fueron localizados y de otros se presume su vinculación con actos irregulares”.
El máximo órgano de fiscalización ha observado “graves irregularidades” por 3 años consecutivos en este tipo de operaciones. “No obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y otras acciones promovidas, persiste la recurrencia de anomalías en las adjudicaciones directas que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, obra pública, consultorías y prestación de servicios…”.
Óscar Enrique Díaz Santos, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en gasto público y presupuesto, dice que el problema de los programas sociales es que se les suministran tantos recursos que los pueden utilizar en lo que se les da la gana. Por ejemplo en la Cruzada contra el Hambre, el problema es que son programas permanentes y se pueden utilizar electoralmente dependiendo de quién esté en el gobierno: se utilizan indiscriminadamente. “Estos programas no se deberían llevar a cabo, es echarle recursos a un barril sin fondo; se debe atender la parte productiva del país. Sin embargo, para ellos [los políticos] es complicado, porque si dejas de dar recursos de esta forma, la gente ya no vota por ti”.
El senador asegura “que existen elementos suficientes que permiten acreditar cómo opera el desvío de recursos a favor de un partido político, los mecanismos mediante los cuales se desvían recursos de Sedesol para fines ajenos a la política social así como las debilidades de dos sistemas de control y fiscalización de los mismos”.
El presunto desvío corresponde a 1 año fiscal distinto al revisado por la ASF que encabeza Juan Manuel Portal Martínez. Las irregularidades habrían sido cometidas con el presupuesto del segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto y el quinto año de la administración de Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz.
Araceli Damián González, investigadora en El Colegio de México (Colmex) especialista en pobreza, comenta en entrevista que esta falta de transparencia en el manejo de recursos destinados a los programas sociales, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, otorga la posibilidad de que en periodo electoral se utilicen recursos públicos para favorecer políticamente al partido que está en el poder.
“La Cruzada [Nacional] contra el Hambre nació con muchas anomalías, con una falta de claridad de estrategia con la cual se iba a llevar a cabo con un procedimiento de selección de los supuestos beneficiarios. Actualmente no se puede garantizar que llegue a ese sector de 3.5 millones personas, con la que arrancó”, dice Damián González, especialista en el tema de pobreza.
El video da “soporte” a las siete partes en las que se presenta la información integrada por imágenes de documentación de control interno, correos electrónicos, formatos y facturas, así como videos testimoniales de personas que dicen ser beneficiarias o gestoras de los programas de Sedesol en Veracruz.
La denuncia se centra en el robo a jornaleros agrícolas de tarjetas bancarias, robo de cheques y falsificación de firmas, obras fantasma del Programa 3×1 para Migrantes, robo en el apoyo a gestores voluntarios, obras fantasma del Programa Empleo Temporal.
Muestra de ello son los 8 millones de pesos destinados al Programa de Jornaleros Agrícolas, de los que (dice la denuncia) “sólo se distribuyeron 2 millones a los beneficiarios, el desvío de al menos 200 tarjetas bancarias (cada una con 1 mil 212 pesos y que en total suman 302 mil 400 pesos); así como la operación sistemática y permanente de falsificación de expedientes y firmas, endose de cheques y sustracción de cobros y la falsificación de las facturas. Finalmente, se registran más de 100 obras públicas cobradas y reportadas que no se realizaron y que involucrarían a funcionarios federales, estatales y municipales, empleados de telégrafos, empresas y trabajadores externos”.
Un empleado de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz denuncia a través de una videograbación cómo se desviaron recursos del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.
El funcionario es se encargado del llenado de formatos y la integración de expedientes de diversos programas. Asegura en su denuncia pública: “En enero de 2014 me llamó el licenciado Córdoba Mortera y me dijo que tenía que armar todos los expedientes de [Programa de Atención a] Jornaleros Agrícolas; me explicó que me iban a dar copia de las solicitudes y de la credencial de elector y que yo tenía que armar los expedientes como si los beneficiarios lo hubieran cobrado. Dos semanas más tarde me llama para que entregue el trabajo solicitado… En esa reunión me pidió que firmara los documentos, falsificando la firma de los beneficiarios y me explicó que las tarjetas no son personalizadas y las puede cobrar cualquiera porque ese dinero se necesitaba para las campañas políticas y que Marcelo Montiel Montiel lo necesitaba para promoverse para gobernar Veracruz”. De este Programa fueron desviados los más de 2 millones de pesos en 200 tarjetas bancarias, cada una con un monto de 1 mil 512 pesos.
En un segundo video, el mismo funcionario denuncia que le fueron entregadas 200 tarjetas bancarias que no están personalizadas (del Grupo Financiero Banorte), con valor de más de 300 mil pesos en total. “Todas estas tarjetas pertenecen a cuentas bancarias de la delegación de la Sedesol en Veracruz, tarjetas originalmente asignadas a dicho programa, asignadas a un número de cuenta bancaria y a un código de barras, mismas que pueden ser cobradas con por cualquier persona en cualquier cajero automático, pues en el sobre viene el número de identificación personal…”
Otro de los aspectos que revela el máximo órgano de fiscalización del país es la instrumentación de estrategias que permitirían a las personas más pobres acceder a artículos de primera necesidad para su alimentación. Una de ellas, la adquisición de leche a través de las tiendas Liconsa; así como de las tiendas de abasto popular, que ponen a disposición de la clientela productos a precios bajos.
En 2013, la Sedesol suscribió acuerdos integrales con 31 entidades federativas y realizó los diagnósticos para cada entidad federativa; sin embargo, informa la ASF, “no dispuso del Padrón Único de Beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, ni acreditó las acciones de participación de los comités comunitarios. Si bien se formalizó la instalación del Consejo Nacional, éste no sesionó trimestralmente de conformidad con el Decreto del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre…”. Asimismo, la secretaría encargada del combate a la pobreza no dispuso de los planes comunitarios por cada comité constituido.
La ASF, que encabeza Juan Manuel Portal, muestra que las familias consideradas como población objetivo de la Cruzada no cuentan con los recursos necesarios para retirar la dotación de leche asignada y que, pese a la apertura de tiendas en 2 mil 763 localidades, únicamente las familias con recursos económicos suficientes pueden acceder a los productos básicos que ofrece el Programa.
Araceli Damián, investigadora de El Colmex, dice que hay una falta de responsabilidad pública por parte de muchos órganos de gobierno y que se debería iniciar un proceso en contra de funcionarios que están cometiendo ilícitos al hacer uso de recursos de esta manera y de los cuales la ASF ya ha mostrado evidencias. “Desafortunadamente es una estructura de Estado en la cual estos mismos órganos terminan siendo el poder de fiscalización y judicialización: llevar a juicio a estos funcionarios forma parte del mismo circuito y no hay una verdadera separación de poderes; los nombramientos siguen siendo políticos más que de capacidades.
La economista por la UNAM critica que ante las evidencias, la Auditoría es débil y sus análisis son extemporáneos, que tarda 2 años en dar un dictamen y “¿ya para qué sirve?”. Mientras no haya leyes que en verdad se apliquen en los que se realmente se finquen responsabilidades seguirán haciendo lo que quieran, señala.
La evaluación de las carencias de más de la mitad de la población en México no es nada alentadora, por el contrario: una cuarta parte de los mexicanos no tienen acceso a la alimentación. De acuerdo con el Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México, 2014 –elaborado por el Coneval– revela el fracaso o poco avance de las políticas públicas.
El organismo público descentralizado de la administración pública federal indica que los factores principales que deben considerarse para la medición de este flagelo social son: educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Esta medición también debe contemplar el nivel de ingreso de las familias y la cohesión social.
Para este órgano autónomo, los factores que han detenido el desarrollo social del país se debe a que “no se ha avanzado lo suficiente en materia de calidad de los servicios básicos, ingreso familiar, acceso a la alimentación y acceso a la seguridad social”.
Las cifras de la pobreza son socialmente alarmantes, el Coneval indica que hasta 2012, año considerado para la medición, “23.3 por ciento de la población presentó carencia por acceso a la alimentación; es decir, casi una cuarta parte de los mexicanos padecían inseguridad alimentaria severa o moderada en México”.
Ese mismo año, 22.6 millones de mexicanos presentaron “rezago educativo”, esto significa que el 19.2 por ciento de la población del país no tuvo acceso pleno a este derecho constitucional.
El Coneval indica en sus mediciones que de los más de 20 millones de mexicanos, “2.6 millones eran niños entre 3 y 15 años que no asistieron a la escuela. De los mayores de 15 años, 14.5 millones de personas nacidas hasta 1981 no terminaron la primaria y 5.5 millones nacidas a partir de 1982 no concluyeron la secundaria, lo cual indica que la cobertura de los servicios de educación básica para los grupos poblacionales con rangos de edad más elevados era mucho menor que para las actuales, y estas brechas difícilmente se pueden subsanar por medio de educación formal para la población adulta”.
También, el acceso a los servicios de salud es nulo para el 21.5 por ciento de los mexicanos; su equivalente es de 25.3 millones de personas. Los estados más afectados son: Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Chiapas.
El acceso a la seguridad social fue la “mayor carencia” social del país. “En los 3 años, en al menos 26 de las 32 entidades, más de la mitad de la población reportó falta de acceso a la seguridad social… La principal vía de acceso a la seguridad social es la afiliación a una institución pública, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Defensa Nacional o la Secretaría de Marina. En este caso, los jefes de hogar sin derechohabiencia pasaron de 69.3 por ciento en 1992 a 71 por ciento en 2006, y el porcentaje no se modificó en 2012 (71.8)”, documenta el Coneval en su Informe.
“Una de las tareas que tenemos es llevar a cabo un pacto social y académico que nos permita terminar con este tipo de programas que en realidad sólo debería hacer una herramienta, hay que volver a la idea de los derechos sociales amplios, no a los programas de ayuda. Esto es una bomba de tiempo que socialmente va a estallar si no se atiende, ya lo vemos con la violencia creciente”, comenta Araceli Damián. Para el doctor universitario Díaz Santos, “lo que están haciendo es sólo un paliativo a la pobreza”.
Érika Ramírez, @erika_contra
[SOCIEDAD]
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