Edgardo Ayala/IPS
San Isidro, El Salvador. “La minería es inviable en El Salvador”, sentencia Salvador Sánchez Cerén, quien ha asumido, el 1 de junio pasado, la Presidencia de este país. Detrás de esta posición del nuevo gobierno hay muchas luchas de las comunidades rurales afectadas.
Una de ellas es la del pueblo Llano de la Hacienda, en el centro del país, cuyos 1 mil 200 habitantes se dedican sobre todo a sembrar milpas (maíz, frijol y calabaza), pastorear vacas y, recientemente, a detener proyectos de minería metálica.
Los hombres y mujeres de este lugar constituyeron el primer foco de resistencia contra la empresa canadiense Pacific Rim Mining Corp, que en 2009 demandó al Estado salvadoreño por negarle el permiso de explotación del yacimiento de oro El Dorado.
El pueblo está enclavado entre las montañas del municipio de San Isidro, en el departamento de Cabañas, 65 kilómetros al Noroeste de San Salvador, y tiene la mina como indeseada vecina.
La subsidiaria local de Pacif Rim fue adquirida en noviembre de 2013 por el consorcio australiano Oceana Gold Corporation, por 10.2 millones de dólares.
La demanda inicial fue por 77 millones de dólares y subió el año pasado a 301 millones, en un caso que se dirime en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. La audiencia decisiva será en septiembre.
“Toda nuestra lucha la comenzamos por este río, para que no se contaminara con cianuro”, dice a Inter Press Service (IPS) el campesino Juan Hernán Molina, mientras descansa en las riberas del Río Titihuapa que serpentea entre cerros y llanos. El cianuro, metal pesado que se emplea en la extracción de oro, es letal para la salud humana.
El Titihuapa desemboca en el Río Lempa, el más importante de este país y que abastece de agua a la capital, San Salvador.
Otra batalla ganada por el movimiento ambientalista salvadoreño fue el fallo del Ciadi, que denegó en agosto de 2013 una prórroga para que el estadunidense Commerce Group continuara con su demanda de 100 millones de dólares contra el Estado.
El Salvador se había negado a renovar el permiso de explotación de la mina San Sebastián, en el oriental departamento de La Unión, que el Commerce Group había explotado entre 1987 y 2009.
En el caso de Pacific Rim “se ha ganado una batalla, pero no la guerra”, señala José María Arévalo, otro campesino del Llano de la Hacienda.
“Lo que queremos es que se prohíba definitivamente”, dice a IPS mientras camina por las veredas de la zona. “En todos esos potreros hay pozos perforados por Pacific Rim, cuando estaba explorando en búsqueda de oro”, agrega mientras los señala.
Si bien la exploración se detuvo, en la mina El Dorado se mantiene un pequeño grupo de trabajadores que realizan labores de mantenimiento de equipo y limpieza, dicen los residentes a IPS.
Hace 2 años, organizaciones ambientales aglutinadas en la Mesa Nacional contra la Minería presentaron a la unicameral Asamblea Legislativa un proyecto de ley que prohíbe la actividad minera, por sus repercusiones en la salud y el ambiente.
De aprobarse, El Salvador ingresaría al reducido grupo de países de América Latina que impiden esa industria por ley.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en 2010 una ley que prohíbe la minería a cielo abierto; y Panamá hizo lo propio 2 años después, pero delimitando la prohibición a las zonas de las comunidades indígenas de las provincias occidentales de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.
Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador presentó en 2012 un proyecto de ley para suspender las actividades mineras, que las organizaciones sociales consideran insuficiente.
“No acompañamos la idea de una moratoria, porque deja [el asunto] en suspenso, le da espacio a las compañías para que se preparen, pero nosotros queremos pararlas de tajo”, señala Héctor Berríos, dirigente del Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932.
La organización, con sede en San Salvador, lleva años acompañando a las comunidades de Cabañas en su lucha contra la minería.
En todo caso, ni el proyecto de suspensión ni la prohibición total han cuajado en el parlamento de 84 diputados, donde los partidos de derecha son contrarios a ambas iniciativas y cuentan con mayoría.
El partido de Sánchez Cerén, el izquierdista y exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, tiene sólo 31 legisladores y difíciles apoyos para alcanzar los 43 votos requeridos para sacar adelante la ley de suspensión.
“Los diputados deberían ponerse en los zapatos de una, y velar por el bien de la salud de la población y por el agua”, dice a IPS, en San Isidro, la joven Roxana Ramírez, mientras se afana junto a otras tres mujeres en la elaboración de encurtidos de hortalizas.
Ellas participan de un proyecto que pretende demostrar que los municipios cercanos a El Dorado pueden desarrollarse y generar empleo sin necesidad de recurrir a la minería como fuente de ingresos.
“Es una alternativa que puede retomarse en las demás comunidades”, agrega Ramírez mientras introduce trozos de zanahoria y coliflor en una pequeña bolsa con vinagre.
Sánchez Cerén, vicepresidente del gobierno saliente, maestro y exguerrillero de 69 años de edad que en marzo pasado ganó las elecciones presidenciales, tendrá que demostrar cuán firme es su compromiso, reiterado durante la campaña electoral.
Sus nombramientos en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hacen pensar que, al menos, lo va a intentar. Como viceministro fue designado el activista Ángel Ibarra, quien desempeñó un papel protagónico en la lucha contra Pacific Rim y la minería en general, desde la Unidad Ecológica Salvadoreña.
“Hay una decisión del nuevo presidente de que la minería es inviable en El Salvador”, dice Ibarra a IPS con convencimiento.
Como ministra de Medio Ambiente fue designada Lina Pohl, una de las promotoras de la suspensión y quien días antes reiteró que “no puede haber actividad minera –aunque matizó– bajo las condiciones actuales”.
Pero sin una ley que la prohíba, y sin las fuerzas necesarias en la Asamblea Legislativa para aprobar una norma de ese tipo, la minería se mantiene como una amenaza latente para las comunidades.
A la sombra de un árbol junto al Río Titihuapa, el campesino Arévalo advierte: “No vamos a descansar hasta que los políticos aprueben una ley antiminería; ésa es la única opción”.
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