Luxemburgo, Juncker y los paraísos fiscales europeos

El reciente escándalo acerca de las facilidades fiscales que el Gran Ducado de Luxemburgo pacta con algunas empresas ha puesto en evidencia a toda Europa y a la mayoría de las grandes firmas trasnacionales: las prácticas de creatividad contable y lavado de dinero están generalizadas en las naciones desarrolladas

Martha Andrés Román/Prensa Latina

La revelación de acuerdos secretos entre Luxemburgo y 340 multinacionales para reducir el pago de impuestos colocó al Gran Ducado en el centro de un escándalo mundial y reabrió el debate sobre los llamados paraísos fiscales.

A principios de noviembre pasado, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) dio a conocer que desde 2002 y hasta 2010 el país europeo organizó un sistema de evasión tributaria para favorecer a compañías como Apple, Ikea, Pepsi, Sony, Fiat y American International Group (AIG).

Según las conclusiones del ICIJ sobre el caso bautizado como LuxLeaks, la auditora PricewaterhouseCoopers habría ayudado a las multinacionales a obtener cerca de 548 decisiones fiscales, a fin de beneficiarlas con estructuras complejas diseñadas para conseguir reducciones drásticas en los gravámenes.

Tras revisar unos 28 mil documentos confidenciales, la organización periodística señaló que tales convenios significaron miles de millones de euros en ingresos tributarios perdidos por los Estados donde esas firmas obtienen sus beneficios.

Aunque el primer ministro del Gran Ducado, Xavier Bettel, afirmó que las prácticas de su país respetan las reglas internacionales y, por tanto, no han hecho nada erróneo, de inmediato aparecieron críticas en el nivel mundial, no sólo contra Luxemburgo, sino contra otros territorios del área.

De hecho, el titular luxemburgués de Finanzas, Pierre Gramegna, manifestó que el ofrecer ventajas a las multinacionales, método conocido como tax ruling, no es una especialidad de su gobierno, pues muchos ejecutivos europeos la aplican.

El tax ruling, de carácter legal y confidencial, permite que las empresas conozcan por adelantado qué tratamiento fiscal les van a aplicar los gobiernos, y les da la posibilidad de obtener algunas garantías jurídicas.

Lo divulgado por el ICIJ llevó a cuestionar la labor del nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien fue gobernante de Luxemburgo de 1995 a 2013.

El titular del Ejecutivo comunitario, ocupante del cargo desde el pasado 1 de noviembre, enfrenta ahora la posibilidad de una moción de censura en el Parlamento Europeo, promovida por el grupo conservador de la Europa de la Libertad y la Democracia Directa.

Aunque la iniciativa tiene pocas posibilidades de prosperar, porque una parte importante de los eurodiputados ya ha expresado su apoyo a Juncker, es una muestra de la repercusión que ha tenido el escándalo.

El presidente de la Comisión Europea, en tanto, lejos de centrarse en lo sucedido en su país y dar explicaciones exhaustivas, presentó la propuesta de una ambiciosa reforma a nivel regional para llenar los espacios legales de los cuales se aprovechan las multinacionales.

Paraísos europeos para grandes empresas

El profesor Gabriel Zucman, de la London School of Economics, ha señalado que la evasión causa a los Estados del mundo entero pérdidas valoradas en 130 mil millones de euros por concepto de impuestos.

Según el académico francés, autor del libro La riqueza oculta de las naciones, el 8 por ciento del patrimonio financiero global se encuentra en paraísos fiscales, lo cual equivale a 5.8 billones de euros (millones de millones).

A través de su libro, Zucman explicó que el nacimiento de esos territorios se produjo luego de la Primera Guerra Mundial en las ciudades de Ginebra, Zurich y Basilea, todas en Suiza, por tratarse de un país neutral con un sistema bancario desarrollado.

En la década de 1980, según refirió el investigador, el 5 por ciento del patrimonio de los europeos estaba en cajas suizas, pero comenzó a aparecer competencia en lugares como Hong Kong, Singapur, Bahamas, Islas Jersey o el propio Luxemburgo.

De ese modo, en su último informe sobre transparencia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) situó a Chipre y Luxemburgo como paraísos fiscales, en el mismo rango que las Islas Vírgenes Británicas o las islas Seychelles.

Sin embargo, en la región existe más de una decena de territorios que cumplen algunas de las características señaladas por la OCDE para definir a un paraíso fiscal: plazas con impuestos bajos o inexistentes, sin transparencia, sin intercambio de información y sin actividad económica real.

Al mismo tiempo, escenarios como Irlanda, los Países Bajos, Malta y Austria realizan complicados ejercicios financieros para ofrecer a las multinacionales tipos impositivos muy bajos.

Sobre el contexto europeo, Zucman ha lamentado también que sigue vivo el secreto bancario, eliminado por la Unión Europea en 2009, al tiempo que la impunidad de las grandes fortunas es casi total y la evasión sigue creciendo.

En medio de ese contexto, Juncker quiere combatir ahora en el nivel regional el mismo problema al que dio cabida durante sus años de primer ministro, en lo que muchos medios de prensa han visto como un intento por desviar la atención del LuxLeaks.

Recientemente cerca de 50 países firmaron un acuerdo para el intercambio de información sobre clientes bancarios, pero hasta ahora ha faltado esa misma postura en cuanto a la fiscalidad de las empresas.

Según el titular de la Comisión Europea, el tax ruling es una regla que se aplica en 22 Estados miembros de la Unión Europea y, para remediarlo, impulsará la armonización de las bases del impuesto de sociedades, a fin de acabar con las prácticas depredadoras de los paraísos que hay en el propio bloque.

Al mismo tiempo, propondrá un intercambio automático de información con el resto de los socios tan pronto una nación firme un acuerdo con una compañía, para evitar que las firmas eludan el pago de los tributos.

El anterior comisario de Fiscalidad de la Unión Europea, Algirdas Semeta, propuso hace 3 años una iniciativa similar a la que promueve ahora Juncker, pero se encontró con la falta de voluntad política para concretarla, un panorama que deberá enfrentar ahora el nuevo ejecutivo.

Martha Andrés Román/Prensa Latina

 

 

 

Contralínea 415 / del 07 al 13 de Diciembre 2014